policias, nada menos que con grado de coroneles investigados como nexos de los narcos. diversos organismos disciplinarios de la policía habrían tomado contacto con estos jefes lo que constituye un nuevo escándalo que llena de estupor a la ciudadanía

Al menos cinco coroneles de Policía que ocupan altos cargos en direcciones son investigados por sus nexos con el narcotráfico, según informes de inteligencia del Ministerio de Gobierno.

Estos oficiales, según los datos obtenidos por La Prensa, los cinco oficiales gozan de la protección del actual Alto Mando Policial pese a existir en su contra notas de cargo por parte de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) y la Dirección General de Investigación Policial Interna (Digipi).

De acuerdo con el informe, los cinco oficiales gozan de protección interna desde el 2014, antes de que ingresara el actual ministro de Gobierno Carlos Romero y sea relevado del cargo el coronel Grover Mercado, que estuvo como director de esta instancia menos de seis meses.

Los informantes, de quienes se mantiene sus nombres en reserva, dijeron que dos de los directores están en La Paz y que pese a evidencias en su contra fungen como directores nacionales de dos instancias importantes de la Policía.

En tanto, otro director está en Cochabamba, sin precisar al cuarto y quinto oficial observado por su relación con el narcotráfico y con el exgeneral Óscar Nina a quien “le tendieron la cama miembros del Ejecutivo y del mismo Alto Mando” señalaron los consultados.

PRESIDENTE. Sobre estos casos y en particular del coronel Juan Carlos Tapia que fue liberado por una juez después de ser hallado con 42,7 kilos de cocaína, el presidente de Estado, Evo Morales, dijo que algunos jueces parecen “socios de narcotraficantes”.

El mandatario de Estado dijo en la evaluación de la erradicación en Chimoré que “en vez de que la justicia acompañe a esta lucha contra el narcotráfico, más bien algunos miembros de la justicia, algunos jueces (son o parecen) aliados o socios de delincuentes de narcotraficantes”.

DETENIDOS. El lunes la jueza Vivian Gonzales Rioja, quien otorgó la libertad provisional al imputado por narcotráfico fue aprehendida y al día siguiente el coronel Tapia por segunda vez, y trasladado a instalaciones del Tribunal Disciplinario del Comando de la Policía.

Gómer Padilla, fiscal departamental de Santa Cruz, declaró a la red Unitel que “como dice la norma, en un plazo de 24 horas la vamos a poner en disposición de un Juez Cautelar por los delitos de incumplimiento de deberes, prevaricato y resoluciones contrarias a las leyes y la Constitución”.

Después de las medidas sustitutas a favor de Tapia, arraigo y una fianza de 50 mil bolivianos, se generó una ola de cuestionamientos en el órgano Legislativo, donde el senador Arturo Murillo dijo que Tapia era miembros de una de cinco organizaciones que fue creada por el exgeneral Oscar Nina y que estaban en plenas operaciones ilegales. “No quiero manchar a la toda la Policía, pero hay malos funcionarios de esa institución que están involucrados con corrupción y narcotráfico”.

Murillo dijo que inició una investigación y que hay evidencias de que ocupan cargos altos en la Policía donde se maneja recursos económicos, Transito, FELCN, DENAFyR, Policía Rural y Fronteriza y la Policía Caminera.

“Tenemos identificados a cinco personas que tenían privilegios. Que se movían en diferentes áreas donde se manejan recursos económicos”.

En tanto el excomandante del Grupo de Apoyo Civil a la Policía (Gacip) en El Alto, Juan Carlos Tapia Mendoza, debe afrontar un proceso de apelación para revocar sus medidas sustitutivas y enviado a la cárcel de Palmasola.

se refiere a la corrupción en la Policía. aparecen más ymás casos de policías corruptos especialmente en el área de narcóticos. OPINION insta asumir medidas para prevenir el delito en la institución. el castigo debería ser excepcional, que sirva de prevención.

Las autoridades adoptan importantes medidas para procesar a policías acusados de corrupción, pero es urgente crear mecanismos para evitar delitos dentro la institución.

Diez funcionarios policiales están en la cárcel, acusados de filtrar información a narcotraficantes. Adicionalmente, las autoridades de Gobierno investigan a un grupo de 64 servidores públicos sospechosos de corrupción, puesto que la fuga de información hizo fracasar varias operaciones antidroga. 

