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jueves, 30 de julio de 2015

en todo tiempo, la Policia como el Ejército han sido fuentes de latrocinio. compras con sobreprecio "modus operandi" falsos vendedores y cotizaciones falsas y falsos precios, salvo los del adjudicatario, "socio del comprador". dudamos que algún Fiscal descubra algo.

El Ministerio Público de La Paz investiga una denuncia de compra con sobreprecio de uniformes (blusas) en la Policía Boliviana en 2013. Dentro del proceso está en calidad de acusado el excomandante de esa institución, general (r) Alberto Aracena.
La información a la que accedió La Razón cursa en el Ministerio Público. Este caso salió a luz pública después de conocerse denuncias de actos de ilícitos en la Policía, como la venta de información en la lucha antinarcóticos, la misma que fue advertida por el propio presidente Evo Morales, el lunes.
Una fuente vinculada al proceso en la Fiscalía informó que este caso se encuentra en etapa de investigación desde 2014, por irregularidades observadas en la adquisición de uniformes policiales para la tropa, consistente en blusas durante la gestión 2013. Aracena es sindicado de suscribir el contrato de la compra irregular en el que existiría un sobreprecio, lo que sería investigado por la División Anticorrupción del Ministerio Público paceño.
Comisión. Esta misma fuente señaló que la acusación fue presentada por una exjefa policial, ya que se causó un daño económico a la institución y al Estado de cerca de Bs 200.000. Este diario intentó obtener una respuesta de Aracena, pero no tuvo éxito, debido a que sus dos teléfonos móviles estaban fuera de servicio.
Al referirse al caso, Róger Velásquez, fiscal de la División Anticorrupción de la Fiscalía, confirmó que el proceso en contra del excomandante está radicado en su despacho y en plena etapa de investigación, pese a que ya lleva un año. No obstante, aseguró no tener detalles del proceso porque la causa era amplia. Además, arguyó de que este caso lo llevaba como cualquier otro, con el ritmo correspondiente. No obstante, hizo conocer que existen aproximadamente 6.000 procesos en la oficina a su cargo, a los que debe atender de igual forma.
El actual comandante nacional de la Policía Boliviana, general Édgar Téllez, aseguró no tener detalles sobre el caso, ya que éste se encuentra en instancias jurisdiccionales que son las responsables de dar la información correspondiente y acertada.
En enero de 2014, la representante de las esposas de policías, Guadalupe Cárdenas, además denunció, ante los medios de comunicación de La Paz, actos irregulares en la compra de los uniformes, por lo que los entonces jefes de la institución estaban manchados por acciones de corrupción.
En febrero del mismo año, el representante de la Asociación de Suboficiales, Sargentos, Clases y Policías (Anssclapol) en Cochabamba, José Cáceres, denunció que los uniformes que les dotaron eran de mala calidad, por lo que exigió el inicio de una investigación sobre la adquisición de las prendas que “no servían”.
Respecto a los actos ilícitos en la institución, en junio de 2015, la exsubcomandante de la Policía, general Rosario Chávez, luego de ser destituida del cargo, reveló que en el Alto Mando de la Policía Boliviana existían personas que tienen denuncias de corrupción y extorsión a otros uniformados.
En esa línea, en las dos últimas semanas se dio a conocer de actos ilícitos al interior de la Policía, sobre todo con algunos efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), por lo que se los detuvo en Cochabamba por volteo de droga y en Santa Cruz de la Sierra por extorsión a traficantes de droga, entre otros. En 2014, la entonces ministra Anticorrupción, Nardi Suxo, también denunció actos de corrupción cometidos por exjefes policiales. Posteriormente, por emitir esas sindicaciones, recibió amenazas contra su vida.
Medidas para denunciar
Proyecto
Ante los hechos irregulares, el Gobierno, a través de una ley corta, creará instancias garantizadas para  que el personal subalterno pueda denunciar actos de corrupción de sus jefes en la Policía Boliviana, Fuerzas Armadas e instituciones públicas.