La ruta de la droga peruana al Brasil vía Cobija era controlada por el grupo de “Mauro” hace más de diez años, se desactivó en el 2008 debido a la persecución judicial y policial ejercitada entonces contra el narcotraficante incriminado —además del tráfico de drogas— de asesinatos selectivos en violentos ajustes de cuentas a través de una banda de sicarios peruanos y brasileños que dirige. La gran pregunta del caso es:
¿Por qué el actual Gobierno, que perseguía a Mauro Vásquez al punto de encarcelarlo en Chonchocoro en el 2008, lo dejó libre durante estos cuatro años en que gozó de total impunidad por los crímenes que cometió, al punto en que volvió a rearticular sus acciones sicarias en Pando? “Mauro” no se fugó ni estaba prófugo. “Andaba de parranda” con el “todo poderoso e innombrable” Ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana. Y estamos en plenas condiciones de probarlo en las instancias competentes que correspondan, incluyendo un Jurado de Imprenta en caso de que dicho funcionario estatal ose “enjuiciarnos” a causa de este informe periodístico que suscribimos, si no intenta otra cosa peor.
A consecuencia de un pacto entre el experimentado narcotraficante y los servicios de inteligencia controlados por Quintana, consistente en que “Mauro” proveería información sobre la masacre del 11 de septiembre a fin de condenar al ex prefecto Leopoldo Fernández, la pandilla de Mauro Vásquez ha vuelto a intensificar el tráfico de droga peruana hacia el Brasil, tensionando la zona franca fronteriza, contando con protección oficial y usando los dos puentes que conectan Cobija con Brasiléia y Epitaciolandia, lo cual generó visible malestar entre las autoridades brasileñas decididas a poner fin con el tráfico de drogas en sus límites con Perú y Bolivia.
El pasado 4 de noviembre, en una nota reproducida en la sección que Sol de Pando publica en portugués-brasileño, el diario digital O Alto Acre informó que dos narcotraficantes del país vecino fueron capturados por la Policía Civil de Brasiléia intentando trasladar a Río Branco seis kilos de cocaína provenientes de Cobija. “Um desfecho de uma investigação que acontecia a tempos, resultou na detenção de uma dupla que se deslocou da cidade de Rio Branco, capital do Acre, até a cidade de Cobija (lado boliviano), para buscar cocaína e possivelmente ser comercializada no mercado negro”, informó el diario colega.
La inobjetable reactivación del narcotráfico en Cobija como puente de la droga peruana hacia el Brasil —negocio controlado casi monopólicamente por “Mauro”—, se patentiza con un recrudecimiento de la violencia criminal que vuelve a campear en las calles de Cobija, tal como sucedía antes del 2008, con asesinatos a plena luz del día, desapariciones de personas, especialmente jóvenes vinculados al narcotráfico, en ajustes de cuentas propias de esta tenebrosa actividad.
Tensión social en la frontera
Brasil donó recientemente a Bolivia vehículos y aeronaves para fortalecer la guerra contra el crimen fronterizo como parte de su eficiente Sistema de Vigilancia de Fronteras (Sisfron), e incluso contempla la posibilidad de colaborar al gobierno boliviano para la adquisición de UAV’s (aviones no tripulados, conocidos también como Drones) para reforzar los controles anti-crimen en Bolpebra.
Pero Bolivia responde esta buena voluntad brasileña con insolencia y soberbia. En abril pasado,miembros del Ejército boliviano fueron denunciados oficialmente por el gobierno brasileño de cometer abusos contra campesinos sin tierra del Brasil que se encuentran temporalmente en territorio de Bolivia bajo un acuerdo binacional que les permite realizar actividades agroextractivas hasta el 2013. Los militares bolivianos impusieron arbitrarios plazos a tales campesinos cometiendo incluso abusos físicos, y según la Cancillería brasileña sustentada con reportes de Derechos Humanos, patrullas bolivianas llegaron a invadir el municipio fronterizo de Capixaba, en el lado brasileño del Abuná, con el fin de agredir a los campesinos del país vecino. Brasil reclamó formalmente ante la Cancillería boliviana pero nuestro Gobierno minimizó el hecho y no se estableció ninguna responsabilidad sobre los abusos cometidos.
La tensión fronteriza se agravó en los últimos días a raíz de un problema judicial entre privados que derivó en el bloqueo de los dos puentes que vinculan Cobija con Brasiléia y Epitaciolandia.
Según informa el diario O Alto Acre que dirige el periodista acreano Alexander Lima, un ciudadano boliviano amedrentado por amenazas de muerte que asegura haber recibido telefónicamente, acusó a un mototaxista brasileño de haber sido contratado por la banda de “Mauro” para asesinarlo debido a un lío de faldas.
