Lo que me pregunto es quiénes se sienten más abochornados por el caso del “narcogeneral”: si los policías o la gente del Gobierno. De cualquier manera, la vergüenza también es para todos nosotros, los bolivianos. Tener a un exjefe de la división de lucha contra el narcotráfico vendiendo cocaína es mucha dosis.
Juan Ramón Quintana ha salido a la palestra para relativizar el caso de Sanabria infiriendo que se trataría de una trampa de la DEA para desprestigiar al Gobierno. El presidente Evo ha dicho lo mismo y ha entrado en franca contradicción con su ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, quien ha dicho enfáticamente que el Gobierno no descarta la eventual extradición de policías bolivianos para que sean juzgados en los Estados Unidos.
Esta clara contradicción en las posiciones dentro del Gobierno tendría que llevar a una crisis de gabinete. El ministro de Gobierno ha sido desautorizado públicamente por su jefe. Ahora bien, más allá del entredicho, el problema está en que la contradicción mencionada refleja con mucha claridad la diferencia entre el eslogan y la realidad. Los otros oficiales detenidos en Bolivia no han sido liberados y el Gobierno no ha hecho ninguna protesta oficial ni a Panamá ni a los Estados Unidos ni a Chile.
El caso del “narcogeneral” pone en evidencia la enorme vulnerabilidad que tiene el Estado cuando se enfrenta al millonario negocio delictivo del narcotráfico. No se trata de una novedad, no es la primera vez que altos funcionarios están involucrados en el narcotráfico, y esto no sólo sucedió en tiempos de dictadura. Esto es una verdad que no debe ser olvidada, pero que tampoco puede ser utilizada para tapar el sol con un dedo.
Evo Morales ha inaugurado su Gobierno proclamándolo como un Gobierno de la “reserva moral de la humanidad”. La realidad, la acumulación de los hechos nos está demostrando que esa percepción, dentro de su prepotencia, era extremadamente ingenua. No, no hay reservas morales de la humanidad, hay sólo seres humanos falibles, seres humanos que se corrompen, y es que como está escrito en las arrugas de las abuelas: “en arca abierta, el justo peca”.
No es que sienta gran simpatía por la DEA, ni que crea que es una institución por la que se pueda poner las manos al fuego, pero la expulsión de esa agencia norteamericana fue una forma de dejar el arca abierta, no es una casualidad que la producción de coca haya aumentado ni que se hayan consolidado más rutas del tráfico de drogas a los países limítrofes.
El Gobierno tiene serios problemas con el tema del narcotráfico, precisamente porque el presidente del Estado Plurinacional trabaja “part time” como secretario de las seis federaciones de productores de coca del trópico de Cochabamba, lugar donde se planta la mayor parte de la materia prima para la producción de cocaína. Si a esto añadimos que el charlatán que ungió a Evo Morales como jefe espiritual en Tiahuanacu está también acusado de ser narcotraficante y nos acordamos del caso de las hermanas Terán, ligadas a una importante dirigente del MAS en el Chapare, y recordamos las denuncias del arzobispo de Cochabamba respecto a la venta de droga en Villa Tunari, podríamos decir que su Excelencia tiene la obligación de dar un mensaje muy claro respecto a su posición frente al caso Sanabria, relativizar la responsabilidad del su exjefe de lucha contra el narcotráfico no puede ayudarlo.
El autor es periodista independiente.
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