Dos ex cancilleres afirmaron, este sábado, que la suspensión -por tercera vez- de la firma del acuerdo trinacional con EEUU y Brasil, sobre el Proyecto Piloto de Sistema de Control de la Reducción de Cultivos Excedentarios de Coca, es preocupante y advierten problemas más allá de los problemas de fondo señalados por el Gobierno.
“Ya está llamando la atención. Aunque siempre hay explicaciones oficialistas para tratar de justificar el asunto, Bolivia debe cuidar su imagen institucional porque es un país importante es este asunto”, sostuvo el ex canciller Armando Loaiza. “Se daña su credibilidad en un área muy sensible”.
Loaiza afirma que Bolivia tiene que velar por la seguridad de sus compromisos que son de importancia multilateral. Dice que al parecer no se trata de un solo convenio sino de dos a nivel bilateral, “y supongo que a ello se deben las postergaciones aunque espero que sean a nivel logístico, pero no se descarta la otra posibilidad, de que hayan discrepancias en el texto. Es que es un tema muy delicado, los convenios y tratados se firman para hacerlos cumplir”, dijo el ex canciller.
Asimismo, Javier Murillo de la Rocha, también ex canciller de la República, señaló que a veces suceden imponderables que dificultan consensuar fechas para la reunión entre legaciones diplomáticas. Pero al darse una suspensión por tercera vez, “pues resulta indudable que existen algunos aspectos por pulir para llegar a un texto final”.
“Las discrepancias pueden resolverse, hay que averiguar dónde están. Las cuestiones de logística y protocolo no son una cuestión de fondo, así que al parecer es un tema de texto al ser un tema tan delicado no sólo para el país sino también para la región. No es lo ideal postergar la firma de convenios pues no se exhibe una buena imagen”, señaló de la Rocha.
La suscripción del acuerdo trilateral debía haberse concretado a finales de agosto tal como lo señaló el viceministro de Defensa Social, luego se programó para el jueves, en un acto paralelo a la reunión del Consejo sudamericano sobre la problemática mundial de las drogas (CSPMD) de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur).
Para el viernes se anunció la firma de este acuerdo, pero tampoco se cristalizó. Entonces, el viceministro Cáceres informó que existían problemas "lógisticos y de horario" que habían impedido firmar el entendimiento. En todo caso, la autoridad anticipó que el documento será suscrito esta semana.
El acuerdo permitirá la aplicación de un nuevo método de evaluación a las plantaciones excedentarias de la hoja de coca como también a la cantidad de la hoja erradicada. Las evaluaciones se realizarán a diario y ya no así de manera anual, como se hace hasta ahora.
De manera paralela, el gobierno boliviano encargó la ejecución de un estudio sobre la cantidad de coca que se consume legalmente en el país. La Unión Europea respaldó este estudio, el mismo que ya estaría concluido, aunque el gobierno tampoco ha fijado la fecha para la entrega del informe.
De acuerdo con la ley 1008, en Bolivia se permite la plantación de hasta 12.000 hectáreas de coca lega, no obstante, la Oficina de Naciones Unidas para la lucha contra el Delito (ONUDC) reportó la existencia de 31.000 hectáreas de cocales, en una tendencia de menor crecimiento con respecto a los años anteriores.
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