Las autoridades bolivianas procedieron con el mayor rigor contra el mototaxista de Brasiléia Eronildo da Silva Lopes, quien niega ser sicario del grupo de “Mauro”, tal como se lo acusa en el expediente de la Fiscalía, y sin embargo ha sido recluido en la hacinada cárcel de Cobija, desde hace más de un mes en un juicio que las autoridades brasileñas consideran ilegal y arbitrario, hecho que provocó una reacción del gremio de mototaxistas brasileños que mantienen bloqueados los dos puentes en Brasiléia y Epitaciolandia exigiendo la liberación de Eronildo. “Depois de dois dias impedindo a passagem dos caminhões onde já causava a falta de combustível nos postos de gasolina no lado boliviano e transtornos entre os países, foi preciso o uso da força para retirar os manifestantes da ponte e permitir a passagem dos veículos”, informa el diario colega del Brasil.
La opinión pública y las autoridades del Brasil son unánimes al sostener que estas tensiones fronterizas que vienen causando un delicado distanciamiento entre los pueblos hermanos de Bolivia y Brasil, se origina principalmente en el recrudecimiento de la corrupción y la permisividad estatal para con la delincuencia organizada, por parte de las autoridades bolivianas, especialmente en Pando, donde personajes como “Mauro” están vinculados estrechamente con las esferas oficiales. Es un secreto a voces que la esposa de Mauro Vásquez es activa militante y “aportante” del Movimiento al Socialismo (MAS) el partido gobernante que en la Amazonia boliviana se halla bajo control personal y directo del ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana.
Los favores entre Quintana y “Mauro”
El 26 de mayo del 2008, cuatro meses antes de los luctuosos suceso de Porvenir, la prensa nacional informaba que, en Pando, Mauro Vásquez Guerra e Hiroshi Agustín Nakashima López, “acusados de narcotráfico y ajustes de cuentas en Cobija”, habían sido trasladados al penal de máxima seguridad de Chonchocoro “ante el temor de que puedan fugar o ser rescatados violentamente por sus cómplices brasileños de la cárcel de Villa Busch, donde estaban detenidos preventivamente”. El entonces ministro de Gobierno Alfredo Rada y su viceministro Rubén Gamarra habían decidido el traslado de Mauro a Chonchocoro debido a que “la cárcel pandina no brindaba las condiciones de seguridad necesarias para que los dos considerados peligrosos delincuentes permanezcan en prisión”.
Mauro había sido detenido “en una de sus cuatro viviendas de lujo, con su pareja, una menor de 16 años, armamento moderno pesado y cocaína”. Se afirmaba además que era “un benefactor de pobladores de Cobija, quienes protestaron exigiendo su liberación”.
Pero el encarcelamiento de “Mauro” no duró mucho. Durante los acontecimientos de septiembre, en Porvenir, salió en libertad bajo flexibles medidas cautelares, junto con Hiroshi Agustín Nagashima (a quien asesinaron pocos días después miembros de una banda rival de narcotraficantes peruanos). Reiteramos, Mauro Vásquez no estaba prófugo ni escondido hasta el día de hoy en que fue nuevamente detenido por órdenes del actual ministro de Gobierno Carlos Romero. El jefe mafioso, que realizaba sus actividades “comerciales” con absoluta normalidad en Cobija, había negociado políticamente su liberación en el 2008, ofreciendo a Juan Ramón Quintana información para incriminar al ex prefecto Leopoldo Fernández como responsable de la matanza del 11 de septiembre.
“Mauro” entregó a Quintana aquel video, auténtico indudablemente, donde se ven sicarios de la Prefectura disparando contra indefensos campesinos que cruzaban a nado el río Tahuamanu; a cambio obtuvo total libertad e inmunidad para desenvolver actividades empresariales en Cobija, hasta que fue detenido en las últimas horas. (Durante aquellas “negociaciones” llevadas a cabo con emisarios personales de Quintana, “Mauro” ofreció asimismo comprar un canal de televisión en Cobija para ponerlo al servicio del Ministro). El video proporcionado por “Mauro” fue difundido pocos días después de la masacre, debidamente editado:
Los mismos sicarios del bando de Leopoldo Fernández fueron quienes filmaron aquellas escenas desde sus propias posiciones de ataque durante la matanza, y vendieron esas imágenes a “Mauro”, quien luego se las “obsequió” al Ministro de la Presidencia. En retribución, las “poderosas influencias” de Quintana sobre agentes del Ministerio Público que eran los encargados de proseguir los procesos por narcotráfico y asesinatos múltiples que motivaron su encarcelamiento en el 2008, beneficiaron dolosamente al acusado, permitiéndole la impunidad necesaria para seguir delinquiendo y aterrorizando al pueblo de Cobija como lo hacía antes del 2008.
