cuando Sacha y Evo se frotaban las manos "al haber impresionado a Brasil", zas!, cayó el chasco de agua fría. No son 2 mil, son dos kilos de cocaína encontrada en el operativo...qué diferenci!

Un verdadero revuelo causó ayer en las esferas del Gobierno las declaraciones emitidas el martes por el fiscal de Distrito de Santa Cruz, Isabelino Gómez, que en Puerto Suárez informó a los periodistas de que en los operativos que se vienen practicando desde el lunes se decomisaron 2.000 kilos de cocaína. Sin embargo, no fue tal la cantidad de droga decomisada, pues el mismo fiscal ayer tuvo que admitir que se equivocó, pues no eran dos toneladas las que se incautaron sino 5.428 gramos (5,4 kilos).

Ante tanta confusión, por la tarde el Ministerio de Gobierno emitió un comunicado en el que aclara que los datos sobre la cantidad de droga confiscada en las poblaciones fronterizas no fueron proporcionados por los funcionarios de esta cartera de Estado y asegura desconocer la fuente de esta información.

“Según datos proporcionados por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), en ese operativo se logró incautar de 3.428 gramos de cocaína, hay 35 aprehendidos entre bolivianos y extranjeros, y varios vehículos secuestrados”, dice el comunicado.
Además indica que “quienes hayan dado información equivocada sobre los operativos realizados” deben hacer las aclaraciones correspondientes.
El fiscal de Distrito dijo que las dos toneladas de la que habló en Puerto Suárez es un objetivo que esperan alcanzar al final de los operativos, que estima que concluirán en dos o tres meses más.
La autoridad, que hizo las declaraciones sobre las más de 2 toneladas luego de una conferencia de prensa de los ministros de Gobierno de Bolivia y de Justicia de Brasil en el salón VIP del aeropuerto de Puerto Suárez, ayer precisó que se seguirán realizando operativos y que debido a la reserva de esta investigación no puede dar mayores detalles de las acciones.
“Una vez tengamos el reporte oficial vamos a detallar cada uno de los casos investigados”, declaró Gómez y adelantó que en las siguientes horas se hará conocer los resultados de otras intervenciones ejecutadas en algunas poblaciones de Beni.
También hizo saber que hay al menos cinco estancias incautadas en los departamentos de Beni y Santa Cruz. Preliminarmente se conoce que son los predios Los Tucanes, La Esperanza, Jerusalén, San Pablo y Waico. Además, hay tres colombianos que fueron detenidos ayer en la capital cruceña. 
El ‘golpe’ a los narcotraficantes y a las redes de personas que se dedican a legitimar ganancias ilícitas es ejecutado por los ocho fiscales antinarcóticos que trabajan en el departamento.
Se estima que el valor de los vehículos y de los inmuebles confiscados por la Policía es de más de Bs 41 millones.
“La operación ha sido efectiva”Esta es parte de la declaración que hizo el fiscal de Distrito de Santa Cruz, Isabelino Gómez, en el salón VIP del aeropuerto de Puerto Suárez, el martes 29 de marzo.
-¿Se dice que decomisaron armas de grueso calibre y droga?
- Existen varios vehículos incautados, tenemos más de 35 personas procesadas, varios implicados y varios inmuebles incautados. No puedo dar datos acerca de las investigaciones que están en curso, pero esta operación ha sido efectiva, pronta y hemos estado presente en cada uno de los operativos desarrollados.
-¿Se trata de una organización de narcotraficantes?
- Se incautó droga, existen personas aprehendidas colombianas, ecuatorianas, brasileras, e incluso existe el caso que se reportó desde Santa Cruz acerca de la detención de una polaca, que ya fue enviada a Palmasola.
- ¿Cuánto de droga se incautó?
- Existen más de dos mil kilos de cocaína incautados, hay personas aprehendidas y en cada trabajo se está desarrollando una investigacion distinta.
- ¿La cocaína pretendía ser llevada a Brasil?
- A diferentes destinos. Entonces, a medida que las investigaciones avanzan se conocerán con mayores detalles los resultados de las acciones de interdicción. 
Hemos quedado En ridículo /  Ernesto JustinianoEx zar antidrogas
El haber confundido las cifras de la droga incautada, es decir, gramos por kilogramos, es grave y así se lo debe tomar. Creo que hubo un desconocimiento de las unidades.
El dato que el fiscal dio ha sido titulares en la prensa nacional e internacional y me imagino a los personeros del Gobierno tratando de explicar esta confusión al ministro de Justicia de Brasil, que estaba de visita en Bolivia. Es realmente un papelón, hemos quedado mal, en ridículo.
Se debe tener más cuidado al lanzar información, más aún si se está en función del Estado.
Por otra parte, quiero indicar que con la visita del ministro brasileño al país ha quedado claro que el Gobierno boliviano necesita de la cooperación internacional para luchar contra el narcotráfico. Creo que con la cooperación de Brasil, en forma directa o indirecta, se va a trabajar con la DEA, quieran o no quieran. El Gobierno boliviano está yendo por ese camino y eso me deja contento.
El combate contra el narcotráfico debe ser internacional. Bolivia no puede aislarse, necesita de la ayuda internacional, si no esta será una batalla perdida. Lo que hay que hacer es separar la política de la parte técnica y seguir adelante.
 Otros detalles
- Procesados. Se ha detenido en Puerto Suárez a una pareja de extranjeros, un venezolano y una colombiana, a quienes se los acusa de legitimación de ganancias ilícitas. A ellos se les incautó dinero, vehículos y una hacienda de más de 1.500 hectáreas.

- Intervención. El fiscal de Distrito de Santa Cruz, Isabelino Gómez, precisó que en la capital se han ejecutado, desde el lunes, allanamientos en inmuebles ubicados en la avenida Alemania, en el kilómetro 9 de la carretera a Cotoca y en los barrios Universitario 24 de Septiembre.

- Ambiente. Los pobladores de Puerto Suárez evitan hablar sobre las detenciones ocurridas en los días pasados, aunque se sabe que muchos de los arrestados ya fueron liberados.

motivos sobran para pensar que tanto disparate, tantos errores terminarían por prevenir el peligro. se está produciendo UNCERCO A BOLIVIA

Los desvaríos marítimos desencadenados el pasado 23 de marzo, no le alcanzarán al Gobierno de Evo Morales para contener la marea que se le ha volcado en su contra, no sólo a nivel interno sino también en el plano internacional.

