La Policía boliviana decomisó 87 kilos de cocaína y 7 de marihuana en un autobús que se dirigía a Chile, informó hoy el director la fuerza antinarcóticos de la región de Oruro, en el oeste de Bolivia, coronel Vladimir Pérez.
El decomiso se realizó el domingo en la noche en un operativo en el llamado "Puente Español", cuando el vehículo se dirigía a la localidad boliviana de Pisiga, fronteriza con Chile, donde pretendía ingresar, dijo Pérez a Efe.
La Policía detuvo a dos bolivianos, un hombre de 49 años y una mujer de 51 años, que comparecerán ante un juez de medidas cautelares porque se tienen "todos los elementos de convicción de que ellos cometieron el delito", agregó.
En lo que va del año, la fuerza antidroga de Bolivia ha decomisado más de 18 toneladas de cocaína y más de 110 toneladas de marihuana.
El Ministerio Público amplió la imputación formal por el caso Chaparina en contra de 14 policías, entre ellos el general Víctor Maldonado Hinojosa, quien fue director de Inteligencia Nacional durante la represión a la marcha indígena el 25 de septiembre de 2011 y luego fue Comandante General de la Policía.
Los imputados son el general Carlos Reemberto Flores Cuellar, general Gino Antonio Catacora Belmonte, coronel Oscar Chavez Rueda, coronel Edwin Ponciano Durán Velasco, coronel William Enrique Albarracín Triveño y el coronel Rubén Antonio Zegada Portugal
Asimismo corrieron la misma suerte el coronel José Luis Aranibar Guzmán, coronel Henry Manuel Terrazas Verduguez, coronel Ricardo Raúl Cadima Coca, coronel Jorge Celiar Cadima Medrano y coronel Edmundo Rivero Cors
Este primer grupo de 11 policías fue imputado por los presuntos delitos deallanamiento de domicilio o sus dependencias, lesiones graves y leves, vejámenes y torturas, privación de libertad, coacción, encubrimiento
Sin embargo, la Fiscalía también amplió la imputación formal contra el general Víctor Santos Maldonado Hinojosa, teniente coronel Saul Fernando Torrico Calderon y la cabo Angélica Dayana Cáceres Ramírez, quien fue la policía infiltrada en la octava marcha indígena en defensa del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). Este segundo grupo está imputado sólo por el presunto delito de encubrimiento. La fiscal Patricia Santos dijo que se tomó esta decisión porque se verificó que todos los ellos no colaboraron debidamente en el proceso de investigación pese a que estaban en el lugar del hecho y accedieron a la información
“Estos policías no han hecho conocer los posibles autores materiales pese a la insistencia a las reiteradas preguntas por parte del Ministerio Público, alegaron desconocer quiénes habrían efectivizado y materializado el hecho”, apuntó
La Comisión de Fiscales está integrada por Patricia Santos Cabrera, José Villarroel Barrios, Luis Ferrufino Castellón y Roger Velasquez Alcazar.
El exedecán de Marcelo Soza, José Laguna, afirmó hoy que el Gobierno instruyó al teniente Jorge Clavijo que matara a su esposa, la periodista Hanalí Huaycho, porque ella “logró conocer en detalle lo que había ocurrido en el hotel Las Américas” durante el operativo policial que terminó con la vida de Eduardo Rózsa Flores, Michael Dwyer y Arpad Magyarosi.
El exteniente, desde su refugió en Brasil, explicó que Clavijo, como miembro de la UTARC (Unidad Táctica de Resolución de Crisis), participó del operativo y tenía una copia de un video sobre la acción policial. Añadió que esa información fue filtrada al conocimiento de Hanalí, por lo que instruyeron a Clavijo que “solucione” ese problema.
“En el caso de Jorge Clavijo, personaje que lamentablemente quedó con la dignidad por los suelos porque le habría quitado la vida a su esposa, le comento que ese ha sido mero trámite de Inteligencia. Cuando existe filtración de información, existen superiores que ordenan se solucione la fuga de información. Entonces el teniente Jorge Clavijo, como tenía en su poder un video que lo acreditaba y los respaldaba en todo lo que había ocurrido en el hotel Las Américas, recibió la orden de que la información filtrada se solucione de alguna manera. Es por eso que se ve obligado a quitar la vida a su esposa por instrucciones del gobierno para evitar que la noticia llegue a todo el pueblo boliviano”, relató Laguna en entrevista con ERBOL.
