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lunes, 30 de abril de 2012

la prensa mundial se repleta de informes sobre narcotráfico en Venezuela y la participación de uniformados con implicaciones que podrían afectar a Chávez. ABC de Madrid


Hugo Chávez ha estado recibiendo durante años informes semanales sobre las operaciones de narcotráfico realizadas en Venezuela, llevadas a cabo bajo control de las Fuerzas Armadas. Detalles de esos encuentros, en los que el director de la Inteligencia Militar habría dado cuenta puntualmente al presidente venezolano de cómo se estaba desarrollando el negocio de los estupefacientes, han sido ofrecidos a la poderosa Agencia Antidroga estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés) por el huido magistrado venezolano Eladio Aponte. Así lo ha podido saber ABC de fuentes conocedoras de los pormenores de la voluntaria entrega de Aponte a las autoridades de Washington.
Un narcotráfico de Estado, dirigido por «narcogenerales» y tutelado por el propio Hugo Chávez, y una Justicia amañada tanto para proteger esas operaciones como para «montar» juicios contra disidentes políticos, es la Venezuela del chavismo cuya realidad ahora emerge ante la descomposición del régimen. Pieza clave de esa utilización de los tribunales para los intereses del régimen fue el juez Aponte, primero como fiscal militar, y luego como responsable de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia del país. Con Chávez en plena salud, Aponte habría tenido pocas oportunidades de escaparse. Pero ahora, con el presidente frecuentemente en Cuba y los responsables de seguridad más preocupados por su propio futuro, nadie reparó en que el gran testigo de la corrupción del chavismo podía marcharse del país.

La huida

Destituido el 20 de marzo por las acusaciones de Walid Makled, un excapo civil de la droga caído en desgracia debido a luchas internas, Aponte acudió a su despacho el día de su escapada para recoger sus cosas. Cuando salió del edificio le dijo al chófer que prefería regresar a casa en taxi. Viajó en taxi hasta la península de Paraguaná, a unos 500 kilómetros de Caracas. Allí contrató a un pescador para que lo llevara en lancha a la isla de Aruba, a 45 minutos de distancia. Y en la isla tomó un avión, primero a Panamá y luego a Costa Rica, donde le recogió la DEA.
Sospechando que podía pagar los platos rotos por el caso Makled —él mismo había usado a chivos expiatorios muchas veces para salvar la cara de altos mandos militares en procesos penales—, Aponte estuvo enviando fuera del país documentos confidenciales durante tres meses. Todos están ya en poder de las autoridades estadounidenses.

Carta comprometedora

Entre ellos, por ejemplo, hay una comprometedora carta de 2007 en la que el entonces ministro de Defensa, el general Raúl Baduel, informaba a Chávez de que existían «suficientes elementos que vinculan» al general Henry Rangel, hoy titular de Defensa, con un caso de narcotráfico: un cargamento de 2,2 toneladas de cocaína, procedente de las FARC, se había guardado en un cuartel del Ejército de una zona fronteriza con Colombia y estaba siendo transportado por un convoy militar cuando fue interceptado. La carta, a la que ha tenido acceso este periódico, señalaba que Rangel era primo de uno de los imputados, y añadía: «Muy respetuosamente sugiero se abra una profunda investigación y auditoría de sus bienes (...), y el cese de sus actividades laborales, hasta que se pueda descartar su participación en los hechos antes mencionados».
Chávez no solo no promovió una investigación, sino que, de acuerdo con Aponte, le habría insistido para tapar cuanto se pudiera el asunto. Una injerencia en asuntos judiciales desde la Presidencia de la República que el juez asegura es frecuente en el régimen. Baduel pagó su osadía con la obligación de retirarse del Ejército al cabo de unos pocos meses, y en 2010 fue sentenciado a ocho años de prisión por corrupción. Rangel fue promocionado, como también lo acabaría siendo el teniente coronel Pedro Maggino, principal encausado en el mencionado proceso judicial, que Aponte manipuló. El expediente de ese juicio permite concluir que el caso «no era un incidente aislado y que la planificación apuntaba a una red de narcotráfico bien establecida de oficiales militares», según el dictamen de juristas que lo han examinado.