Los sicarios pisaban fuerte en Pando cuando trabajaban para el “cacique” Leopoldo Fernández; ahora vuelven a detentar sus privilegios de impunidad intercambiando favores con el nuevo “cacique” en esta truculenta escena.
Es deber de los organismos competentes del gobierno del presidente Evo Morales como el Defensor del Pueblo, Ministerio de Transparencia, el Fiscalía del Estado y la Asamblea Legislativa Plurinacional investigar a fondo las turbias actividades desarrolladas por Quintana en la Amazonia boliviana amparado en su absoluto y creciente poder político. Sol de Pando reitera su predisposición de contribuir con todos los elementos investigativos que dispone para establecer hasta qué punto las rearticulaciones sicarias en Pando están siendo parte constitutiva de un nuevo Estado delincuencial en Bolivia, como sólo pudo darse en las tenebrosas épocas de García Meza y Arce Gómez cuando los bolivianos dignos y honestos éramos obligados a caminar por las calles —de día y de noche— con el testamento bajo el brazo.
El caso de “Chito” López
Irónicamente, en uno de aquellos videos que “Mauro” entrega a los organismos de Inteligencia dirigidos por Quintana a cambio de recuperar su territorio delictivo, se visualiza otro conocido sicario de la Prefectura de Pando, Esteban “Chito” López Sánchez, estrecho colaborador de Leopoldo Fernández, armado con una ametralladora mientras eran masacrados los campesinos del MAS. La únicas ráfagas de metralleta que se escuchan en los audios de la masacre, son las disparadas por Esteban López.
Esteban “Chito” López, según consta en el libro “Tahuamanu, racismo y masacre en la Amazonia” (páginas 120 y 126), editado por el propio Ministerio de la Presidencia a cargo de Quintana, era un “funcionario de la Prefectura con el cargo de Responsable” y era Presidente de la Asociación de Mototaxistas “pagados por el prefecto Leopoldo Fernández”.
El cadáver de Esteban “Chito” López llegando a la morgue de Cobija, el 22 de julio del 2011, una semana después de la incautación de los 2.000 ejemplares de Sol de Pando por órdenes del gobernador Flores y de Quintana, los nuevos jefes de “Chito”.
Ese mismo ”Chito” López terminaría trabajando, desde abril del 2010, como guardaespaldas al servicio del actual gobernador “masista” Luís Flores Roberts, con pleno conocimiento y “visto bueno” de Quintana.
Sobre este segundo sicario en los entornos de Quintana informamos lo siguiente en nuestro artículo del pasado 9 de noviembre:
Del segundo caso tomamos conocimiento a pocos días de haberse producido la incautación de Sol de Pando, en julio del 2011. Unas voces amigas, desde la misma Gobernación de Pando, se nos acercaban advirtiéndonos en tono muy atemorizante que el plan del gobernador Luís Flores Roberts, siempre en consulta con Quintana, no sólo era hacer desaparecer físicamente nuestro periódico, sino también a quienes lo editamos.
Ya nos habían destruido nuestra red de canillitas, luego agredieron e intimidaron a los periodistas que nos colaboraban en Cobija destruyendo nuestro equipo de corresponsales; lo último que falta es que se deshagan de nosotros definitivamente, encarcelándonos (como pretende el hermano del Gobernador mediante un arbitrario juicio ordinario apoyado tras bambalinas por Quintana) o asesinándonos (…). Todas estas opciones para eliminar nuestro trabajo informativo, incluyendo el asesinato, siguen latentes según pudimos evidenciar antes de refugiarnos en Brasiléia el pasado 14 de octubre.
El “trabajo sucio” habría sido encomendado, ya en julio del pasado año, inmediatamente después de la incautación, a un sicario que anteriormente trabajaba para el ex prefecto Leopoldo Fernández y que luego se habría incorporado al grupo de seguridad personal del gobernador Luis Flores Roberts. Nos resistimos hasta donde la razón lo permitía a aceptar la posibilidad de que hubiese un sicario en los entornos de Flores Roberts (y por tanto de Quintana) dispuesto a atentar contra nuestra integridad física; nuestra sospecha inicial fue que podía tratarse de un matón que fue visto el 2 de abril del 2010 cuidándole las espaldas al candidato a Gobernador Flores en un cuartel en Cobija; el hombre se parecía mucho a uno que vimos en las imágenes de Porvenir con una ametralladora en mano, matando campesinos en nombre de Leopoldo Fernández. Y sí, era verdad, era él.
Nuestras fuentes nos informaron que este sicario intentaba averiguar, durante los días en que se produjo la incautación, cuándo nosotros llegaríamos a Cobija y dónde nos hospedábamos habitualmente; se lo vio con un ejemplar de aquella edición de Sol de Pando que había sido incautada el 11 de julio por órdenes del Gobernador y Quintana.
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