Dentro del país todavía existen los ilusos que creen que las bravuconadas de éste y otros gobiernos nos devolverán el mar perdido y es posible que las carrasperas del otro día le ayuden al Primer Mandatario a ganar algunos puntitos en las encuestas de abril. Eso será hasta que comience a faltar el arroz o a subir el precio del pollo y el pan como está previsto.

Es el escenario internacional el que ha comenzado a ponérsele oscuro al régimen del MAS y eso resulta grave, pues se trata de una de las más grandes fortalezas que había consolidado con aquello del "presidente indígena", el "Mandela" boliviano, la "dignidad" y el encendido discurso antiyanqui.

Desde aquella goleada diplomática de diciembre en Cancún, la imagen de Bolivia en el mundo ha sido arponeada desde todas direcciones hasta colocar al país al nivel de un Estado forajido, al margen de las normas internacionales, carcomido por las mafias del narcotráfico y por último, donde todavía es común la práctica de la tortura dentro de las instituciones que resguardan el orden público. Las declaraciones de un senador oficialista que ha justificado de manera muy clara este tipo de aberraciones, no hace más que respaldar el reciente llamado de atención del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que además, ha adjuntado a esta denuncia una fuerte exhortación  al régimen de Evo Morales a frenar la manipulación de la justicia.

El Gobierno no debería mirar de soslayo estas advertencias, que son el resultado de complejas investigaciones realizadas por observadores cuyas oficinas se encuentran en el país y que entre otras actividades, desarrollan proyectos de desarrollo económico y de promoción institucional. Tarde o temprano, tales informes terminan en efectos vinculantes sumamente perjudiciales para un país que necesita tanto de la cooperación internacional y liberarse cuanto antes de viejos estigmas que lamentablemente están retornando con vigor inusitado.

Sobre el tema del narcotráfico, en los últimos meses se han acumulado numerosos despachos de la ONU y la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, de la DEA, el Departamento de Estado de EEUU y otros organismos que reportan un desbordante crecimiento de los cultivos de coca y la producción de cocaína y, por último, para corroborar que el régimen se encuentra cercado por las mafias, se produce el caso Sanabria, que ha obligado al presidente Morales a aceptar nuevamente la presencia norteamericana en el territorio nacional camuflada con uniforme brasileño. La denuncia sobre la politización de la justicia que hace la ONU obviamente tiene que ver con la persecución política que se ejecuta sistemáticamente en el país, el irrespeto a las normas, la violación de las garantías más elementales y también a la aprobación de normas que contradicen los principios básicos del Estado de derecho.

¿Se trata de un ensañamiento contra el Gobierno de Morales? ¿Es una tenaza como lo sugieren algunos? La comunidad internacional comienza a mostrar signos de madurez después de un largo período de tolerancia hacia los regímenes autoritarios que desembocan en violencia, pobreza y atraso. Eso se lo ve claramente en los países gobernados por líderes populistas, tremendamente desfasados respecto de otros donde impera la democracia y el respeto a las leyes. Ya no se puede esperar 42 años antes de reaccionar, como sucedió con la Libia de Gaddafi.

En los últimos meses se han acumulado numerosos despachos de la ONU, la DEA, el Departamento de Estado de EEUU y otros organismos que reportan un desbordante crecimiento de los cultivos de coca y la producción de cocaína y para corroborar que el régimen se encuentra cercado por las mafias.

nuevo escándalo. asiste a reunión en Palacio convocada por Evo el alcalde Luin Mamani de Calamarca pillado con casi tres kilos de cocaína. está con medidas sustitutivas

El ministro de Comunicación Iván Canelas, aclaró el martes que el presidente Evo Morales invitó, en general, a alcaldes de los municipios de La Paz para recibir, en una audiencia en el Palacio Quemado, proyectos de generación y acopio de agua potable y para riego, luego que la local Radio Erbol denunciara que entre los representantes se encontraba el burgomaestre de Calamarca, Yesid Luin Mamani, acusado de narcotráfico.

   "No se los ha invitado de manera personal a los alcaldes, sino a los municipios para que asistan a este encuentro para presentar proyectos" en el marco del programa Mi Agua, que alienta el gobierno de Morales, en línea con su decisión de autoabastecer Bolivia de alimentos agrícolas.

    Canelas expresó la extrañeza del Gobierno luego que el despacho de radio denunciara que Mamani se encontraba entre los más de 80 representantes municipales convocados por Morales.

    "De manera que cuando se presenta una nota y se dice: ‘narco alcalde se reúne con Presidente en Palacio de Gobierno’, uno (cualquier oyente o lector) se imagina que el Presidente recibió a un narcotraficante que conversó con él privadamente y eso no es cierto", deploró el funcionario entrevistado por Radio Erbol

Un ángulo de la reunión el martes de Evo Morales con 83 alcaldes de La Paz (ABI)

    Al tiempo de enfatizar que Mamani y ninguno de los 83 alcaldes de La Paz fue invitado de manera personal a la reunión con Morales, Canelas lamentó el enfoque del despacho que luego fue colgado en el sitio internet de la emisora y que, según el funcionario, abre un abanico de interpretaciones, de subjetividades.

    "Eso nos ha alarmado profundamente porque da la posibilidad de hacer una serie de interpretaciones porque al final el alcalde, culpable o no, debe responder su situación ante la justicia ordinaria", insistió el Ministro.

    Canelas remarcó que "no hubo una invitación personal al alcalde (Mamani) para este encuentro en el Hall del Palacio de Gobierno (..) no ha sido un encuentro personal, no ha sido una invitación personal".

    En una requisa de rutina, la Policía encontró casi 3 kg de droga en el automóvil municipal que conducía Mamani, a principios de enero.

    El Alcalde de Calamarca, de las filas del oficialista Movimiento Al Socialismo, alegó inocencia y un juez dictó medidas sustitutivas a la detención, mientras se sustancia el proceso judicial en su contra.

    Esa, entre otras, la razón por la que Mamani asistió, en su calidad de representante aún del municipio de Calamarca, a la cita de Morales con los alcaldes rurales de la jurisdicción del departamento de La Paz.

