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sábado, 16 de septiembre de 2017

trabajar por la transparencia en la policia es casi una obligación general, porque se han dado, se dan, tantos casos de policias corruptos, contagiados de narcotráfico, y presos dentro y fuera del país, que salta a las claras su contaminación que embarra la Justicia y la Administración. El Dia, SC

La Policía Boliviana es una de las instituciones más cuestionadas por la sociedad; su imagen figura en los últimos lugares junto con la Justicia y otros organismos del Estado; su grado de credibilidad también es muy bajo y constantemente se dan episodios que ratifican esta realidad, como el que se ha dado con el asalto perpetrado contra la joyería Eurochronos.
 
La opinión pública tiene presente numerosos hechos que han labrado esa percepción negativa de nuestra Policía. En 2001 ocurrió un atentado contra el Comando de la Policía de Santa Cruz que jamás fue esclarecido. Detrás del bombazo existía una pelea encarnizada entre grupos criminales que operaban dentro de la institución, uno de los cuales fue identificado y cobró notoriedad pública por uno de sus cabecillas, el oficial Blas Valencia. Aquella explosión fue una advertencia para frenar nuevas investigaciones y lamentablemente, las autoridades elegidas por la población para poner orden y hacer cumplir la ley reaccionaron con impavidez y nunca hicieron intentos por llegar a la verdad.
 
En los años posteriores se han dado casos similares. Hasta el presidente Evo Morales llegó a decir que dentro de la Policía operan bandas que les venden información a los narcotraficantes y que operan a favor de ellos; recordemos que un alto oficial de la Policía está preso por tráfico de drogas en Estados Unidos; un comandante está tras las rejas en nuestro país por complicidad con las mafias; otro fue arrestado en Miami por intentar extorsionar a un empresario y también existe una cantidad considerable de procesos dentro de la institución y en la justicia ordinaria, sin mencionar los casos cotidianos de acecho y extorsión a la ciudadanía cometidos por uniformados.
 
Es bueno reconocer que el Gobierno ha llevado adelante varias iniciativas destinadas a depurar las filas policiales; el Defensor del Pueblo ha elaborado estudios pormenorizados sobre el accionar de la institución, pues se trata de una de las que más violaciones a los derechos humanos comete en el país; se hicieron propuestas de reforma; hubo en ciertas ocasiones consenso con los altos mandos, pero lamentablemente todo quedó en buenas intenciones, que seguramente tropezaron con la resistencia de quienes pretenden seguir con esta situación, que en buena parte resulta funcional a los propósitos políticos de las fuerzas hegemónicas.
 
Hay que decir que trabajar por la transparencia dentro de la Policía no solo es una obligación del Estado, sino que resulta imprescindible para fortalecer un servicio ciudadano que deja mucho que desear y que nos complica todos los días por el aumento de la inseguridad y la criminalidad. De cualquier forma, la mayor beneficiada con una reforma profunda, sería la misma Policía, pues eso le ayuda a robustecerse, deshaciéndose de los malos elementos que complican a toda la organización.
 
Las exigencias que se producen hoy para esclarecer el caso Eurochronos no representan un acoso ni un hostigamiento; la Policía no es una entidad que está por encima de la ley; sus integrantes son servidores públicos que deben ser sujetos de control y supervisión, están obligados a rendir cuentas de sus actos y someterse a las normas vigentes.

viernes, 28 de abril de 2017

ex-reclusos de Palmasola se hacían pasar por policías de Lucha contra el Crimen a veces y otras como de Lucha contra el Narcotráfico y luego cometían delitos, atracos, robos, detenciones, se conoce de al menos 17 casos delincuenciales, ahora regresrán a Palmasola.


Los falsos policías utilizaban gorras, chalecos, armas y manillas. (Internet – Foto referencial)
Los falsos policías utilizaban gorras, chalecos, armas y manillas. (Internet – Foto referencial)

Caen cinco falsos policías que atracaban

La Policía aprehendió a cinco sujetos que se hacían pasar como funcionarios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y otras veces como agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) para atracar negocios en las zonas aledañas de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

El director de la Felcc, coronel Gonzalo Medina, explicó que los actos delictivos los cometían en locales nocturnos a altas horas de la noche. Indicó que incluso uno de los delincuentes se hacía pasar como fiscal que acompañaba los operativos para ganarse la confianza de las víctimas y así ingresar a los negocios.

“Estos delincuentes utilizaban gorras, chalecos, armas y manillas, su modus operandi era bastante especial, fingen ser funcionarios policiales para luego cometer hechos delictivos”, dijo.

