Las autoridades adoptan importantes medidas para procesar a policías acusados de corrupción, pero es urgente crear mecanismos para evitar delitos dentro la institución.
Diez funcionarios policiales están en la cárcel, acusados de filtrar información a narcotraficantes. Adicionalmente, las autoridades de Gobierno investigan a un grupo de 64 servidores públicos sospechosos de corrupción, puesto que la fuga de información hizo fracasar varias operaciones antidroga.
Someter a la justicia ordinaria a los sospechosos y sancionar la corrupción sin demoras es una buena señal, puesto que este año los malos oficiales han protagonizado diversos hechos censurables. La pasada semana, se atrapó a un funcionario policial entre los sindicados de traficar 643 kilos de marihuana en la localidad tarijeña de Villamontes.
A fines de julio, un juez encarceló preventivamente a un policía que intentaba apropiarse de la droga de un narcotraficante de Colcapirhua, en Cochabamba.
Pocos días antes, se registró un mayor escándalo pues un recluso fue sorprendido en flagrancia preparando un alijo con 10 kilos de cocaína, mientras los policías que lo custodiaban no reportaron el delito del reo. Una de las hipótesis es que la droga iba a ser internada y vendida en el penal de San Sebastián.
Las autoridades de Gobierno anunciaron el mes pasado la elaboración de una ley corta para incentivar las denuncias de corrupción en las entidades públicas. Ojalá se apruebe pronto la norma que busca proteger a denunciantes.
Además, la normativa permitirá a los subalternos romper la jerarquía para denunciar hechos de corrupción y recibir, a la vez, protección legal.
Es plausible que las autoridades comiencen a adoptar medidas contra la corrupción en la Policía, puesto que la población tiene derecho a contar con servicios transparentes y confiables.
Paralelamente, es imperativo que se desarrollen acciones para prevenir el delito en la institución policial. El castigo al crimen, si bien es imprescindible y ejemplarizador, debería ser excepcional, en lugar de darse con la frecuencia que se ve últimamente.
En marzo pasado, tres policías fueron capturados, acusados de traficar drogas. Un cabo que trabajaba en la cárcel de El Abra fue descubierto como cómplice de una mujer que internaba droga al reclusorio. Poco después, atraparon a un policía con dos kilos de droga, en tanto que el tercero cayó cuando trataba de internar marihuana al penal de San Antonio.
No hay duda de que la Policía necesita una reforma estructural para erradicar la corrupción y el enriquecimiento ilícito.
En junio, la generala Rosario Chávez denunció la existencia de clanes en la Policía que extorsionaban a subalternos. Por su parte, la secretaria general de Asociación Nacional de Suboficiales, Sargentos, Clases y Policías (Anssclapol) reconoció que es "extraordinariamente difícil" ir contra la "mafia" en la Policía. En tanto que funcionarios policiales cuestionaron el papel de la Dirección Departamental de Investigación Policial que recibe denuncias gravísimas contra agentes y las “evapora”. Hasta ahora se desconocen los resultados de esas denuncias.
Los agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) son los más vulnerables, porque son tentados con frecuencia y, a veces, “comprados” por los narcotraficantes que manejan ingentes cantidades de dinero y fácilmente pueden corromper a los oficiales faltos de ética y con bajos salarios.
Someter a la justicia ordinaria a los sospechosos y sancionar la corrupción sin demoras es una buena señal, puesto que este año los malos oficiales han protagonizado diversos hechos censurables. La pasada semana, se atrapó a un funcionario policial entre los sindicados de traficar 643 kilos de marihuana en la localidad tarijeña de Villamontes.
A fines de julio, un juez encarceló preventivamente a un policía que intentaba apropiarse de la droga de un narcotraficante de Colcapirhua, en Cochabamba.
Pocos días antes, se registró un mayor escándalo pues un recluso fue sorprendido en flagrancia preparando un alijo con 10 kilos de cocaína, mientras los policías que lo custodiaban no reportaron el delito del reo. Una de las hipótesis es que la droga iba a ser internada y vendida en el penal de San Sebastián.
Las autoridades de Gobierno anunciaron el mes pasado la elaboración de una ley corta para incentivar las denuncias de corrupción en las entidades públicas. Ojalá se apruebe pronto la norma que busca proteger a denunciantes.
Además, la normativa permitirá a los subalternos romper la jerarquía para denunciar hechos de corrupción y recibir, a la vez, protección legal.
Es plausible que las autoridades comiencen a adoptar medidas contra la corrupción en la Policía, puesto que la población tiene derecho a contar con servicios transparentes y confiables.
Paralelamente, es imperativo que se desarrollen acciones para prevenir el delito en la institución policial. El castigo al crimen, si bien es imprescindible y ejemplarizador, debería ser excepcional, en lugar de darse con la frecuencia que se ve últimamente.
En marzo pasado, tres policías fueron capturados, acusados de traficar drogas. Un cabo que trabajaba en la cárcel de El Abra fue descubierto como cómplice de una mujer que internaba droga al reclusorio. Poco después, atraparon a un policía con dos kilos de droga, en tanto que el tercero cayó cuando trataba de internar marihuana al penal de San Antonio.
No hay duda de que la Policía necesita una reforma estructural para erradicar la corrupción y el enriquecimiento ilícito.
En junio, la generala Rosario Chávez denunció la existencia de clanes en la Policía que extorsionaban a subalternos. Por su parte, la secretaria general de Asociación Nacional de Suboficiales, Sargentos, Clases y Policías (Anssclapol) reconoció que es "extraordinariamente difícil" ir contra la "mafia" en la Policía. En tanto que funcionarios policiales cuestionaron el papel de la Dirección Departamental de Investigación Policial que recibe denuncias gravísimas contra agentes y las “evapora”. Hasta ahora se desconocen los resultados de esas denuncias.
Los agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) son los más vulnerables, porque son tentados con frecuencia y, a veces, “comprados” por los narcotraficantes que manejan ingentes cantidades de dinero y fácilmente pueden corromper a los oficiales faltos de ética y con bajos salarios.