El ahora expolicía insistió en que cada miembro de la UTARC que participó del operativo tiene una copia del video que utiliza como “carta blanca”.
Cuestionó por qué la Policía secuestró computadoras portátiles de la casa de Huaycho luego del asesinato que ocurrió el 11 de febrero de 2013. Indicó que los uniformados buscaban datos sobre el video.
El abogado de la familia de Huaycho, Eduardo León, anunció que enjuiciará al Estado para que las autoridades se manifiesten sobre las revelaciones de Laguna.
“Vamos a iniciar un proceso penal contra el Estado boliviano para que a nivel nacional pueda establecerse categóricamente que estas aseveraciones no son ciertas”, indicó.
Laguna dejó Bolivia y se fue a Brasil porque, según su versión, recibía amenazas para callar lo que sabe sobre las acciones del fiscal Soza a quien acompaño “paso a paso”. “Las amenazas iban directamente a que tenga la boca cerrada y evite hacer un comentario. Es por eso que mi persona, cansada de tanta presión y al borde de ser detenido preventivamente, me he visto obligado a salir”, aseveró.
El exteniente fue acusado por Alberto Melgar de recibir dinero producto de una extorsión a nombre de Soza. Laguna observó que fue denunciado luego de que el cívico beniano, imputado en el caso terrorismo, sea beneficiado por arresto domiciliario con ayuda de Carlos Romero y Jorge Pérez.
Evo tenía el control directo
Laguna aseveró que “el Presidente, con quien varias veces se reunió el exfiscal, tenía control directo de todo lo que se hacía en las investigaciones del caso terrorismo, lo propio el Vicepresidente que utilizaba a su operador, Raúl García Linera, para hacer y deshacer”.
Recordó además que Soza recibía constantes llamadas de ministerios y hasta el Palacio de Gobierno para ser invitado a reuniones y recibir instrucciones. Precisó que entre quienes se comunicaban con el exfiscal estaban Sacha Llorenti, Juan Ramón Quintana, y Nardi Suxo, además de varios senadores y diputados.
Agregó que en su momento sacó un extracto de las llamadas que recibía en su celular en donde se confirma sus aseveraciones. Sin embargo, el policía señaló que recientemente solicitó la misma información a una empresa estatal y vio que esas llamadas habían sido borradas.
Laguna dijo que Soza salía preocupado de esas reuniones con autoridades porque le instruían a quien beneficiar o a quien acusar.
Ratificó que el equipo investigador del caso recibía una “ayuda mensual” desde el Ministerio de Gobierno, paralela al salario.
Sostuvo también que él vio pruebas de comunicaciones, chats, entre Raúl García con Eduardo Rózsa, la cuales fueron destruidas por órdenes del Vicepresidente.
La frontera con Chile es el punto elegido para el intercambio de drogas con chutos. Los “narcochuteros”, internan diez por noche para los productores de cocaína.
CAMBIAN AUTOS CHUTOS POR DOS KILOS DE DROGA
UN DE DOCUMENTOS ES VENDIDO ENTRE 150 Y 200 DÓLARES.
LA PRENSA, La Paz
Los “narcochuteros”, internan diez vehículos por noche para los productores.
Para los clanes productores de droga conseguir un último no es complicado y menos exhibirlo ante su comunidad donde la mercancía blanca, vale su peso.
De acuerdo con un de inteligencia desarrollado por el personal del Control Operativo Aduanero (COA), los “narcochuteros” son los que dominan la compra y venta de drogas y el mercado de vehículos ilegales que se hallan asentados en Challapata, Uyuni, Uncía y ahora en La Asunta e Irupana, ubicados en los departamentos de Oruro, Potosí y La Paz.
Un investigador señaló que la frontera con Chile es el punto elegido para el intercambio de drogas con autos chutos.
En esta región, bañada por extensas planicies de arenales, los ya conocidos como “narcochuteros” han construido madrigueras para dormir de día y emerger por las noches para el traslado de drogas y autos chutos.
