Los expedientes de unos 30 oficiales de la Policía fueron remitidos para ser investigados sobre la posible comisión de delitos de corrupción y, según el informe preliminar, al menos 12 oficiales serán enjuiciados por falsedad de declaración de bienes y por enriquecimiento ilícito. El documento fue divulgado ayer por la ministra de Transparencia, Lenny Valdivia.
“Hemos generado 30 procesos penales contra servidores públicos de la Policía, también hemos remitido a los tribunales disciplinarios cuatro casos para que se sancione en la vía disciplinaria y tenemos otros casos que están en etapa de investigación”, dijo la autoridad en conferencia de prensa.
Según el documento oficial al que accedió EL DEBER, se trata de cinco oficiales de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn), dos jefes regionales de La Paz, un jefe nacional de Inteligencia, un jefe nacional de Planificación y Operaciones y un jefe de esta unidad policial. En cuanto a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), hay cuatro jefes: tres directores departamentales, dos de La Paz y uno de Cochabamba, y un jefe operativo de Santa Cruz.
En el caso del Control Operativo Aduanero (COA), se trata de dos directores regionales, uno de Tarija y el otro de La Paz, que ya están enjuiciados por declaración falsa de sus rentas y bienes; además, por enriquecimiento ilícito.
Finalmente, la nómina tiene a un jefe de la unidad jurídica de La Paz, que es procesado por los mismos delitos que sus camaradas. En la nómina total figuran 30 nombres y el reporte indica que se encontraron suficientes indicios para remitir estos 12 casos a la justicia ordinaria, aunque también señala que los otros casos siguen en proceso de investigación por la Fiscalía.
Cada cuatro añosLa ministra Valdivia afirmó que actualmente los policías presentan sus declaraciones juradas de bienes y rentas cada cuatro años o cada vez que tienen que ascender de rango. En su criterio, por la sensibilidad que tiene esta entidad, las declaraciones se deberían hacer cada año porque los policías también son funcionarios públicos, dijo la ministra que exhortó a la Contraloría General del Estado a generar mecanismos que permitan este tipo de fiscalización documental.
Régimen disciplinarioDe igual modo, la funcionaria de Estado dijo que la reforma estructural de la entidad verde olivo debería tomar en cuenta el régimen disciplinario y las limitaciones que enfrenta actualmente porque los miembros de esta instancia son policías y, que como existe una conformación vertical, los juzgadores son presionados y planteó la posibilidad de que los oficiales de bajo rango y suboficiales también formen parte de los tribunales internos que tiene la institución, a fin de generar equilibrios
Las acusaciones del exsenador Róger Pinto, refugiado en Brasil, causaron una especie de herida en autoridades de Gobierno. Y de inmediato salieron al paso y acusaron al ex legislador pandino de ‘conspirar’ contra la administración de Evo Morales y le pidieron que regrese al país para que enfrente los procesos legales en su contra.
La molestia se extendió al exministro de Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez Berzaín, a la revista brasileña Veja y a la televisora estadounidense Univisión, a quienes denunciaron de promover una campaña mediática contra el mandatario boliviano.
Pinto denunció que los exjefes policiales Óscar Nina y René Sanabria, el primero detenido por legitimación de ganancias ilícitas y acusado de tener vínculos con el cártel del mexicano Joaquín “Chapo” Guzmán, y el segundo por narcotráfico, tuvieron relación con personeros del Gobierno. Dijo, a través de una videoconferencia, que los ‘jefes’ de Nina eran el ministro Juan Ramón Quintana y el embajador boliviano ante la ONU, Sacha Llorenti, a quien también lo involucró con Sanabria. Además, nombró al senador Carlos Romero y a los exasambleístas Fidel Surco e Isaac Ávalos y los acusó de tener contacto con gente del narcotráfico.
Críticas a mediosEl ministro de Gobierno, Hugo Moldiz, acusó a Pinto de intentar generar una “conspiración político-mediática” que busca ‘desprestigiar’ la gestión de Evo Morales. La autoridad incluyó en esta estrategia a Sánchez Berzaín, a Univisón, que “reeditó” un reportaje que describe a Bolivia como “narco-Estado”. En esta producción hay declaraciones de Douglas Farah, a quien Moldiz lo vinculó con Sánchez Berzaín y dijo que era asesor de inteligencia del Gobierno de Washington.
“(Farah) recibió financiamiento de la fundación Instituto Interamericano para la Democracia, con sede en Miami (Estados Unidos), y dirigida por Sánchez Berzaín”, dijo Moldiz.
