la versión de Radio Fides revela que los "linchados" uno de ellos ya fallecido, recibían pago, instrucciones y armas y vehículos de narcotraficantes con lo que cometían sus atracos.

Los atracadores que cayeron en Ivirgarzama en el trópico cochabambino el fin de semana, y que estuvieron a punto de ser linchados, operaban con recursos del narcotráfico para conseguir autos a pedido de la clientela, Radio Fides tuvo acceso al acta testifical de Rubén Aguilar Cuellar, uno de los delincuentes capturados y actualmente con detención preventiva, que revela los nexos que tenían con el negocio de la droga.

Según la declaración se señala a un tal Rony Basualdo, que es un narcotraficante que se encuentra prófugo, él les habría proveído las armas y los uniformes de UMOPAR para atracar al propietario de un automóvil Nissan Cóndor, porque una persona de  Santa Cruz habría ofrecido 8 mil dólares y una vagoneta si es que se le entregaba el citado vehículo.

En su declaración señala de forma textual: “Rony decía que vehículo queríamos robar, era de acuerdo al pedido que le decían sus clientes de Santa Cruz, a veces nos prestaba dinero y no nos pagaba bien, nosotros le fabricábamos la droga, él traía los precursores, la coca, pero no ganábamos bien, por eso decidimos empezar a atracar, el Rony ya estuvo en la cárcel”, aseguró.

Marcos Vidal, fiscal de Materia de Ivirgarzama, reveló que además de Rony Basualdo existen otras dos personas implicadas que se encuentran prófugos y armados: “los mandamientos de aprehensión ya los tenemos armados, lo que falta son más policías y vehículos para buscarlos, los efectivos tienen que ir con chalecos antibalas porque esta gente está armada”, señaló.

Además se ordenó la investigación de los instigadores del linchamiento para sancionarlos, pero en Ivirgarzama se decidió aplicar la “ley del silencio” porque se considera que se hizo justicia con mano propia ante el abandono que sienten, para una población de 90 mil personas existe sólo un juez cautelar, un fiscal de materia y dos efectivos de la FELC

el linchamiento es un crimen. nada justifica matar a "un sospechoso" es señal de barbarie, de incultura, inhumano y cruel. lo sucedido en Ivirgarzama no tiene justificación, más aún si la policía retrocedió y tuvo "miedo de intervenir" hasta que el delito fue consumado.

Execrable.

La justicia por mano propia que se aplicó en Ivirgarzama es deplorable. Las autoridades tienen que adoptar medidas para que nunca más se repitan estos delitos.

La máxima sanción reconocida por la Constitución Política del Estado de Bolivia es la privación de libertad por 30 años, sin derecho a indulto. Esta condena se aplica, previo juicio, a casos de traición a la patria, asesinato, feminicidio y otros delitos graves. 

La pena de muerte está proscrita. Sin embargo, el deceso de un presunto ladrón de vehículos y autopartes, a consecuencia de las quemaduras que sufrió en Ivirgarzama, muestra que en Bolivia la pena de muerte tiene vigencia, no legalidad. 

Roberto Ángel Antezana, de 28 años de edad, fue atrapado el 1 de junio por choferes del Sindicato Carrasco y pobladores de Ivirgarzama. La acusación de vestirse como policía de Umopar con el fin de cometer atracos junto a otros ocho integrantes de la banda le costó la vida. Su hermano, Álvaro Antezana (30 años) con el 50 por ciento del cuerpo quemado alega inocencia de él y de su hermano que murió el domingo por la madrugada. 

Según la Policía, la banda estaba formada por nueve integrantes que robaban camionetas y camiones “a pedido” de otras personas. En un chaco de Bulo Bulo, ocupado por los acusados, la población encontró autopartes. 

Los sospechosos de robo fueron golpeados y flagelados antes de ser rociados con gasolina y quemados. Hasta hoy no hay ningún detenido por la muerte de Roberto Ángel Antezana. Ivirgarzama fue escenario de otros linchamientos en 2008, 2009, 2011 y 2012, con al menos siete víctimas mortales hasta la fecha. 

Después de Guatemala, Bolivia es uno de los países donde más linchamientos ocurren. La mayoría queda impune. Para reducir la incidencia de los linchamientos, el abogado Raúl Cáceres recomendó tipificar el linchamiento como un delito.

A pesar de la campaña del Gobierno, de aclarar que los linchamientos no son parte de la justicia comunitaria, ese delito va en aumento. En el colectivo humano persiste la sensación de que mimetizándose en un grupo, se puede matar y quedar impune. En los pocos casos que llegaron a juicio se demostró que para juzgar a algunos involucrados se recurrió a tipificar el delito como “lesiones, homicidio o asesinato”, pero sus abogados tienen la opción de refutar esas acusaciones “porque golpear no es matar”. El delito no se esclarece porque el conjunto social hace un pacto de silencio. Se encubre todo el accionar, al amparo de una decisión colectiva, casi institucional de la organización.

El delito cometido por la turba se basa en que el Estado no responde suficientemente en cuanto a programas de seguridad ciudadana y, por tanto, toman la justicia por mano propia con ajusticiamiento sumarial directo. Allí es donde están los niveles más degradantes de tortura y asesinato que quedan impunes, más allá de que se vincule a las víctimas con otros delitos como el narcotráfico, el robo y otros. 

La turba manifiesta un comportamiento de sadismo. Es resultado de una cultura de violencia en la que las personas que participan en esto no discriminan, ni recapacitan si es justo o no aplicarla. Ejercen los niveles de tortura más sádicos y déspotas que se pueden dar a un individuo. Las víctimas sufren horas de vejaciones hasta que llega la muerte por apedreamiento, asfixia, golpes o quemaduras. 

Las leyes bolivianas defienden la vida y en ningún caso se aceptan las ejecuciones sumarias. 

La pena de muerte, incluso aplicada por la justicia de otros países es muy cuestionable porque se ha ejecutado a inocentes. En Estados Unidos, por ejemplo, 142 personas han sido exculpadas de la pena de muerte porque las pruebas que los condenaban eran insuficientes. Bolivia no puede permitir más linchamientos. Ojalá que en este caso de Ivirgarzama se haga justicia y nunca más se ejecute a sospechosos.