El descubrimiento hecho recientemente por la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) en el seno mismo del Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) de un inmenso campamento que funcionaba como centro de operaciones de una organización dedicada a la elaboración de cocaína, es algo que de ningún modo puede pasar desapercibido. Se trata de una prueba más de lo pujante que es, y no sólo en el Chapare y sus alrededores, la cadena productiva relacionada con la fabricación de cocaína.
Según los escuetos datos oficiales, en el campamento se elaboraban unos 100 kilos diarios de cocaína, o sea, unas 35.000 toneladas al año.
¿Cuántas toneladas de hojas de coca hacen falta para producir semejante cantidad de cocaína? ¿Cuántos millones de dólares están involucrados en ese primer eslabón de la cadena productiva? ¿Cuántos otros millones se mueven alrededor de los demás eslabones, los relacionados con la provisión de los insumos necesarios para el proceso de industrialización? ¿Y cuántos más en los que corresponden a la fase de comercialización, exportación y lavado de las utilidades?
No debe ser fácil responder con precisión esas preguntas, pero es seguro que se trata de cifras astronómicas, mucho más grandes sin duda de las que se mueven alrededor de otras actividades económicas, las legales, en nuestra región.
Tampoco debe ser tarea fácil desentrañar los misteriosos nexos que se esconden detrás y debajo de lo que --eso sí es fácil adivinar— es sin duda una muy densa y extensa red de socios, cómplices, inversores, protectores y beneficiarios del que en Bolivia, como en todo el mundo, es el más lucrativo de los negocios.
No hace falta, sin embargo, conocer detalles que seguramente nunca saldrán a la luz para formarse una cabal idea de lo que descubrimientos como el que comentamos significan. Basta recordar periodos anteriores de nuestra historia, como cuando el trópico cochabambino, gran parte del Beni y de Santa Cruz se consolidaron como una especie de territorio libre, fuera del alcance de la presencia estatal; o lo que ocurrió en Colombia hasta hace muy pocos años, cuando se convirtió en escenario de enfrentamientos entre carteles que rivalizaban por el control del negocio; o lo que está ocurriendo ahora mismo en México y en toda Centroamérica, para temer que no estamos ante un caso más de rutina policial sino ante una muestra más de lo que puede significar la expansión de las actividades ligadas a la producción y tráfico de cocaína en nuestro país.
Por supuesto, y eso es lo primero que enseñan las experiencias propias y ajenas, se trata de un fenómeno que trasciende con mucho las posibilidades y responsabilidades de un gobierno. Craso error sería por eso atribuirlo a las acciones u omisiones del Gobierno actual, pues es muy poco lo que éste, como cualquier otro, puede hacer al respecto mientras no se modifiquen de manera sustancial las condiciones externas e internas que hacen tan atractivas y exitosas todas las actividades vinculadas directa o indirectamente con el negocio de la droga y, lo que es más peligroso, la distribución de sus beneficios.
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