Sobre la denuncia de Pinto, el viceministro de Coordinación con Movimients Sociales, Alfredo Rada, afirmó que el refugiado hace un “burdo ataque” contra el Gobierno y le pidió regresar al país para enfrentar sus procesos jurídicos.
“Lo único que buscan es generar sombras sobre la actividad del Poder Ejecutivo cuando es precisamente este Gobierno el que ha llevado adelante las investigaciones que dieron con el resultado de la detención del señor Nina”, remarcó el viceministro Rada. Moldiz reveló que la detención de Nina es producto de cuatro años de investigación.
Surco minimizó lo dicho por Pinto y lo llamó “mentiroso”
El excomandante de la Policía Boliviana Óscar Nina fue enviado anoche a la cárcel de Palmasola por los presuntos delitos de legitimación de ganancias y colaboración a la legitimación de ganancias ilícitas, por orden de la jueza quinta de Instrucción en lo Penal, Ximena Flores.
La misma medida, de detención preventiva en el penal de Santa Cruz, la jueza dispuso para el hijo del exjefe policial, el subteniente Óscar Nina Morales, y para al exedecán, el mayor de la Policía Javier Millán.
La esposa del general Nina, Nancy Morales Mendieta, y su hija Naima Lorena Nina Morales fueron dejadas en libertad bajo una fianza económica de 20.000 bolivianos
Fueron casi 11 horas de intensos alegatos y de resolución de recursos en una audiencia marcada por el hermetismo, ya que no se permitió el acceso a la prensa y las medidas de seguridad fueron reforzadas en el Juzgado Quinto de Instrucción en lo Penal, ubicado en la zona de Los Lotes, donde se instaló la audiencia cerca de las 9:30.
Debido a tres incidentes procesales presentados por los abogados defensores de Nina, se dilató el debate hasta las 13:30, cuando la jueza declaró un cuarto intermedio hasta las 15:30.
Hasta pasado el mediodía, no se conocía con certeza la situación jurídica del general Óscar Nina, pese a que antes de llegar a Santa Cruz el ministro de Gobierno, Hugo Moldiz, precisó que estaba detenido y que su futuro dependía de lo que resolviera la justicia.
Incluso en el recinto judicial se comentaba la posibilidad de una ampliación de la imputación por parte de los fiscales, que hacían prever una investigación por los presuntos uso de influencias y nexos con el narcotráfico.
El fuerte dispositivo policial impidió que la esposa y los hijos del general Nina sean fotografiados y vistos por los periodistas que llegaron hasta el módulo judicial de Los Lotes.
Cuando la jueza determinó el intermedio, pasado el mediodía, Nina salió del recinto sin escolta policial, a buscar donde almorzar a unos metros del lugar junto a su abogado Nery Fernández.
“No sé cómo vienen a sacar este problema después de tanto tiempo. Esto es algo político y me molesta que se metan con mi familia”, le dijo Nina a un grupo de periodistas, dolido porque la noche anterior habían detenido a su esposa y sus dos hijos. Y después murmuró: “Cuando acabe la audiencia voy a hablar todo”.
Cambio de sede y amenazas
A la hora fijada, por la tarde, se reinstaló la audiencia en el módulo judicial de la zona sur de la capital cruceña; sin embargo, pasadas las 16:30 llegó un equipo de la Cooperativa Rural de Electrificación y cortó el suministro de energía eléctrica por falta de pago. Con este inconveniente la audiencia siguió hasta las 18:45. Cuando anocheció, la jueza Flores decidió cambiar la sede para proseguir con la misma.
De inmediato, se armó el operativo de traslado a las dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).
A las 20:30, se presentó en la audiencia el comandante de la Felcc, Juan Carlos Ramos, y cinco minutos más tarde lo hizo el fiscal del Distrito de Santa Cruz, Gomer Padilla.
La audiencia concluyó a las 23:41 y, a la salida, la fiscal Ana Luisa Heredia –con la voz entrecortada– dijo que había sido amenazada de muerte, pero no precisó por quién o quiénes; la jueza Ximena Flores dejó la Felcc con una fuerte custodia policial.
Pasada la medianoche, en la Felcc se informó que los detenidos se quedarían en las celdas de ese recinto hasta hoy y en las próximas horas serían remitidos a la cárcel de Palamasola.
“Hay serias sospechas”
El ministro de Gobierno, Hugo Moldiz, dijo ayer que existen “serias sospechas” de que la familia del excomandante de la Policía Boliviana Óscar Nina esté vinculada a delitos de narcotráfico, “por eso, el Ministerio de Gobierno también está metido en esto y creemos que se ha dado un buen primer paso y le corresponde hoy a la justicia acelerar la resolución de este caso para sentar un precedente”, declaró a la conclusión de la reunión de gabinete.
