La Policía Boliviana es una de las instituciones más cuestionadas por la sociedad; su imagen figura en los últimos lugares junto con la Justicia y otros organismos del Estado; su grado de credibilidad también es muy bajo y constantemente se dan episodios que ratifican esta realidad, como el que se ha dado con el asalto perpetrado contra la joyería Eurochronos.
La opinión pública tiene presente numerosos hechos que han labrado esa percepción negativa de nuestra Policía. En 2001 ocurrió un atentado contra el Comando de la Policía de Santa Cruz que jamás fue esclarecido. Detrás del bombazo existía una pelea encarnizada entre grupos criminales que operaban dentro de la institución, uno de los cuales fue identificado y cobró notoriedad pública por uno de sus cabecillas, el oficial Blas Valencia. Aquella explosión fue una advertencia para frenar nuevas investigaciones y lamentablemente, las autoridades elegidas por la población para poner orden y hacer cumplir la ley reaccionaron con impavidez y nunca hicieron intentos por llegar a la verdad.
En los años posteriores se han dado casos similares. Hasta el presidente Evo Morales llegó a decir que dentro de la Policía operan bandas que les venden información a los narcotraficantes y que operan a favor de ellos; recordemos que un alto oficial de la Policía está preso por tráfico de drogas en Estados Unidos; un comandante está tras las rejas en nuestro país por complicidad con las mafias; otro fue arrestado en Miami por intentar extorsionar a un empresario y también existe una cantidad considerable de procesos dentro de la institución y en la justicia ordinaria, sin mencionar los casos cotidianos de acecho y extorsión a la ciudadanía cometidos por uniformados.
Es bueno reconocer que el Gobierno ha llevado adelante varias iniciativas destinadas a depurar las filas policiales; el Defensor del Pueblo ha elaborado estudios pormenorizados sobre el accionar de la institución, pues se trata de una de las que más violaciones a los derechos humanos comete en el país; se hicieron propuestas de reforma; hubo en ciertas ocasiones consenso con los altos mandos, pero lamentablemente todo quedó en buenas intenciones, que seguramente tropezaron con la resistencia de quienes pretenden seguir con esta situación, que en buena parte resulta funcional a los propósitos políticos de las fuerzas hegemónicas.
Hay que decir que trabajar por la transparencia dentro de la Policía no solo es una obligación del Estado, sino que resulta imprescindible para fortalecer un servicio ciudadano que deja mucho que desear y que nos complica todos los días por el aumento de la inseguridad y la criminalidad. De cualquier forma, la mayor beneficiada con una reforma profunda, sería la misma Policía, pues eso le ayuda a robustecerse, deshaciéndose de los malos elementos que complican a toda la organización.
Las exigencias que se producen hoy para esclarecer el caso Eurochronos no representan un acoso ni un hostigamiento; la Policía no es una entidad que está por encima de la ley; sus integrantes son servidores públicos que deben ser sujetos de control y supervisión, están obligados a rendir cuentas de sus actos y someterse a las normas vigentes.
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