El informe del COA, contrastado con efectivos de inteligencia de la fuerza antidroga, refiere que los narcoclanes o narcomunarios, sólo se dedican a la producción y trasladado del alcaloide hasta las poblaciones fronterizas con Chile.
Muchas de estas localidades están deshabitadas y es ahí donde los grupos de narchuteros —dos de los cuales ya fueron identificados—, acopian la droga para después intercambiarla con sus similares chilenos por autos chutos, alguno de ellos robados.
El jefe policial dijo que estas personas “prefieren pagar en especies, vehículos, y no con dinero en efectivo. Con este método “lavan” el dinero del narcotráfico con la venta de estos autos chutos, en el lado boliviano.
Un segundo oficial de policia refirió a La Prensa que sólo en el municipio de Uncía, en Potosí, hay siete vehículos por cada diez familias, los que circulan sin ningún tipo de control y con aval social. “Muchas veces acusan a los policías de encubrir a los chuteros, pero en realidad, estos cuentan con el aval de sus dirigentes, quienes además los protegen cuando los interviene la policia”.
Múltiples rutas. El coronel Edward Barrientos, comandante departamental de Policía de La Paz, no admitió ni negó esta actividad. Manifestó que los chuteros tienen varias rutas de ingreso en La Paz y “por estrategia no vamos a develarlas, ya que guerra anunciada no mata”.
El coronel Barrientos afirmó que el COA, en coordinación con la Aduana Nacional ya tiene identificado estos puntos de ingreso y que sólo esperan una orden para que un contigente de efectivos sea trasladado y opere. Hasta el pasado viernes, se anunció el secuestro de más de medio millar de autos indocumentados .
Si bien el comandante no quiso revelar las rutas de ingreso de chutos, un comunario en Yolosa explicó que estos autos son ingresados por el sector sur de La Paz que conecta con La Asunta, en los Yungas; y por Apolo y Conzata, que conecta con Mapiri y Caranavi, en la misma región, puntos donde se halla el mayor número de vehículos ilegales.
dos kilos. Se conoció que los narcochuteros internan al menos 10 vehículos por noche por las rutas que hay entre las poblaciones fronterizas de Chile y Bolivia, lo que equivales a 20 y hasta 40 kilos de pasta base y clorhidrato de cocaína.
El informe señala que por cada dos kilos de pasta base el narcochutero recibe un vehículo Toyota modelo Caldina o Noha y por cada dos kilos de clorhidrato, droga refinada, les entregan una vagoneta Mitsubishi u otro vehículo modelo 2010 0 2013.
“Mucho hace la calidad de droga que intercambian con las organizaciones que hay en Chile, quienes se encargan de poner los vehículos chutos o robados en frontera y que después son trasladados al mercado de Bolivia.
Legalidad. Para los narcochuteros obtener un juego de estos documentos, la póliza, el SOAT y registro de placas, cuesta entre 150 y 250 dólares, según la calidad del material falsificado.
Empero, un vendedor de vehículos de la feria 16 de Julio, donde efectivos de la Dirección de Investigación y Prevención de robo de Vehículo (Diprove) intervinieron recientemente, Quillacollo aún es “el paraíso de la legalización de autos chutos”. El comerciante explicó que de La Paz se llevan entre cinco y diez coches legales, a Cochabamba, para clonar las placas y números de identificación del RUAT.
Este proceso, según el vendedor consultado, no es reciente y que existen incluso notarios de ciudades intermedias y provinciales involucrados en la legalización y registro municipal de los chutos.
El 90 por ciento de chutos ingresa al país por Chile. Informó que el 90% de los vehículos chutos que ingresan al país por contrabando provienen de Chile, por lo que se realizan operativos de control de placas clonadas. La presidenta de la ANB Marlene Ardaya, señaló que se iniciarán los allanamientos de garajes donde se encuentran los vehículos indocumentados. Lamentó que no exista un apoyo de parte de la Aduana de Chile para el control de los bienes que ingresan al país.
