El aumento de la inseguridad ciudadana no puede comprenderse fuera de un contexto general, que es el crecimiento del fenómeno del narcotráfico en Bolivia en los últimos años.
El propio viceministro de defensa social, Felipe Cáceres, lo reconoció al señalar que el 70% de la criminalidad está vinculada con el narcotráfico. Es evidente, por lo tanto, que ninguna supuesta política de seguridad ciudadana podrá tener éxito mientras no se ataque al núcleo del problema.
Se necesita desmontar las piezas del narco-Estado actualmente en construcción, comenzando por la principal: la incesante expansión de la frontera cocalera.
De acuerdo a datos de la ONNUD (el organismo de Naciones Unidas encargado de la lucha antidroga), la superficie total dedicada al cultivo de coca en Bolivia es de 31.000 hectáreas, mientras que el Departamento de Estado norteamericano da un número de 35.0000.
Teniendo en cuenta que la Ley 1008 prevé 12.000 hectáreas legales destinadas al consumo tradicional o acullico, vemos que hay de 19.000 a 23.000 hectáreas dedicadas a abastecer de materia prima a la producción de cocaína. O dicho de otra forma: casi dos tercios de los cultivos son parte del entramado del narcotráfico.
El problema se agrava según la información del Centro Latinoamericano de Investigación Científica (CELIN), que ha publicado un estudio según el cual el mercado del acullico estaría siendo abastecido con 8.000 hectáreas, con lo cual se agregarían 4.000 al circuito coca-cocaína.
En base a los datos de la ONNUD, se estima que la producción de coca aumentó al menos un 22% durante el gobierno de Evo Morales, mientras que The Wall Street Journal da una cifra de alrededor del 100% desde que comenzaron los bloqueos cocaleros del Chapare en contra de la erradicación, hace más de una década.
La expansión de la materia prima ha generado, como era previsible, un importante crecimiento en la producción de cocaína, pasándose de las 80 toneladas anuales pre-Evo a unas 160-180 por año. Aumento en el que también hay que tener en cuenta la introducción de nuevas tecnologías, que permiten extraer mayores cantidades de alcaloide de la hoja de coca.
Tolerancia y contaminación gubernamental
Esto ha sido posible, ante todo, por el vínculo estructural del gobierno evista con la producción de coca. Hay que recordar que el primer mandatario sigue siendo presidente de las seis federaciones de sindicatos cocaleros del Chapare, región donde el 95% de la producción de la “hoja milenaria” va destinada al narcotráfico, de acuerdo a cifras de la ONU.
En ese marco, existe una amplia tolerancia gubernamental a la expansión de cocales ilegales, como lo ejemplifican recientes declaraciones de altos funcionarios. Es el caso del nuevo viceministro de la coca, Dionisio Nuñez, quien ha señalado que “a los que no quieran racionalizar, se les va a respetar”. Es decir, que se asegura la impunidad de los cultivadores de coca-para-cocaína.
De la misma forma, el director general de Desarrollo Integral de las Regiones Productoras, Carlos Millares, admitió días atrás que trasladó coca de forma ilegal en un transporte del Estado.
Sumemos a esto los conocidos casos del general René Sanabria, director del Centro de Inteligencia del Ministerio de Gobierno; del amauta Valentín Mejillones, quien coronó a Evo Morales en Tiahuanaco; o de las hermanas de Margarita Terán, importante dirigente del Movimiento Al Socialismo; para tener un cuadro de intensa penetración del narcotráfico en altas esferas del poder.
La expulsión de la DEA, la presencia de cárteles internacionales y la confirmación de Bolivia en la “lista gris” de los países que no combaten de manera suficiente al lavado de fondos provenientes del tráfico de drogas, completan el panorama que permite hablar de un persistente camino hacia el narco-Estado…
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