El cáncer que se halla regado dentro de la Policía Boliviana, la corrupción, se encuentra en un estado crítico de metástasis, en una fase tal que puede ser terminante para todo quien se aproxime a ella. El problema es tan engorroso que el Presidente del Estado Plurinacional se ha visto obligado a retirar de funciones a su Comandante General, el cual, presuntamente, se encuentra vinculado al caso “camioneta clonada”, asunto que hasta la fecha no ha podido ser esclarecido. En un discurso pronunciado a tiempo de la toma de nombre de la nueva máxima autoridad de la “verde olivo”, el Primer Mandatario ha sorprendido a la nación con terminologías relacionadas con el cohecho (comúnmente denominada coima), tales como “aceitito, cupo, diezmo, formar, filo, plan, poner, rayar, saludar, sanción, timbre, toque, tres días, vía rápida”, que para muchos ciudadanos eran desconocidas. Como existen tantas denominaciones para la ilegal percepción de dinero, existirán en consecuencia innumerables funcionarios policiales que utilizan éstas en el ejercicio diario de la función.
En lo que va del año, un alto oficial retirado de la Policía se ha visto relacionado con uno de los escándalos más grandes ligados al tráfico ilícito de estupefacientes, dentro del denominado “caso Sanabria”, el que ha alcanzado a otros funcionarios de menor rango. Todos ellos recluidos en diferentes penitenciarías hasta que en debido proceso se pruebe su culpabilidad. El exgeneral René Sanabria se encuentra recluido en una cárcel de los Estados Unidos. Este incidente produjo un primer cambio en las más altas esferas de la institución, llegando el Presidente, incluso, a exigir la erradicación de la corrupción en un plazo de 90 días. Sin duda, ésta era una misión imposible. En tres meses de gestión no se puede extinguir un mal que se percibe perpetrado en la entidad. Lo que la ciudadanía esperaba, en todo caso, eran acciones palpables de lucha contra la corrupción dentro de la “verde olivo”. Actos que demuestren un cambio en la Policía, que en el tiempo y producto de mucho trabajo devuelvan la credibilidad hacia la población. Lo que no se esperaba y es inaceptable es que la máxima autoridad, el Comandante General, pueda verse inmiscuido en un tema de corrupción. Si bien se presume la inocencia del funcionario hasta que no se pruebe lo contrario, el sólo hecho de su presunto involucramiento causa gran susceptibilidad en contra de toda una institución.
Sin embargo, es importante señalar que el problema no se resolverá con el cambio de una autoridad. Una persona no será capaz de combatir contra un sistema, del cual no sólo son culpables los uniformados, sino también algunos ciudadanos, quienes practican comúnmente el cohecho, a efectos de lograr una solución sencilla a sus necesidades o problemas.
Es responsabilidad del Estado preguntarse por qué la Policía, desde sus mandos más bajos hasta los más importantes, recurre a estos hábitos ilegales. ¿Será que se requiere de una reevaluación integral de la institución del orden? Tal vez sea imprescindible realizar ajustes a los sueldos de estos servidores, a efectos de que éstos no se vean tentados a recurrir a otras fuentes irregulares de ingresos. ¿Cuál es la escala salarial de la Policía? ¿Cuánto gana un cabo o un sargento por el desempeño de sus funciones? De repente respondiendo estas simples interrogantes se encuentre el origen de todos los males.
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