repercute el escándalo del narcogeneral condenado a 19 años de encierro, El Deber lo considera como "una verguenza nacional" y está acertado

El país ha conocido, con asombro y vergüenza, la sentencia contra un general de la Policía boliviana de parte de la justicia de Estados Unidos, por tráfico de drogas.
La expectativa la vivió también, con visible nerviosismo, el Gobierno nacional, pues el general René Sanabria, ahora condenado a 14 años de cárcel, estaba  cargo del Centro de Inteligencia y Generación de Información  (Cegein) del Ministerio de Gobierno en el momento de su captura, en febrero pasado, después de haberse desempeñado como zar antidroga, cargo al que fue designado por el presidente Evo Morales.
Este bochorno es para todos los bolivianos, similar al que tienen cuando, en el exterior, su sola nacionalidad es tomada por autoridades extranjeras como suficiente indicio para sospechar que se trata de un potencial narcotraficante, a juzgar por la severidad con que son tratados.
El trabajo de identificar a todos los que operaron con Sanabria en su función de cabeza de un grupo de narcotraficantes, de sus cómplices en entrega de droga que no pudo concretar, así como en aquellas que completó con éxito, es tarea que debe cumplir la justicia, mejor si la boliviana.
Pero el tema debe hacer meditar profundamente a todos los bolivianos, comenzando por quienes están a cargo del Gobierno nacional, sobre la vergüenza del narcotráfico.
Decir que se produce droga porque hay demanda en otros países es un vulgar pretexto que no puede convertirse en la postura de todo el país frente a este flagelo que está penetrando y demoliendo la economía y la moral de los bolivianos.
Es obligación de los bolivianos encarar este problema con dignidad, sin argucias deshonestas, mientras las tierras son invadidas por ejércitos de cocaleros, que no respetan ni parques nacionales ni propiedad privada.
El país tiene el compromiso con la comunidad internacional de limitar el cultivo de coca a 12.000 hectáreas, algo que ha sido superado ampliamente, pues ahora los cultivos abarcan 31.000 hectáreas según dicen las estadísticas que no han tomado en cuenta los cultivos en casi todos los parques nacionales.
Si la coca está destruyendo la economía nacional y la moral de los bolivianos, está dañando a las instituciones y está acabando con los parques nacionales que son los pulmones y fuente de humedad para todo el territorio, quiere decir que la hoja es un problema muy grave para Bolivia.
Los productores ilegales, comenzando por los de Chapare, además de los de Yungas y las demás zonas de la geografía, alegan que los cultivos de coca son el único ingreso al que pueden acceder en el país. Por lo tanto, una política económica clara, eficiente y sin las demoras de los últimos años tendría que estar dirigida a crear actividades alternativas para esos y los demás bolivianos.
Bolivia figura como uno de los países donde crear una empresa es más difícil en el mundo, lo que es una primera barrera que habrá que desmontar, siguiendo por la aprobación de leyes claras que alienten a las inversiones de los bolivianos y extranjeros.
Dedicarse al cultivo de una hoja que es considerada una droga en sí misma por la ONU no es, ciertamente, algo de lo que los bolivianos tendrían que enorgullecerse, sino avergonzarse.