El apresamiento en Panamá del general René Sanabria es un hecho que además de la vergüenza nacional que genera, tiene implicaciones negativas para el país porque refleja la imagen de un Estado débil, desorganizado, sin orden ni ley; un Estado en el que los controles al poder son inexistentes y en el que el temor a la ley se ha perdido al extremo que los límites dependen únicamente de los valores personales o familiares de los que son portadores cada uno de sus habitantes.
En estas circunstancias de nada sirven las explicaciones forzadas que se den, es inútil acusar a los “enemigos de Bolivia” de tendernos trampas. Imputaciones a delegaciones diplomáticas como las que hace el funcionario que cumple tareas de ratón cuidando el queso o lamentos sobre complots digitados por organizaciones o gobiernos envidiosos de nuestra “exitosa revolución en democracia”, lejos de aportar a la solución del problema exponen a Bolivia al penoso papel de hazmerreír internacional y estimulan el interés por buscar nuevas acusaciones como la que circula en Internet sobre la investigación que habría ordenado la Justicia argentina contra un ex agregado aeronáutico de Bolivia por distribución de pornografía infantil. Tampoco son útiles las famosas comisiones parlamentarias para investigar propuestas por una oposicion errática y descriteriada.
Es momento que las autoridades nacionales asuman con firmeza y serenidad la responsabilidad que les corresponde por acción u omisión en este y todos los escándalos que se han desatado en el país, aún nadie les ha atribuido en lo personal el rol de autores o cómplices de delito alguno, hasta ahora lo que se ha dicho es que existen fallas en el funcionamiento del aparato estatal y que es necesario hacer ajustes severos para revertir la situación.
El caso Sanabria puede tener implicaciones mucho mayores para la institución policial, para el Gobierno y para el pueblo boliviano por lo que urge se adopten medidas radicales para volver a los cauces institucionales en la Policía, el Ejército, el Ministerio Público y el Poder Judicial; se deben respetar a pie juntillas la Constitución, las leyes y reglamentos para ascensos y designaciones en las instituciones del orden, así como para ser fiscales, jueces y magistrados. De continuar la política de pagar favores y lealtades partidarias con cargos en las instituciones mencionadas, el deslizamiento por la pendiente hacia el desastre será más acelerado y el impacto con el fondo del abismo más desastrozo para gobernantes y gobernados del Estado Plurinacional de Bolivia.
En estas circunstancias de nada sirven las explicaciones forzadas que se den, es inútil acusar a los “enemigos de Bolivia” de tendernos trampas. Imputaciones a delegaciones diplomáticas como las que hace el funcionario que cumple tareas de ratón cuidando el queso o lamentos sobre complots digitados por organizaciones o gobiernos envidiosos de nuestra “exitosa revolución en democracia”, lejos de aportar a la solución del problema exponen a Bolivia al penoso papel de hazmerreír internacional y estimulan el interés por buscar nuevas acusaciones como la que circula en Internet sobre la investigación que habría ordenado la Justicia argentina contra un ex agregado aeronáutico de Bolivia por distribución de pornografía infantil. Tampoco son útiles las famosas comisiones parlamentarias para investigar propuestas por una oposicion errática y descriteriada.
Es momento que las autoridades nacionales asuman con firmeza y serenidad la responsabilidad que les corresponde por acción u omisión en este y todos los escándalos que se han desatado en el país, aún nadie les ha atribuido en lo personal el rol de autores o cómplices de delito alguno, hasta ahora lo que se ha dicho es que existen fallas en el funcionamiento del aparato estatal y que es necesario hacer ajustes severos para revertir la situación.
El caso Sanabria puede tener implicaciones mucho mayores para la institución policial, para el Gobierno y para el pueblo boliviano por lo que urge se adopten medidas radicales para volver a los cauces institucionales en la Policía, el Ejército, el Ministerio Público y el Poder Judicial; se deben respetar a pie juntillas la Constitución, las leyes y reglamentos para ascensos y designaciones en las instituciones del orden, así como para ser fiscales, jueces y magistrados. De continuar la política de pagar favores y lealtades partidarias con cargos en las instituciones mencionadas, el deslizamiento por la pendiente hacia el desastre será más acelerado y el impacto con el fondo del abismo más desastrozo para gobernantes y gobernados del Estado Plurinacional de Bolivia.
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