resulta que en lugar de pasional lo de Hannalí había sido "crimen político" por las revelaciones de Laguna desde Brasil. la periodista se enteró del rol de Clavijo en la masacre del hotel y llegó a tener el video que requisaron los policías. espeluznante!

El exedecán de Marcelo Soza, José Laguna, afirmó hoy que el Gobierno instruyó al teniente Jorge Clavijo que matara a su esposa, la periodista Hanalí Huaycho, porque ella “logró conocer en detalle lo que había ocurrido en el hotel Las Américas” durante el operativo policial que terminó con la vida de Eduardo Rózsa Flores, Michael Dwyer y Arpad Magyarosi.

El exteniente, desde su refugió en Brasil, explicó que Clavijo, como miembro de la UTARC (Unidad Táctica de Resolución de Crisis), participó del operativo y tenía una copia de un video sobre la acción policial. Añadió que esa información fue filtrada al conocimiento de Hanalí, por lo que instruyeron a Clavijo que “solucione” ese problema.

“En el caso de Jorge Clavijo, personaje que lamentablemente quedó con la dignidad por los suelos porque le habría quitado la vida a su esposa, le comento que ese ha sido mero trámite de Inteligencia. Cuando existe filtración de información, existen superiores que ordenan se solucione la fuga de información. Entonces el teniente Jorge Clavijo, como tenía en su poder un video que lo acreditaba y los respaldaba en todo lo que había ocurrido en el hotel Las Américas, recibió la orden de que la información filtrada se solucione  de alguna manera. Es por eso que se ve obligado a quitar la vida  a su esposa por instrucciones del gobierno para evitar que la noticia llegue a todo el pueblo boliviano”, relató Laguna en entrevista con ERBOL.

El ahora expolicía insistió en que cada miembro de la UTARC que participó del operativo tiene una copia del video que utiliza como “carta blanca”.

Cuestionó por qué la Policía secuestró computadoras portátiles de la casa de Huaycho luego del asesinato que ocurrió el 11 de febrero de 2013. Indicó que los uniformados buscaban datos sobre el video. 

El abogado de la familia de Huaycho, Eduardo León, anunció que enjuiciará al Estado para que las autoridades se manifiesten sobre las revelaciones de Laguna.

“Vamos a iniciar un proceso penal contra el Estado boliviano para que a nivel nacional pueda establecerse categóricamente que estas aseveraciones no son ciertas”, indicó.

Laguna dejó Bolivia y se fue a Brasil porque, según su versión, recibía amenazas para callar lo que sabe sobre las acciones del fiscal Soza a quien acompaño “paso a paso”. “Las amenazas iban directamente a que tenga la boca cerrada y evite hacer un comentario. Es por eso que mi persona, cansada de tanta presión y al borde de ser detenido preventivamente, me he visto obligado a salir”, aseveró.

El exteniente fue acusado por Alberto Melgar de recibir dinero producto de una extorsión a nombre de Soza. Laguna observó que fue denunciado luego de que el cívico beniano, imputado en el caso terrorismo, sea beneficiado por arresto domiciliario con ayuda de Carlos Romero y Jorge Pérez.    

Evo tenía el control directo

Laguna aseveró que “el Presidente, con quien varias veces se reunió el exfiscal, tenía control directo de todo lo que se hacía en las investigaciones del caso terrorismo, lo propio el Vicepresidente que utilizaba a su operador, Raúl García Linera, para hacer y deshacer”.

Recordó además que Soza recibía constantes llamadas de ministerios y hasta el Palacio de Gobierno para ser invitado a reuniones y recibir instrucciones. Precisó que entre quienes se comunicaban con el exfiscal estaban Sacha Llorenti, Juan Ramón Quintana, y Nardi Suxo, además de varios senadores y diputados.

Agregó que en su momento sacó un extracto de las llamadas que recibía en su celular en donde se confirma sus aseveraciones. Sin embargo, el policía señaló que recientemente solicitó la misma información a una empresa estatal y vio que esas llamadas habían sido borradas.

Laguna dijo que Soza salía preocupado de esas reuniones con autoridades porque le instruían a quien beneficiar o a quien acusar. 
       
Ratificó que el equipo investigador del caso recibía una “ayuda mensual” desde el Ministerio de Gobierno, paralela al salario.

Sostuvo también que él vio pruebas de comunicaciones, chats, entre Raúl García con Eduardo Rózsa, la cuales fueron destruidas por órdenes del Vicepresidente.