Los irrefrenables cultivos de coca están creando tensiones en todos los ámbitos de la realidad nacional, comenzando por haber acabado con la seguridad interna, dañando la imagen del país y haber creado una economía paralela que distorsiona precios y acaba con la moral ciudadana. Los ocho años de Gobierno del presidente Evo Morales, formado en las filas de los cocaleros del Chapare, no han aportado con ninguna solución a esta pesadilla que vive el país, sino todo lo contrario: aumentó el descontrol.
El anunciado levantamiento armado de los cocaleros de Apolo, en el norte de La Paz, en medio de confusos desmentidos que amenazan con resistirse a las leyes, es algo dramático incluso si las autoridades tratan de minimizarlo. En 1967, en Ñancahuazú, un grupo irregular levantado en armas, como el de Apolo ahora, provocó la movilización del Ejército nacional. Por otro lado, la población cocalera de Chimoré, en el Chapare cochabambino, mantiene su determinación de aplicar allí el toque de queda sin esperar nada del Gobierno central, que podría también no existir, en vista del clima de inseguridad creado por la presencia de mafias de narcotráfico en la zona. Una situación parecida es la que se registra en la localidad de San Germán, al norte de Santa Cruz, convertida en especie de inexpugnable santuario de la droga donde los ‘narcos’ parecen operar a sus anchas.
El presidente Morales ofreció, en esta materia, ocuparse de la eliminación de los cocales ilegales y con ellos del narcotráfico, con la condición de que fuera sin ayuda extranjera y con el método de la erradicación voluntaria. La ayuda externa ha sido expulsada, pero, a juzgar por los avances que han hecho las plantaciones ilegales, la erradicación no avanzó: los informes sobre plantaciones eliminadas parecen una broma ante la arrolladora marcha de los cocales ilegales en siete de los nueve departamentos del país, con sus actividades conexas.
Este panorama se da cuando se está cumpliendo el plazo, varias veces aplazado, para que el Gobierno entregue el estudio sobre la coca, que debe definir la extensión máxima que pueden cubrir los cocales en el país para atender la demanda del consumo lícito de la hoja. No es serio, y mucho menos honesto, seguir jugando a aplazar la entrega de este informe a la comunidad internacional. La mayor responsabilidad, sin embargo, es con la ciudadanía boliviana que mira con angustia cómo este flagelo está derribando todos los defensivos levantados hasta ahora. Hay que actuar antes de que solo quede tiempo para lamentaciones inútiles
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