El senador de la opositora Convergencia Nacional (CN), Roger Pinto, días antes de pedir asilo político a Brasil, reveló que el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y la delegada de la Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones Fronterizas (Ademaf) en el Beni, Jessica Jordan, tenían vínculos con el narcotraficante brasileño, Maximiliano Dorado Munhoz Filho.
El legislador pandino, que aún permanece en la Embajada de Brasil en Bolivia a la espera que de que la Cancillería le entregue el salvo conducto para salir del país, dijo en una entrevista concedida a Erbol, el 22 de mayo, que había una conexión de ambos funcionarios con Dorado y que las pruebas de este hecho fueron entregadas al presidente Evo Morales en 2011, quien hasta ahora no ordenó ninguna investigación.
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| narcotraficantes al ser detenidos Chapare. archivo |
Tras esas revelaciones, el senador Pinto enfrentó un proceso penal por llamar a Bolivia “narco Estado”, motivo por el cual se refugió el 28 de mayo en las oficinas de la misión diplomática brasileña en la ciudad de La Paz y pidió al gobierno de la presidenta Dilma Rousseff asilo político, que días después le fue concedido.
Pinto se equivocó
Sobre este punto, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, en conferencia de prensa, dijo este lunes que Pinto se equivocó de destinatario al enviar al presidente Morales la documentación que supuestamente lo vinculaba con el narcotraficante Dorado. A criterio del funcionario, el asambleísta debió presentar una denuncia ante el Ministerio Público con esas supuestas pruebas.
Ahora, con la reciente publicación sobre Bolivia de la revista brasileña Veja, “La República de la cocaína”, sale nuevamente a la luz el caso de los supuestos vínculos de algunos funcionarios del gobierno de Evo Morales con el narcotráfico.
Según la mencionada revista, existen informes producidos por una Unidad de Inteligencia de la Policía Boliviana, que revelan entre otros hechos, una conexión directa entre el hombre de confianza de Evo Morales, Juan Ramón Quintana, y un narcotraficante brasilero que actualmente cumple su pena en la penitenciaría de máxima seguridad de Catanduvas, en Paraná, Brasil.
Evo Morales conocía
El senador de CN por Cochabamba, Bernard Gutiérrez, aseguró hoy que Morales conocía el contenido de la publicación de la revista brasileña, información que le fue entregada el 7 de abril de 2011 en un sobre cerrado.
“Le entregamos personalmente al Presidente documentación que había sido entregada a nuestra bancada y que daba cuenta precisamente de todos estos extremos (publicados), el presidente Evo Morales tiene esta información, nosotros se lo hemos entregado en sobre cerrado y el no ha hecho absolutamente nada”, señaló Gutiérrez en declaraciones a radio Pío XII, de la Red Erbol.
El legislador precisó que la información que llegó a su bancada la gestión pasada, salió del Ministerio de Gobierno. “En la revista Veja se encuentra el dato de que ha sido alguien del propio MAS quien ha filtrado esa información”, sostuvo el senador opositor.
Ante el desinterés del Primer Mandatario, agregó, demandarán que devuelva la documentación por ser el único ejemplar existente.
“Si usted (Presidente) no va hacer nada con la información que ha recibido de la bancada de senadores, yo lo emplazo a que nos lo devuelva porque es el único juego de documentación que disponíamos’, apuntó.
El senador explicó que el sobre cerrado entregado al Jefe de Estado contenía aproximadamente 90 hojas que “alertaban al gobierno sobre el caso Sanabria”.
Juicio contra Veja
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, señaló que el gobierno iniciará una acción legal contra la mencionada revista por querer desprestigiar y causar daño al gobierno boliviano. “Este es un ataque contra el gobierno, un ataque contra el país”, dijo.
“Vamos asumir la acción legal que le corresponde a nuestro gobierno para defender el honor y la honra del Estado Plurinacional, sobre este tipo de insinuaciones que no tienen ninguna validez, que no tienen ninguna prueba objetiva y vamos a recurrir a los estrados judiciales en el Brasil a través de nuestra embajada”, apuntó.
Quintana no descartó que se trate de un ardid de un “grupo político boliviano-brasileño” que pretende desprestigiar al gobierno nacional.
“Me temo que Veja esta menospreciando la inteligencia de los bolivianos, me temo que Veja está bajo el control y el ardid de un grupo político boliviano brasileño que pretende erosionar la legitimidad del gobierno boliviano bajo una estrategia política, porque un ataque artero, ruin, cobarde como es la infamia solamente es atribuible a este tipo de estrategia”, señaló.
Antecedentes
El senador Roger Pinto aseguró el 10 de marzo de 2011 que existía un informe con indicios que advertían sobre las actividades irregulares del “narcogeneral” René Sanabria y su entorno y que el presidente Evo Morales conocía.
En fecha 8 de abril del mismo año, el senador por Convergencia Nacional, Bernard Gutiérrez, entregó al presidente Evo Morales las supuestas pruebas de nexo del exministro Sacha Llorenti con el general René Sanabria y jefe antidrogas de entonces, capturado y acusado por narcotráfico el 27 de enero de 2011 en Panamá luego de un trabajo de inteligencia de la fuerza antidrogas estadounidense en combinación con carabineros de Chile.
El 20 de enero de 2012, luego de sucesivas postergaciones, Bolivia, Brasil y Estados Unidos firmaron dos memorándum de entendimientos para implementar proyectos de reducción de cultivos excedentarios de coca y apoyar la lucha antidroga en el país.
El 22 de mayo 2012, el general René Sanabria hace una nueva reaparición en la escena mediática con una carta enviada desde su prisión en Miami, Estados Unidos. El “narco general” denuncia que “hay funcionarios del gobierno de Evo Morales implicados en narcotráfico y otros delitos”. El ministro Carlos Romero calificó la revelación como una “vendetta”.
Ese mismo día, el senador Pinto, en declaraciones a Erbol, señaló que en el legajo de documentos entregados al Jefe de Estado, están nombres del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y la directora de ADEMAF en el Beni, Jessica Jordan.
El día 28 del mismo mes, Roger Pinto se refugia en la delegación diplomática de Brasil en La Paz y solicita asilo político argumentando ser víctima de “persecución política” por el gobierno del MAS. El 8 de junio, el gobierno brasileño de otorga el asilo en claro cuestionamiento a las políticas de la administración de Evo Morales.
El 6 de junio 2012, la canciller de Colombia, María Ángela Holguín, admitió estar consciente de la presencia de cárteles del narcotráfico, que estarían operando en Bolivia y otros países latinoamericanos. El ministro Quintana desmintió la versión y dijo que se trata de las declaraciones de una persona que “le hace el favor a Estados Unidos.
El gobierno hasta el momento no presentó el estudio del consumo tradicional de hoja de coca, que va postergando sucesivamente. En enero de este año funcionarios de gobierno se comprometieron nuevamente a mostrar el informe hasta mediados de 2012, situación que hasta el momento no se concreta.
Los cultivos de la hoja milenaria en Bolivia cada vez se incrementan de acuerdo a un informe de la JIFE, organización dependiente de Naciones Unidas, lo cual hasta ahora no ha sido resuelto por el gobierno, que más bien piensa en subir de 12 mil a 20 mil hectáreas los cultivos legales de coca bajo el argumento de que aumentó el consumo interno, sin que hasta ahora haya mostrado un estudio que así lo justifique.
Los productores de la hoja de coca, materia prima para la cocaína, se han convertido en un importante aliado político del gobierno del MAS, sobre todo, porque su principal dirigente es el mismo Evo Morales, que desde hace 16 años (1996) preside las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba.
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