    "Si el Concejo municipal de Calamarca no lo ha suspendido al alcalde (Mamani) ellos (los concejales) son autónomos, los municipios tendrán que responder ante esta situación (..) el Alcalde -dijo entender- goza de medidas sustitutivas (además) que no existe una acusación formal y, aparentemente, ésa fue la razón por la que el Concejo de Calamarca no lo suspendió ", puso en evidencia.

    "Es un tema que está en el ámbito de la justicia. Que se investigue, se establezca responsabilidades y si hay que sancionar, que se sancione", anotó.

   Canelas recalcó, asimismo, la política de la administración Morales, sobre el combate cerrado al narcotráfico, la corrupción y todo tipo de crimen.

    "En el Gobierno no se permite, no se admite ningún acto ni hecho, no sólo de narcotráfico, peor de si es de narcotráfico, sino de corrupción (..) No ha habido un gobierno que haya luchado tan abiertamente contra la corrupción y también contra el narcotráfico", representó al anotar la detención de 40 policías por narcotráfico y el encarcelamiento de ex funcionarios por corruptelas.

    También los logros del Gobierno en materia de incautaciones de estupefacientes y destrucción de factorías de droga en el lustro 2006-2010, que quintuplican los desempeños de gobiernos boliviano entre 1985 y 2005.

    Morales recibió cerca de 250 proyectos por parte de los alcaldes de La Paz, que serán evaluados antes de ser financiados.

    Resuelto a que Bolivia se autoabastezca de los alimentos que consume, el mandatario, que desde hace dos semanas recorre el país en busca de proyectos en el marco del inédito programa Mi Agua, instrumenta una política tendente a financiar con 300.000 dólares por cada uno de los 327 municipios rurales de Bolivia, proyectos para la generación de agua.

    Morales "ha conseguido recursos económicos para entregar a cada municipio 300.000 dólares para la ejecución de estos proyectos que tienen, entre otras, por finalidad, ejecutar obras de agua porque el Presidente está convencido sino no falta agua en las áreas rurales no va a faltar alimentos en el país y en las zonas urbanas", agregó el funcionario.

Alcalde del MAS acusado de narcotráfico se reúne con el Presidente

La Paz, 29 Mar (Erbol).- El alcalde de Calamarca, Yessid Luin Mamani (MAS), detenido en enero pasado por narcotráfico, se reunió este martes con el presidente Evo Morales, junto a otras autoridades ediles del departamento paceño, en el Palacio de Gobierno, para entregar proyectos de agua.

Ante la presencia de Luin en el Palacio, el diputado de Unidad Nacional, Jaime Navarro, afirmó que se trató de un asunto protocolar, que ha sido descuidado por las personas que organizan este tipo de eventos.

“El Presidente no puede estar en estas situaciones, la gente que está manejando el tema de protocolo se está descuidando de hechos tan delicados como estos”, sostuvo el legislador paceño.

Mientras, Luin Mamani recordó que el pasado 22 de febrero hubo una audiencia de medidas sustitutivas, de la que salió beneficiado con una resolución de libertad del penal de San Pedro de La Paz, donde estaba recluido preventivamente desde el 26 de enero.

Aunque “todavía estoy en proceso de investigación (por el tema de narcotráfico), también estoy ejerciendo normalmente mis funciones de Alcalde en Calamarca, desde el mismo día que me dieron medidas sustitutivas”, declaró.

Ratificó que él es inocente porque no está vinculado a ninguna actividad de narcotráfico y lo ocurrido el pasado 25 de enero, cuando en un control antinarcóticos en la tranca de Achica Arriba, carretera La Paz-Oruro, fue sorprendido junto a otro funcionario municipal transportando dos kilos con 98 gramos de cocaína en su vehículo, fue una trampa política.

Por eso, ahora casualmente "no aparecen tres concejales opositores desde hace dos meses en las sesiones del Concejo Municipal en Calamarca, seguramente la conciencia les remuerde”, manifestó.

El Alcalde aseguró que dos choferes del municipio lo traicionaron, porque el día del operativo antidroga, antes de dirigirse a la ciudad de El Alto, mandó a ambos funcionarios a lavar su auto y en ese momento presume que pusieron en su motorizado la droga.

“Se trata de Ernesto Rojas y Agustín Flores Tola, a quienes pedí que vayan a lavar mi auto, luego me lo devolvieron, pero cuando estaba de ida a El Alto, en Achica Arriba fui sorprendido (junto a Lázaro Soza Huanca, otro funcionario de la Alcaldía de Calamar) por efectivos de la Felcn, quienes sacaron de la parte trasera del vehículo la droga; sin embargo se trató de una trampa política y lo voy a demostrar en la justicia”, insistió.

finalmente se reunieron. lo había predicho Valverde. era lo correcto ante la dimensión del escándalo narcogeneral que empaña a Bolivia. Valverde profundiza de cómo era inevitable el contacto para conocer la verdad

Carlos Valverde
Conversaciones entre Gobierno y los norteamericanos

Con Semejante escándalo (el del Gral. Sanabria) el Gobierno de Evo Morales no podía tener otra salida que tratar de restablecer relaciones e intercambiar información sobre droga y narcotráfico con Estados Unidos; no por gusto pero, quién se fija en gustos cuando tiene tantos problemas? .Al final, más allá de que el “Presidente Evo” (como lo llama el Vice García Linera) se llene la boca con discursos de “dignidad y soberanía”, lo correcto era acercarse a EEUU para ver lo que hay por debajo de este asunto que tanto daño nos está haciendo y lo hizo.

En efecto, el Ministro de Gobierno se reunió con funcionarios norteamericanos, para hablar del tema de la droga y de la cuestión policial; así de sencillo y así de correcto. El hecho fue informado por los medios y confirmado por el viceministro de Gobierno, Marcos Farfán, quien dijo que el Ministro Sacha Llorenti en representación del Gobierno estableció contactos directos con funcionarios de la embajada norteamericana para investigar a fondo sobre el escándalo del inicialmente “poco importante” General Sanabria, ahora, ubicado en el lugar que le corresponde como hombre encargado de inteligencia antidrogas en la cartera de Gobierno.

