Tal vez sea tiempo de analizar con el debido cuidado algunas alternativas respecto a la responsabilidad centralizadora del Estado. Se deben estudiar todas las posibilidades.
No hay Ministro de Gobierno en Bolivia que entre las primeras tareas que se traza para realizar en su gestión no incluya la reestructuración de la Policía. Esta tarea está indefectiblemente unida a la seguridad ciudadana.
Se trata de dos asuntos pendientes desde la abolida República y que persisten en el Estado Plurinacional. En todos los gobiernos democráticos de los últimos treinta años los intentos por introducir modificaciones en la institución policial para mejorar su servicio global a la población y el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales, han resultado fracasos rotundos. Las causas son múltiples, pero la principal puede ser anotada en que el funcionamiento de la Policía se ha convertido en un problema estructural.
El flamante ministro de Gobierno Carlos Romero en declaraciones formuladas en la ciudad de La Paz reconoce que hay tareas pendientes respecto a una mejor institucionalización de la Policía y sostiene que entre las primeras acciones que realizará desde esa cartera es un relevamiento del estado de la situación, de sus necesidades en infraestructura, tecnología, requerimientos materiales y humanos. En cuanto al cambio de imagen, afirma que hay políticas que están en proceso de implementación y que hay que tomarlas como parte del fortalecimiento. Respecto a la corrupción existen dispositivos como un régimen disciplinario y otros complementarios.
Lo cierto es que durante estos seis años de Gobierno no se han dado pasos importantes en mejorar la imagen de la Policía y en lo que concierne a potenciarla con miras a los planes de seguridad ciudadana que hasta el momento son inexistentes, por lo menos en resultados verificables ante la población.
El problema de la corrupción y los círculos de poder que subsisten en el seno de la Policía demanda cambios que a decir verdad fueron anunciados en varias oportunidades durante estos últimos años, apelando incluso a la formación de los nuevos policías y a la creación de una institución superior académica. Lo que se ha logrado en esta materia es casi nulo si revisamos informes recientes de la Defensoría del Pueblo que continúa situando a la Policía entre las más corruptas.
En los intentos de anteriores gobiernos y del actual por mejorar cualitativa y cuantitativamente a la Policía, una de las instituciones fundamentales para el funcionamiento de una sociedad organizada, hay que preguntarse si el Estado central y la organización institucional, por un lado tienen capacidad y por otro si es el mejor diseño para su funcionamiento. Desde luego que el Estado no puede resignar su responsabilidad de intervenir en la solución de los problemas que aquejan a la institución, como no puede hacerlo en brindar protección policial a las personas.
Sin embargo, tal vez sea tiempo de observar y analizar con el debido cuidado algunas alternativas respecto a la responsabilidad centralizadora del Estado y a las posibilidades en torno a la descentralización cuidadosa de la institución a cargo de las Gobernaciones, aspecto unido al proceso autonómico. Es decir que se deberían estudiar todas las posibilidades y discutirlas dentro del marco de la unidad de la institución, pero también de un servicio más efectivo y de una imagen de mayor aprecio para el ciudadano.
En todo caso, como en anteriores oportunidades, hay que esperar respecto a lo que puede avanzar el nuevo Ministro de Gobierno en un asunto que es complejo y que requiere decisiones institucionales cuidadosas.
Se trata de dos asuntos pendientes desde la abolida República y que persisten en el Estado Plurinacional. En todos los gobiernos democráticos de los últimos treinta años los intentos por introducir modificaciones en la institución policial para mejorar su servicio global a la población y el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales, han resultado fracasos rotundos. Las causas son múltiples, pero la principal puede ser anotada en que el funcionamiento de la Policía se ha convertido en un problema estructural.
El flamante ministro de Gobierno Carlos Romero en declaraciones formuladas en la ciudad de La Paz reconoce que hay tareas pendientes respecto a una mejor institucionalización de la Policía y sostiene que entre las primeras acciones que realizará desde esa cartera es un relevamiento del estado de la situación, de sus necesidades en infraestructura, tecnología, requerimientos materiales y humanos. En cuanto al cambio de imagen, afirma que hay políticas que están en proceso de implementación y que hay que tomarlas como parte del fortalecimiento. Respecto a la corrupción existen dispositivos como un régimen disciplinario y otros complementarios.
Lo cierto es que durante estos seis años de Gobierno no se han dado pasos importantes en mejorar la imagen de la Policía y en lo que concierne a potenciarla con miras a los planes de seguridad ciudadana que hasta el momento son inexistentes, por lo menos en resultados verificables ante la población.
El problema de la corrupción y los círculos de poder que subsisten en el seno de la Policía demanda cambios que a decir verdad fueron anunciados en varias oportunidades durante estos últimos años, apelando incluso a la formación de los nuevos policías y a la creación de una institución superior académica. Lo que se ha logrado en esta materia es casi nulo si revisamos informes recientes de la Defensoría del Pueblo que continúa situando a la Policía entre las más corruptas.
En los intentos de anteriores gobiernos y del actual por mejorar cualitativa y cuantitativamente a la Policía, una de las instituciones fundamentales para el funcionamiento de una sociedad organizada, hay que preguntarse si el Estado central y la organización institucional, por un lado tienen capacidad y por otro si es el mejor diseño para su funcionamiento. Desde luego que el Estado no puede resignar su responsabilidad de intervenir en la solución de los problemas que aquejan a la institución, como no puede hacerlo en brindar protección policial a las personas.
Sin embargo, tal vez sea tiempo de observar y analizar con el debido cuidado algunas alternativas respecto a la responsabilidad centralizadora del Estado y a las posibilidades en torno a la descentralización cuidadosa de la institución a cargo de las Gobernaciones, aspecto unido al proceso autonómico. Es decir que se deberían estudiar todas las posibilidades y discutirlas dentro del marco de la unidad de la institución, pero también de un servicio más efectivo y de una imagen de mayor aprecio para el ciudadano.
En todo caso, como en anteriores oportunidades, hay que esperar respecto a lo que puede avanzar el nuevo Ministro de Gobierno en un asunto que es complejo y que requiere decisiones institucionales cuidadosas.
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