Someter a la justicia ordinaria a los sospechosos y sancionar la corrupción sin demoras es una buena señal, puesto que este año los malos oficiales han protagonizado diversos hechos censurables. La pasada semana, se atrapó a un funcionario policial entre los sindicados de traficar 643 kilos de marihuana en la localidad tarijeña de Villamontes. 

A fines de julio, un juez encarceló preventivamente a un policía que intentaba apropiarse de la droga de un narcotraficante de Colcapirhua, en Cochabamba.

Pocos días antes, se registró un mayor escándalo pues un recluso fue sorprendido en flagrancia preparando un alijo con 10 kilos de cocaína, mientras los policías que lo custodiaban no reportaron el delito del reo. Una de las hipótesis es que la droga iba a ser internada y vendida en el penal de San Sebastián.

Las autoridades de Gobierno anunciaron el mes pasado la elaboración de una ley corta para incentivar las denuncias de corrupción en las entidades públicas. Ojalá se apruebe pronto la norma que busca proteger a denunciantes.

Además, la normativa permitirá a los subalternos romper la jerarquía para denunciar hechos de corrupción y recibir, a la vez, protección legal.

Es plausible que las autoridades comiencen a adoptar medidas contra la corrupción en la Policía, puesto que la población tiene derecho a contar con servicios transparentes y confiables.

Paralelamente, es imperativo que se desarrollen acciones para prevenir el delito en la institución policial. El castigo al crimen, si bien es imprescindible y ejemplarizador, debería ser excepcional, en lugar de darse con la frecuencia que se ve últimamente.

En marzo pasado, tres policías fueron capturados, acusados de traficar drogas. Un cabo que trabajaba en la cárcel de El Abra fue descubierto como cómplice de una mujer que internaba droga al reclusorio. Poco después, atraparon a un policía con dos kilos de droga, en tanto que el tercero cayó cuando trataba de internar marihuana al penal de San Antonio.

No hay duda de que la Policía necesita una reforma estructural para erradicar la corrupción y el enriquecimiento ilícito. 

En junio, la generala Rosario Chávez denunció la existencia de clanes en la Policía que extorsionaban a subalternos. Por su parte, la secretaria general de Asociación Nacional de Suboficiales, Sargentos, Clases y Policías (Anssclapol) reconoció que es "extraordinariamente difícil" ir contra la "mafia" en la Policía. En tanto que funcionarios policiales cuestionaron el papel de la Dirección Departamental de Investigación Policial que recibe denuncias gravísimas contra agentes y las “evapora”. Hasta ahora se desconocen los resultados de esas denuncias.

Los agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) son los más vulnerables, porque son tentados con frecuencia y, a veces, “comprados” por los narcotraficantes que manejan ingentes cantidades de dinero y fácilmente pueden corromper a los oficiales faltos de ética y con bajos salarios.

en todo tiempo, la Policia como el Ejército han sido fuentes de latrocinio. compras con sobreprecio "modus operandi" falsos vendedores y cotizaciones falsas y falsos precios, salvo los del adjudicatario, "socio del comprador". dudamos que algún Fiscal descubra algo.

El Ministerio Público de La Paz investiga una denuncia de compra con sobreprecio de uniformes (blusas) en la Policía Boliviana en 2013. Dentro del proceso está en calidad de acusado el excomandante de esa institución, general (r) Alberto Aracena.

La información a la que accedió La Razón cursa en el Ministerio Público. Este caso salió a luz pública después de conocerse denuncias de actos de ilícitos en la Policía, como la venta de información en la lucha antinarcóticos, la misma que fue advertida por el propio presidente Evo Morales, el lunes.

Una fuente vinculada al proceso en la Fiscalía informó que este caso se encuentra en etapa de investigación desde 2014, por irregularidades observadas en la adquisición de uniformes policiales para la tropa, consistente en blusas durante la gestión 2013. Aracena es sindicado de suscribir el contrato de la compra irregular en el que existiría un sobreprecio, lo que sería investigado por la División Anticorrupción del Ministerio Público paceño.

Comisión. Esta misma fuente señaló que la acusación fue presentada por una exjefa policial, ya que se causó un daño económico a la institución y al Estado de cerca de Bs 200.000. Este diario intentó obtener una respuesta de Aracena, pero no tuvo éxito, debido a que sus dos teléfonos móviles estaban fuera de servicio.