“Nuestro ministro (Llorenti) hace tres o cuatro días aproximadamente se ha reunido con personeros de la embajada americana para mantener un nivel de coordinación en la lucha contra el narcotráfico. Se ha reunido con personeros de la embajada americana para ver la manera de coordinar tanto la profundización de estos procesos, como el que se le sigue a Sanabria en Estado Unidos al igual que el que se le sigue aquí contra el resto de los policías involucrados en este tema e intercambiar información que nos permita profundizar en la investigación y finalmente darle la sanción que corresponda’, señaló Farfán (Prensa nacional).

Cuando leemos que el Gobierno boliviano tiene la intención de coordinar y profundizar la lucha contra el narcotráfico y hacer un seguimiento (de vista, porque no puede intervenir) de los procesos que se le siguen a Sanabria, con EEUU, entendemos que se está hablando de compartir y cruzar información que tiene que ver con narcotráfico, es decir, trabajar con la Agencia norteamericana de drogas en asuntos de narcotráfico (DEA), cosa absolutamente normal en material de lucha contra el narcotráfico.

El Gobierno debe trabajar con la DEA porque son ellos quienes han detenido a Sanabria; ellos los que “lo atrajeron” a revelarse como narcotraficante con poder en el país y ellos los que saben de qué se trata éste y otros asuntos en los que hay droga de por medio y, para exportación en el país; consecuentemente, son solo ellos quienes tienen la información que necesita el Gobierno boliviano para ver si puede hacer algo para combatirla desde adentro y, además son ellos (DEA) quienes se encargan del asunto en EEUU y lo correcto es entender que el Gobierno va a trabajar con la DEA porque los gringos no van a cambiar de organismo solo porque al “Presidente Evo”  no le agrada el nombre.

Personalmente no creo que la venida a quedarse de la DEA a Bolivia sea imprescindible como sí es imprescindible el compartir (es un decir, porque los nuestros parecen estar en pañales en cuanto a la envergadura y al tamaño del problema) información y recibir datos que le permitan al país trabajar mejor un problema que ya es nuestro como lo es del mundo; está claro, el problema es el narcotráfico que se campea casi con impunidad en el país.

En el gobierno intentan que la ciudadanía dé por bien hechos y suficientes los operativos en los que se muestra la incautación de cada vez mayores volúmenes droga o porque se encuentre un par de laboratorios casi siempre vacíos o que aplaudamos la captura de los “serenos o guardianes de los mismos” cuando lo cierto y evidente es que los operativos y los detenidos se multiplican en progresión geométrica, demostrando cuán grande es el negocio y nos hace daño.

Efectivamente, comprobamos que las cosas no se están haciendo bien en la lucha contra las drogas porque hasta ahora podemos evitar  que se siga creciendo en la manera en la que está creciendo un negocio de más de 700 millones de dólares al año (esa la suma que aceptó el Vice Presidente como ingreso). Ese negocio le hace mucho daño al país, independientemente de que parte de esa plata se mueva en los mercados nacionales cotidianamente, aumentando el circulante y manteniendo en ciertos niveles de estabilidad, la economía nacional y dando la sensación de que lo que sobra en Bolivia es la plata en los bolsillos de todos.

El lector debe tomar conocimiento de que en el año 2010 se incautó en todo el país más de 20 toneladas de cocaína y se practicaron al menos 900 operativos con al menos 3.000 personas que fueron puestas a disposición de la justicia ordinaria. (información de la prensa local, varios medios y fechas).

En lo que va del año 2011, se da cuenta que la Felcn  destruyó 17 laboratorios de cristalización de cocaína en todo el país, seis de ellos en Santa Cruz. La gobernación de la cárcel de Palmasola reporta que el 65% de los detenidos responde  a procesos por narcotráfico. (información, idem anterior)

Creo conveniente preguntarnos si esas cifras, dan como para celebrar o para preocuparnos? Como soy pesimista frente al problema, creo que, como país estamos perdiendo; es definitivo, no estamos haciendo bien las cosas porque tenemos las cárceles hacinadas de narcotraficantes de poca monta y logramos incautar precursores sólidos y líquidos en grandes cantidades; en el último operativo se incautó 20.600 litros de precursores químicos y 1.776 kilos sólidos, además de casi 900 kgs de droga) pero, eso nos muestra que estamos trabajando sólo la “parte chica” del problema porque, el tema es mucho más grande.

El negocio de la cocaína mueve más de 30.000 millones de dólares en el mundo por año y, si consideramos que nuestro país es el tercero en niveles de producción, donde además no hay más de 5 países productores (me alargo con ese número) estamos hablando de incautaciones mínimas y de una inoperancia absoluta si de detener a cabecillas o “peces gordos” se trata. 
Seguimos en la parte marginal; marginal es lo que se queda de dinero en el país y marginal lo que se incauta frente a lo que estamos produciendo en cocaína. Si consideramos que todos los que saben nos adjudican un nivel de incautaciones del 10 a 15 % de lo que se produce, saquemos nuestras cuentas y concluiremos que no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Esta última consideración va a para todos los gobiernos, no sólo para este último aunque este es el que se lleva el peso por el incremento del narcotráfico y por la presencia de carteles internacionales importantes. La constatación de la presencia de carteles es que en el último operativo al fin se aceptó, desde la sede de gobierno que los 772 paquetes incautados llevaban el sello de “Totto”, que es la característica que usan los cárteles internacionales. (otra vez, las mismas fuentes).

Por otra parte, como sabemos que los precursores y químicos que se usan en el proceso de cristalización en los laboratorios de droga no se fabrican en el país, es decir son introducidos desde afuera, casi siempre desde Chile o Perú, es claro que no tenemos ni la posibilidad, o lo que es peor, la voluntad de cortar el tránsito desde esos lugares, es decir, la frontera de occidente, hasta la selva cruceña

El ministro Llorenti (mal Ministro, como pocos) manifestó que hay redes de traficantes, y que urge la necesidad de incrementar un 30% o más de efectivos para el combate; también reconoció que se necesita de más medios tecnológicos, como radares y otros, y el cambio de normas adecuadas para sancionar a los narcotraficantes pero se olvida que esta lucha necesita algo más que de tecnología, se necesita un equipo de gente que tenga contactos en el exterior, que trabaje con agencias de lucha antidroga de afuera, que tenga probada honestidad y capacidad policial e investigativa; eso no se lo compra, eso se lo hace en cursos de capacitación, en intercambio con los que vienen trabajando más tiempo, eso no se lo logra con discursos ultranacionalistas de dignidad y otros patrioterismos que no solucionan nada sino que nos ponen en situación de bandoleros en el mundo.