Los aprehendidos fueron identificados como: Eduardo R. G., Rosario M. P., Ricardo Y. P., Johnny S. C. y Victos Hugo A. P., todos ellos exreclusos del penal de Palmasola.

Por su parte el fiscal encargado del caso, Carlos Candia, informó que a la banda delictiva se le atribuye al menos 17 casos de robo agravado, ahora espera que la gente que fue perjudicada los reconozcan e interpongan su denuncia.
SANTA CRUZ/Fides

jueves, 27 de abril de 2017

inaudito. en pleno Comando General, actuaban dos hermanas como abogadas sin tener título profesional. esto es ya el colmo del abuso de autoridad, ahora se descubrirán sin duda otros casos de ejercicio ilegal de la profesión, lo que tratándose de la Policia resulta simplemente inexplicable.


Ordenan aprehensión de la asesora legal del Comando General de la Policía

La Paz, 26 de abril (ANF).- El Comando General de la Policía Boliviana está en busca de quien fuera la asesora legal de esa institución para aprehenderla y remitirla a la justicia ordinaria, al estar acusada de ejercer la abogacía con un título profesional falso.
 
“Ayer me reuní con el Subcomandante y me dijo ya tenemos los mandamientos de aprehensión contra esta doctora Puña, pero a ella no sabemos dónde encontrarla”, informó a ANF el presidente del Colegio Nacional de Abogados, Raúl Jiménez.

Jiménez dijo que remitió todos los informes de la acusada al Comandante de la Policía, general Abel de la Barra, porque se ha constatado que los certificados de nota de la sindicada son falsos y a pesar de eso estaba trabajando como asesora del Comando.
La sindicada trabajaba alrededor de seis años en el Comando y las autoridades policiales no se percataron de la irregularidad en el título de la funcionaria. 
Agregó que la hermana de la acusada también ejercía la abogacía con un título profesional falso.
Finalmente mencionó que las hermanas se dieron a la fuga y la policía continúa con las investigaciones hasta capturarlas y remitirlas a la justicia ordinaria.
/LACH/FC/

lunes, 10 de abril de 2017

siembran pruebas, "hacen que encuentran droga", denuncian y chantajean a los dueños de casa que por suerte encontraron policías honrados que se hicieron de los tres delincuentes y a Chonchocoro por extorsionadores...cientos de policías en la misma postura cocalera.


Tres policías son detenidos tras poner cocaína en una casa para extorsionar a los dueños

Tres policías bolivianos fueron encarcelados el viernes de forma preventiva tras comprobar que colocaron una mochila con cocaína en una vivienda para después extorsionar a sus propietarios con una petición de 10.000 dólares.

La Fiscalía General informó en un comunicado que los tres policías, que eran miembros de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN ), fueron recluidos en la cárcel de San Pedro de La Paz, acusados de tráfico de sustancias controladas en posesión dolosa.
Uno de los fiscales del caso, José Ángel Ponce, indicó que los detenidos preventivamente son el capitán Grover Lagraba Luizaga y los cabos José Luis Surco Mamani y Silvestre Simeón Mamani Ticona.

Los uniformados ingresaron a una casa en la zona Horizontes de la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, para buscar drogas, sin embargo a escondidas del propietario de la vivienda colocaron una mochila con casi tres kilos de cocaína y más de medio kilo de marihuana.

Tras “sembrar la prueba”, los agentes extorsionaron a los propietarios de la casa pidiendo 10.000 dólares para no arrestarlos por tenencia de droga, sostuvo a Fiscalía.

Sin embargo, el plan fracasó cuando la madre del dueño de la casa salió del lugar con el pretexto de ir a buscar el dinero y encontró una patrulla policial a la que puso al tanto de lo sucedido.

Los fiscales fundamentaron la acusación contra los policías en el Juzgado Primero de Instrucción Cautelar de La Paz, que ordenó el encarcelamiento de los acusados en el penal de San Pedro.
EFE

jueves, 6 de abril de 2017


Inseguridad al desnudo

Los primeros en quejarse de la inseguridad, respecto del caso Brinks han sido los propios policías, cuyos jefes cuestionaron a la empresa de transporte de caudales, por los débiles procedimientos aplicados a la hora de trasladar una enorme cantidad de dinero como la que fue robada hace unos días en la carretera Santa Cruz-Puerto Suárez. Llama la atención el lamento, pues los guardias que custodiaban la remesa pertenecen a la institución del orden, lo que haría suponer que todos conocían la rutina de trabajo y, en consecuencia, los errores que habría que evitar en estos casos.