Al referirse al caso, Róger Velásquez, fiscal de la División Anticorrupción de la Fiscalía, confirmó que el proceso en contra del excomandante está radicado en su despacho y en plena etapa de investigación, pese a que ya lleva un año. No obstante, aseguró no tener detalles del proceso porque la causa era amplia. Además, arguyó de que este caso lo llevaba como cualquier otro, con el ritmo correspondiente. No obstante, hizo conocer que existen aproximadamente 6.000 procesos en la oficina a su cargo, a los que debe atender de igual forma.

El actual comandante nacional de la Policía Boliviana, general Édgar Téllez, aseguró no tener detalles sobre el caso, ya que éste se encuentra en instancias jurisdiccionales que son las responsables de dar la información correspondiente y acertada.

En enero de 2014, la representante de las esposas de policías, Guadalupe Cárdenas, además denunció, ante los medios de comunicación de La Paz, actos irregulares en la compra de los uniformes, por lo que los entonces jefes de la institución estaban manchados por acciones de corrupción.

En febrero del mismo año, el representante de la Asociación de Suboficiales, Sargentos, Clases y Policías (Anssclapol) en Cochabamba, José Cáceres, denunció que los uniformes que les dotaron eran de mala calidad, por lo que exigió el inicio de una investigación sobre la adquisición de las prendas que “no servían”.

Respecto a los actos ilícitos en la institución, en junio de 2015, la exsubcomandante de la Policía, general Rosario Chávez, luego de ser destituida del cargo, reveló que en el Alto Mando de la Policía Boliviana existían personas que tienen denuncias de corrupción y extorsión a otros uniformados.

En esa línea, en las dos últimas semanas se dio a conocer de actos ilícitos al interior de la Policía, sobre todo con algunos efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), por lo que se los detuvo en Cochabamba por volteo de droga y en Santa Cruz de la Sierra por extorsión a traficantes de droga, entre otros. En 2014, la entonces ministra Anticorrupción, Nardi Suxo, también denunció actos de corrupción cometidos por exjefes policiales. Posteriormente, por emitir esas sindicaciones, recibió amenazas contra su vida.

Medidas para denunciar

Proyecto

Ante los hechos irregulares, el Gobierno, a través de una ley corta, creará instancias garantizadas para  que el personal subalterno pueda denunciar actos de corrupción de sus jefes en la Policía Boliviana, Fuerzas Armadas e instituciones públicas.

horas más se celebra "El Dia del Policia", es que San Juan es una fiesta muy popular, que coincide con grandes publicaciones sobre corrupción entre "los verdes" por el color del uniforme. no obstante las denuncias de una "generala resentida", con nombres y apellidos, pronto se defenderán y "el mando del olvido, sepultará la corrupción y como antes, todo volverá a lo mismo. acordarse de esta predicción. informe de El Deber, SC

Los expedientes de unos 30 oficiales de la Policía fueron remitidos para ser investigados sobre la posible comisión de delitos de corrupción y, según el informe preliminar, al menos 12 oficiales serán enjuiciados por falsedad de declaración de bienes y por enriquecimiento ilícito. El documento fue divulgado ayer por la ministra de Transparencia, Lenny Valdivia.

“Hemos generado 30 procesos penales contra servidores públicos de la Policía, también hemos remitido a los tribunales disciplinarios cuatro casos para que se sancione en la vía disciplinaria y tenemos otros casos que están en etapa de investigación”, dijo la autoridad en conferencia de prensa.

Según el documento oficial al que accedió EL DEBER, se trata de cinco oficiales de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn), dos jefes regionales de La Paz, un jefe nacional de Inteligencia, un jefe nacional de Planificación y Operaciones y un jefe de esta unidad policial.
En cuanto a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), hay cuatro jefes: tres directores departamentales, dos de La Paz y uno de Cochabamba, y un jefe operativo de Santa Cruz.

En el caso del Control Operativo Aduanero (COA), se trata de dos directores regionales, uno de Tarija y el otro de La Paz, que ya están enjuiciados por declaración falsa de sus rentas y bienes; además, por enriquecimiento ilícito.

Finalmente, la nómina tiene a un jefe de la unidad jurídica de La Paz, que es procesado por los mismos delitos que sus camaradas.
En la nómina total figuran 30 nombres y el reporte indica que se encontraron suficientes indicios para remitir estos 12 casos a la justicia ordinaria, aunque también señala que los otros casos siguen en proceso de investigación por la Fiscalía.