Se sabe que el acuerdo de cooperación para la lucha contra el narcotráfico que suscribirán el ministro de Justicia de Brasil, José Eduardo Cardozo, y el de Gobierno de Bolivia, Sacha Llorenti, incluye a Estados Unidos; al menos algo de eso dijo el  Viceministerio de Defensa Social.

La pregunta es;  hasta dónde va a llegar ese acuerdo en el tiempo? Hasta dónde va a aguantar la presencia norteamericana en este cometido el Presidente Evo Morales? Será capaz de entender el proyecto?

La prensa local da cuenta que “ Seguirán las conversaciones sobre el proyecto piloto de cooperación trilateral Brasil-Bolivia-EEUU en materia de lucha contra el narcotráfico. Habrá reunión con técnicos brasileños para finalizar detalles técnicos; por su parte, el embajador de Brasil en Bolivia, Manuel Biato, en entrevista con BBC Mundo confirmó que “tanto Bolivia como Brasil suscribirán un acuerdo con Estados Unidos destinado a monitorear la producción de cocaína en territorio boliviano, su cantidad y su destino”.

En fin, ya sabemos que se acordó firmar el memorando de entendimiento en el nivel trilateral en la visita del ministro de Justicia de Brasil”. Eso está establecido en el punto 6 de la declaración conjunta, que contradice la posición expresada por el Gobierno de rechazo a la ayuda antidrogas de Estados Unidos.

Entonces, está claro que hasta ahora se está haciendo lo correcto... es bueno trilateralizar y es bueno “multilateralizar” el trabajo antidrogas, claro, a esto no le podemos poner componentes como “dignidad y soberanía” mal entendidas porque entonces va a salir mal y si sale mal, si bien sabemos quién sera el responsible de ello, aunque, claro, de nada sirve buscar culpables si las víctimas somos nosotros que tenemos que aguantar un muerto por día en nuestras calles, el incremento de la violencia y de los consumidores locales y... la vergüenza de ser vistos como narcotraficantes donde quiera que vayamos

pone de relieve la visita del Canciller brasileño a La Paz y menciona aunque tímidamente que la mayor producción de coca es causa del aumento de cocaína. Bolivia está siendo observada, OJO!

Cuatro colombianos fabricando cocaína

Hay un riesgo inminente del crecimiento del tráfico de estupefacientes, que Bolivia todavía minimiza debido a que las secuelas aún no se perciben. (La Prensa. LP.Bolivia)

El pedido realizado el día de ayer por el canciller de la República Federativa del Brasil, Antonio Patriota, durante la visita protocolar a Bolivia, sobre la necesidad de incrementar la cooperación antidrogas entre los países sudamericanos debe interpretarse como el conocimiento, por parte del vecino país, de un riesgo inminente del crecimiento del tráfico de estupefacientes. Riesgo que Bolivia todavía minimiza debido a que, en nuestro territorio, las secuelas de este régimen aún no se perciben en todos sus alcances. 

Las preocupaciones expresadas por el dignatario constituyen alertas con respecto al peligro que subyace detrás de este negocio criminal en América Latina. Es alarmante que haya señalado que “las redes están por todas partes” y que exista la posibilidad de que “en nuestra región la cuestión asuma una proporción comparable” a lo que acontece en México. Recordemos que en Ciudad Juárez (Chihuahua) se reportan miles de muertes producto de “la Guerra Contra el Narcotráfico”, estadísticas que incluyen la baja de civiles, policías, militares y periodistas. 

A este efecto, el Canciller ha manifestado la intención del Brasil de brindar colaboración bajo el marco de un acuerdo bilateral para controlar la producción de coca en Bolivia, uno de los insumos utilizados para la fabricación de la pasta base de cocaína. 

¿No significa esto que países vecinos ven a Bolivia como un Estado con problemas de narcotráfico? ¿Será que la comunidad internacional, o por lo menos la latinoamericana, tiene duda razonable respecto al avance en la destrucción de plantaciones ilegales de coca en el trópico cochabambino? Lo cierto es que el canciller Patriota visitará mañana la provincia Chapare, donde representantes de Estado mostrarán las acciones realizadas dentro del programa de lucha contra las drogas. 

Hace pocos días, este medio se preguntaba con quién se aliaría Bolivia para implementar una política de lucha contra el narcotráfico. Aplaudimos la iniciativa del Gobierno y la predisposición de la República Federativa del Brasil de apoyar al Estado en este problema de relevancia nacional e internacional. 

Tradicionalmente, en nuestro léxico, era común referirse en los años 1990 al “Cartel de Cali” así como al “Cartel de Medellín”, y lamentarse por los ciudadanos colombianos asesinados por causas relacionadas al narcotráfico. Gracias a un esfuerzo de años y políticas estatales sólidas, esto ha cambiado para Colombia. La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), fundada a sugerencia de la Organización de Naciones Unidas (ONU), ha retirado a la República de Colombia de la lista de países observados producto de problemas relacionados al narcotráfico. Camilo Uribe, miembro del directorio de JIFE, interpretó este hecho como “…una voz de aliento para que este país siga luchando” contra la oferta y demanda de drogas. ¡Qué gran noticia! ¿No es esto una prueba irrefutable de que es posible hacerle frente a este régimen? 

Dicho informe señala que a raíz del retiro de Colombia de esta lista, en 2011 se evaluará la situación de Bolivia. ¿Seremos capaces de mostrar al mundo resultados objetivos dentro de la lucha antidrogas, conducentes a limpiar el nombre del Estado Plurinacional? Ojalá, y cuanto mejor si estos resultados provienen de la ayuda del Brasil. 

"Farfán. Digno jefe Policial" escribe Galindo y relata la burla de que fueron objeto un grupo de mujeres en situación de prostitución

Maria Galindo

Conocí a Óscar Farfán cuando era capo de Interpol, antes de que fuera capo de Diprove. Él mismo me hizo llamar para pedirme que retirara una denuncia por abuso de poder y violación de los derechos humanos de las mujeres en situación de prostitución que puse contra él y la teniente de Policía Daysi Mercado.

