Un oficial de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn) muerto y otro herido son las víctimas de un violento enfrentamiento con narcotraficantes colombianos en una zona del Parque Isiboro Sécure, en la línea fronteriza entre los departamentos de Cochabamba y Beni, donde fue descubierto un ‘megalaboratorio’ de cristalización de drogas. El sangriento suceso viene a confirmar palmariamente que en el Parque -cuya defensa impulsó una ya histórica movilización indígena contra la construcción de una carretera que lo atraviese- cocaleros y ‘narcos’ han extendido sus dominios para continuar impulsando sus ilícitas actividades que han cobrado un auge inusitado a lo largo y ancho del territorio nacional. Los primeros, incontenibles, invadiendo desde Chapare el Parque para cultivar más coca y los segundos para la elaboración y tráfico del alcaloide.
Lo más grave de todo es que se confirma, aunque el Gobierno cierre los ojos y lo niegue obstinadamente, la presencia de organizaciones criminales que, desplazadas al ser combatidas y perseguidas en otras latitudes, ya son de presencia inocultable en varias ciudades, zonas rurales, parques y reservas naturales, amén de líneas fronterizas del país. Puede tratarse de los temibles cárteles de la droga que avanzan y se instalan donde está el ‘negocio’. Donde, como hoy en Bolivia, encuentran condiciones favorables para sus operaciones. Colombia vivió hasta hace algunas décadas el terror de los bombazos y de sicarios mensajeros de la muerte, que se cobró miles de víctimas entre policías, militares, periodistas y simples ciudadanos también convertidos en blanco de la metralla asesina. De los más atroces crímenes. Más hacia el norte, México gime ahora bajo la incontrolable acción de bandas criminales que a diario dejan su sangrienta huella en diferentes ciudades donde la vida ya no vale nada. Donde por decenas se encuentran, hasta en plena vía pública, los restos de hombres, mujeres y niños ajusticiados en espantosas masacres colectivas.
En Bolivia ya no se puede vivir de espaldas a la realidad que plantea el narcotráfico y sus conexiones con cárteles y otras bandas delincuenciales. Un detalle de los operativos antinarcóticos practicados hasta el 3 de octubre revela el descubrimiento de más de 4.000 fábricas de cocaína, la mayoría ubicadas entre Cochabamba y Santa Cruz, además de 15 centros de refinamiento con tecnología colombiana para procesar el alcaloide. Hasta la fecha, en un corto periodo de tiempo, se han incautado 21 toneladas de pasta base de cocaína, 3,5 toneladas de clorhidrato de cocaína y 381 toneladas de marihuana. En un informe ante el Congreso de su país, el jefe de Inteligencia de la administración antidrogas de EEUU (DEA) afirmó en Washington que “algunos jefes de los cárteles de Colombia o México huyen a Bolivia para evadir la presión policial”.
Son más que perceptibles las señales de que los cárteles de la droga han empezado a desplegarse en el país. La violencia que exportan estos grupos al margen de la ley representa un grave riesgo para la seguridad ciudadana y la estabilidad de los gobiernos en los territorios donde operan.
No obstante, es algo que al Gobierno de Evo Morales le cuesta admitir y hay razones para temer que cualquier reacción frente al flagelo del crimen organizado y de los cárteles de la droga puede resultar extemporánea. Que el buen Dios nos guarde a los bolivianos.
Lo más grave de todo es que se confirma, aunque el Gobierno cierre los ojos y lo niegue obstinadamente, la presencia de organizaciones criminales que, desplazadas al ser combatidas y perseguidas en otras latitudes, ya son de presencia inocultable en varias ciudades, zonas rurales, parques y reservas naturales, amén de líneas fronterizas del país. Puede tratarse de los temibles cárteles de la droga que avanzan y se instalan donde está el ‘negocio’. Donde, como hoy en Bolivia, encuentran condiciones favorables para sus operaciones. Colombia vivió hasta hace algunas décadas el terror de los bombazos y de sicarios mensajeros de la muerte, que se cobró miles de víctimas entre policías, militares, periodistas y simples ciudadanos también convertidos en blanco de la metralla asesina. De los más atroces crímenes. Más hacia el norte, México gime ahora bajo la incontrolable acción de bandas criminales que a diario dejan su sangrienta huella en diferentes ciudades donde la vida ya no vale nada. Donde por decenas se encuentran, hasta en plena vía pública, los restos de hombres, mujeres y niños ajusticiados en espantosas masacres colectivas.
En Bolivia ya no se puede vivir de espaldas a la realidad que plantea el narcotráfico y sus conexiones con cárteles y otras bandas delincuenciales. Un detalle de los operativos antinarcóticos practicados hasta el 3 de octubre revela el descubrimiento de más de 4.000 fábricas de cocaína, la mayoría ubicadas entre Cochabamba y Santa Cruz, además de 15 centros de refinamiento con tecnología colombiana para procesar el alcaloide. Hasta la fecha, en un corto periodo de tiempo, se han incautado 21 toneladas de pasta base de cocaína, 3,5 toneladas de clorhidrato de cocaína y 381 toneladas de marihuana. En un informe ante el Congreso de su país, el jefe de Inteligencia de la administración antidrogas de EEUU (DEA) afirmó en Washington que “algunos jefes de los cárteles de Colombia o México huyen a Bolivia para evadir la presión policial”.
Son más que perceptibles las señales de que los cárteles de la droga han empezado a desplegarse en el país. La violencia que exportan estos grupos al margen de la ley representa un grave riesgo para la seguridad ciudadana y la estabilidad de los gobiernos en los territorios donde operan.
No obstante, es algo que al Gobierno de Evo Morales le cuesta admitir y hay razones para temer que cualquier reacción frente al flagelo del crimen organizado y de los cárteles de la droga puede resultar extemporánea. Que el buen Dios nos guarde a los bolivianos.
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