El ex fiscal Marcelo Soza Álvarez admitió que durante el proceso de investigación del caso Rózsa, la ambición económica de Raúl García Linera (hermano del vicepresidente), Luis Clavijo - coordinadores de la investigación - y el poder político del Ministerio de Gobierno, originaron un "proceso de extorsión sistemática" sin límites que afectó al funcionamiento del Ministerio Público.
En una entrevista concedida a la ANF el 8 de mayo a las 16.35 en Brasilia, Soza dijo que las recientes acusaciones del gobierno sobre prácticas de extorsión, son pretextos para que las autoridades de gobierno se "laven las manos" ante el fracaso judicial de esclarecer el caso Rózsa, en su opinión, liquidado por la falta de credibilidad.
Recordó que García Linera y Clavijo le pedían que haga pública la nómina de posibles involucrados para llamarlos a declarar y luego de publicada en los medios de comunicación social, de pronto varios no eran convocados por los investigadores por un impedimento sistemático.
El ex fiscal considera que en ese momento surgieron los actos de extorsión y las declaraciones pactadas para implicar a otras personas. "Me encontraba atrapado en una red de corrupción del gobierno", afirmó en su declaración escrita entregada al Consejo Nacional de Refugiados (Conare) de Brasil, que considera una solicitud de refugio en su calidad de perseguido político.
"Lo que verdaderamente afectó a fondo la investigación fue que se utilizó para extorsionar y enriquecerse. Luis Norberto Clavijo, Raúl García Linera y otros abogados se apropiaron en gran parte del proceso para su beneficio propio", aseguró a tiempo de señalar que esas personas desviaron el curso de la investigación al instruir la búsqueda de los financiadores del grupo de Eduardo Rózsa.
Soza tiene abierto un caso de extorsión presentado por el ex prefecto de Santa Cruz, Zvonko Matkovic y múltiples testigos en contra que aseguran haber operado por encargo del ex fiscal. Y cuando la Fiscalía Anticorrupción lo acorraló para que se presente a declarar bajo pena de ser aprehendido, huyó del país rumbo a Brasil.
Sin embargo en su descargo, sostuvo que en una oportunidad le comentó al presidente Evo Morales de los actos de extorsión que implicaban a la entonces candidata a la Gobernación, Jessica Jordan, la que se habría dedicado a extorsionar a mucha gente de Trinidad, junto a su tía Ana Claudia Arruda, a las que no pudo investigar porque se enteró que el presidente Evo Morales había enviado a su seguridad personal, el capitán Wilber Bacarreza Molina, como encargado de la Seguridad de la Candidata a la Gobernación.
En su relato ante el Conare, recordó que la tía de Jessica Jordan, Ana Claudia Arruda, que se encuentra detenida en la cárcel de Palmasola por el delito de estafa, tenía el número telefónico 75003… y desde ese teléfono se comunicaba en forma directa con el Vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera a los teléfonos 71263… y 70645…, y el ministro Quintana que tenía el número 73044…, quien había tomado a su cargo al Departamento del Beni.
Sostuvo que en ese tiempo existía un mandamiento de apremio en contra de Arruda, "el que entregué personalmente al Ministro Juan Ramón Quintana, el que nunca ordenó su ejecución. Claudia Arruda en sus actos extorsivos hablaba a nombre del Ministro de la Presidencia", dice en otra parte de su relato.
Manifestó que el ministro Quintana intervino en pasajes específicos sobre todo cuando los hechos tenían relevancia para el departamento del Beni. "Fue un permanente protector de Jessica Jordán Burton y evitó su enjuiciamiento. Lo mismo con respecto a Ana Claudia Arruda", acotó.
En su opinión, en Bolivia no hay respeto a la independencia judicial ni del Ministerio Público, motivo por el que salió del país, debido a que estaba en riesgo su vida, y lamentó que en el país no se respeten el debido proceso ni las garantías constitucionales que, en su criterio, son "digitadas por el Ministro de Gobierno, a través del viceministro Jorge Pérez".
Aseguró conocer como pocos "la forma en la cual se manejan los jueces y fiscales en Bolivia. El grado de influencia del gobierno sobre la justicia es absoluto. Si un juez o fiscal decide resistir sus dictados, simplemente son destituidos, enjuiciados penalmente y condenados a una muerte civil en el ejercicio de su profesión", indicó el polémico ex representante del Ministerio Público.
La Agencia de Noticias Fides (ANF) difunde a continuación la segunda parte de la entrevista realizada al ex fiscal Marcelo Soza Álvarez en Brasilia:
