Desde la mañana del pasado jueves, y hasta que las principales autoridades de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) se comprometieran a construir una “Unidad Académica Interfacultativa” con aulas, albergues para estudiantes y docentes, además de otras dependencias, en Valle de Sajta, la carretera que une a Cochabamba con Santa Cruz fue sometida a un drástico bloqueo que perjudicó a varios cientos de transportistas, turistas, comerciantes y a todos quienes por un motivo u otro se ven obligados a transitar por la principal carretera que tiene nuestro país. Era tan grande el perjuicio que el bloqueo estaba ocasionando, que el Gobierno llegó a considerar la posibilidad de recurrir a fuerzas militares si las policiales no hubiesen sido suficientes para restablecer la normalidad.
El motivo de tan drástica medida de presión, según la versión de los estudiantes y los padres de familia de la región del trópico que organizaron el bloqueo apoyados por cocaleros de las federaciones del Mamoré, Trópico y Carrasco, por el Alcalde de Puerto Villarroel y los concejales de ese municipio, era su deseo de que la UMSS instale en los predios que posee en el Valle de Sajta una “Facultad Intercultural del Trópico”. Nadie pudo explicar con precisión en qué consistiría la tal facultad, pero según algunos dirigentes, se trataría simplemente de abrir facultades de derecho, administración de empresas y medicina, pues no están conformes con las tres carreras con que la universidad cuenta en esa zona: ingeniería tropical, ingeniería ambiental y pedagogía productiva.
La desproporción entre la exigencia y los medios que emplearon para imponerla es por demás evidente. Pero no debiera sorprender, pues durante las últimas semanas, han abundado los indicios de que algo muy sospechoso ocurre en esa región y las 7.000 hectáreas de la UMSS son objeto de atención por motivos que muy poco tienen que ver con inquietudes académicas.
Cabe recordar al respecto que hace sólo unos días atrás, una serie de informes de la Fiscalía del Distrito, de la Unidad Móvil para el Patrullaje del Área Rural (Umopar) y de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) coincidieron al indicar que los predios universitarios se habían convertido en una especie de territorio libre, fuera del alcance de la ley y de las instituciones del Estado, donde grupos delictivos dedicados a la fabricación de cocaína habían sentado su pleno dominio. Una imagen muy precisa de lo que eso significa la dio un experto en investigaciones sobre temas vinculados con la droga, quien definió a los terrenos universitarios del Valle de Sajta como un “parque industrial del narcotráfico”.
Para afrontar tan gravísima situación, las autoridades de la UMSS han ofrecido ceder parte de los terrenos para que se construyan ahí instalaciones militares, propuesta que, lejos de ser aceptada por los lugareños, fue respondida con un pedido de expropiación.
Como es fácil constatar, son muchos, muy complejos y muy confusos los intereses que se esconden tras cada una de las noticias que durante los últimos días han hecho del Valle de Sajta objeto de tanta atención. Razón más que suficiente para que las autoridades departamentales, en vez de minimizar el problema, lo afronten sin dejar lugar a las dudas y las suspicacias.
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