Nina asumió como jefe policial antidrogas después de que el presidente Evo Morales expulsará a la Agencia Antinarcóticos Estadounidense (DEA) a finales de 2008 por sospechas de espiar a su Gobierno.
En aquel entonces, Nina era hombre de confianza de Morales, quien le encomendó reorganizar la fuerza antinarcóticos, y el 24 de enero de 2010 fue designado comandante de la policía.
Un año después -11 de marzo de 2011- fue relevado del cargo en medio de un escándalo luego de que en Miami fue detenido el general René Sanabria, otro exjefe policial antidrogas, por tráfico de un cargamento de cocaína. Dicha detención en febrero de 2011 llevó al arresto de otros policías cómplices en Bolivia.
La Policía boliviana decomisó 87 kilos de cocaína y 7 de marihuana en un autobús que se dirigía a Chile, informó hoy el director la fuerza antinarcóticos de la región de Oruro, en el oeste de Bolivia, coronel Vladimir Pérez.
El decomiso se realizó el domingo en la noche en un operativo en el llamado "Puente Español", cuando el vehículo se dirigía a la localidad boliviana de Pisiga, fronteriza con Chile, donde pretendía ingresar, dijo Pérez a Efe.
La Policía detuvo a dos bolivianos, un hombre de 49 años y una mujer de 51 años, que comparecerán ante un juez de medidas cautelares porque se tienen "todos los elementos de convicción de que ellos cometieron el delito", agregó.
En lo que va del año, la fuerza antidroga de Bolivia ha decomisado más de 18 toneladas de cocaína y más de 110 toneladas de marihuana.
El Ministerio Público amplió la imputación formal por el caso Chaparina en contra de 14 policías, entre ellos el general Víctor Maldonado Hinojosa, quien fue director de Inteligencia Nacional durante la represión a la marcha indígena el 25 de septiembre de 2011 y luego fue Comandante General de la Policía.
Los imputados son el general Carlos Reemberto Flores Cuellar, general Gino Antonio Catacora Belmonte, coronel Oscar Chavez Rueda, coronel Edwin Ponciano Durán Velasco, coronel William Enrique Albarracín Triveño y el coronel Rubén Antonio Zegada Portugal
Asimismo corrieron la misma suerte el coronel José Luis Aranibar Guzmán, coronel Henry Manuel Terrazas Verduguez, coronel Ricardo Raúl Cadima Coca, coronel Jorge Celiar Cadima Medrano y coronel Edmundo Rivero Cors
Este primer grupo de 11 policías fue imputado por los presuntos delitos deallanamiento de domicilio o sus dependencias, lesiones graves y leves, vejámenes y torturas, privación de libertad, coacción, encubrimiento
Sin embargo, la Fiscalía también amplió la imputación formal contra el general Víctor Santos Maldonado Hinojosa, teniente coronel Saul Fernando Torrico Calderon y la cabo Angélica Dayana Cáceres Ramírez, quien fue la policía infiltrada en la octava marcha indígena en defensa del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). Este segundo grupo está imputado sólo por el presunto delito de encubrimiento. La fiscal Patricia Santos dijo que se tomó esta decisión porque se verificó que todos los ellos no colaboraron debidamente en el proceso de investigación pese a que estaban en el lugar del hecho y accedieron a la información
“Estos policías no han hecho conocer los posibles autores materiales pese a la insistencia a las reiteradas preguntas por parte del Ministerio Público, alegaron desconocer quiénes habrían efectivizado y materializado el hecho”, apuntó
La Comisión de Fiscales está integrada por Patricia Santos Cabrera, José Villarroel Barrios, Luis Ferrufino Castellón y Roger Velasquez Alcazar.
El exedecán de Marcelo Soza, José Laguna, afirmó hoy que el Gobierno instruyó al teniente Jorge Clavijo que matara a su esposa, la periodista Hanalí Huaycho, porque ella “logró conocer en detalle lo que había ocurrido en el hotel Las Américas” durante el operativo policial que terminó con la vida de Eduardo Rózsa Flores, Michael Dwyer y Arpad Magyarosi.
El exteniente, desde su refugió en Brasil, explicó que Clavijo, como miembro de la UTARC (Unidad Táctica de Resolución de Crisis), participó del operativo y tenía una copia de un video sobre la acción policial. Añadió que esa información fue filtrada al conocimiento de Hanalí, por lo que instruyeron a Clavijo que “solucione” ese problema.
