DECISIONES ACERTADAS. Chile hizo bien en no comunicar al Ministerio de Gobierno de Bolivia acerca de la detención del narcogeneral. Publicación de La Tercera. Muy importante.

EN FEBRERO pasado, una operación conjunta de efectivos del OS-7 de Carabineros, la agencia antidrogas norteamericana (DEA) y la policía de Panamá, condujo a la detención en este último país del general boliviano retirado René Sanabria, ex director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico de Bolivia. Esta semana, Sanabria se declaró culpable de conspirar para traficar cocaína en un tribunal de EEUU. Que el ex zar antidrogas de un país vecino admita ese delito y que organizara el envío de la droga a través de territorio chileno, es algo que nuestro país no puede ver sino con honda preocupación. Al mismo tiempo, cabe celebrar el éxito de una operación policial internacional que desbarató una empresa delictiva que, por la posición que había detentado el principal implicado, era capaz de alcanzar grandes dimensiones y representar una seria amenaza al combate contra el narcotráfico en la región.

La Paz -en donde preocupa el alcance de las revelaciones que pueda hacer Sanabria- reaccionó repudiando la conducta del ex general, condenando el tráfico de drogas y cambiando a algunos funcionarios. Sin embargo, el Presidente Evo Morales también ha acusado a Chile de "deslealtad" por no advertirle sobre la acción policial, mientras que algunas versiones hablan de un quiebre de la confianza con La Paz a raíz del episodio. Esta ya venía resintiéndose desde un tiempo atrás por la insatisfacción boliviana acerca de la respuesta chilena a su aspiración marítima, en el marco de la agenda negociadora de los 13 puntos. Lo cierto es que, en vista de las altas responsabilidades que llegó a desempeñar Sanabria y de las amplias redes de contactos que construyó a lo largo de su carrera, no era posible saber hasta dónde llegaba su influencia al interior del Estado boliviano. No es descartable que una advertencia al gobierno pudiera haber puesto en jaque la operación. Para el Ejecutivo chileno, la prioridad es la seguridad nacional y la de sus ciudadanos, que se ve amenazada por el narcotráfico internacional. No puede exigírsele a Chile postergar esa preocupación en beneficio de sus vínculos diplomáticos con Bolivia, toda vez que también estaba en el interés de ese país que esta investigación llegara a buen término.

Chile trabajó junto a la DEA, agencia que Bolivia expulsó de su territorio en 2008. Según cifras de la ONU, los cultivos de coca bolivianos abarcan unas 30 mil hectáreas; en tanto, Washington sostiene que Bolivia, que hoy es el tercer productor mundial de cocaína, ha triplicado su producción durante la actual administración. A la luz de estos antecedentes y también del interés de Chile por cuidar la relación con EE.UU. y la cooperación en el combate al narcotráfico, privilegiar la colaboración con la DEA resultó la política correcta. De hecho, Chile hizo bien en dejar un asunto de esta naturaleza en manos de la justicia estadounidense, pues el caso sería mucho más delicado para la relación con La Paz si la detención de Sanabria hubiera ocurrido en territorio chileno.

Este caso se suma a otras evidencias de deterioro en las instituciones bolivianas, que anteceden al actual gobierno, pero que se han profundizado durante su gestión. La admisión de narcotráfico por parte de Sanabria causa un severo daño a la imagen de Bolivia en el exterior y a su gobierno, que atraviesa un momento político complejo y que debería volcar sus esfuerzos a demostrar que reconoce la gravedad de este caso y la entendible preocupación que genera en sus vecinos, así como la necesidad de enfrentar el problema con más decisión de la evidenciada hasta ahora.