El Gobierno nacional se ha puesto muy nervioso con el tema del general de policía René Sanabria, ahora sometido a un proceso legal en Estados Unidos por haber intentado llevar 60 kilos de cocaína boliviana a ese país.
El tema ha desplazado al drama de la inflación de la actualidad periodística y a las secuelas del error garrafal del anuncio de un gasolinazo en diciembre. Un sofocón de desprestigio ha venido a sepultar al sofocón de ineptitud en el manejo de la cosa pública.
Todos los días alguna autoridad del más alto nivel dice algo sobre Sanabria, convertido en la punta del ovillo de algo que se percibe como tenebroso, como un cáncer que ha tomado el cuerpo del Gobierno.
Lo último que dijo el presidente Morales sobre este tema fue que quienes lo aluden están tratando de involucrar a él y a su gobierno en delitos de narcotráfico. Tan nervioso se ha puesto el Presidente que en la Cámara baja se ha difundido la intención oficialista de prohibir que se hagan alusiones de humor sobre éste y otros temas. Como se sabe, tratar de frenar el humor es lo último que hacen los gobiernos que han cometido errores, antes de irse.
El propio vicepresidente García Linera anunció que iniciaría una acción legal contra el senador Róger Pinto, quien dice tener pruebas de que el general Sanabria fue designado en cargos clave del Ministerio de Gobierno y de la lucha contra el narcotráfico a pesar de que existían indicios que lo descalificaban. Pinto quiere exhibir esas pruebas ante el propio presidente Morales, pero lo que ha hecho el Gobierno es descalificarlo y luego amenazarlo.
También ha lanzado el Gobierno advertencias y amenazas a periodistas y medios de comunicación que tratan el tema y que han comenzado a recibir informaciones del exterior sobre lo que se perfila como una enorme organización de narcotraficantes.
La jueza norteamericana que tiene a su cargo el caso Sanabria ha anticipado que el general boliviano tiene tres opciones: cien años de cárcel, cadena perpetua y lo que se conoce como ‘protección del testigo’. Esto último significa que Sanabria podría ayudar a descubrir toda la red de conexiones de su organización tanto dentro del Gobierno boliviano como en otros países, a cambio de una disminución de su condena.
Es decir que, como se sospechaba, esta historia apenas ha comenzado. Y podría terminar tocando nombres hasta ahora insospechados. Esto explicaría el nerviosismo que se siente en algunas esferas gubernamentales.
Protestar contra Estados Unidos, despotricar contra la DEA, amenazar a parlamentarios opositores y a medios de comunicación forman parte de un comportamiento equivocado. El Gobierno nacional tendría que corregir las políticas que aplica y que han ido alentando la producción de coca y con ella la fabricación y tráfico de cocaína.
Hay que entender que no se puede defender a ultranza el cultivo de la hoja de coca haciendo abstracción de que es la materia prima de la droga más peligrosa y más difundida del mundo. Y de un poder económico que amenaza con tomar el control del país.
El tema ha desplazado al drama de la inflación de la actualidad periodística y a las secuelas del error garrafal del anuncio de un gasolinazo en diciembre. Un sofocón de desprestigio ha venido a sepultar al sofocón de ineptitud en el manejo de la cosa pública.
Todos los días alguna autoridad del más alto nivel dice algo sobre Sanabria, convertido en la punta del ovillo de algo que se percibe como tenebroso, como un cáncer que ha tomado el cuerpo del Gobierno.
Lo último que dijo el presidente Morales sobre este tema fue que quienes lo aluden están tratando de involucrar a él y a su gobierno en delitos de narcotráfico. Tan nervioso se ha puesto el Presidente que en la Cámara baja se ha difundido la intención oficialista de prohibir que se hagan alusiones de humor sobre éste y otros temas. Como se sabe, tratar de frenar el humor es lo último que hacen los gobiernos que han cometido errores, antes de irse.
El propio vicepresidente García Linera anunció que iniciaría una acción legal contra el senador Róger Pinto, quien dice tener pruebas de que el general Sanabria fue designado en cargos clave del Ministerio de Gobierno y de la lucha contra el narcotráfico a pesar de que existían indicios que lo descalificaban. Pinto quiere exhibir esas pruebas ante el propio presidente Morales, pero lo que ha hecho el Gobierno es descalificarlo y luego amenazarlo.
También ha lanzado el Gobierno advertencias y amenazas a periodistas y medios de comunicación que tratan el tema y que han comenzado a recibir informaciones del exterior sobre lo que se perfila como una enorme organización de narcotraficantes.
La jueza norteamericana que tiene a su cargo el caso Sanabria ha anticipado que el general boliviano tiene tres opciones: cien años de cárcel, cadena perpetua y lo que se conoce como ‘protección del testigo’. Esto último significa que Sanabria podría ayudar a descubrir toda la red de conexiones de su organización tanto dentro del Gobierno boliviano como en otros países, a cambio de una disminución de su condena.
Es decir que, como se sospechaba, esta historia apenas ha comenzado. Y podría terminar tocando nombres hasta ahora insospechados. Esto explicaría el nerviosismo que se siente en algunas esferas gubernamentales.
Protestar contra Estados Unidos, despotricar contra la DEA, amenazar a parlamentarios opositores y a medios de comunicación forman parte de un comportamiento equivocado. El Gobierno nacional tendría que corregir las políticas que aplica y que han ido alentando la producción de coca y con ella la fabricación y tráfico de cocaína.
Hay que entender que no se puede defender a ultranza el cultivo de la hoja de coca haciendo abstracción de que es la materia prima de la droga más peligrosa y más difundida del mundo. Y de un poder económico que amenaza con tomar el control del país.
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