“En el caso de Jorge Clavijo, personaje que lamentablemente quedó con la dignidad por los suelos porque le habría quitado la vida a su esposa, le comento que ese ha sido mero trámite de Inteligencia. Cuando existe filtración de información, existen superiores que ordenan se solucione la fuga de información. Entonces el teniente Jorge Clavijo, como tenía en su poder un video que lo acreditaba y los respaldaba en todo lo que había ocurrido en el hotel Las Américas, recibió la orden de que la información filtrada se solucione de alguna manera. Es por eso que se ve obligado a quitar la vida a su esposa por instrucciones del gobierno para evitar que la noticia llegue a todo el pueblo boliviano”, relató Laguna en entrevista con ERBOL.
El ahora expolicía insistió en que cada miembro de la UTARC que participó del operativo tiene una copia del video que utiliza como “carta blanca”.
Cuestionó por qué la Policía secuestró computadoras portátiles de la casa de Huaycho luego del asesinato que ocurrió el 11 de febrero de 2013. Indicó que los uniformados buscaban datos sobre el video.
El abogado de la familia de Huaycho, Eduardo León, anunció que enjuiciará al Estado para que las autoridades se manifiesten sobre las revelaciones de Laguna.
“Vamos a iniciar un proceso penal contra el Estado boliviano para que a nivel nacional pueda establecerse categóricamente que estas aseveraciones no son ciertas”, indicó.
Laguna dejó Bolivia y se fue a Brasil porque, según su versión, recibía amenazas para callar lo que sabe sobre las acciones del fiscal Soza a quien acompaño “paso a paso”. “Las amenazas iban directamente a que tenga la boca cerrada y evite hacer un comentario. Es por eso que mi persona, cansada de tanta presión y al borde de ser detenido preventivamente, me he visto obligado a salir”, aseveró.
El exteniente fue acusado por Alberto Melgar de recibir dinero producto de una extorsión a nombre de Soza. Laguna observó que fue denunciado luego de que el cívico beniano, imputado en el caso terrorismo, sea beneficiado por arresto domiciliario con ayuda de Carlos Romero y Jorge Pérez.
Evo tenía el control directo
Laguna aseveró que “el Presidente, con quien varias veces se reunió el exfiscal, tenía control directo de todo lo que se hacía en las investigaciones del caso terrorismo, lo propio el Vicepresidente que utilizaba a su operador, Raúl García Linera, para hacer y deshacer”.
Recordó además que Soza recibía constantes llamadas de ministerios y hasta el Palacio de Gobierno para ser invitado a reuniones y recibir instrucciones. Precisó que entre quienes se comunicaban con el exfiscal estaban Sacha Llorenti, Juan Ramón Quintana, y Nardi Suxo, además de varios senadores y diputados.
Agregó que en su momento sacó un extracto de las llamadas que recibía en su celular en donde se confirma sus aseveraciones. Sin embargo, el policía señaló que recientemente solicitó la misma información a una empresa estatal y vio que esas llamadas habían sido borradas.
Laguna dijo que Soza salía preocupado de esas reuniones con autoridades porque le instruían a quien beneficiar o a quien acusar.
Ratificó que el equipo investigador del caso recibía una “ayuda mensual” desde el Ministerio de Gobierno, paralela al salario.
Sostuvo también que él vio pruebas de comunicaciones, chats, entre Raúl García con Eduardo Rózsa, la cuales fueron destruidas por órdenes del Vicepresidente.
La frontera con Chile es el punto elegido para el intercambio de drogas con chutos. Los “narcochuteros”, internan diez por noche para los productores de cocaína.
CAMBIAN AUTOS CHUTOS POR DOS KILOS DE DROGA
UN DE DOCUMENTOS ES VENDIDO ENTRE 150 Y 200 DÓLARES.
LA PRENSA, La Paz
Los “narcochuteros”, internan diez vehículos por noche para los productores.
Para los clanes productores de droga conseguir un último no es complicado y menos exhibirlo ante su comunidad donde la mercancía blanca, vale su peso.
De acuerdo con un de inteligencia desarrollado por el personal del Control Operativo Aduanero (COA), los “narcochuteros” son los que dominan la compra y venta de drogas y el mercado de vehículos ilegales que se hallan asentados en Challapata, Uyuni, Uncía y ahora en La Asunta e Irupana, ubicados en los departamentos de Oruro, Potosí y La Paz.
