Tal como lo muestra la ONU, los datos sobre la coca son como para festejar. El organismo internacional contra la droga y el delito (UNODC) ha resaltado el hecho de que en el 2010, los cultivos de la “hoja sagrada” apenas crecieron un 0,3 por ciento, la variación más reducida de los últimos cinco años.
Por un lado, la ONU dice que los cultivos crecieron en 100 hectáreas el año pasado, mientras que el Gobierno asegura que en la misma gestión erradicó 8.200 hectáreas de cocales. Si se hacen bien los cálculos, hay por lo menos 8.300 hectáreas que están faltando en las cuentas que hace el representante de la UNODC en Bolivia, César Guedes, quien emitió su informe el pasado martes con varios meses de retraso y algunos tropezones de por medio.
Tampoco hay que engañarse con los promedios y las estadísticas, pues aquel 0,3 por ciento de crecimiento general esconde el hecho de que en el Chapare, los cultivos de coca gozan de excelente salud y reportan un aumento del cuatro por ciento.
La ONUDC cree que esta cifra marca una tendencia hacia estabilización de los cultivos de coca, afirmación que también resulta algo apresurada, no solo porque las cuentas no terminan de cerrar, sino porque habría que ver qué sucede este año y los próximos para llegar a la conclusión de que el Gobierno de Evo Morales realmente ha tomado la decisión de reducir la coca en el país, que actualmente ronda las 31.000 hectáreas.
Lo que podría estar ocurriendo es que la política cocalera del Gobierno tal vez ha llegado a un punto de inflexión marcado por los recientes sucesos internacionales que vinculan cada vez con más claridad a los niveles dirigenciales del país con el narcotráfico. Y aun así falta mucho para revertir lo que ha sucedido en estos últimos cinco años, periodo en el que los cultivos de coca crecieron en un 22 por ciento, es decir, de 25.400 a las 31.000 hectáreas actuales, con el auspicio claro y decidido del Estado Plurinacional.
No hay que descuidar que en este momento, hay alrededor de 20 mil hectáreas de coca ilegales en el país y que el problema parece salirse de control, pues mientras se dan algunos esfuerzos de erradicación en lugares como El Chapare y Los Yungas, los cultivos se diseminan hacia los parques nacionales y a otros departamentos, como Santa Cruz y Beni, donde los nuevos cocaleros han establecido zonas de exclusión que protegen los cultivos y también a la floreciente industria del narcotráfico, vinculada a peligrosos cárteles de México y Colombia.
Por segundo año consecutivo, la UNODC no ha citado el potencial de producción de cocaína de Bolivia, un dato que muchos tratan de eludir. En el 2009, el país producía alrededor de 195 toneladas de droga por año, cifra que había trepado en un 10 por ciento en esa gestión. Según algunos cálculos basados en el nivel de las incautaciones, este número habría trepado a las 600 toneladas en los últimos años, algo que explica el mutismo reinante.
No se puede ignorar que, al margen de sus verdaderas intenciones y de la visión que tiene el Gobierno sobre la coca y la cocaína, las principales autoridades del Estado Plurinacional se encuentran entrampadas por este problema y necesitan tomar una decisión clara que convenza no solo a la ONU. El viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, ya lanzó una propuesta que en este país siempre despertó polémica: “Coca cero” en los parques nacionales. Eso necesariamente debería incluir el componente de la erradicación forzosa, decisión muy difícil para Evo Morales, pero posiblemente ineludible en las actuales circunstancias.
Por un lado, la ONU dice que los cultivos crecieron en 100 hectáreas el año pasado, mientras que el Gobierno asegura que en la misma gestión erradicó 8.200 hectáreas de cocales. Si se hacen bien los cálculos, hay por lo menos 8.300 hectáreas que están faltando en las cuentas que hace el representante de la UNODC en Bolivia, César Guedes, quien emitió su informe el pasado martes con varios meses de retraso y algunos tropezones de por medio.
Tampoco hay que engañarse con los promedios y las estadísticas, pues aquel 0,3 por ciento de crecimiento general esconde el hecho de que en el Chapare, los cultivos de coca gozan de excelente salud y reportan un aumento del cuatro por ciento.
La ONUDC cree que esta cifra marca una tendencia hacia estabilización de los cultivos de coca, afirmación que también resulta algo apresurada, no solo porque las cuentas no terminan de cerrar, sino porque habría que ver qué sucede este año y los próximos para llegar a la conclusión de que el Gobierno de Evo Morales realmente ha tomado la decisión de reducir la coca en el país, que actualmente ronda las 31.000 hectáreas.
Lo que podría estar ocurriendo es que la política cocalera del Gobierno tal vez ha llegado a un punto de inflexión marcado por los recientes sucesos internacionales que vinculan cada vez con más claridad a los niveles dirigenciales del país con el narcotráfico. Y aun así falta mucho para revertir lo que ha sucedido en estos últimos cinco años, periodo en el que los cultivos de coca crecieron en un 22 por ciento, es decir, de 25.400 a las 31.000 hectáreas actuales, con el auspicio claro y decidido del Estado Plurinacional.
No hay que descuidar que en este momento, hay alrededor de 20 mil hectáreas de coca ilegales en el país y que el problema parece salirse de control, pues mientras se dan algunos esfuerzos de erradicación en lugares como El Chapare y Los Yungas, los cultivos se diseminan hacia los parques nacionales y a otros departamentos, como Santa Cruz y Beni, donde los nuevos cocaleros han establecido zonas de exclusión que protegen los cultivos y también a la floreciente industria del narcotráfico, vinculada a peligrosos cárteles de México y Colombia.
Por segundo año consecutivo, la UNODC no ha citado el potencial de producción de cocaína de Bolivia, un dato que muchos tratan de eludir. En el 2009, el país producía alrededor de 195 toneladas de droga por año, cifra que había trepado en un 10 por ciento en esa gestión. Según algunos cálculos basados en el nivel de las incautaciones, este número habría trepado a las 600 toneladas en los últimos años, algo que explica el mutismo reinante.
No se puede ignorar que, al margen de sus verdaderas intenciones y de la visión que tiene el Gobierno sobre la coca y la cocaína, las principales autoridades del Estado Plurinacional se encuentran entrampadas por este problema y necesitan tomar una decisión clara que convenza no solo a la ONU. El viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, ya lanzó una propuesta que en este país siempre despertó polémica: “Coca cero” en los parques nacionales. Eso necesariamente debería incluir el componente de la erradicación forzosa, decisión muy difícil para Evo Morales, pero posiblemente ineludible en las actuales circunstancias.
En el Chapare y Los Yungas, los cultivos se diseminan hacia los parques nacionales y a otras regiones, como Santa Cruz y Beni, donde los nuevos cocaleros han establecido zonas de exclusión que protegen los cultivos y también a la industria del narcotráfico.
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