Un asalto como el que perpetraron aquellos avezados delincuentes ha sido planificado con suficiente antelación, lo que deja en claro que la forma de operar de la compañía en cuestión era de uso frecuente. La siguiente pregunta tiene que ver con el grado de previsión con el que actúa la policía, los controles que ejerce sobre actividades como esta, pues no se trata solo de proteger los bienes de particulares, sino de evitar que la debilidad de las prácticas de seguridad sean la carnada ideal de bandas delincuenciales extranjeras que llegan a Bolivia precisamente porque no nos tomamos en serio estos temas.

El atractivo de los criminales es mayor todavía, cuando se comprueba que las fronteras nacionales siguen desprotegidas y permeables a la penetración de elementos de alta peligrosidad que no encuentran resistencia en nuestro territorio. La prensa ha mostrado cómo en el límite con Brasil, donde se registraba el rastrillaje de los asaltantes del camión de Brinks, había un cuartel con apenas cuatro soldados rasos mal armados y pésimamente comunicados, únicos responsables de salvaguardar esos lejanos parajes que se hallan a merced de los delincuentes.

Otro de los aspectos que ha quedado expuesto con este violento episodio ha sido justamente la presencia de integrantes de cárteles internacionales de la droga, en este caso dos comandos que controlan el narcotráfico en Brasil ampliamente reconocidos por sus altos niveles de belicosidad. Es de dominio público que los mafiosos brasileños usan armamento militar y en varias ocasiones se ha divulgado que su mayor fuente de aprovisionamiento de pertrechos está en Bolivia.

El Gobierno boliviano ha tenido que desplegar un amplio contingente de tropas de la Policía, el Ejército y de otras agencias de seguridad y pese a ello no ha sido capaz de atrapar a la célula delincuencial que dispone no solo de armas de alto poder, sino también tecnología, logística y una red de información que ha provocado serios dolores de cabeza a nuestras fuerzas. Eso deja una tarea muy fuerte por desarrollar en la profesionalización de los cuadros responsables de la seguridad en el país, que todavía manifiestan debilidad, pese a que en los últimos años se ha gastado enormes cantidades de dinero para reforzarlas. Es posible que el dinero destinado haya sido invertido de forma errónea aunque es lícito pensar que todo el gasto en seguridad se hubiera dirigido al control político, una de las prioridades más significativas del régimen.

El atractivo de los criminales es mayor todavía, cuando se comprueba que las fronteras nacionales siguen desprotegidas y permeables a la penetración de elementos de alta peligrosidad que no encuentran resistencia en nuestro territorio.

martes, 23 de febrero de 2016

si no está corrupta, está politizada. el último suceso en El Alto de La Paz, es prueba inequívoca. llegada al extremo tener que pedir permiso "para salir a defender a los trabajadores municipales", resultó el colmo de la dependencia del Gobierno. la población se siente desprotegida con una policía así.

Lo que viene sucediendo con la Policía boliviana está llegando a límites inexcusables, sobre todo por las dimensiones trágicas que varios eventos sin tregua ni pausa han ido desencadenando. El artículo 251 de la Constitución Política del Estado (CPE) expresa: “La Policía boliviana… tiene la misión específica de la defensa de la sociedad y la conservación del orden público…”. Luego señala: “…no delibera ni participa en acción política partidaria…”. Más claro, imposible. 

En el marco de la actual administración vemos que se defiende a la sociedad y se conserva el orden público solo cuando lo instruye el Gobierno o cuando le conviene. No importa qué clase de desmanes surjan, si no hay un guiño de la autoridad política los de verde olivo no mueven un dedo, algo inconcebible, pero real, lo vemos casi a diario. Esta actitud viola claramente el ‘no partidismo’ establecido en la CPE. Llegó a su paroxismo la semana anterior durante los trágicos acontecimientos en El Alto con su secuela de tristes muertes. El horror vivido pudo evitarse si la Policía hubiera intervenido oportunamente en función de su obligación constitucional. No lo hizo, pese a las desesperadas llamadas de auxilio. El comando regional estaba a una cuadra de distancia del acosado edificio municipal. La deleznable actitud de la Policía hizo que sea prácticamente culpable del delito de homicidio culposo o de una especie legal sui generis de homicidio indirecto por omisión. Los pretextos sobre que “la multitud no los dejaba pasar” son solo eso, pretextos. Bien sabemos que cuando desde arriba viene la orden los de verde olivo arremeten contra todo y con todo, a veces hasta con abusos, como ocurrió en La Calancha, Chaparina y en otros lugares. Así que las excusas ofrecidas son inaceptables. 