Me dijo que estaba a punto de retirarse de la carrera policial y que el proceso disciplinario que le habían iniciado por causa de mi denuncia lo perjudicaría grandemente. Me dijo que estaba dispuesto a cambiar mi desistimiento del proceso por “cualquier otra cosa”.

Yo consulté con las afectadas, más de una decena de mujeres en situación de prostitución que durante un “operativo” de seguridad ciudadana conducido por Farfán habían sido jaloneadas, insultadas, detenidas como delincuentes, filmadas por diferentes canales de televisión y conducidas a la FELCC, de donde recién pudimos sacarlas a las tres de la madrugada de un sábado en la ciudad de La Paz.

Pensamos juntas qué hacer con la propuesta y decidimos que para las mujeres en situación de prostitución sería más útil y dignificante que el propio proceso el hecho que Farfán reconociera su error y pidiera disculpas públicamente. Venimos de ese mundo donde los juicios y los castigos no tienen valor y por eso pensamos que sería inédito que un coronel de Policía pidiera disculpas públicamente por abuso de poder a las mujeres en situación de prostitución. De esa manera presentamos el desistimiento del proceso contra Farfán y acordamos el día y la hora en que él debería pedir disculpas públicamente. Organizamos un seminario, estaba también la ministra Nardy Suxo. Farfán nos dio su palabra pero nunca se presentó. Se burló de nosotras, quienes ingenuamente habíamos desistido de iniciar un proceso disciplinario interno. Aprendimos la moraleja: un policía no tiene palabra. Jamás confíes en un policía, menos aún si tiene rango y poder.

Queda por nuestra parte pendiente un encuentro público con el actual comandante de la Policía, quien nos debe unas disculpas por abuso de poder, disculpas que sabremos exigírselas con un escándalo.

Podríamos suponer que el presidente Evo Morales está cometiendo el mismo error de ingenuidad que cometí yo cuando creí en la palabra de Farfán. Sin embargo, en la escena de posesión del nuevo comandante, más que ingenuidad había una vocación teatral, es evidente que ni el Presidente ni menos aun el ministro de Gobierno tienen ninguna intención de “reformar” a la Policía Boliviana sino que la tendencia es hacer todo lo contrario: se trata cotidianamente de darles más y más poder. Bolivia es un Estado Plurinacional policíaco y la Asamblea Constituyente fue el escenario donde se transaron estas cuestiones que han quedado una vez mas históricamente pendientes.

Sabemos como sociedad que la Policía no debe manejar Identificación, ésa debe ser una competencia del órgano electoral. La Policía no debe manejar Tránsito y Vialidad, ésa debe ser una competencia de los gobiernos municipales. La Policía no debe manejar las cárceles, que debe ser una competencia del Ministerio de Justicia. La Policía no debe manejar la lucha contra la violencia contra las mujeres, que debe ser una competencia del movimiento de mujeres. La Policía no debe controlar ni acreditar las empresas privadas de seguridad porque lo que está haciendo en los hechos es privatizar la seguridad ciudadana y generar mafias de policías y militares.

Cada día más y más, por voluntad y aquiescencia del Gobierno, nuestra vida cotidiana está en manos de una Policía corrupta, mediocre, mafiosa y abusiva y es eso lo que hay que cambiar.

El Gobierno es rehén de la Policía y por eso se deja chantajear porque la necesita como fuerza de represión contra la sociedad. La Policía goza de los mismos privilegios que siempre tuvo: pulpería, seguro social propio, planes de vivienda, salario seguro, recintos de funcionamiento, presupuesto, etc.

El caso Sanabria no sólo demuestra que la Policía estaba o está metida en el narcotráfico sino que el Gobierno no tiene ningún plan, propuesta, idea, intención o capacidad de cambiar las cosas.

María Galindo es miembro del colectivo Mujeres Creando.

FARFAN, SANABRIA, NINA pertenecen a la "misma camada" (promoción de carabineros) por tanto sugiere Foro Yahoo, tiene que haber entendimiento entre ellos

Tomando en cuenta de que tanto René Sanabria Oropeza (Presidente del Tribunal
Disciplinario Superior, entonces) como Óscar Nina Fernández (Director Nacional
de Lucha Contra el Narcotráfico, entonces), y el actual Comandante Nacional a.i.
(Coronel) Ciro Óscar Farfán Mancilla (Comandante Regional de El Alto, entonces)
fueron promovidos, de la misma camaradería, en el año 2009. ¿Será posible que el
designado Comandante de la Policía Nacional a.i. pueda investigar de manera
objetiva e imparcial, sin contraposición de intereses, a su mismo ex-colega, y
por tanto a la narco-red instalada en la institución policial? Así mismo provoca
conocer cuáles fueron los motivos reales detrás de la destitución del saliente
General Nina?

Y en aditamento será que el Comandante a.i. de la Policía Boliviana, según las
exhibidas circunstancias, no esté contraviniendo el Artículo 236 de la CPE,
referente a las "prohibiciones para el ejercicio de la función pública", cuyo
pertinente inciso PROHIBE:

(…)II. Actuar cuando sus intereses entren en conflicto con los de la entidad
donde prestan sus servicios, y celebrar contratos o realizar negocios con la
Administración Pública directa, indirectamente o en representación de tercera
persona." Puesto a que de entre las funciones, misiones y fines que le son
impuestos al Comandante General de la Policía Boliviana, según la CPE, según lo
estipulado en la "Ley Orgánica de la Policía Nacional", y según lo consignado
por el mismísimo "mandato de 90 días" que el Primer servidor público del Estado
emplazole, se puede advertir una clara contravención a lo predispuesto por
mandato del ORDENAMIENTO CONSTITUCIONAL Y IURÍDICO EN ESPECÍFICO.

En similar nota puede sé señalar que se estaría reproduciendo lo que con
Sanabria, tal vez, permitió que sus narco-negocios hayan podido pasar como
inadvertidos, habida cuenta de que el mismo manejaba información de
inteligencia, misma que según se hizo de público conocimiento, lo
narco-comprometía directamente. ¿No haya podido ocurrir que Sanabria desviara,
modificara, y/o in-advertía (adrede) información de su mismo "CIGEIN", si al
final de cuentas "él se investigaba a sí mismo"? Situación que por el contrario
lo hubiese descubierto tempranamente, y hasta tal vez, no por mérito de una
jurisdicción e investigación (bilaterales) extranjeras. Bueno eso sí, no
estuviesen otros altos-intereses involucrados a efecto de que ello no ocurriera.
¿De todas formas, en este supuesto, pudo la contraposición de intereses encubrir
los ilícitos evidenciados, al ausentársele al Director del "Centro de
Inteligencia y Generación de Información" su misión investigativa,
independiente, proba, y legalmente eficaz?