Un investigador señaló que la frontera con Chile es el punto elegido para el intercambio de drogas con autos chutos.
En esta región, bañada por extensas planicies de arenales, los ya conocidos como “narcochuteros” han construido madrigueras para dormir de día y emerger por las noches para el traslado de drogas y autos chutos.
El informe del COA, contrastado con efectivos de inteligencia de la fuerza antidroga, refiere que los narcoclanes o narcomunarios, sólo se dedican a la producción y trasladado del alcaloide hasta las poblaciones fronterizas con Chile.
Muchas de estas localidades están deshabitadas y es ahí donde los grupos de narchuteros —dos de los cuales ya fueron identificados—, acopian la droga para después intercambiarla con sus similares chilenos por autos chutos, alguno de ellos robados.
El jefe policial dijo que estas personas “prefieren pagar en especies, vehículos, y no con dinero en efectivo. Con este método “lavan” el dinero del narcotráfico con la venta de estos autos chutos, en el lado boliviano.
Un segundo oficial de policia refirió a La Prensa que sólo en el municipio de Uncía, en Potosí, hay siete vehículos por cada diez familias, los que circulan sin ningún tipo de control y con aval social. “Muchas veces acusan a los policías de encubrir a los chuteros, pero en realidad, estos cuentan con el aval de sus dirigentes, quienes además los protegen cuando los interviene la policia”.
Múltiples rutas. El coronel Edward Barrientos, comandante departamental de Policía de La Paz, no admitió ni negó esta actividad. Manifestó que los chuteros tienen varias rutas de ingreso en La Paz y “por estrategia no vamos a develarlas, ya que guerra anunciada no mata”.
El coronel Barrientos afirmó que el COA, en coordinación con la Aduana Nacional ya tiene identificado estos puntos de ingreso y que sólo esperan una orden para que un contigente de efectivos sea trasladado y opere. Hasta el pasado viernes, se anunció el secuestro de más de medio millar de autos indocumentados .
Si bien el comandante no quiso revelar las rutas de ingreso de chutos, un comunario en Yolosa explicó que estos autos son ingresados por el sector sur de La Paz que conecta con La Asunta, en los Yungas; y por Apolo y Conzata, que conecta con Mapiri y Caranavi, en la misma región, puntos donde se halla el mayor número de vehículos ilegales.
dos kilos. Se conoció que los narcochuteros internan al menos 10 vehículos por noche por las rutas que hay entre las poblaciones fronterizas de Chile y Bolivia, lo que equivales a 20 y hasta 40 kilos de pasta base y clorhidrato de cocaína.
El informe señala que por cada dos kilos de pasta base el narcochutero recibe un vehículo Toyota modelo Caldina o Noha y por cada dos kilos de clorhidrato, droga refinada, les entregan una vagoneta Mitsubishi u otro vehículo modelo 2010 0 2013.
“Mucho hace la calidad de droga que intercambian con las organizaciones que hay en Chile, quienes se encargan de poner los vehículos chutos o robados en frontera y que después son trasladados al mercado de Bolivia.
Legalidad. Para los narcochuteros obtener un juego de estos documentos, la póliza, el SOAT y registro de placas, cuesta entre 150 y 250 dólares, según la calidad del material falsificado.
Empero, un vendedor de vehículos de la feria 16 de Julio, donde efectivos de la Dirección de Investigación y Prevención de robo de Vehículo (Diprove) intervinieron recientemente, Quillacollo aún es “el paraíso de la legalización de autos chutos”. El comerciante explicó que de La Paz se llevan entre cinco y diez coches legales, a Cochabamba, para clonar las placas y números de identificación del RUAT.
Este proceso, según el vendedor consultado, no es reciente y que existen incluso notarios de ciudades intermedias y provinciales involucrados en la legalización y registro municipal de los chutos.
El 90 por ciento de chutos ingresa al país por Chile. Informó que el 90% de los vehículos chutos que ingresan al país por contrabando provienen de Chile, por lo que se realizan operativos de control de placas clonadas. La presidenta de la ANB Marlene Ardaya, señaló que se iniciarán los allanamientos de garajes donde se encuentran los vehículos indocumentados. Lamentó que no exista un apoyo de parte de la Aduana de Chile para el control de los bienes que ingresan al país.
“Es un 90%, así con certeza 90%, tanto es así que la Aduana Nacional ha generado unos grupos especializados en la valoración de lo que viene la mercancía de Chile porque hay subvaluación”, dijo la autoridad en una entrevista en la Radio Patria Nueva.
33.000 autos chutos fueron identificados por la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) .
