tarde llega la reflexión de Los Tiempos, porque ya el G.20 (los 20 estados más ricos del universo) han puesto a Bolivia en la lista negra por su ineficencia en castigar el lavado de dinero del narcotráfico

Una serie de notas periodísticas publicadas en este matutino durante los últimos meses ha ido llamando la atención sobre un problema de cuya gravedad y posibles consecuencias no parecen estar plenamente conscientes las autoridades del área económica de nuestro país. Nos referimos a la manera persistente con que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) reprueba a Bolivia por la poca eficiencia con que afronta su compromiso de luchar contra el lavado de dinero proveniente del narcotráfico, y a la no menos reiterativa actitud de las autoridades gubernamentales que se niegan sistemáticamente a informar u opinar sobre el asunto, a no ser para minimizarlo.

Esa indiferencia, sin embargo, es más aparente que real pues ha habido durante los últimos meses una serie de esfuerzos para ejecutar las recomendaciones del GAFI. Así lo ha reconocido esa institución, pero en el momento de evaluar los resultados y no sólo las intenciones ha llegado a la conclusión, una vez más, de que Bolivia sigue sin hacer lo suficiente para desmantelar las redes dedicadas al lavado de activos provenientes de actividades ilícitas.

Para demostrar esa falta de correspondencia entre las intenciones y los hechos, el informe de junio pasado señalaba que la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) boliviana había recibido en los últimos cuatro años, entre 2007 y 2010, 835 denuncias relacionadas con el lavado de activos o legitimación de ganancias ilícitas sin que ninguno de esos casos haya concluido en una sentencia condenatoria.

Con el propósito de enmendar esa situación y así evitar que nuestro país sea incluido en la “lista negra”, lo que equivale a ser considerado un Estado delincuente, durante los últimos meses diferentes instancias estatales unieron sus fuerzas para mostrar alguna eficiencia. Así, en varios operativos, fueron desmantelados clanes ligados al lavado de dinero en medio de aparatosos despliegues publicitarios pero que, a juzgar por lo que dice la última evaluación, no fueron suficientes para satisfacer las exigencias del GAFI.

Preocupado por razones obvias por esa situación, Brasil ha incorporado al acuerdo bilateral de lucha contra el narcotráfico —recientemente suscrito con nuestro país— un acápite específicamente dedicado a la lucha contra el lavado de dinero a través de un software especializado que fue entregado a la UIF. Se espera que sirva para cerrar el flujo de dinero proveniente de actividades delictivas a la economía legal a través del sistema financiero.

Si tales medidas llegaran a tener el éxito esperado, es posible que Bolivia salga airosa de la próxima evaluación. Pero, también es probable que de ese modo se ocasione un muy grave daño a la economía nacional, pues es bien sabido que ya es demasiado grande el volumen de capitales provenientes de la cadena coca-cocaína que han dado inusitado dinamismo a sectores tan importantes como el comercio y la construcción.

No es fácil pues el reto que tiene al frente el Gobierno actual y es por eso comprensible la reticencia de las autoridades para abordar el asunto. No debe olvidarse, sin embargo, que eludir los problemas no es la mejor forma de librarse de ellos.