Puede ser que algunos pensándose dárselas de audaces, y que aprovechándose
-confiadamente- en la envergadura de su rango, cargo u oficina, pretenden
generarse una falsa sensación de impunidad para con sus consabidas fechorías.
Una ensimismada sensación, de calculista instinto, de "el lugar menos pensado y
cuyo sujeto a nadie se le ocurría sospechar".

Ahora bien resulta aún más intrigante que perteneciendo esos tres nombres
(Farfán, Sanabria y Nina) a una misma generación policial, Farfán haya quedado
relegado (en su grado de Coronel) con respecto de su colega Nina, y de su colega
Sanabria, que al momento de ser pillado (narcotraficando) en Panamá ya era
General en supuesto "retiro".

Dicha situación, la del relego en su grado, que además le imposibilita al
Coronel Farfán acceder al cargo de Comandante de la Policía Boliviana
satisfaciendo los requisitos constitucionales presupuestados en el artículo 253.
En adición debe recordarse que la afrenta a la disposición constitucional, es
réplica del intempestivo ascenso, a Comandante General de la Policía Bolivia,
del entonces Coronel Óscar Nina Fernández**. Llevada a cabo una vez más bajo la
excusa del INTERINATO, para facilidad de la intempestiva designación, para la
sistemática violación y suspensión de las disposiciones constitucionales.

¿Cabría postular la hipótesis, con respecto a que si ese intrigante relegamiento
de Farfán, se pudo ocurrir por alguna cuestión de índole institucional y/o
disciplinaria que le ocasionara una eventual atraso respecto de contemporáneos,
o la pérdida de años de antigüedad, dejándolo en situación de inhabilitación a
cargos altos como el de Comandante de la Policía Boliviana, inclusive privarle
de una situación de INTERINATO?

Puede ser que según dispone la "Ley Orgánica de la Policía Nacional", en su
Capítulo VIII ("de ascensos y destinos"), en cuyo Artículo 81 dispone "para
ascender al grado de General", el Coronel Farfán no haya aun podido satisfacer
alguno(s) de los seis incisos que se presupuestan requisitos.

Finalmente pareciera ser que el oficialismo centralista, destapando hechos de
metástasis institucional, parchándolos con ineficaces re-ordenamientos, se viene
quedando sin elementos institucionales en la Policía Nacional que puedan acceder
al (hoy falible) cargo de Comandante General, por las vías legal, según LO
ORDENA LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO. El centralismo no pretende darse
cuenta de que irregularidades como las del -INTERNO- acceso al cargo de
Comandante General, no son sino la salsa para que células cancerígenas parasiten
del Estado, infectando preceptos constitucionales, en irreversible daño a la
sociedad boliviana.

Julieta Montaño desde OPINION nos refiere la Implicación del Caso Sanabria" más conocido como narcogeneral obliga a los volver al cauce institucional respetando la Ley en todos los órdenes

El apresamiento en Panamá del general René Sanabria es un hecho que además de la vergüenza nacional que genera, tiene implicaciones negativas para el país porque refleja la imagen de un Estado débil, desorganizado, sin orden ni ley; un Estado en el que los controles al poder son inexistentes y en el que el temor a la ley se ha perdido al extremo que los límites dependen únicamente de los valores personales o familiares de los que son portadores cada uno de sus habitantes.

En estas circunstancias de nada sirven las explicaciones forzadas que se den, es inútil acusar a los “enemigos de Bolivia” de tendernos trampas. Imputaciones a delegaciones diplomáticas como las que hace el funcionario que cumple tareas de ratón cuidando el queso o lamentos sobre complots digitados por organizaciones o gobiernos envidiosos de nuestra “exitosa revolución en democracia”, lejos de aportar a la solución del problema exponen a Bolivia al penoso papel de hazmerreír internacional y estimulan el interés por buscar nuevas acusaciones como la que circula en Internet sobre la investigación que habría ordenado la Justicia argentina contra un ex agregado aeronáutico de Bolivia por distribución de pornografía infantil. Tampoco son útiles las famosas comisiones parlamentarias para investigar propuestas por una oposicion errática y descriteriada.

Es momento que las autoridades nacionales asuman con firmeza y serenidad la responsabilidad que les corresponde por acción u omisión en este y todos los escándalos que se han desatado en el país, aún nadie les ha atribuido en lo personal el rol de autores o cómplices de delito alguno, hasta ahora lo que se ha dicho es que existen fallas en el funcionamiento del aparato estatal y que es necesario hacer ajustes severos para revertir la situación. 

El caso Sanabria puede tener implicaciones mucho mayores para la institución policial, para el Gobierno y para el pueblo boliviano por lo que urge se adopten medidas radicales para volver a los cauces institucionales en la Policía, el Ejército, el Ministerio Público y el Poder Judicial; se deben respetar a pie juntillas la Constitución, las leyes y reglamentos para ascensos y designaciones en las instituciones del orden, así como para ser fiscales, jueces y magistrados. De continuar la política de pagar favores y lealtades partidarias con cargos en las instituciones mencionadas, el deslizamiento por la pendiente hacia el desastre será más acelerado y el impacto con el fondo del abismo más desastrozo para gobernantes y gobernados del Estado Plurinacional de Bolivia.

es que el reclamo se generaliza. en un sólo día, Los Tiempos, El Día, ahora El Deber reclaman por una reacción oficial ante la controversia de prohijar plantaciones de coca en la lucha antinarcóticos. dignidad y soberanía son apenas vocablos frenta a la mafia