“Es un 90%, así con certeza 90%, tanto es así que la Aduana Nacional ha generado unos grupos especializados en la valoración de lo que viene la mercancía de Chile porque hay subvaluación”, dijo la autoridad en una entrevista en la Radio Patria Nueva.
33.000 autos chutos fueron identificados por la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) .
El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), coronel Mario Centellas, informó que este año se secuestraron 14 avionetas, 390 vehículos y 79 inmuebles involucrados con tráfico de droga.
El Coronel brindó hoy un informe sobre los resultados de la lucha contra el narcotráfico desde el 1 de enero hasta el 22 de julio. En este periodo, los uniformados realizaron 7.424 operativos, con un promedio de 40 al día.
En el caso específico del tráfico por vía aérea, el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Felipe Cáceres, subrayó que la mitad de lo incautado llega a territorio nacional desde Perú. “Bolivia sigue siendo un país de tránsito”, afirmó.
Centellas añadió que la FELCN incautó 15 toneladas y 227 kilos de cocaína, de las cuales el 82 por ciento consiste en pasta base y el resto es clorhidrato.
Asimismo, se secuestraron 66 toneladas y 475 kilos de marihuana, 400 toneladas de químicos sólidos y 95 metros cúbicos de precursores líquidos.
La fuerza antidroga desbarató, en más de seis meses, 3.335 fábricas de cocaína y 41 laboratorios de cristalización.
Aprehendidos
En los operativos, se aprehendieron a 1.931 personas, de las cuales 1.810 son de nacionalidad boliviana. También se hallaron más de 1.870.000 dólares en efectivo, según el Coronel.
Erradicación
Cáceres destacó que este año ya se erradicaron más de 5.300 hectáreas de coca excedentaria, 3.800 en el trópico de Cochabamba y más de 1.500 en Los Yungas.
“Tenemos la meta de erradicar mas de 11mil hectáreas”, agregó.
Alrededor de 10 esposas de uniformados se sumaron hoy a la huelga de hambre que inició el lunes el sargento Pedro Ticona pidiendo que el Gobierno otorgue mejor salario a los miembros de la Asociación Nacional de Suboficiales, Sargentos, Clases y Policías (Anssclapol).
“Ya no vivimos (con nuestros esposos) porque los policías trabajan 24 horas. (Eso) bien sabe el Gobierno y les manda en comisión a otro departamento y qué hay de nosotras. El sueldo tenemos que dividir, se lo llevan la mitad”, reclamó la representante de las esposas a nivel nacional, Andrea Choquehuanca. (La foto de archivo de un amotinamiento anterior)
El presidente de la Anssclapol, sargento Javier Ticona, explicó que la mejora salarial que los policías piden “consiste en soldar el bono de Seguridad Ciudadana al haber básico”.
“Creemos que esto viable porque no afecta. No es un aumento salarial, sino es llevar (recursos) de un rubro a otro en el presupuesto de la Policía”, indicó.
Quispe agregó que en términos monetarios, esa reforma implicaría que el salario mínimo de un efectivo suba de 1.800 bolivianos a 2.200, porque el bono es de 400 bolivianos y se entrega mensualmente.
Recordó que en 2012 la Anssclapol aceptó un incremento de 100 bolivianos porque entendieron que el Gobierno “no tenía plata”. Pero, ahora aseguró que no claudicarán hasta conseguir su demanda. Al respecto, Choquehuanca dijo: “vamos a seguir hasta las últimas consecuencias. No nos vamos a vender como lo han hecho por 100 bolivianos”.
El sargento Ticona, visiblemente debilitado, criticó que el Gobierno no dé una respuesta positiva a la demanda. “Las fuerzas de mi cuerpo m han dejado pero sigo en la lucha”, aseguró. Sin embargo, el Presidente de la Asociación anticipó que el huelguista será llevado a una clínica particular por su delicado estado de salud.
El ex fiscal Marcelo Soza Álvarez admitió que durante el proceso de investigación del caso Rózsa, la ambición económica de Raúl García Linera (hermano del vicepresidente), Luis Clavijo - coordinadores de la investigación - y el poder político del Ministerio de Gobierno, originaron un "proceso de extorsión sistemática" sin límites que afectó al funcionamiento del Ministerio Público.
