Recordemos que el Gobierno denunció la Convención de Viena de 1961 con el argumento de que no hacerlo daría curso a que los ciudadanos que tienen la costumbre de acullicar (masticar coca) podrían verse impedidos de continuar con ese hábito. Seguramente chapareños y yungueños no se preocuparon si la Convención de Viena avala o no el acullico, porque igual acullican. De ahí que no sea cierto que haya sido el Gobierno el que inició una cruzada en defensa del uso de la coca debido a que gobiernos pasados (los llamados neoliberales) lo hicieron y bien; menos cierto que si no se denunciaba la Convención de Viena de 1961 los bolivianos ya no iban a poder acullicar. Me explico.
El Gobierno ha denunciado dicha Convención cuando el art. 14-2 de la celebrada en 1988 y aprobada y ratificada en Bolivia por Ley No. 1159, del 30 de mayo de 1990, establece que cada una de las partes adoptará medidas para evitar el cultivo ilícito de las plantas que contengan estupefacientes o sustancias sicotrópicas como los arbustos de coca, y que dichas medidas deberán respetar los derechos humanos y tendrán en cuenta usos tradicionales lícitos donde exista evidencia histórica, además de la protección del medioambiente. Por tanto, el consumo tradicional de hoja de coca no está en riesgo en Bolivia en tanto se respeten los límites impuestos en la ley nacional y en los tratados internacionales, que no son otros que aquellos dirigidos a evitar el manoseo del alcance de ‘usos y costumbres’ para cultivar coca excedentaria dirigida exclusivamente a la fabricación de cocaína.
Entiendo que una vez que el Gobierno se percató del error de denunciar la Convención de Viena y verificar la vigencia de la Ley 1159, se dio a la tarea de reconducir su actuación a fin de mejorar la imagen que en materia de lucha contra el narcotráfico tiene en el contexto internacional. Para ello –y aquí es justo destacar lo acertado de la decisión gubernamental– acaba de suscribir, sin voces de protesta provenientes de sectores cocaleros, un Acuerdo de Cooperación con Brasil y EEUU para verificar la destrucción de coca excedentaria. Es, sin duda, un acierto en materia internacional que aguardo tenga incidencia efectiva en el control de coca ilegal, que, como sabemos todos, sirve para otros fines.
Termino aquí. Nunca hubo voces de rechazo al consumo tradicional de la hoja de coca tal como prescribe la Ley 1008, en sentido de que el “cultivo de la coca es una actividad agrícola-cultural orientada tradicionalmente de forma lícita hacia el consumo, uso en la medicina y rituales de los pueblos andinos”. Otra cosa es que el Gobierno, por razones que desconozco, haya querido que así parezca. En todo caso, luego del desbarajuste armado acudiendo a 1961 y demostrando un inaceptable desconocimiento a lo acontecido en 1988, bien valió la firma del acuerdo que ratifica, una vez más, que el acullico ¡no está en riesgo en Bolivia!, y que es el narcotráfico lo que está en auge.
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