Una vez más, una decisión polémica. Es de esperar que, por su propio bien, desista antes de seguir provocando reacciones cada vez más peligrosas
Conforme pasa el tiempo y sin consideraciones de orden personal, es cada vez menos comprensible la decisión del Presidente del Estado de designar a un coronel asimilado como Comandante General de la Policía Boliviana, contraviniendo su Ley Orgánica y la Constitución Política del Estado (CPE).
La primera establece que esta autoridad deberá ser boliviana de nacimiento, egresada de la Academia Nacional de Policías, Diplomada de la Escuela de Estudios Superiores de la Policía y “ostentar el grado de General”, y la CPE ratifica esos requisitos en forma explícita. Fácil es colegir que el nuevo Comandante no cumple varios de ellos, situación que siendo anómala en sí misma es altamente peligrosa en la entidad encargada de hacer cumplir las leyes en todo el país.
La nueva autoridad policial proviene de la Escuela Nacional de Detectives creada durante los gobiernos militares, que era dependiente del Ministerio del Interior y su personal parte importante de los aparatos represivos de los sucesivos regímenes castrenses. Entre sus directores se puede recordar a ciudadanos tenebrosos, entre ellos uno que purgaba 30 años de prisión por los crímenes cometidos durante el gobierno de Luis García Meza y otros que, coludidos con el narcotráfico, perdieron su vida en ajustes de cuentas. Fue esta fama la que obligó a que durante la gestión de la Unidad Democrática y Popular se cierre esta repartición y muchos de sus miembros fueran “asimilados” a la Policía Boliviana.
Como sucede también en las Fuerzas Armadas (FFAA), en la Policía los asimilados tienen muchos límites en el desarrollo de su carrera. El más importante, que sus máximos jefes (comandantes) deben ser egresados de sus centros de formación básicos, la Academia Nacional de Policías (hoy, Universidad) y los colegios militares especializados de las FFAA. De ahí que importantes generales y jefes de la Policía Boliviana se hayan retirado del acto de posesión del nuevo Comandante y anuncien que no acatarán su mando.
La situación se hace más compleja porque a partir de declaraciones efectuadas tanto por la novel autoridad como por algunos parlamentarios del MAS, su nombramiento podría deberse, precisamente, a que es un policía “asimilado”, pues ese origen le permitiría actuar con mayor fuerza y rigor en contra de “grupos de élite” que tienen “actitudes neoliberales, imperialistas y colonialistas”, como dijo en su posesión, o en contra de “clanes” y “grupos” que se han organizado dentro de la Policía y que serían la causa principal de su deslegitimación ante la sociedad por su ineficiencia y corrupción, como dijeron algunos asambleístas.
También preocupa este nombramiento por la participación del nuevo Comandante en la innecesaria y brutal represión a los marchistas en defensa del Tipnis en septiembre de 2011. Pese a que en un principio negó dicha actuación, el Defensor del Pueblo ratificó la denuncia y hay documentos visuales que confirman su presencia —vestido de civil— en ese hecho.
En definitiva y desde el ángulo que se analice, el Gobierno ha adoptado, una vez más, una decisión polémica de la que, por su propio bien, debería desistir antes de que siga provocando reacciones cada vez más peligrosas en contra del orden democrático del país, salvo que, al final, ese sea el objetivo que algunas corrientes de poder persiguen.
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