En una entrevista concedida a la ANF el 8 de mayo a las 16.35 en Brasilia, Soza dijo que las recientes acusaciones del gobierno sobre prácticas de extorsión, son pretextos para que las autoridades de gobierno se "laven las manos" ante el fracaso judicial de esclarecer el caso Rózsa, en su opinión, liquidado por la falta de credibilidad.
Recordó que García Linera y Clavijo le pedían que haga pública la nómina de posibles involucrados para llamarlos a declarar y luego de publicada en los medios de comunicación social, de pronto varios no eran convocados por los investigadores por un impedimento sistemático.
El ex fiscal considera que en ese momento surgieron los actos de extorsión y las declaraciones pactadas para implicar a otras personas. "Me encontraba atrapado en una red de corrupción del gobierno", afirmó en su declaración escrita entregada al Consejo Nacional de Refugiados (Conare) de Brasil, que considera una solicitud de refugio en su calidad de perseguido político.
"Lo que verdaderamente afectó a fondo la investigación fue que se utilizó para extorsionar y enriquecerse. Luis Norberto Clavijo, Raúl García Linera y otros abogados se apropiaron en gran parte del proceso para su beneficio propio", aseguró a tiempo de señalar que esas personas desviaron el curso de la investigación al instruir la búsqueda de los financiadores del grupo de Eduardo Rózsa.
Soza tiene abierto un caso de extorsión presentado por el ex prefecto de Santa Cruz, Zvonko Matkovic y múltiples testigos en contra que aseguran haber operado por encargo del ex fiscal. Y cuando la Fiscalía Anticorrupción lo acorraló para que se presente a declarar bajo pena de ser aprehendido, huyó del país rumbo a Brasil.
Sin embargo en su descargo, sostuvo que en una oportunidad le comentó al presidente Evo Morales de los actos de extorsión que implicaban a la entonces candidata a la Gobernación, Jessica Jordan, la que se habría dedicado a extorsionar a mucha gente de Trinidad, junto a su tía Ana Claudia Arruda, a las que no pudo investigar porque se enteró que el presidente Evo Morales había enviado a su seguridad personal, el capitán Wilber Bacarreza Molina, como encargado de la Seguridad de la Candidata a la Gobernación.
En su relato ante el Conare, recordó que la tía de Jessica Jordan, Ana Claudia Arruda, que se encuentra detenida en la cárcel de Palmasola por el delito de estafa, tenía el número telefónico 75003… y desde ese teléfono se comunicaba en forma directa con el Vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera a los teléfonos 71263… y 70645…, y el ministro Quintana que tenía el número 73044…, quien había tomado a su cargo al Departamento del Beni.
Sostuvo que en ese tiempo existía un mandamiento de apremio en contra de Arruda, "el que entregué personalmente al Ministro Juan Ramón Quintana, el que nunca ordenó su ejecución. Claudia Arruda en sus actos extorsivos hablaba a nombre del Ministro de la Presidencia", dice en otra parte de su relato.
Manifestó que el ministro Quintana intervino en pasajes específicos sobre todo cuando los hechos tenían relevancia para el departamento del Beni. "Fue un permanente protector de Jessica Jordán Burton y evitó su enjuiciamiento. Lo mismo con respecto a Ana Claudia Arruda", acotó.
En su opinión, en Bolivia no hay respeto a la independencia judicial ni del Ministerio Público, motivo por el que salió del país, debido a que estaba en riesgo su vida, y lamentó que en el país no se respeten el debido proceso ni las garantías constitucionales que, en su criterio, son "digitadas por el Ministro de Gobierno, a través del viceministro Jorge Pérez".
Aseguró conocer como pocos "la forma en la cual se manejan los jueces y fiscales en Bolivia. El grado de influencia del gobierno sobre la justicia es absoluto. Si un juez o fiscal decide resistir sus dictados, simplemente son destituidos, enjuiciados penalmente y condenados a una muerte civil en el ejercicio de su profesión", indicó el polémico ex representante del Ministerio Público.
La Agencia de Noticias Fides (ANF) difunde a continuación la segunda parte de la entrevista realizada al ex fiscal Marcelo Soza Álvarez en Brasilia:
