La Policía boliviana decomisó 87 kilos de cocaína y 7 de marihuana en un autobús que se dirigía a Chile, informó hoy el director la fuerza antinarcóticos de la región de Oruro, en el oeste de Bolivia, coronel Vladimir Pérez.
El decomiso se realizó el domingo en la noche en un operativo en el llamado "Puente Español", cuando el vehículo se dirigía a la localidad boliviana de Pisiga, fronteriza con Chile, donde pretendía ingresar, dijo Pérez a Efe.
La Policía detuvo a dos bolivianos, un hombre de 49 años y una mujer de 51 años, que comparecerán ante un juez de medidas cautelares porque se tienen "todos los elementos de convicción de que ellos cometieron el delito", agregó.
En lo que va del año, la fuerza antidroga de Bolivia ha decomisado más de 18 toneladas de cocaína y más de 110 toneladas de marihuana.
El Ministerio Público amplió la imputación formal por el caso Chaparina en contra de 14 policías, entre ellos el general Víctor Maldonado Hinojosa, quien fue director de Inteligencia Nacional durante la represión a la marcha indígena el 25 de septiembre de 2011 y luego fue Comandante General de la Policía.
Los imputados son el general Carlos Reemberto Flores Cuellar, general Gino Antonio Catacora Belmonte, coronel Oscar Chavez Rueda, coronel Edwin Ponciano Durán Velasco, coronel William Enrique Albarracín Triveño y el coronel Rubén Antonio Zegada Portugal
Asimismo corrieron la misma suerte el coronel José Luis Aranibar Guzmán, coronel Henry Manuel Terrazas Verduguez, coronel Ricardo Raúl Cadima Coca, coronel Jorge Celiar Cadima Medrano y coronel Edmundo Rivero Cors
Este primer grupo de 11 policías fue imputado por los presuntos delitos deallanamiento de domicilio o sus dependencias, lesiones graves y leves, vejámenes y torturas, privación de libertad, coacción, encubrimiento
Sin embargo, la Fiscalía también amplió la imputación formal contra el general Víctor Santos Maldonado Hinojosa, teniente coronel Saul Fernando Torrico Calderon y la cabo Angélica Dayana Cáceres Ramírez, quien fue la policía infiltrada en la octava marcha indígena en defensa del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). Este segundo grupo está imputado sólo por el presunto delito de encubrimiento. La fiscal Patricia Santos dijo que se tomó esta decisión porque se verificó que todos los ellos no colaboraron debidamente en el proceso de investigación pese a que estaban en el lugar del hecho y accedieron a la información
“Estos policías no han hecho conocer los posibles autores materiales pese a la insistencia a las reiteradas preguntas por parte del Ministerio Público, alegaron desconocer quiénes habrían efectivizado y materializado el hecho”, apuntó
La Comisión de Fiscales está integrada por Patricia Santos Cabrera, José Villarroel Barrios, Luis Ferrufino Castellón y Roger Velasquez Alcazar.
El exedecán de Marcelo Soza, José Laguna, afirmó hoy que el Gobierno instruyó al teniente Jorge Clavijo que matara a su esposa, la periodista Hanalí Huaycho, porque ella “logró conocer en detalle lo que había ocurrido en el hotel Las Américas” durante el operativo policial que terminó con la vida de Eduardo Rózsa Flores, Michael Dwyer y Arpad Magyarosi.
El exteniente, desde su refugió en Brasil, explicó que Clavijo, como miembro de la UTARC (Unidad Táctica de Resolución de Crisis), participó del operativo y tenía una copia de un video sobre la acción policial. Añadió que esa información fue filtrada al conocimiento de Hanalí, por lo que instruyeron a Clavijo que “solucione” ese problema.
“En el caso de Jorge Clavijo, personaje que lamentablemente quedó con la dignidad por los suelos porque le habría quitado la vida a su esposa, le comento que ese ha sido mero trámite de Inteligencia. Cuando existe filtración de información, existen superiores que ordenan se solucione la fuga de información. Entonces el teniente Jorge Clavijo, como tenía en su poder un video que lo acreditaba y los respaldaba en todo lo que había ocurrido en el hotel Las Américas, recibió la orden de que la información filtrada se solucione de alguna manera. Es por eso que se ve obligado a quitar la vida a su esposa por instrucciones del gobierno para evitar que la noticia llegue a todo el pueblo boliviano”, relató Laguna en entrevista con ERBOL.
El ahora expolicía insistió en que cada miembro de la UTARC que participó del operativo tiene una copia del video que utiliza como “carta blanca”.
Cuestionó por qué la Policía secuestró computadoras portátiles de la casa de Huaycho luego del asesinato que ocurrió el 11 de febrero de 2013. Indicó que los uniformados buscaban datos sobre el video.
El abogado de la familia de Huaycho, Eduardo León, anunció que enjuiciará al Estado para que las autoridades se manifiesten sobre las revelaciones de Laguna.
“Vamos a iniciar un proceso penal contra el Estado boliviano para que a nivel nacional pueda establecerse categóricamente que estas aseveraciones no son ciertas”, indicó.
Laguna dejó Bolivia y se fue a Brasil porque, según su versión, recibía amenazas para callar lo que sabe sobre las acciones del fiscal Soza a quien acompaño “paso a paso”. “Las amenazas iban directamente a que tenga la boca cerrada y evite hacer un comentario. Es por eso que mi persona, cansada de tanta presión y al borde de ser detenido preventivamente, me he visto obligado a salir”, aseveró.
El exteniente fue acusado por Alberto Melgar de recibir dinero producto de una extorsión a nombre de Soza. Laguna observó que fue denunciado luego de que el cívico beniano, imputado en el caso terrorismo, sea beneficiado por arresto domiciliario con ayuda de Carlos Romero y Jorge Pérez.
Evo tenía el control directo
Laguna aseveró que “el Presidente, con quien varias veces se reunió el exfiscal, tenía control directo de todo lo que se hacía en las investigaciones del caso terrorismo, lo propio el Vicepresidente que utilizaba a su operador, Raúl García Linera, para hacer y deshacer”.
Recordó además que Soza recibía constantes llamadas de ministerios y hasta el Palacio de Gobierno para ser invitado a reuniones y recibir instrucciones. Precisó que entre quienes se comunicaban con el exfiscal estaban Sacha Llorenti, Juan Ramón Quintana, y Nardi Suxo, además de varios senadores y diputados.
Agregó que en su momento sacó un extracto de las llamadas que recibía en su celular en donde se confirma sus aseveraciones. Sin embargo, el policía señaló que recientemente solicitó la misma información a una empresa estatal y vio que esas llamadas habían sido borradas.
Laguna dijo que Soza salía preocupado de esas reuniones con autoridades porque le instruían a quien beneficiar o a quien acusar.
Ratificó que el equipo investigador del caso recibía una “ayuda mensual” desde el Ministerio de Gobierno, paralela al salario.
Sostuvo también que él vio pruebas de comunicaciones, chats, entre Raúl García con Eduardo Rózsa, la cuales fueron destruidas por órdenes del Vicepresidente.
La frontera con Chile es el punto elegido para el intercambio de drogas con chutos. Los “narcochuteros”, internan diez por noche para los productores de cocaína.
CAMBIAN AUTOS CHUTOS POR DOS KILOS DE DROGA
UN DE DOCUMENTOS ES VENDIDO ENTRE 150 Y 200 DÓLARES.
LA PRENSA, La Paz
Los “narcochuteros”, internan diez vehículos por noche para los productores.
Para los clanes productores de droga conseguir un último no es complicado y menos exhibirlo ante su comunidad donde la mercancía blanca, vale su peso.
De acuerdo con un de inteligencia desarrollado por el personal del Control Operativo Aduanero (COA), los “narcochuteros” son los que dominan la compra y venta de drogas y el mercado de vehículos ilegales que se hallan asentados en Challapata, Uyuni, Uncía y ahora en La Asunta e Irupana, ubicados en los departamentos de Oruro, Potosí y La Paz.
Un investigador señaló que la frontera con Chile es el punto elegido para el intercambio de drogas con autos chutos.
En esta región, bañada por extensas planicies de arenales, los ya conocidos como “narcochuteros” han construido madrigueras para dormir de día y emerger por las noches para el traslado de drogas y autos chutos.
El informe del COA, contrastado con efectivos de inteligencia de la fuerza antidroga, refiere que los narcoclanes o narcomunarios, sólo se dedican a la producción y trasladado del alcaloide hasta las poblaciones fronterizas con Chile.
Muchas de estas localidades están deshabitadas y es ahí donde los grupos de narchuteros —dos de los cuales ya fueron identificados—, acopian la droga para después intercambiarla con sus similares chilenos por autos chutos, alguno de ellos robados.
El jefe policial dijo que estas personas “prefieren pagar en especies, vehículos, y no con dinero en efectivo. Con este método “lavan” el dinero del narcotráfico con la venta de estos autos chutos, en el lado boliviano.
Un segundo oficial de policia refirió a La Prensa que sólo en el municipio de Uncía, en Potosí, hay siete vehículos por cada diez familias, los que circulan sin ningún tipo de control y con aval social. “Muchas veces acusan a los policías de encubrir a los chuteros, pero en realidad, estos cuentan con el aval de sus dirigentes, quienes además los protegen cuando los interviene la policia”.
Múltiples rutas. El coronel Edward Barrientos, comandante departamental de Policía de La Paz, no admitió ni negó esta actividad. Manifestó que los chuteros tienen varias rutas de ingreso en La Paz y “por estrategia no vamos a develarlas, ya que guerra anunciada no mata”.
El coronel Barrientos afirmó que el COA, en coordinación con la Aduana Nacional ya tiene identificado estos puntos de ingreso y que sólo esperan una orden para que un contigente de efectivos sea trasladado y opere. Hasta el pasado viernes, se anunció el secuestro de más de medio millar de autos indocumentados .
Si bien el comandante no quiso revelar las rutas de ingreso de chutos, un comunario en Yolosa explicó que estos autos son ingresados por el sector sur de La Paz que conecta con La Asunta, en los Yungas; y por Apolo y Conzata, que conecta con Mapiri y Caranavi, en la misma región, puntos donde se halla el mayor número de vehículos ilegales.
dos kilos. Se conoció que los narcochuteros internan al menos 10 vehículos por noche por las rutas que hay entre las poblaciones fronterizas de Chile y Bolivia, lo que equivales a 20 y hasta 40 kilos de pasta base y clorhidrato de cocaína.
El informe señala que por cada dos kilos de pasta base el narcochutero recibe un vehículo Toyota modelo Caldina o Noha y por cada dos kilos de clorhidrato, droga refinada, les entregan una vagoneta Mitsubishi u otro vehículo modelo 2010 0 2013.
“Mucho hace la calidad de droga que intercambian con las organizaciones que hay en Chile, quienes se encargan de poner los vehículos chutos o robados en frontera y que después son trasladados al mercado de Bolivia.
Legalidad. Para los narcochuteros obtener un juego de estos documentos, la póliza, el SOAT y registro de placas, cuesta entre 150 y 250 dólares, según la calidad del material falsificado.
Empero, un vendedor de vehículos de la feria 16 de Julio, donde efectivos de la Dirección de Investigación y Prevención de robo de Vehículo (Diprove) intervinieron recientemente, Quillacollo aún es “el paraíso de la legalización de autos chutos”. El comerciante explicó que de La Paz se llevan entre cinco y diez coches legales, a Cochabamba, para clonar las placas y números de identificación del RUAT.
Este proceso, según el vendedor consultado, no es reciente y que existen incluso notarios de ciudades intermedias y provinciales involucrados en la legalización y registro municipal de los chutos.
El 90 por ciento de chutos ingresa al país por Chile. Informó que el 90% de los vehículos chutos que ingresan al país por contrabando provienen de Chile, por lo que se realizan operativos de control de placas clonadas. La presidenta de la ANB Marlene Ardaya, señaló que se iniciarán los allanamientos de garajes donde se encuentran los vehículos indocumentados. Lamentó que no exista un apoyo de parte de la Aduana de Chile para el control de los bienes que ingresan al país.
“Es un 90%, así con certeza 90%, tanto es así que la Aduana Nacional ha generado unos grupos especializados en la valoración de lo que viene la mercancía de Chile porque hay subvaluación”, dijo la autoridad en una entrevista en la Radio Patria Nueva.
33.000 autos chutos fueron identificados por la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) .
El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), coronel Mario Centellas, informó que este año se secuestraron 14 avionetas, 390 vehículos y 79 inmuebles involucrados con tráfico de droga.
El Coronel brindó hoy un informe sobre los resultados de la lucha contra el narcotráfico desde el 1 de enero hasta el 22 de julio. En este periodo, los uniformados realizaron 7.424 operativos, con un promedio de 40 al día.
En el caso específico del tráfico por vía aérea, el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Felipe Cáceres, subrayó que la mitad de lo incautado llega a territorio nacional desde Perú. “Bolivia sigue siendo un país de tránsito”, afirmó.
Centellas añadió que la FELCN incautó 15 toneladas y 227 kilos de cocaína, de las cuales el 82 por ciento consiste en pasta base y el resto es clorhidrato.
Asimismo, se secuestraron 66 toneladas y 475 kilos de marihuana, 400 toneladas de químicos sólidos y 95 metros cúbicos de precursores líquidos.
La fuerza antidroga desbarató, en más de seis meses, 3.335 fábricas de cocaína y 41 laboratorios de cristalización.
Aprehendidos
En los operativos, se aprehendieron a 1.931 personas, de las cuales 1.810 son de nacionalidad boliviana. También se hallaron más de 1.870.000 dólares en efectivo, según el Coronel.
Erradicación
Cáceres destacó que este año ya se erradicaron más de 5.300 hectáreas de coca excedentaria, 3.800 en el trópico de Cochabamba y más de 1.500 en Los Yungas.
“Tenemos la meta de erradicar mas de 11mil hectáreas”, agregó.
Alrededor de 10 esposas de uniformados se sumaron hoy a la huelga de hambre que inició el lunes el sargento Pedro Ticona pidiendo que el Gobierno otorgue mejor salario a los miembros de la Asociación Nacional de Suboficiales, Sargentos, Clases y Policías (Anssclapol).
“Ya no vivimos (con nuestros esposos) porque los policías trabajan 24 horas. (Eso) bien sabe el Gobierno y les manda en comisión a otro departamento y qué hay de nosotras. El sueldo tenemos que dividir, se lo llevan la mitad”, reclamó la representante de las esposas a nivel nacional, Andrea Choquehuanca. (La foto de archivo de un amotinamiento anterior)
El presidente de la Anssclapol, sargento Javier Ticona, explicó que la mejora salarial que los policías piden “consiste en soldar el bono de Seguridad Ciudadana al haber básico”.
“Creemos que esto viable porque no afecta. No es un aumento salarial, sino es llevar (recursos) de un rubro a otro en el presupuesto de la Policía”, indicó.
Quispe agregó que en términos monetarios, esa reforma implicaría que el salario mínimo de un efectivo suba de 1.800 bolivianos a 2.200, porque el bono es de 400 bolivianos y se entrega mensualmente.
Recordó que en 2012 la Anssclapol aceptó un incremento de 100 bolivianos porque entendieron que el Gobierno “no tenía plata”. Pero, ahora aseguró que no claudicarán hasta conseguir su demanda. Al respecto, Choquehuanca dijo: “vamos a seguir hasta las últimas consecuencias. No nos vamos a vender como lo han hecho por 100 bolivianos”.
El sargento Ticona, visiblemente debilitado, criticó que el Gobierno no dé una respuesta positiva a la demanda. “Las fuerzas de mi cuerpo m han dejado pero sigo en la lucha”, aseguró. Sin embargo, el Presidente de la Asociación anticipó que el huelguista será llevado a una clínica particular por su delicado estado de salud.
El ex fiscal Marcelo Soza Álvarez admitió que durante el proceso de investigación del caso Rózsa, la ambición económica de Raúl García Linera (hermano del vicepresidente), Luis Clavijo - coordinadores de la investigación - y el poder político del Ministerio de Gobierno, originaron un "proceso de extorsión sistemática" sin límites que afectó al funcionamiento del Ministerio Público.
En una entrevista concedida a la ANF el 8 de mayo a las 16.35 en Brasilia, Soza dijo que las recientes acusaciones del gobierno sobre prácticas de extorsión, son pretextos para que las autoridades de gobierno se "laven las manos" ante el fracaso judicial de esclarecer el caso Rózsa, en su opinión, liquidado por la falta de credibilidad.
Recordó que García Linera y Clavijo le pedían que haga pública la nómina de posibles involucrados para llamarlos a declarar y luego de publicada en los medios de comunicación social, de pronto varios no eran convocados por los investigadores por un impedimento sistemático.
El ex fiscal considera que en ese momento surgieron los actos de extorsión y las declaraciones pactadas para implicar a otras personas. "Me encontraba atrapado en una red de corrupción del gobierno", afirmó en su declaración escrita entregada al Consejo Nacional de Refugiados (Conare) de Brasil, que considera una solicitud de refugio en su calidad de perseguido político.
"Lo que verdaderamente afectó a fondo la investigación fue que se utilizó para extorsionar y enriquecerse. Luis Norberto Clavijo, Raúl García Linera y otros abogados se apropiaron en gran parte del proceso para su beneficio propio", aseguró a tiempo de señalar que esas personas desviaron el curso de la investigación al instruir la búsqueda de los financiadores del grupo de Eduardo Rózsa.
Soza tiene abierto un caso de extorsión presentado por el ex prefecto de Santa Cruz, Zvonko Matkovic y múltiples testigos en contra que aseguran haber operado por encargo del ex fiscal. Y cuando la Fiscalía Anticorrupción lo acorraló para que se presente a declarar bajo pena de ser aprehendido, huyó del país rumbo a Brasil.
Sin embargo en su descargo, sostuvo que en una oportunidad le comentó al presidente Evo Morales de los actos de extorsión que implicaban a la entonces candidata a la Gobernación, Jessica Jordan, la que se habría dedicado a extorsionar a mucha gente de Trinidad, junto a su tía Ana Claudia Arruda, a las que no pudo investigar porque se enteró que el presidente Evo Morales había enviado a su seguridad personal, el capitán Wilber Bacarreza Molina, como encargado de la Seguridad de la Candidata a la Gobernación.
En su relato ante el Conare, recordó que la tía de Jessica Jordan, Ana Claudia Arruda, que se encuentra detenida en la cárcel de Palmasola por el delito de estafa, tenía el número telefónico 75003… y desde ese teléfono se comunicaba en forma directa con el Vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera a los teléfonos 71263… y 70645…, y el ministro Quintana que tenía el número 73044…, quien había tomado a su cargo al Departamento del Beni.
Sostuvo que en ese tiempo existía un mandamiento de apremio en contra de Arruda, "el que entregué personalmente al Ministro Juan Ramón Quintana, el que nunca ordenó su ejecución. Claudia Arruda en sus actos extorsivos hablaba a nombre del Ministro de la Presidencia", dice en otra parte de su relato.
Manifestó que el ministro Quintana intervino en pasajes específicos sobre todo cuando los hechos tenían relevancia para el departamento del Beni. "Fue un permanente protector de Jessica Jordán Burton y evitó su enjuiciamiento. Lo mismo con respecto a Ana Claudia Arruda", acotó.
En su opinión, en Bolivia no hay respeto a la independencia judicial ni del Ministerio Público, motivo por el que salió del país, debido a que estaba en riesgo su vida, y lamentó que en el país no se respeten el debido proceso ni las garantías constitucionales que, en su criterio, son "digitadas por el Ministro de Gobierno, a través del viceministro Jorge Pérez".
Aseguró conocer como pocos "la forma en la cual se manejan los jueces y fiscales en Bolivia. El grado de influencia del gobierno sobre la justicia es absoluto. Si un juez o fiscal decide resistir sus dictados, simplemente son destituidos, enjuiciados penalmente y condenados a una muerte civil en el ejercicio de su profesión", indicó el polémico ex representante del Ministerio Público.
La Agencia de Noticias Fides (ANF) difunde a continuación la segunda parte de la entrevista realizada al ex fiscal Marcelo Soza Álvarez en Brasilia:
jueves, 22 de mayo de 2014
Ormachea en la picota
mayor de carabineros espera sentencia
le darán de18 a 20 años por extorsión y otros.
Jorge Valda, abogado del exempresario de la línea aérea Aerosur, Humberto Roca, informó que mañana la justica de los Estados Unidos dictará sentencia contra el exmayor de Policía, Fabricio Ormachea, por los delitos de extorsión y fraude migratorio. El exoficial está expuesto a una condena de 25 años.
El jurista recordó que en el mes de febrero, la Corte Federal de Fort Lauderdale de Floridadeclaró culpable a Ormachea por el delito de extorsión, tras verse filmado en un video del Buro Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, recibiendo 5 mil dólares de los 30 mil que pidió a Roca para favorecerle con larevocación de cargos en la justicia boliviana.
"El juez Federal dictaminará la pena que se le imponga al señor Fabricio Ormachea el día de mañana (viernes) 23 de mayo, el cual se dará en sesión pública. Se dará lectura a la condena que se le impondrá, que puede ser hasta 25 años de cárcel y también determinará dónde será cumplida esta condena", informó Valda a la ANF.
Se tiene previsto que una vez se conozca la condena del expolicía, se pondrá el proceso a consideración de las autoridades nacionales y se pedirá una evaluación de "cuánta veracidad" pueden tener las investigaciones realizadas por el exjefe de anticorrupción de la Policía Boliviana.
Respecto a este caso, el diputado Luis Felipe Dorado (CN) lamentó que a pocas horas de conocerse la sentencia de un exmiembro policial, ni autoridades de Gobierno ni el Alto Mando Policial se preocuparan por conocer los delitos y denuncias que hizo Ormachea, quien apuntó, por ejemplo, al ministro de Defensa, Rubén Saavedra, por depositar cantidades de dinero en cuentas de su hermana en España.
Por su parte, el diputado Roberto Rojas (MAS) dijo que no correspondía que ninguna autoridad se dirija hasta los Estados Unidos para conocer la sentencia, puesto que es un tema de la justicia norteamericana.
Por el contrario pidió que se le dé una condena ejemplar por hacer quedar mal a la institución verde olivo.
Un “narco-camión” fue secuestrado en las últimas horas por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN). El mismo llevaba 120 litros de cocaína líquida y más de 52 kilos de marihuana hábilmente ocultos en los compartimientos del motorizado que fue interceptado en la localidad de Parotani, en el departamento de Cochabamba.
“Uno de los casos que más resaltan es el secuestro de un camión de alto tonelaje que se encontraba transportando soya desde Santa Cruz hacia la República de Chile, donde se ha podido encontrar marihuana hábilmente camuflada y cocaína líquida”, dijo el subdirector general de la FELCN, Marcos Encinas.
El camión, de color negro y con placa de control 3047 FPT, fue sometido a una requisa, tras la cual se pudo evidenciar la presencia de sustancias ilícitas ocultas en la parte posterior y laterales del camarote del conductor.
Entretanto, el tanque de combustible del lado derecho del camión había sido modificado para habilitar dos compartimientos secretos. “La prueba de campo dio positivo para cocaína en una cantidad de total de 120 litros en estado líquido”, el valor de la droga asciende a aproximadamente 300 mil dólares.
El chofer del camión fue aprehendido junto con su esposa.
Tres constitucionalistas coinciden que con la carta del exfiscal Marcelo Soza, se confirma el montaje armado del caso Rózsa. Además de las violaciones al debido proceso y las presuntas ejecuciones extrajudiciales que nunca fueron aclaradas por las autoridades, tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial. El mayor escándalo del Gobierno. El jurista Saúl Paniagua, considera que el caso Rózsa es el mayor escándalo de la administración gubernamental de Evo Morales.
"Se develó no solamente las violaciones de los derechos humanos, sino también el atentado al debido proceso, el derecho a la defensa y la presunción de inocencia", remarcó. Paniagua expresó que ante todas esas irregularidades, es un caso que amerita la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para esclarecer la muerte de los tres extranjeros en el hotel Las Américas para restablecer la responsabilidad del Estado.
Se violentó la jurisdicción natural. Para la presidente del Colegio Departamental de Abogados de Chuquisaca, Silvia Salame, en el proceso de supuesto terrorismo y alzamiento armado se violentó la jurisdicción natural. Indicó que a los acusados los obligaron a peregrinar de ciudad en ciudad y se les impuso un tribunal paceño, cuando lo correcto es que los juzgadores sean de Santa Cruz, siendo esta la primera vulneración grave. Además de la ejecución extrajudicial en el hotel Las Américas y la manipulación de pruebas, en el transcurso del tiempo, dijo la exmagistrada del Tribunal Constitucional, se vieron cientos de violaciones a los derechos de los imputados. Por tal motivo, expresó que su persona junto con la Fundación Nueva Democracia, viajó a Washington en octubre del 2013 a denunciar las irregularidades del proceso ante la CIDH.
Un juicio político. Según Jorge Asbún, constitucionalista que llevó acciones tutelares en relación al proceso, comentó que se deja en evidencia después de 5 años, que las violaciones a los derechos constitucionales, están casi probadas. "Es un juicio político más que judicial y sirvió para descabezar a los liderazgos de la media luna y hay demasiadas pruebas en sentido de que hubo intromisión del Ejecutivo", resaltó.
Paniagua, Salame y Asbún coinciden que la misiva de Soza ratifica lo que siempre se afirmó: que es un caso armado por el servilismo de la Fiscalía y los jueces al Órgano Ejecutivo (Texto de El Deber, SC)
Un coronel de la Policía Boliviana, quien pasa unos cursos en la Universidad Policial (Unipol) y junto a sus camaradas de la escuela fue enviado el lunes al bloqueo de la carretera Oruro-La Paz sin ningún armamento, contó que los mineros les hicieron rendir porque solamente estaban armados de “valor” y en algunos momentos tuvieron que tratar de defenderse con piedras frente a los dinamitazos de los cooperativistas.
Recordó que en primera instancia fueron citados en el Regimiento 2 y de ahí los uniformados fueron trasladados en flotas “viejas” hasta el sector de Mantecani, donde la víspera se registró uno de los violentos enfrentamientos con el saldo de varios heridos y 40 uniformados tomados como rehenes de los cooperativistas mineros.
Aseguró que solamente fueron con chamarras, “sleeping”, escudos, rodilleras y nada más, sin ningún tipo de armamento. En cambio los mineros los recibieron a dinamitazos.
“Hemos bajado a Mantecani sin ningún tipo de resguardo, sin casco, ni armamento y (los mineros) aparecieron de todos lados, nos rodearon a puro dinamitazo, lo único que hicimos es tendernos al suelo para que no nos agredan más, a los mineros no les ha interesado nada, igual nos agredieron, nos agarraron a patadas, nos lanzaron piedras, dinamitas”, dijo el coronel, en una entrevista concedida a ERBOL.
Indicó que en cierto momento los policías se tuvieron que defender hasta con piedras y nada más aunque esas acciones eran nulas frente a las dinamitas de los mineros. “Por eso hay varios fracturados en la cara, perdieron dientes. Nos rodearon a tal extremo que querían hacer volar con sus dinamitas hasta los camiones cisterna que estaban varados en la carretera y los motorizados se tuvieron que escapar”.
