La Nación el mayor diario del Continente, le dedica nada menos que su Editorial Uno, al narcotráfico con Bolivia el asunto es serio

Salta y Jujuy en sus fronteras con Bolivia; Lima, en la provincia de Buenos Aires, y Rosario, en Santa Fe. Diferentes en sus características socioeconómicas y distantes entre sí, esos tres puntos de nuestro país recientemente han venido a demostrar que el avance del narcotráfico en la Argentina no es sólo una realidad conocida e innegable, sino, lo peor, en pavoroso crecimiento.

Un informe que hace menos de veinte días brindó este diario desde zonas fronterizas de Salta con Bolivia mostró nuevamente con crudeza cómo algunos pasos, por ejemplo, el de Aguas Blancas, son una puerta a través de la cual contrabandistas y narcotraficantes se mueven con total tranquilidad, sea ya por incapacidad o por ineficiencia de las fuerzas que tienen la responsabilidad de controlar la entrada y salida de personas y bultos.

Algo similar ocurre en otras zonas de Salta y también de Jujuy en las cuales, como también informó LA NACION, las bandas de narcotraficantes se valen para sus fines del reclutamiento de policías, gendarmes y políticos y hasta de amenazas a jueces federales.

En Lima, a 100 kilómetros del centro de Buenos Aires, también a fines del mes último, la policía bonaerense interceptó otro camión proveniente de Jujuy que transportaba una tonelada de cocaína, en lo que se denominó operación Navidad Blanca.

Es auspicioso, por cierto, el éxito logrado en esta oportunidad, pero al mismo tiempo no deja de ser preocupante el descubrimiento, pues, según se acepta en la Justicia y hasta en las Naciones Unidas, lo que se secuestra es apenas un 15 por ciento de lo que en realidad está circulando.

Y ahora, pocas horas atrás, la investigación del crimen de tres jóvenes militantes ocurrido en Rosario permitió saber, con numerosos y pormenorizados detalles, que a cuarenta cuadras del centro de esa ciudad las bandas de narcos se disputan a tiros la posesión del territorio para quedarse con el control del tráfico de estupefacientes.

Ello, que es exactamente lo que pasa en países de América latina en los cuales el narcotráfico se ha adueñado de ciudades enteras, está ocurriendo en los alrededores del centro de Rosario. Como también en otros puntos del país. Valga tener presente que en plena ciudad de Buenos Aires las villas del Bajo Flores son territorios tomados por los narcotraficantes, fuera del control de las autoridades.

También eran ajenas a nuestro país las amenazas a jueces, como las que sufrieron recientemente dos magistrados federales de Salta, Luis Bavio y Raúl Juan Reynoso, y uno de Jujuy, Carlos Olivera Pastor.

Y no es todo, pues hay que agregar la utilización de códigos mafiosos para concretar esas amenazas: en septiembre último, en la puerta del Juzgado Federal N° 2 de Jujuy, del que está a cargo Olivera Pastor, se topó con una caja que contenía la cabeza de un hombre. No la calavera, como se dijo inicialmente, sino la cabeza con piel, dentadura y cabello. El dato no es menor, y no por lo espeluznante que resulta en sí mismo, sino porque así actúan los narcos en países donde están fuertemente asentados.

Nada se ha aclarado. Todo permanece en el limbo y un caso va tapando al otro. Y lo que hoy parece asombroso al extremo queda como empequeñecido frente a lo nuevo.

Parecen un recuerdo lejano los 700 kilos de cocaína que había en un campo del concejal kirchnerista Héctor Palma, en Formosa; el avión de los Juliá que terminó su raid en Barcelona, con 944 kilos de cocaína, tras pasar como si nada por los aeropuertos de Morón y de Ezeiza, y seguramente después de haber recorrido en camión gran parte del territorio nacional; el ataque de una avioneta que transportaba marihuana contra un helicóptero de Gendarmería, en Santiago del Estero; el velero deportivo de bandera norteamericana tripulado por españoles que fue descubierto en Olivos, gracias a que sufrió un desperfecto, con 444 kilos de cocaína; la cocina de esa droga en pleno barrio capitalino de Pompeya. Y la lista podría seguir sin necesidad de ir demasiado atrás en el tiempo.

Un sistema de radarización dispuesto por el Gobierno que aún no funciona a pleno y dos nuevos juzgados en Jujuy y Salta que todavía esperan dueño no son nada frente a la magnitud de lo que está ocurriendo y a la velocidad con la que crece el mal. En especial cuando personal de seguridad de áreas fronterizas ha sido desplazado a zonas urbanas para colaborar en la lucha contra la delincuencia común.

Nada, sin embargo, es peor para enfrentar el flagelo del narcotráfico que la actitud del gobierno nacional de no hablar del tema. Como si no asumirlo públicamente fuera a diluirlo.

Hace tiempo ya que se sabe que la Argentina ha dejado de ser meramente un país de tránsito de la droga. Hace tiempo, entonces, que urge detener este flagelo, como se dijo, en pavoroso crecimiento..