Cada cuatro añosLa ministra Valdivia afirmó que actualmente los policías presentan sus declaraciones juradas de bienes y rentas cada cuatro años o cada vez que tienen que ascender de rango. En su criterio, por la sensibilidad que tiene esta entidad, las declaraciones se deberían hacer cada año porque los policías también son funcionarios públicos, dijo la ministra que exhortó a la Contraloría General del Estado a generar mecanismos que permitan este tipo de fiscalización documental.

Régimen disciplinarioDe igual modo, la funcionaria de Estado dijo que la reforma estructural de la entidad verde olivo debería tomar en cuenta el régimen disciplinario y las limitaciones que enfrenta actualmente porque los miembros de esta instancia son policías y, que como existe una conformación vertical, los juzgadores son presionados y planteó la posibilidad de que los oficiales de bajo rango y suboficiales también formen parte de los tribunales internos que tiene la institución, a fin de generar equilibrios

no sabe cómo salir del paso. acusa a Nina, "la investigación lleva años" cuando Nina replica "los ministros estaban enterados", dice que miente y lo meten a la cárcel y le quitan sus grados y lo sacan de la Institución. qué hay en el fondo?

Iván Paredes Tamayo
ivan.paredes@eldeber.com.bo

Las acusaciones del exsenador Róger Pinto, refugiado en Brasil, causaron una especie de herida en autoridades de Gobierno. Y de inmediato salieron al paso y acusaron al ex legislador pandino de ‘conspirar’ contra la administración de Evo Morales y le pidieron que regrese al país para que enfrente los procesos legales en su contra. 

La molestia se extendió al exministro de Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez Berzaín, a la revista brasileña Veja y a la televisora estadounidense Univisión, a quienes denunciaron de promover una campaña mediática contra el mandatario boliviano. 

Pinto denunció que los exjefes policiales Óscar Nina y René Sanabria, el primero detenido por legitimación de ganancias ilícitas y acusado de tener vínculos con el cártel del mexicano Joaquín “Chapo” Guzmán, y el segundo por narcotráfico, tuvieron relación con personeros del Gobierno.
Dijo, a través de una videoconferencia, que los ‘jefes’ de Nina eran el ministro Juan Ramón Quintana y el embajador boliviano ante la ONU, Sacha Llorenti, a quien también lo involucró con Sanabria. Además, nombró al senador Carlos Romero y a los exasambleístas Fidel Surco e Isaac Ávalos y los acusó de tener contacto con gente del narcotráfico. 

Críticas a mediosEl ministro de Gobierno, Hugo Moldiz, acusó a Pinto de intentar generar una “conspiración político-mediática” que busca ‘desprestigiar’ la gestión de Evo Morales. La autoridad incluyó en esta estrategia a Sánchez Berzaín, a Univisón, que “reeditó” un reportaje que describe a Bolivia como “narco-Estado”. En esta producción hay declaraciones de Douglas Farah, a quien Moldiz lo vinculó con Sánchez Berzaín y dijo que era asesor de inteligencia del Gobierno de Washington. 

“(Farah) recibió financiamiento de la fundación Instituto Interamericano para la Democracia, con sede en Miami (Estados Unidos), y dirigida por Sánchez Berzaín”, dijo Moldiz. 

Sobre la denuncia de Pinto, el viceministro de Coordinación con Movimients Sociales, Alfredo Rada, afirmó que el refugiado hace un “burdo ataque” contra el Gobierno y le pidió regresar al país para enfrentar sus procesos jurídicos. 

“Lo único que buscan es generar sombras sobre la actividad del Poder Ejecutivo cuando es precisamente este Gobierno el que ha llevado adelante las investigaciones que dieron con el resultado de la detención del señor Nina”, remarcó el viceministro Rada.
Moldiz reveló que la detención de Nina es producto de cuatro años de investigación. 

Surco minimizó lo dicho por Pinto y lo llamó “mentiroso”

Los Tiempos nos trae una buena relación de la actuación judicial en SC que duró de 9.30 am., hasta cerca de las 22.00 pm cuando la jueza Ximena Flores mandó a Palmasola a Oscar Nina acusado de ser narcotraficante.

El excomandante de la Policía Boliviana Óscar Nina fue enviado anoche a la cárcel de Palmasola por los presuntos delitos de legitimación de ganancias y colaboración a la legitimación de ganancias ilícitas, por orden de la jueza quinta de Instrucción en lo Penal, Ximena Flores.

La misma medida, de detención preventiva en el penal de Santa Cruz, la jueza dispuso para el hijo del exjefe policial, el subteniente Óscar Nina Morales, y para al exedecán, el mayor de la Policía Javier Millán.