Señaló que los mineros pusieron a los policías con el pecho al suelo para luego patearlos y no se conformaron con la agresión física. También “nos quitaron nuestras billeteras, nos robaron nuestros lentes, celulares, relejes, entonces eso ya es un acto criminal”, agregó.
Según el viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, 133 policías resultaros heridos producto de estos hechos, además otra cantidad aún no precisada de los trabajadores mineros también se encuentran internados en diferentes nosocomios del país recuperándose de sus lesiones. La autoridad gubernamental aseguró que los mineros estaban en estado de ebriedad.
Sin embargo, el coronel de la Policía –quien pidió guardar en reserva su nombre– se declaró apenado por esta gran cantidad de uniformados heridos y porque cree que la institución o algunas jefaturas perdieron el profesionalismo al enviar efectivos sin ningún armamento de defensa.
“Hemos perdido la profesionalidad, no nos hemos desenvuelto en forma responsable en esta situación. Son tal vez presiones por las que uno actúa, muchas veces sin tiempo uno reacciona sin tomar en cuenta un plan operativo para trabajar de buena forma como debe ser, entonces, sin planes hacemos las cosas malas y salen de esta forma. Gracias a Dios no hay policías muertos por la actitud que hemos tomado de rendirnos, nos hemos tenido que someter porque habían damas oficiales que podrían haber sido hasta ultrajadas”, sostuvo.
Pero, si bien no hay policías muertos, sí se registraron dos cooperativistas fallecidos, aunque no en el enfrentamiento en Mantecani al que se refiere el coronel, sino en otro punto de bloqueo que estaba instalado en la carretera Cochabamba-Oruro, sector Sayari.
Mientras los 40 herenes de Mantecani (que han sido desvestidos, arrodillados y despojados de sus calzados) fueron liberados a las 02.00 de este martes y los tres retenidos en Sayari continúan en poder de los cooperativistas mineros en Kami.
“Hay un malestar al ver un camarada herido, ultrajado, herido, hay un malestar porque creo que somos profesionales, lo importante es velar por la salud y vida de los camaradas. Los policías estamos para el servicio de todos los bolivianos y nos es posible que nos hayan agredido de esa manera de forma delincuencial”, puntualizó el coronel.
Entre tanto, en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de La Paz se encuentran aprehendidos los cooperativistas: Carlos Gustavo Mamani Escarzo (23); Wilfredo Lopez Quispe (27); Demetrio Rojas Mamani (22); Severo Gómez Flores (30); Ricardo Huanca Coaquira (27).
El viceministro Pérez sostuvo que los mineros además quemaron una camioneta policial nueva y dos motocicletas.
El Juez Cuarto de Instrucción Penal y Cautelar de Sucre, Hugo Michel Lescano, insinuó responsabilidad del fiscal Enrique Montaño por la fuga del exfiscal del llamado caso Terrorismo, Marcelo Sosa, al suspender en dos ocasiones las audiencias de medidas cautelares, en el proceso que se le sigue por probable comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y abandono del cargo.
En un informe de fecha 20 de marzo de 2014 y dirigido a la ministra de Justicia, Sandra Aliaga, Michel Lescano pone en evidencia la actitud de Montaño de dilatar el proceso.
El documento señala que el 30 de enero de la presente gestión, se imputó formalmente a Marcelo Soza y se señaló la audiencia de medidas cautelares para el 17 de febrero; pero llegado el día, el fiscal Montaño solicitó que se suspenda la audiencia “debido a que no tenía conocimiento de que la orden instruida habría sido o no diligenciada”.
Suspendida la audiencia, Montaño, como director funcional de la investigación, debía solicitar nueva fecha de audiencia cautelar. El 11 de marzo –fecha de la salida de Soza al Brasil-, 22 días después de la frustrada audiencia cautelar, el fiscal Montaño recién solicita nueva fecha para la audiencia, que finalmente es fijada para el 21 de marzo.
Pero esta situación sufre un nuevo retraso cuando el 18 de marzo el fiscal Montaño presenta una “ampliación de imputación formal contra Marcelo Soza, por la probable comisión del delito de abandono del cargo”, y sin respetar la fecha ya fijada para la audiencia cautelar, solicita nueva fecha.
“En fecha 19 de marzo de 2014, el representante del Ministerio Público, Dr. Enrique Montaño, no obstante de tener ya señalada audiencia de medida cautelar, solicita nueva fecha de medida cautelar, requiriendo que se notifique al imputado Sr. Marcelo Soza”, señala Michel Lescano, según se lee en el informe.
La audiencia se postergó hasta el 16 de abril de 2014; sin embargo, Michel Lescano teme que la misma pueda ser cambiada una vez más debido a que hasta el momento no se conoce si Montaño hizo los trámites respectivos para su concreción.
El exfiscal Marcelo Sosa, autoridad del Ministerio Público por muchos años en el llamado caso Terrorismo, abandonó el país el 11 de marzo de 2014 bajo el argumento de que su vida “corre peligro”. Sobre Soza pesan varias denuncias por extorsión.
Un juicio en una corte de EEUU abre el camino a otro en Bolivia. El fallo de los 12 jurados de la corte de Fort Lauderdale (Florida, Miami) fue unánime. Se declaró culpable de extorsión y de fraude migratorio al ex jefe anticorrupción de la Policía boliviana Fabricio Ormachea; y esto da pie a la preparación de otro proceso en el país contra autoridades bolivianas señaladas en este caso, según dijeron el diputado Luis Felipe Dorado y el abogado Jorge Valda, representante del empresario Humberto Roca.