La sociedad civil boliviana se encuentra inerme frente a una amenaza mundial que en nuestro país ya casi reviste concreción plena: su indefensión frente al creciente auge del narcotráfico. Este vil negocio, auspiciado indirectamente por la proliferación de cultivos de hojas de coca que promueve la actual administración, está llevando a situaciones extremas, las que se reflejan en la crónica diaria de asesinatos y en el hecho triste, real y tangible, de tener a parte de las instituciones teóricamente creadas para protegernos –como son el mismo Estado y la Policía-  como cómplices abiertos, o accesorios involuntarios, en esta ola de violencia y drogas que amenaza con ahogarnos a todos como si fuera uno de los gigantescos tsunamis que asolaron Asia tiempo atrás y hace poco destruyeron parte del Japón durante el último terremoto. Y no exageramos. Las estadísticas a la vista, la cantidad de gente detenida en el exterior e interior por involucrarse en actividades ilícitas, el creciente número de muertes en las calles por vía de sicarios que ‘ajustan cuentas’, etc., llevan a una proliferación alarmante  de viles actividades cuya resultante nos deja a todos los ciudadanos en el desamparo total. La sociedad civil, el pueblo boliviano en suma, en su inmensa mayoría es mero espectador -y víctima a su vez- de estos perversos procesos. Mientras el Gobierno poco y nada hace al respecto, salvo seguir hablando y hablando, el peligro se acentúa. La ruta hacia un estado de crisis total por causa del narcotráfico se agiganta. Frente a esta álgida situación, el pueblo debe hacer conocer su desagrado y repulsa. Diversas cosas preocupan hoy a todos los bolivianos y bolivianas, desde aquellas derivadas del desabastecimiento, la inflación y los costos del transporte público, hasta muchas otras legítimas demandas. En este agitado contexto, forzadamente deberemos inscribir ahora la necesidad de protestar también contra el auge irrefrenable de la droga, en el marco de la indiferencia de las autoridades o de pomposas declaraciones que de poco sirven a la hora de la verdad. El Gobierno de Bolivia ha rehusado la ayuda internacional de Estados Unidos y amenaza inclusive ahora con expulsar lo que queda de la cooperación estadounidense, caso Usaid. Mientras se proclama “dignidad y soberanía”, ambas se ven melladas por un poder tremendo derivado del dinero sucio y de los estupefacientes que lo generan. A todo esto, se insiste en la sacralización de la hoja de coca e inclusive se ha manifestado que su promoción será prioridad de la “diplomacia de los pueblos” propiciada por el presidente Evo Morales. La gente que inocentemente sufre este tipo de situaciones, en las que nada tiene que ver, reaccionará en algún momento. El pueblo en su inmensa mayoría está en contra de la droga generada mediante la controvertida hoja de coca. No puede ser que 40.000 cocaleros de Chapare dicten la agenda de diez millones de bolivianos. El prestigio del país está en juego y es, a ojos vista, crítica la situación del momento actual. Si el Gobierno no reacciona, el pueblo lo hará. De eso no cabe la menor duda. Nadie quiere vivir en un potencial narcoestado plagado de criminalidad.

Los Tiempos antes y ahora El Dia muestran la situación lamentable de un presidente domado, citando el caso de dignatarios y altas personalidades que piensan tristemente de Evo. no es acaso verguenza que "sus pecados" los descubran desde fuera?

A través de los famosos cables de WikiLeaks se pudo conocer hace algunos meses, lo que verdaderamente piensan de Evo Morales quienes suelen adularlo en público y le dan palmaditas en la espalda. La presidente argentina Cristina Fernández dijo que su colega boliviano es un “tipo muy difícil” y se comprometió ante el Gobierno norteamericano, hacer todo lo posible por morigerarlo, término muy bonito que en realidad significa “amansar”. Algo parecido dijo el asesor personal y principal operador de la política internacional de Lula Da Silva, Marco Aurelio García, quien afirmó que la rudeza del líder cocalero estaba llevándolo a cometer gruesos errores como destruir a la oposición y creer que en Bolivia es posible llevar adelante una revolución.  Él también se ofreció a interponer sus buenos oficios ante Evo, para hacerle entender el genuino interés de Estados Unidos por llevarse bien con su Gobierno, con el que no tienen nada en contra, salvo las fuertes contradicciones sobre cómo se debe enfrentar al narcotráfico.

Es probable que los norteamericanos se hayan cansado de insistir en restablecer la normalidad en las relaciones diplomáticas y sobre todo se hastiaron se hacer simples recomendaciones y observaciones sobre la situación de la coca y la cocaína en Bolivia. Ni la búsqueda de celestinos, ni los constantes llamados de atención del Departamento de Estado sobre el desborde del narcotráfico en el país o la suspensión de los beneficios de la ATPDEA, consiguieron ablandar al presidente Morales, cuyas bravuconadas se sobrepusieron a los denodados esfuerzos del canciller Choquehuanca por buscar el diálogo con la Casa Blanca, quien parece haberse dado cuenta desde un principio de las consecuencias que podía acarrear tanta tozudez. 

El presidente Morales llama “chantaje” a todo esto, especialmente cuando le exigen que cumpla compromisos internacionales en materia de lucha contra las drogas. Podrá llamarlo como quiera y también podrá expulsar a Usaid y hasta el último funcionario que quede en la Embajada de Estados Unidos, pero de nada le servirá, ni siquiera para sacar a relucir una supuesta dignidad o para poner por delante la soberanía boliviana, no después del caso Sanabria, hecho que demuestra que el verdadero señorío lo están ejerciendo en el país los grandes cárteles de la cocaína. 

Resulta desconsolador para la población que cree en la verdadera dignidad y soberanía, que tanto la DEA norteamericana como la policía antidrogas de Chile le hayan levantado la pollera al Gobierno de Bolivia y que sean ellos los que tengan que desnudar la putrefacción que se esconde detrás de instituciones tan importantes como la Policía Nacional. Y ya no se trata de funcionarios y entidades de primera línea, tanto de la ONU, como de Europa o Estados Unidos, los que emiten informes sobre el avance del narcotráfico en el país, sino que es la DEA, un organismo policial operativo, el que toma la palabra y se atreve, con toda propiedad, a hablar sobre la gravedad del problema, no sólo por el aumento de la producción de coca y cocaína, sino también por el desborde del consumo interno de drogas. 

Es verdad que siguen las amenazas y las provocaciones públicas, pero en los hechos se observa a un ministro de Gobierno y a una Policía andando a brincos tratando de hacer limpieza, comprando equipos para combatir a los narcos y buscando que el escándalo de Sanabria no pase a mayores. ¿Habrá conseguido amansar al régimen de Evo Morales como se lo propusieron Cristina Fernández o Marco Aurelio García?