El secretario de Estado del Reino Unido para América Latina, Jeremy Browne, se refirió al asunto durante una rueda de prensa junto al viceministro de Sustancias Controladas, Felipe Cáceres, tras visitar un laboratorio forense para analizar estupefacientes que su país ayudó a montar en la Academia de Policías.
La demanda cultural de coca "no tiene que ser una excusa para actuar más ampliamente en este problema, porque eso entrañaría el peligro de que se considere que Bolivia es un país en que las actividades de imposición de la ley son más laxas que en otras regiones", dijo Browne.
Apuntó que la hoja de coca tiene un lugar especial en la historia del país andino, en su vida cotidiana y un significado cultural profundo, "pero el problema es que en Bolivia se cultiva más coca de la que es necesaria para la demanda cultural".
Según datos de Naciones Unidas de 2009, que aún no han sido actualizados, Bolivia tendría alrededor de 30.900 hectáreas de coca, de las que solo 12.000 son permitidas por la legislación actual.
Las plantaciones de la coca tienen usos culturales, religiosos, medicinales e industriales, pero sobre todo son desviadas hacia la fabricación de cocaína que los narcotraficantes exportan de Bolivia hacia países vecinos, Estados Unidos y Europa.
"No queremos que la gente cultive coca, haciendo creer que está destinada al uso cultural en Bolivia, cuando en realidad el uso al que está destinada esa coca es muy distinto", apuntó Browne.
La ONU presentará el 10 de septiembre próximo un estudio sobre el nuevo nivel de cocales en Bolivia y un cálculo sobre el potencial para la fabricación de cocaína del país andino, tercer productor mundial de la droga después de Colombia y Perú.
El viceministro Cáceres informó que en esa fecha también conocerá cuál es la demanda legal de coca entre los bolivianos, lo que permitirá fijar un máximo de hectáreas permitidas en el país, y se presentará una estrategia antidroga para el próximo quinquenio.
El presidente Evo Morales, líder de los productores de coca, planteó que el número máximo de las hectáreas puede ser 20.000, ocho mil más que las permitidas por la actual ley.
Cáceres señaló que si el estudio establece la necesidad de contar solo con 16.000 hectáreas, las otras cuatro mil pueden ser compradas por el Estado para evitar que sean desviadas al narcotráfico. EFE
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