Los desvaríos marítimos desencadenados el pasado 23 de marzo, no le alcanzarán al Gobierno de Evo Morales para contener la marea que se le ha volcado en su contra, no sólo a nivel interno sino también en el plano internacional.
Dentro del país todavía existen los ilusos que creen que las bravuconadas de éste y otros gobiernos nos devolverán el mar perdido y es posible que las carrasperas del otro día le ayuden al Primer Mandatario a ganar algunos puntitos en las encuestas de abril. Eso será hasta que comience a faltar el arroz o a subir el precio del pollo y el pan como está previsto.
Es el escenario internacional el que ha comenzado a ponérsele oscuro al régimen del MAS y eso resulta grave, pues se trata de una de las más grandes fortalezas que había consolidado con aquello del "presidente indígena", el "Mandela" boliviano, la "dignidad" y el encendido discurso antiyanqui.
Desde aquella goleada diplomática de diciembre en Cancún, la imagen de Bolivia en el mundo ha sido arponeada desde todas direcciones hasta colocar al país al nivel de un Estado forajido, al margen de las normas internacionales, carcomido por las mafias del narcotráfico y por último, donde todavía es común la práctica de la tortura dentro de las instituciones que resguardan el orden público. Las declaraciones de un senador oficialista que ha justificado de manera muy clara este tipo de aberraciones, no hace más que respaldar el reciente llamado de atención del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que además, ha adjuntado a esta denuncia una fuerte exhortación al régimen de Evo Morales a frenar la manipulación de la justicia.
El Gobierno no debería mirar de soslayo estas advertencias, que son el resultado de complejas investigaciones realizadas por observadores cuyas oficinas se encuentran en el país y que entre otras actividades, desarrollan proyectos de desarrollo económico y de promoción institucional. Tarde o temprano, tales informes terminan en efectos vinculantes sumamente perjudiciales para un país que necesita tanto de la cooperación internacional y liberarse cuanto antes de viejos estigmas que lamentablemente están retornando con vigor inusitado.
Sobre el tema del narcotráfico, en los últimos meses se han acumulado numerosos despachos de la ONU y la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, de la DEA, el Departamento de Estado de EEUU y otros organismos que reportan un desbordante crecimiento de los cultivos de coca y la producción de cocaína y, por último, para corroborar que el régimen se encuentra cercado por las mafias, se produce el caso Sanabria, que ha obligado al presidente Morales a aceptar nuevamente la presencia norteamericana en el territorio nacional camuflada con uniforme brasileño. La denuncia sobre la politización de la justicia que hace la ONU obviamente tiene que ver con la persecución política que se ejecuta sistemáticamente en el país, el irrespeto a las normas, la violación de las garantías más elementales y también a la aprobación de normas que contradicen los principios básicos del Estado de derecho.
Dentro del país todavía existen los ilusos que creen que las bravuconadas de éste y otros gobiernos nos devolverán el mar perdido y es posible que las carrasperas del otro día le ayuden al Primer Mandatario a ganar algunos puntitos en las encuestas de abril. Eso será hasta que comience a faltar el arroz o a subir el precio del pollo y el pan como está previsto.
Es el escenario internacional el que ha comenzado a ponérsele oscuro al régimen del MAS y eso resulta grave, pues se trata de una de las más grandes fortalezas que había consolidado con aquello del "presidente indígena", el "Mandela" boliviano, la "dignidad" y el encendido discurso antiyanqui.
Desde aquella goleada diplomática de diciembre en Cancún, la imagen de Bolivia en el mundo ha sido arponeada desde todas direcciones hasta colocar al país al nivel de un Estado forajido, al margen de las normas internacionales, carcomido por las mafias del narcotráfico y por último, donde todavía es común la práctica de la tortura dentro de las instituciones que resguardan el orden público. Las declaraciones de un senador oficialista que ha justificado de manera muy clara este tipo de aberraciones, no hace más que respaldar el reciente llamado de atención del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que además, ha adjuntado a esta denuncia una fuerte exhortación al régimen de Evo Morales a frenar la manipulación de la justicia.
El Gobierno no debería mirar de soslayo estas advertencias, que son el resultado de complejas investigaciones realizadas por observadores cuyas oficinas se encuentran en el país y que entre otras actividades, desarrollan proyectos de desarrollo económico y de promoción institucional. Tarde o temprano, tales informes terminan en efectos vinculantes sumamente perjudiciales para un país que necesita tanto de la cooperación internacional y liberarse cuanto antes de viejos estigmas que lamentablemente están retornando con vigor inusitado.
Sobre el tema del narcotráfico, en los últimos meses se han acumulado numerosos despachos de la ONU y la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, de la DEA, el Departamento de Estado de EEUU y otros organismos que reportan un desbordante crecimiento de los cultivos de coca y la producción de cocaína y, por último, para corroborar que el régimen se encuentra cercado por las mafias, se produce el caso Sanabria, que ha obligado al presidente Morales a aceptar nuevamente la presencia norteamericana en el territorio nacional camuflada con uniforme brasileño. La denuncia sobre la politización de la justicia que hace la ONU obviamente tiene que ver con la persecución política que se ejecuta sistemáticamente en el país, el irrespeto a las normas, la violación de las garantías más elementales y también a la aprobación de normas que contradicen los principios básicos del Estado de derecho.
¿Se trata de un ensañamiento contra el Gobierno de Morales? ¿Es una tenaza como lo sugieren algunos? La comunidad internacional comienza a mostrar signos de madurez después de un largo período de tolerancia hacia los regímenes autoritarios que desembocan en violencia, pobreza y atraso. Eso se lo ve claramente en los países gobernados por líderes populistas, tremendamente desfasados respecto de otros donde impera la democracia y el respeto a las leyes. Ya no se puede esperar 42 años antes de reaccionar, como sucedió con la Libia de Gaddafi.
En los últimos meses se han acumulado numerosos despachos de la ONU, la DEA, el Departamento de Estado de EEUU y otros organismos que reportan un desbordante crecimiento de los cultivos de coca y la producción de cocaína y para corroborar que el régimen se encuentra cercado por las mafias.
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