más claro agua. Los Tiempos proclama que es hora de desterrar la arrogia reconocer las fallas en materia de narcotráfico y mostrar real voluntad de atacar el mal en sus raíces

A fuer de ser demasiado reiterativos, desde que se desató el escándalo del apresamiento del general de Policía René Sanabria (jefe de una unidad de Inteligencia del Ministerio de Gobierno en contra del narcotráfico) en Panamá por su presunta vinculación con el tráfico de drogas ilegales, los diferentes voceros del Gobierno han utilizado una batería de argumentos a cual más deleznables, desaprovechando la oportunidad de demostrar a través de este caso la equivocada estrategia que se aplica desde la década de los 80, que está liderada por los sectores más conservadores del establishment estadounidense y que, si se quiere que las mafias que están detrás de este negocio no vayan copando nuestros Estados, se requiere modificar.

Además, no se trata de buena o mala voluntad de parte de las autoridades para alcanzar éxitos en esta lucha. De hecho, se debe partir de la premisa de que se quiere eliminar el mal; el problema es que las mafias van adquiriendo cada vez más poder (económico, militar, social y cultural), al punto de que están dispuestas a desafiar al Estado y sus instituciones.

En ese escenario, obviamente al Gobierno de Bolivia le asiste el derecho de difundir lo que hace en contra del narcotráfico y salir al frente. Pero, quedarse en eso y en defenderse planteando un ataque político-ideológico a, por un lado, la actuación de administraciones anteriores y, por el otro, al papel de Estados Unidos y sus agencias responsables de la lucha contra el narcotráfico sólo lo conducirá a tener que enfrentar peores momentos.

Sus voceros deben comprender que el apresamiento en el exterior de un general de Policía encargado de realizar tareas de Inteligencia en contra del narcotráfico; que este general tenía un entorno de uniformados a su servicio, y que a la semana sea arrestado también acusado de narcotraficante un exjefe de la Interpol, también oficial boliviano, resta credibilidad al sistema de prevención y represión a este ilícito negocio. Es decir, deben comprender que si no se encara de una manera más franca y directa el problema, cunde la duda sobre la eficacia de la lucha que el Estado ha entablado contra este delito, más allá de los logros que a criterio del Gobierno se han alcanzado. Y ya llega a extremos de desconocimiento del problema aquello de que el Gobierno investigará para dar con los “informantes” de la DEA sobre el curso de la lucha antidroga en el país.

Si se revisa la historia de los últimos 30 años, está claro que como nación debemos comprender la necesidad de diseñar una estrategia consensuada de lucha contra el narcotráfico, que, como demuestran los últimos acontecimientos, está por encima de posiciones políticas. Sin contar el período militar esencialmente corrupto que gobernó durante 18 años al país, se debe reconocer que cada gestión democrática de gobierno ha tenido un escándalo con este motivo que le ha restado legitimidad y poder. Por tanto, es hora de desterrar la arrogancia y actuar con visión de futuro en este campo en circunstancias internacionales, además bastante más propicias de lo que fueron hasta los primeros años de este siglo, pues, como se ha señalado, hay generalizado consenso en que la estrategia de la guerra ha fracasado y se deben buscar nuevos rumbos.
Con menos sectarismo y más conocimiento, Bolivia podría adherirse a esas posiciones.