No le ha caído bien al Gobierno el último informe de la JIFE (Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes), agencia de la Organización de las Naciones Unidas que le va siguiendo los pasos a Bolivia en el control de cumplimiento de convenios internacionales sobre drogas y que le respira al oficialismo en el cuello. La razón es muy simple: según ese organismo, el país ha incrementado por cuarto año consecutivo la superficie total de cultivo ilícito de hoja de coca, lo que no es precisamente lo que ha estado prometiendo el Gobierno. Como van las cosas, parece que no se está haciendo lo suficiente, lo que está dando lugar al mayor deterioro de la imagen gubernamental.
El oficialismo ha reconocido que los cultivos excedentarios de hoja de coca han tenido una tendencia al aumento en los últimos cuatro años. Se ha asumido –y eso es algo que conviene destacar en su favor- que de las 30.500 hectáreas aceptadas actualmente, sólo 12.000 son consideradas como legales para la masticación, elaboración de infusiones medicinales y ritos religiosos. El resto, se ha señalado claramente, es un excedente que todos suponen, incluyendo los organismos internacionales, va dirigido a la fabricación de cocaína. Este detalle también ha sido admitido por el Gobierno, lo que vuelve a evidenciar que no ha podido cumplir su palabra pese a tener conocimiento del problema.
En los hechos, se le reprocha al Gobierno ser muy tolerante y permisivo con los cocaleros, al punto que la superficie total de cultivos ilegales se incrementa cada año pese a los esfuerzos de erradicación forzosa. Todavía más, la oposición le ha pedido al presidente Morales dejar el liderazgo del sector cocalero porque su cargo le embarga la voz a la hora de condenar los cultivos excedentarios y le compromete todavía más con la situación irregular del país en este delicado terreno. Es posible que el Gobierno tenga el justificado temor de perder el estratégico apoyo de este sector social si se toman medidas más duras para una más amplia erradicación de cocales. Tal su disyuntiva.
Pero si no adopta las medidas pertinentes en el plazo más breve, el Gobierno puede perder la soga y la cabra. La propia JIFE le ha exhortado a poner en marcha políticas eficaces y redoblar esfuerzos para eliminar el cultivo ilícito del arbusto de coca y que, por otra parte, haga frente de manera decisiva a la fabricación y tráfico ilícitos de cocaína. En otras palabras, le ha recordado que sus promesas incumplidas le pueden acarrear problemas mayores y sanciones internacionales. El solo hecho que el narcotráfico ha desarrollado su capacidad de elaborar cocaína debería ser suficiente aliciente para poner freno a los cultivos ilegales y encarar la lucha antidroga con ayuda.
Recién nomás, el presidente Morales ha insistido en vetar la presencia de la DEA estadounidense en Bolivia. Sin ayuda internacional de envergadura se ha hecho evidente que el narcotráfico está incrementando sus actividades y presencia en el territorio nacional. Esta insuficiencia también es observada por la ONU a través de la JIFE. El hecho que el país no haya avanzado en la aplicación de las recomendaciones formuladas para la reducción de plantaciones de coca por mantener la estrategia de revalorización de la hoja de coca está resultando demasiado contraproducente. Acelerar la erradicación de cocales ilegales resulta perentorio si la intención sincera es cumplir lo prometido.
El oficialismo ha reconocido que los cultivos excedentarios de hoja de coca han tenido una tendencia al aumento en los últimos cuatro años. Se ha asumido –y eso es algo que conviene destacar en su favor- que de las 30.500 hectáreas aceptadas actualmente, sólo 12.000 son consideradas como legales para la masticación, elaboración de infusiones medicinales y ritos religiosos. El resto, se ha señalado claramente, es un excedente que todos suponen, incluyendo los organismos internacionales, va dirigido a la fabricación de cocaína. Este detalle también ha sido admitido por el Gobierno, lo que vuelve a evidenciar que no ha podido cumplir su palabra pese a tener conocimiento del problema.
En los hechos, se le reprocha al Gobierno ser muy tolerante y permisivo con los cocaleros, al punto que la superficie total de cultivos ilegales se incrementa cada año pese a los esfuerzos de erradicación forzosa. Todavía más, la oposición le ha pedido al presidente Morales dejar el liderazgo del sector cocalero porque su cargo le embarga la voz a la hora de condenar los cultivos excedentarios y le compromete todavía más con la situación irregular del país en este delicado terreno. Es posible que el Gobierno tenga el justificado temor de perder el estratégico apoyo de este sector social si se toman medidas más duras para una más amplia erradicación de cocales. Tal su disyuntiva.
Pero si no adopta las medidas pertinentes en el plazo más breve, el Gobierno puede perder la soga y la cabra. La propia JIFE le ha exhortado a poner en marcha políticas eficaces y redoblar esfuerzos para eliminar el cultivo ilícito del arbusto de coca y que, por otra parte, haga frente de manera decisiva a la fabricación y tráfico ilícitos de cocaína. En otras palabras, le ha recordado que sus promesas incumplidas le pueden acarrear problemas mayores y sanciones internacionales. El solo hecho que el narcotráfico ha desarrollado su capacidad de elaborar cocaína debería ser suficiente aliciente para poner freno a los cultivos ilegales y encarar la lucha antidroga con ayuda.
Recién nomás, el presidente Morales ha insistido en vetar la presencia de la DEA estadounidense en Bolivia. Sin ayuda internacional de envergadura se ha hecho evidente que el narcotráfico está incrementando sus actividades y presencia en el territorio nacional. Esta insuficiencia también es observada por la ONU a través de la JIFE. El hecho que el país no haya avanzado en la aplicación de las recomendaciones formuladas para la reducción de plantaciones de coca por mantener la estrategia de revalorización de la hoja de coca está resultando demasiado contraproducente. Acelerar la erradicación de cocales ilegales resulta perentorio si la intención sincera es cumplir lo prometido.
Mantener la estrategia de revalorización de la hoja de coca está resultando demasiado contraproducente para el país.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
agradezco por toda crítica sana sin insultos ni vulgaridades, mejor si contiene ideas y sugerencias