Si a esta lamentable actitud sumisa de la Policía boliviana le añadimos los innumerables hechos de corrupción denunciados y otras falencias de conocimiento público, llegamos a una patética conclusión: existe en el país una Policía inservible que no protege ni genera orden y, como guardia pretoriana, custodia únicamente al Gobierno. Para colmo, permite o deja que se cometan desórdenes. Además, con un rígido centralismo andino que no permite ningún otro tipo de fuerza de protección en todo el territorio salvo ellos –que está visto no protegen a nadie–, vemos con preocupación que el futuro de esta Policía es negro si no se toman medidas y si los propios oficiales y tropa no se percatan de la forma en que son usados por la autoridad de turno. La seguridad ciudadana queda en agua de borrajas. Como diría el Chapulín Colorado: ¿y ahora quién podrá defendernos?

jueves, 17 de diciembre de 2015

policias, nada menos que con grado de coroneles investigados como nexos de los narcos. diversos organismos disciplinarios de la policía habrían tomado contacto con estos jefes lo que constituye un nuevo escándalo que llena de estupor a la ciudadanía

Al menos cinco coroneles de Policía que ocupan altos cargos en direcciones son investigados por sus nexos con el narcotráfico, según informes de inteligencia del Ministerio de Gobierno.
Estos oficiales, según los datos obtenidos por La Prensa, los cinco oficiales gozan de la protección del actual Alto Mando Policial pese a existir en su contra notas de cargo por parte de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) y la Dirección General de Investigación Policial Interna (Digipi).
De acuerdo con el informe, los cinco oficiales gozan de protección interna desde el 2014, antes de que ingresara el actual ministro de Gobierno Carlos Romero y sea relevado del cargo el coronel Grover Mercado, que estuvo como director de esta instancia menos de seis meses.
Los informantes, de quienes se mantiene sus nombres en reserva, dijeron que dos de los directores están en La Paz y que pese a evidencias en su contra fungen como directores nacionales de dos instancias importantes de la Policía.
En tanto, otro director está en Cochabamba, sin precisar al cuarto y quinto oficial observado por su relación con el narcotráfico y con el exgeneral Óscar Nina a quien “le tendieron la cama miembros del Ejecutivo y del mismo Alto Mando” señalaron los consultados.
PRESIDENTE. Sobre estos casos y en particular del coronel Juan Carlos Tapia que fue liberado por una juez después de ser hallado con 42,7 kilos de cocaína, el presidente de Estado, Evo Morales, dijo que algunos jueces parecen “socios de narcotraficantes”.
El mandatario de Estado dijo en la evaluación de la erradicación en Chimoré que “en vez de que la justicia acompañe a esta lucha contra el narcotráfico, más bien algunos miembros de la justicia, algunos jueces (son o parecen) aliados o socios de delincuentes de narcotraficantes”.
DETENIDOSEl lunes la jueza Vivian Gonzales Rioja, quien otorgó la libertad provisional al imputado por narcotráfico fue aprehendida y al día siguiente el coronel Tapia por segunda vez, y trasladado a instalaciones del Tribunal Disciplinario del Comando de la Policía.
Gómer Padilla, fiscal departamental de Santa Cruz, declaró a la red Unitel que “como dice la norma, en un plazo de 24 horas la vamos a poner en disposición de un Juez Cautelar por los delitos de incumplimiento de deberes, prevaricato y resoluciones contrarias a las leyes y la Constitución”.
Después de las medidas sustitutas a favor de Tapia, arraigo y una fianza de 50 mil bolivianos, se generó una ola de cuestionamientos en el órgano Legislativo, donde el senador Arturo Murillo dijo que Tapia era miembros de una de cinco organizaciones que fue creada por el exgeneral Oscar Nina y que estaban en plenas operaciones ilegales. “No quiero manchar a la toda la Policía, pero hay malos funcionarios de esa institución que están involucrados con corrupción y narcotráfico”.
Murillo dijo que inició una investigación y que hay evidencias de que ocupan cargos altos en la Policía donde se maneja recursos económicos, Transito, FELCN, DENAFyR, Policía Rural y Fronteriza y la Policía Caminera.
“Tenemos identificados a cinco personas que tenían privilegios. Que se movían en diferentes áreas donde se manejan recursos económicos”.
En tanto el excomandante del Grupo de Apoyo Civil a la Policía (Gacip) en El Alto, Juan Carlos Tapia Mendoza, debe afrontar un proceso de apelación para revocar sus medidas sustitutivas y enviado a la cárcel de Palmasola.