es que el reclamo se generaliza. en un sólo día, Los Tiempos, El Día, ahora El Deber reclaman por una reacción oficial ante la controversia de prohijar plantaciones de coca en la lucha antinarcóticos. dignidad y soberanía son apenas vocablos frenta a la mafia

La sociedad civil boliviana se encuentra inerme frente a una amenaza mundial que en nuestro país ya casi reviste concreción plena: su indefensión frente al creciente auge del narcotráfico. Este vil negocio, auspiciado indirectamente por la proliferación de cultivos de hojas de coca que promueve la actual administración, está llevando a situaciones extremas, las que se reflejan en la crónica diaria de asesinatos y en el hecho triste, real y tangible, de tener a parte de las instituciones teóricamente creadas para protegernos –como son el mismo Estado y la Policía-  como cómplices abiertos, o accesorios involuntarios, en esta ola de violencia y drogas que amenaza con ahogarnos a todos como si fuera uno de los gigantescos tsunamis que asolaron Asia tiempo atrás y hace poco destruyeron parte del Japón durante el último terremoto. Y no exageramos. Las estadísticas a la vista, la cantidad de gente detenida en el exterior e interior por involucrarse en actividades ilícitas, el creciente número de muertes en las calles por vía de sicarios que ‘ajustan cuentas’, etc., llevan a una proliferación alarmante  de viles actividades cuya resultante nos deja a todos los ciudadanos en el desamparo total. La sociedad civil, el pueblo boliviano en suma, en su inmensa mayoría es mero espectador -y víctima a su vez- de estos perversos procesos. Mientras el Gobierno poco y nada hace al respecto, salvo seguir hablando y hablando, el peligro se acentúa. La ruta hacia un estado de crisis total por causa del narcotráfico se agiganta. Frente a esta álgida situación, el pueblo debe hacer conocer su desagrado y repulsa. Diversas cosas preocupan hoy a todos los bolivianos y bolivianas, desde aquellas derivadas del desabastecimiento, la inflación y los costos del transporte público, hasta muchas otras legítimas demandas. En este agitado contexto, forzadamente deberemos inscribir ahora la necesidad de protestar también contra el auge irrefrenable de la droga, en el marco de la indiferencia de las autoridades o de pomposas declaraciones que de poco sirven a la hora de la verdad. El Gobierno de Bolivia ha rehusado la ayuda internacional de Estados Unidos y amenaza inclusive ahora con expulsar lo que queda de la cooperación estadounidense, caso Usaid. Mientras se proclama “dignidad y soberanía”, ambas se ven melladas por un poder tremendo derivado del dinero sucio y de los estupefacientes que lo generan. A todo esto, se insiste en la sacralización de la hoja de coca e inclusive se ha manifestado que su promoción será prioridad de la “diplomacia de los pueblos” propiciada por el presidente Evo Morales. La gente que inocentemente sufre este tipo de situaciones, en las que nada tiene que ver, reaccionará en algún momento. El pueblo en su inmensa mayoría está en contra de la droga generada mediante la controvertida hoja de coca. No puede ser que 40.000 cocaleros de Chapare dicten la agenda de diez millones de bolivianos. El prestigio del país está en juego y es, a ojos vista, crítica la situación del momento actual. Si el Gobierno no reacciona, el pueblo lo hará. De eso no cabe la menor duda. Nadie quiere vivir en un potencial narcoestado plagado de criminalidad.