Los habitantes de Yapacaní estuvieron alertando sobre la situación irregular que han creado en toda la zona los colonizadores aliados de los cocaleros que han invadido el parque Choré, y los narcotraficantes que allí se han hecho fuertes.
En los últimos días esta situación se ha traducido en una grave crisis que afecta a la alcaldía de Yapacaní y que alcanza a los medios de comunicación de la zona, atacados por grupos violentos contrarios a la libertad de expresión.
Esta situación que se da en Yapacaní es similar a la que se presenta en otras zonas del país, aledañas a los cocales, donde se observa un grado de prepotencia que no se presenta en regiones donde hay otro tipo de cultivo, o directamente otra actividad económica predominante.
Caranavi es un ejemplo de esta realidad violenta que se instala en regiones próximas a los cultivos de coca. Muy cerca de allí, en Yucumo, fue donde el 25 de septiembre se produjo el episodio de violencia y agresión que sacudió la conciencia de los bolivianos.
Es conocida la intolerancia de los cocaleros del Chapare, que no aceptan la presencia de bolivianos que se dedican a otros cultivos y ni siquiera a otras actividades, como el turismo. Eso ocurrió con los ataques que sufrieron los bananeros de la zona y los propietarios de hoteles.
Algo parecido ocurre en la región de La Asunta, donde incluso se produjo un extraño accidente de aviación que acabó con la vida de jóvenes que trabajaban para el programa de control de cocales de las Naciones Unidas.
Son los cocaleros del Chapare los que no aceptaron la solución del conflicto por el Tipnis y han obligado al Gobierno a adoptar una posición indecisa, llena de contradicciones, negando la vigencia de una ley recién promulgada por el propio presidente Evo Morales.
Los cocaleros del Chapare han asumido el rol de vigilantes del parque, impidiendo el ingreso de los propios indígenas de la zona.
Lo peor de esta situación es que los cocaleros del Chapare, por su cuenta, sin importarles las indecisiones del propio presidente Morales, decidieron que siga adelante el trabajo de desmonte dentro del Tipnis para la construcción de la carretera que supuestamente no debe construirse.
Es decir que la autoridad de facto de los cocaleros ha decidido contrariar lo dispuesto por el Gobierno nacional mediante una ley expresa.
El presidente Morales ha estado diciendo cosas contradictorias sobre este tema, reflejando la situación incómoda en que se encuentra como cabeza de un Gobierno nacional cuya autoridad es cuestionada por el poder de los cocaleros del Chapare.
El parlamento nacional tiene, por lo tanto, la oportunidad de salir en defensa del poder constituido y respaldar la gestión del presidente Morales, además de respaldar sus propias iniciativas legislativas, como fue en este caso la ley referida al parque Isiboro Sécure
Los bolivianos estarían dispuestos a respaldar, si se diera el caso, al Gobierno constituido, si es desafiado, como en este caso, por sectores económicos que ahora cuestionan sus decisiones.
Habría que dejar en claro quién manda en Bolivia: si el Gobierno nacional o el poder económico y político de los cocaleros.
En los últimos días esta situación se ha traducido en una grave crisis que afecta a la alcaldía de Yapacaní y que alcanza a los medios de comunicación de la zona, atacados por grupos violentos contrarios a la libertad de expresión.
Esta situación que se da en Yapacaní es similar a la que se presenta en otras zonas del país, aledañas a los cocales, donde se observa un grado de prepotencia que no se presenta en regiones donde hay otro tipo de cultivo, o directamente otra actividad económica predominante.
Caranavi es un ejemplo de esta realidad violenta que se instala en regiones próximas a los cultivos de coca. Muy cerca de allí, en Yucumo, fue donde el 25 de septiembre se produjo el episodio de violencia y agresión que sacudió la conciencia de los bolivianos.
Es conocida la intolerancia de los cocaleros del Chapare, que no aceptan la presencia de bolivianos que se dedican a otros cultivos y ni siquiera a otras actividades, como el turismo. Eso ocurrió con los ataques que sufrieron los bananeros de la zona y los propietarios de hoteles.
Algo parecido ocurre en la región de La Asunta, donde incluso se produjo un extraño accidente de aviación que acabó con la vida de jóvenes que trabajaban para el programa de control de cocales de las Naciones Unidas.
Son los cocaleros del Chapare los que no aceptaron la solución del conflicto por el Tipnis y han obligado al Gobierno a adoptar una posición indecisa, llena de contradicciones, negando la vigencia de una ley recién promulgada por el propio presidente Evo Morales.
Los cocaleros del Chapare han asumido el rol de vigilantes del parque, impidiendo el ingreso de los propios indígenas de la zona.
Lo peor de esta situación es que los cocaleros del Chapare, por su cuenta, sin importarles las indecisiones del propio presidente Morales, decidieron que siga adelante el trabajo de desmonte dentro del Tipnis para la construcción de la carretera que supuestamente no debe construirse.
Es decir que la autoridad de facto de los cocaleros ha decidido contrariar lo dispuesto por el Gobierno nacional mediante una ley expresa.
El presidente Morales ha estado diciendo cosas contradictorias sobre este tema, reflejando la situación incómoda en que se encuentra como cabeza de un Gobierno nacional cuya autoridad es cuestionada por el poder de los cocaleros del Chapare.
El parlamento nacional tiene, por lo tanto, la oportunidad de salir en defensa del poder constituido y respaldar la gestión del presidente Morales, además de respaldar sus propias iniciativas legislativas, como fue en este caso la ley referida al parque Isiboro Sécure
Los bolivianos estarían dispuestos a respaldar, si se diera el caso, al Gobierno constituido, si es desafiado, como en este caso, por sectores económicos que ahora cuestionan sus decisiones.
Habría que dejar en claro quién manda en Bolivia: si el Gobierno nacional o el poder económico y político de los cocaleros.
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