La esposa del general Nina, Nancy Morales Mendieta, y su hija Naima Lorena Nina Morales fueron dejadas en libertad bajo una fianza económica de 20.000 bolivianos   

Fueron casi 11 horas de intensos alegatos y de resolución de recursos en una audiencia marcada por el hermetismo, ya que no se permitió el acceso a la prensa y las medidas de seguridad fueron reforzadas en el Juzgado Quinto de Instrucción en lo Penal, ubicado en la zona de Los Lotes, donde se instaló la audiencia cerca de las 9:30.

Debido a tres incidentes procesales presentados por los abogados defensores de Nina, se dilató el debate hasta las 13:30, cuando la jueza declaró un cuarto intermedio hasta las 15:30.

Hasta pasado el mediodía, no se conocía con certeza la situación jurídica del general Óscar Nina, pese a que antes de llegar a Santa Cruz el ministro de Gobierno, Hugo Moldiz, precisó que estaba detenido y que su futuro dependía de lo que resolviera la justicia.   

Incluso en el recinto judicial  se comentaba la posibilidad de una ampliación de la imputación por parte de los fiscales, que hacían prever una investigación por los presuntos uso de influencias y nexos con el narcotráfico.

El fuerte dispositivo policial impidió que la esposa y los hijos del general Nina sean fotografiados y vistos por los periodistas que llegaron hasta el módulo judicial de Los Lotes.

Cuando la jueza determinó el intermedio, pasado el mediodía, Nina salió del recinto sin escolta policial, a buscar donde almorzar a unos metros del lugar junto a su abogado Nery Fernández.

“No sé cómo vienen a sacar este problema después de tanto tiempo. Esto es algo político y me molesta que se metan con mi familia”, le dijo Nina a un grupo de periodistas, dolido porque la noche anterior habían detenido a su esposa y sus dos hijos. Y después murmuró: “Cuando acabe la audiencia voy a hablar todo”.

Cambio de sede y amenazas

A la hora fijada, por la tarde, se reinstaló la audiencia en el módulo judicial de la zona sur de la capital cruceña; sin embargo, pasadas las 16:30 llegó un equipo de la Cooperativa Rural de Electrificación y cortó el suministro de energía eléctrica por falta de pago. Con este inconveniente la audiencia siguió hasta las 18:45.  Cuando anocheció, la jueza Flores decidió cambiar la sede para proseguir con la misma.

De inmediato, se armó el operativo de traslado a las dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

A las 20:30, se presentó en la audiencia el comandante de la Felcc, Juan Carlos Ramos, y cinco minutos más tarde lo hizo el fiscal del Distrito de Santa Cruz, Gomer Padilla.

La audiencia concluyó a las 23:41 y, a la salida, la fiscal Ana Luisa Heredia –con la voz entrecortada– dijo que había sido amenazada de muerte, pero no precisó por quién o quiénes; la jueza Ximena Flores dejó la Felcc con una fuerte custodia policial.

Pasada la medianoche, en la Felcc se informó que los detenidos se quedarían en las celdas de ese recinto hasta hoy y en las próximas horas serían remitidos a la cárcel de Palamasola.

“Hay serias sospechas”

El ministro de Gobierno, Hugo Moldiz, dijo ayer que existen “serias sospechas” de que la familia del excomandante de la Policía Boliviana Óscar Nina esté vinculada a delitos de narcotráfico, “por eso, el Ministerio de Gobierno también está metido en esto y creemos que se ha dado un buen primer paso y le corresponde hoy a la justicia acelerar la resolución de este caso para sentar un precedente”, declaró a la conclusión de la reunión de gabinete.

Nina asumió como jefe policial antidrogas después de que el presidente Evo Morales expulsará a la Agencia Antinarcóticos Estadounidense (DEA) a finales de 2008 por sospechas de espiar a su Gobierno.

En aquel entonces, Nina era hombre de confianza de Morales, quien le encomendó reorganizar la fuerza antinarcóticos, y el 24 de enero de 2010 fue designado comandante de la policía.

Un año después -11 de marzo de 2011- fue relevado del cargo en medio de un escándalo luego de que en Miami fue detenido el general René Sanabria, otro exjefe policial antidrogas, por tráfico de un cargamento de cocaína. Dicha detención en febrero de 2011 llevó al arresto de otros policías cómplices en Bolivia.

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