El capo de los capos

Aponte es la primera persona que involucra directamente a Chávez en ese negocio, según el testimonio que avanzó una vez ya fuera de Venezuela a las fuentes consultadas por ABC. El magistrado aseguró que varias veces había estado presente cuando el director de Inteligencia Militar presentaba su informe semanal al presidente sobre las operaciones de tráfico de droga. No está claro que esa acusación la pueda sustentar con pruebas escritas. En cualquier caso, asegura tenerlas (por ejemplo, pagos a cuentas bancarias) contra Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional, que es el jefe del partido y uno de los posibles sucesores de Chávez al frente del movimiento. «Cabello es el capo de los capos, porque es el que controla toda la infraestructura del lavado del dinero», declaró Aponte, de acuerdo con las fuentes citadas.
En declaraciones que entonces también hizo a la cadena SoiTV de Miami, calificó al generalClíver Alcalá, que comanda la División Acorazada, como «el zar de la droga», quien se ocupa de la operatividad de los envíos, en colaboración nada menos que con la Oficina Nacional Antidroga, el coronel Néstor Reverol.

sábado, 28 de abril de 2012

lloran. gritan. se desmayan. los echan de UNIPOL por haber ingresado de forma fraudulenta. 54 a la calle (www.eju.tv)


Maleta en mano y entre lágrimas, 54 cadetes fueron retirados ayer, a las 18.45, de la Universidad Policial (Unipol), tras quedar sin efecto el plan piloto para jóvenes interculturales, supuestamente irregular, al que se acogieron para ingresar a la institución.
En respuesta a la decisión de jefes policiales, presionados por el ministro de Gobierno, Carlos Romero, para cumplir con esa tarea, 15 padres de familia determinaron declararse en huelga de hambre y vigilia permanente, en la puerta de la Unipol. Además, anunciaron el inicio de una querella penal contra el comandante de la Policía, general Jorge Santiesteban.
“Se resuelve dejar sin efecto la Resolución 010/2012 del 9 de febrero y su complementaria del 7 de marzo (Programa piloto de incorporación de jóvenes bachilleres interculturales), emitidas por el rector de la Universidad Policial (Unipol)”, sostiene parte de la Resolución 144/2012, firmada por Santiesteban el jueves.  El documento fue entregado ayer a los cadetes retirados.
“Esto demuestra la ilegalidad por parte del Comandante; por tanto, el lunes estamos sumándonos a la querella iniciada por el Ministerio de Transparencia, en contra del general Santiesteban, por el delito de resoluciones contrarias a la ley y la Constitución; además vamos a presentar un amparo constitucional”, anunció Marisol Solares, abogada de los padres de familia de los excadetes.
Hecho. Pasado el mediodía de ayer, los jóvenes recibieron la orden de sacar sus cosas e ir a formar al patio principal de la Anapol. Anoticiados, los progenitores llegaron hasta la institución y se apostaron en la puerta principal para evitar su salida.
“La Resolución 010/2012 es legal y fue firmada por Santiesteban, incluso está avalada por una Carátula Notarial del 15 de marzo de 2012; la misma está verificada por el coronel Marco Ortuño, exdirector de la Academia Nacional de Policías (Anapol), y coronel Augusto Angulo, actual director”, dijo entre sollozos una madre.
Fueron vanos los intentos por evitar la salida de los 54 cadetes. Fue a las 18.45 cuando grupos de policías se apostaron en las dos puertas laterales de la Unipol, por donde fueron sacados los jóvenes, en medio de empujones, gritos, llanto y hasta desmayos. “La firma de esta última resolución contradice a la de febrero, es decir está cometiendo un delito; los cadetes deberían someterse a un proceso antes de ser sacados”, argumentó Solares.
imageSalida. Los jóvenes salen a la calle con todas sus pertenencias.
Gritos, llanto y desmayos
Al tratar de impedir que los policías saquen a los cadetes, una madre de familia se desmayó ante una de las puertas de la Universidad Policial. Lo propio pasó con una cadete cuando se vio fuera de la institución. Desesperados y con lágrimas, los progenitores que fueron al lugar sujetaban a sus hijos del brazo para intentar meterlos de nuevo. “No son delincuentes”. “¿Por qué los están botando?”. “El culpable es Santiesteban, él debe estar fuera”, gritaban los padres en medio de la tensión.
Un grupo de cadetes salió llorando directo a abrazar a sus familiares. Otros, sin emitir ninguna declaración, abordaban vehículos públicos o particulares para retirarse. Unos pocos se quedaron sentados con sus maletas en la vereda de la Unipol.