Tres constitucionalistas coinciden que con la carta del exfiscal Marcelo Soza, se confirma el montaje armado del caso Rózsa. Además de las violaciones al debido proceso y las presuntas ejecuciones extrajudiciales que nunca fueron aclaradas por las autoridades, tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial.
El mayor escándalo del Gobierno. El jurista Saúl Paniagua, considera que el caso Rózsa es el mayor escándalo de la administración gubernamental de Evo Morales.
El mayor escándalo del Gobierno. El jurista Saúl Paniagua, considera que el caso Rózsa es el mayor escándalo de la administración gubernamental de Evo Morales.
"Se develó no solamente las violaciones de los derechos humanos, sino también el atentado al debido proceso, el derecho a la defensa y la presunción de inocencia", remarcó. Paniagua expresó que ante todas esas irregularidades, es un caso que amerita la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para esclarecer la muerte de los tres extranjeros en el hotel Las Américas para restablecer la responsabilidad del Estado.
Se violentó la jurisdicción natural. Para la presidente del Colegio Departamental de Abogados de Chuquisaca, Silvia Salame, en el proceso de supuesto terrorismo y alzamiento armado se violentó la jurisdicción natural. Indicó que a los acusados los obligaron a peregrinar de ciudad en ciudad y se les impuso un tribunal paceño, cuando lo correcto es que los juzgadores sean de Santa Cruz, siendo esta la primera vulneración grave. Además de la ejecución extrajudicial en el hotel Las Américas y la manipulación de pruebas, en el transcurso del tiempo, dijo la exmagistrada del Tribunal Constitucional, se vieron cientos de violaciones a los derechos de los imputados. Por tal motivo, expresó que su persona junto con la Fundación Nueva Democracia, viajó a Washington en octubre del 2013 a denunciar las irregularidades del proceso ante la CIDH.
Un juicio político. Según Jorge Asbún, constitucionalista que llevó acciones tutelares en relación al proceso, comentó que se deja en evidencia después de 5 años, que las violaciones a los derechos constitucionales, están casi probadas. "Es un juicio político más que judicial y sirvió para descabezar a los liderazgos de la media luna y hay demasiadas pruebas en sentido de que hubo intromisión del Ejecutivo", resaltó.
Se violentó la jurisdicción natural. Para la presidente del Colegio Departamental de Abogados de Chuquisaca, Silvia Salame, en el proceso de supuesto terrorismo y alzamiento armado se violentó la jurisdicción natural. Indicó que a los acusados los obligaron a peregrinar de ciudad en ciudad y se les impuso un tribunal paceño, cuando lo correcto es que los juzgadores sean de Santa Cruz, siendo esta la primera vulneración grave. Además de la ejecución extrajudicial en el hotel Las Américas y la manipulación de pruebas, en el transcurso del tiempo, dijo la exmagistrada del Tribunal Constitucional, se vieron cientos de violaciones a los derechos de los imputados. Por tal motivo, expresó que su persona junto con la Fundación Nueva Democracia, viajó a Washington en octubre del 2013 a denunciar las irregularidades del proceso ante la CIDH.
Un juicio político. Según Jorge Asbún, constitucionalista que llevó acciones tutelares en relación al proceso, comentó que se deja en evidencia después de 5 años, que las violaciones a los derechos constitucionales, están casi probadas. "Es un juicio político más que judicial y sirvió para descabezar a los liderazgos de la media luna y hay demasiadas pruebas en sentido de que hubo intromisión del Ejecutivo", resaltó.
Paniagua, Salame y Asbún coinciden que la misiva de Soza ratifica lo que siempre se afirmó: que es un caso armado por el servilismo de la Fiscalía y los jueces al Órgano Ejecutivo (Texto de El Deber, SC)
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