Pese a varios casos de ex funcionarios del Gobierno y policías vinculados al narcotráfico, el presidente de Bolivia ratificó el jueves que mientras esté al mando Constitucional del país "no permitirá el retorno de la Oficina Antidrogas de Estados Unidos (DEA) por cuestiones de dignidad y de respeto a la soberanía nacional". En un acto en el que entregó sables a los nuevos generales y almirantes de las Fuerzas Armadas, el presidente hizo patente su convencimiento de que "no permitirá que agentes de la DEA ejerzan mando sobre los jefes militares y policiales como sucedía en los anteriores Gobiernos". "Primero está la dignidad y soberanía de Bolivia, además de que Estados Unidos y otras naciones utilizan como pretexto la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo para ejercer control político y hegemónico en las naciones", puntualizó El Jefe de Estado salió al frente a algunas voces de los frentes de oposición que exigieron el retorno de la DEA a Bolivia para coadyuvar la lucha contra las drogas, al conocer el caso del general retirado de la Policía, René Sanabria, detenido en Panamá y procesado en Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico. El Primer Mandatario dijo que la presencia de la DEA en Bolivia no ha contribuido a derrotar al narcotráfico, lo que ha quedado demostrado porque los últimos años los organismos nacionales han logrado mejores resultados al desarticular organizaciones delictivas, incautar grandes cantidades de droga y disminuir los cultivos excedentarios de coca. Mencionó el caso Huanchaca, donde fueron asesinados en septiembre de 1986 el biólogo boliviano Noel Kempff Mercado y sus acompañantes Juan Cochamanidis y Franklin Parada, al descubrir una gigantesca fábrica de cocaína, cuya producción era comercializada en varios países para obtener dineros que financien a los contras de Nicaragua. El Presidente se refirió al libro "la Guerra Falsa", escrito por el ex agente de la DEA, Michael Levine, quien puso al descubierto las acciones de esa organización para ejercer control político en las naciones en las que se encuentra. "Levine fue 25 años agente de la DEA y reveló que vio que la denominada guerra contra las drogas pregonada por esa organización era falsa de verdad", enfatizó. Morales dispuso la expulsión de los agentes de la DEA en octubre de 2008, una vez que los organismos de seguridad del Estado comprobaron que sus agentes cooperaban en acciones de espionaje y de cobertura a movimientos de oposición que buscaban el derrocamiento del Gobierno y la desestabilización de la democracia. Poco antes, el Presidente declaró al entonces embajador de Estados Unidos en Bolivia, Philip Goldberg, como persona no grata por las mismas razones, lo que precipitó su expulsión. Reiteró que Bolivia enfrentará a las organizaciones del narcotráfico con decisión con sus propios recursos, una vez que algunas naciones "no asumen la corresponsabilidad sus tareas y, contrariamente, reducen la cooperación". "No va a importar si se trata de dirigentes del Movimiento al Socialismo (MAS), ministros, viceministros, dirigentes laborales o campesinos o si visten uniforme militar o policial, igualmente la mano dura será para sancionarlos", anotó. Al referirse al caso del general retirado Sanabria, dijo que en Bolivia hay 38 oficiales de la institución que están en la cárcel procesados por involucrarse con la droga y como testimonio de que el Gobierno no tolerará que las instituciones sean enlodadas. Sin embargo aclaró que "no porque algunos oficiales que hayan caído en este delito, se puede desprestigiar a toda una institución". Lamentó la insistencia de algunos dirigentes de la oposición que pretenden desprestigiar al Gobierno con las acciones de algunos miembros de instituciones, sin percatarse los avances logrados los últimos años para enfrentar a las organizaciones delictivas. Ratificó que mientras ejerza la Presidencia, "haré respetar las Leyes y no permitiré que ningún extranjero o uniformado no nacional camine por nuestro territorio armado pretendiendo ejercer autoridad". (Texto de OPINION y foto de Los Tiempos Digital)
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