De acuerdo con el juez federal José González, Ormachea recibirá sentencia el 23 de mayo y será destinado a una penitenciaría del país del norte, condena que puede llegar a un máximo de 25 años. “Lo declararon culpable y a nuestro retorno a Bolivia remitiremos copia del caso a la Fiscalía y pediremos que se investigue”, señaló Valda, defensor del expresidente de AeroSur, que fue extorsionado por Ormachea el 31 de agosto de 2013.
“Hay autoridades nacionales implicadas por Ormachea, cuyos nombres se mencionan en la conversación que grabó en video el FBI. Estoy recabando pruebas para iniciar una investigación en Bolivia”, dijo el diputado Dorado a EL DEBER, un par de días atrás. El Gobierno, a través de la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, evitó referirse al tema antes de conocer en detalle las pruebas expuestas.
Declaró su esposa
El exmayor de Policía llegó ayer al juzgado, como siempre, vestido de terno y con cara de serenidad. En el juicio, Ormachea prefirió callarse ante el juez González, pero como último recurso su abogada defensora llamó a declarar a la esposa del acusado, que intentó explicar la inocencia del agente boliviano.
“El argumento de Ormachea era que él, al considerar a Roca inocente, vino a EEUU a pedirle dinero para defenderlo”, explicó Valda, que considera que fue decisiva la grabación en video con ‘camara oculta’ que logró el FBI para demostrar la culpabilidad del acusado, que pidió $us 30.000 a Roca para ‘ayudarlo’ con el juicio que le siguen en Bolivia por enriquecimiento ilícito.
Según el representante de Roca, en el video Ormachea asegura tener relación con autoridades bolivianas, revela sus nombres y le dijo al empresario cruceño que tenía la “capacidad de hacer declarar culpables a inocentes e inocentes a culpables”.
Lo que viene
La parte acusadora del caso EEUU contra Fabricio Ormachea ha sido notificada por el juez federal José González para recoger hoy copia de los elementos de prueba que recibió la corte de Fort Lauderdale. Con esta evidencia en mano, el abogado volverá al país para presentarla a la Fiscalía.
“Lo más probable es que le den 25 años de prisión: 20 por extorsión y cinco por fraude migratorio”, explicó Dorado, que también se alista para regresar a Bolivia. Los fiscales John Byrne y Jon Juenger se reunirán en Miami el 23 de mayo, cuando se dicte sentencia a Ormachea
Para saber
“Si yo hablo, soy hombre muerto”Cuando Ormachea ingresó a EEUU dijo a Migración que era abogado de Roca. Cuando fue detenido dijo lo mismo a los agentes del FBI. Pero Roca ya les había advertido que era falso. Al verse descubierto, interrogado por la Policía, Ormachea dijo: “Si hablo, soy hombre muerto”. Así lo atestiguó ayer un agente del FBI que participó en su captura en agosto de 2013.
“No lo conozco”La esposa de Ormachea negó conocer al abogado de Roca, Jorge Valda, durante su declaración, pese a que la defensa del acusado había declarado que Valda fue a su casa de Bolivia y la amedrentó, al igual que a su hija.
ANÁLISIS
Él acepta la culpa solo y sin negociar
Yerko Ilijic - Analista Político
El mayor Fabricio Ormachea fue acusado de extorsión y chantaje. Con estos cargos, pudo haber negociado reducir su pena a cambio de aceptar culpas, algo que el sistema anglosajón de justicia llama ‘plead guilty’. Queda claro que no ha negociado y que ha preferido guardar silencio.
Son pocas las condiciones que tuvo la defensa para alegar la inocencia, frente a las evidencias recabadas. Con su silencio, probablemente Ormachea se está blindando, se está protegiendo. “Yo no voy a decir nada”, es el mensaje que quiso dar al acogerse al derecho a guardar silencio y ese mensaje no solo es para la corte. También es un mensaje para Bolivia: él acepta la culpa solo. Tal vez buscará una apelación de sentencia en dos años.
Si los delitos que se le achacan involucrasen a una cadena de mando o alguna estructura, cualquier declaración pudo complicar a sus pares. Pudo haberse ampliado la causa contra otras personas más. ¿Qué repercusión tendrá este caso en Bolivia? Casi ninguna, el hombre no ha dicho nada en el juicio. Al presidente y candidato Evo Morales este caso no le va a bajar ni dos puntos. Si observamos la agenda de opinión pública, la salida de Marcelo Soza a Brasil acapara la atención y Ormachea casi ‘desapareció’
En el segundo semestre de 2013, el mayor de la Policía boliviana Fabricio Ormachea Aliaga llamó desde Washington (EEUU) a Carlos Alberto Guillén y unos días después, el 5 de agosto, se reunió con él y con el expresidente de la quebrada AeroSur, el empresario cruceño Humberto Roca, en un restaurante de Miami. Así empezó todo. O al menos eso es lo que sostuvo ayer Guillén, en su condición de testigo, durante el arranque del juicio por extorsión en contra de Ormachea, en la Corte de Fort Lauderdale, Florida (EEUU).
Guillén fue uno de los cuatro convocados a declarar ayer ante el juez estadounidense José González, además del abogado Jorge Valda Daza, que es defensor de Roca en Bolivia; un agente de Policía migratoria de Florida y del propio Roca, que deberá terminar de relatar su testimonio hoy, ante un jurado de 12 personas. Así lo relató el diputado opositor Luis Felipe Dorado, que sigue las incidencias del caso in situ y que asegura que el juez González estimó cerrar a más tardar el viernes.
La semana pasada, en contacto telefónico con Cadena A, Ormachea acusó a Roca, Valda, Guillén, Guido Nayar, Hugo Achá y Carlos Sánchez Berzaín, de separatistas y de haberle tendido una trampa, algo que anunció demostrará en el juicio instalado en su contra.
Ormachea fue detenido en agosto de 2013 por agentes del FBI (Oficina Federal de Investigaciones, por sus siglas en inglés) tras una reunión que sostuvo con Roca en la que, según un registro de video, el mayor de Policía le ofrece al empresario ayudarlo en el juicio que le siguen en Bolivia por enriquecimiento ilícito a cambio de $us 30.000.
“Son primos”
El diputado Dorado, que dice recoger evidencia que se ventila en el juzgado de Fort Lauderdale, explicó a EL DEBER que muchos saben que Roca y Guillén son primos. Según el diputado opositor, Ormachea llegó a Roca a partir de Guillén. Pero a decir de Ormachea, Dorado es un intermediario político en Migración de EEUU en favor de Nayar, Guillén, Achá y otros, que supuestamente se reúnen en Miami en casa de Roca; la mayoría acusados de presunto ‘terrorismo’ en el caso Rózsa.
En su intervención, Roca ratificó que fue extorsionado por Ormachea. “Él me dijo que iba a hacer algo para que todos los cargos se vayan”, sostuvo Roca, cita el diario Miami Herald. Dorado asegura que Roca explicó haber accedido a la extorsión para proteger a su familia. Para hoy se prevé que el empresario termine su declaración y que los fiscales federales John Byrne y Jon Juenger presenten videos y grabaciones de pruebas contra el mayor Ormachea
En detalle
Sin derecho a fianzaOrmachea está detenido sin derecho a fianza en el Centro de Detención Federal de Miami desde el 31 de agosto de 2013.
Hasta 25 años de prisiónEl acusado enfrenta una acusación que, si se demuestra su culpababilidad, se puede traducir hasta en 25 años de prisión por chantaje y extorsión.
Dos reunionesHasta ahora las partes reconocen haber sostenido dos reuniones: la primera, en un restaurante de Miami, y la segunda, en casa de Roca.
Día de pruebasLos fiscales Byrne y Juenger planean mostrar hoy al jurado un video que registra el encuentro entre Roca y Ormachea.
La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) presentó ayer un cargamento de 440,4 kilos de cocaína secuestrada en 15 operativos realizados en una semana en el departamento de Santa Cruz, siendo la incursión más importante la llevada a cabo en una zona inhóspita de la provincia Guarayos, donde se descubrieron dos laboratorios de refinación bien montados, 298,3 kilos de pasta base de cocaína, miles de litros de precursores químicos y otros instrumentos para cuajar el ilegal producto. Alexander Rojas, jefe de la Felcn cruceña, y Franz Sellis, director nacional de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar), informaron de que estos golpes han significado más de $us 1 millón en pérdidas para los narcotraficantes, que han visto reducidas sus huestes, pues 14 personas dedicadas al ilícito negocio han caído aprehendidas en las celdas de la Felcn en las redadas mencionadas.
Lugar casi inaccesible
Sellis indicó que su gente atravesó durante días y noches un terreno pantanoso y húmedo para ubicar mediante coordenadas los dos laboratorios en la provincia Guarayos, que fueron instalados estratégicamente cerca de una propiedad denominada Tutumo, entre los ríos Blanco y Negro, situados a unos 400 kilómetros al este de la capital cruceña. Se evidenció que los narcos solo ingresaban al lugar por vías aérea y fluvial, puesto que no existen caminos, pero sí una pista clandestina de la que se presume alzaban vuelos las naves para transportar el alcaloide a Brasil. Las factorías contaban con artefactos y ambientes aptos para elaborar al menos 300 kilos de cocaína pura a la semana, dijo el jefe de Umopar. Durante la intervención los policías redujeron a Pablo Uraba Atoyay (boliviano) y Henry Arbey Macías Hernández y Wilson Herrera Ballesteros (colombianos). Los narcos tenía dos armas: una escopeta calibre 12 mayor y una pistola 9 milímetros, con proyectiles; además contaban con tres teléfonos celulares y una radio.
Otros casos El jefe de la Felcn regional también dio cuenta de operaciones ejecutadas en otros puntos del departamento, como en el retén Caribe de la carretera a Puerto Quijarro, donde se secuestraron 52,8 kilos de cocaína y se arrestó a cuatro sujetos. En San Matías se confiscaron 26,7 kilos de cocaína, en Okinawa 20,6 kilos de la misma droga, en Abapó se incautaron de 126,1 kilos de carbonato de sodio y en la provincia Guarayos, en proximidades de la laguna Taborga, se requisaron 40 kilos del mismo alcaloide. En estos lugares se destruyeron tres laboratorios y se secuestró una avioneta que será sometida a examen para ver si fue utilizada en el transporte de droga. Por microtráfico, en la urbe cruceña, se aprehendió a cuatro expendedores
BATIDAS
PRESERVATIVOS PARA OTRA COSAEsta cocaína envuelta en condones (1,6 kilos) fue interceptada en el aeropuerto Viru Viru. Iba a Europa. Se arrestó a la ‘mula’. SIN FERIADOA decir del jefe de la Felcn, su gente trabajará sin pausa durante el Carnaval. PARA LA SEGURIDADUna escopeta calibre 12 mayor, con 12 cartuchos, y una pistola nueve milímetros, con 14 proyectiles. Suma millonariaEn las dos factorías de Guarayos, los narcos perdieron $us 1
