Cayo Salinas uno de los juristas jóvenes mejor entendidos en matería de narcóticos muestra que JAMAS en Bolivia se cuestionó el aculliko en cuanto a su significado tradicional

Recordemos que el Gobierno denunció la Convención de Viena de 1961 con el argumento de que no hacerlo daría curso a que los ciudadanos que tienen la costumbre de acullicar (masticar coca) podrían verse impedidos de continuar con ese hábito. Seguramente chapareños y yungueños no se preocuparon si la Convención de Viena avala o no el acullico, porque igual acullican. De ahí que no sea cierto que haya sido el Gobierno el que inició una cruzada en defensa del uso de la coca debido a que gobiernos pasados (los llamados neoliberales) lo hicieron y bien; menos cierto que si no se denunciaba la Convención de Viena de 1961 los bolivianos ya no iban a poder acullicar. Me explico.

El Gobierno ha denunciado dicha Convención cuando el art. 14-2 de la celebrada en 1988 y aprobada y ratificada en Bolivia por Ley No. 1159, del 30 de mayo de 1990, establece que cada una de las partes adoptará medidas para evitar el cultivo ilícito de las plantas que contengan estupefacientes o sustancias sicotrópicas como los arbustos de coca, y que dichas medidas deberán respetar los derechos humanos y tendrán en cuenta usos tradicionales lícitos donde exista evidencia histórica, además de la protección del medioambiente. Por tanto, el consumo tradicional de hoja de coca no está en riesgo en Bolivia en tanto se respeten los límites impuestos en la ley nacional y en los tratados internacionales, que no son otros que aquellos dirigidos a evitar el manoseo del alcance de ‘usos y costumbres’ para cultivar coca excedentaria dirigida exclusivamente a la fabricación de cocaína.

Entiendo que una vez que el Gobierno se percató del error de denunciar la Convención de Viena y verificar la vigencia de la Ley 1159, se dio a la tarea de reconducir su actuación a fin de mejorar la imagen que en materia de lucha contra el narcotráfico tiene en el contexto internacional. Para ello –y aquí es justo destacar lo acertado de la decisión gubernamental– acaba de suscribir, sin voces de protesta provenientes de sectores cocaleros, un Acuerdo de Cooperación con Brasil y EEUU para verificar la destrucción de coca excedentaria. Es, sin duda, un acierto en materia internacional que aguardo tenga incidencia efectiva en el control de coca ilegal, que, como sabemos todos, sirve para otros fines.

Termino aquí. Nunca hubo voces de rechazo al consumo tradicional de la hoja de coca tal como prescribe la Ley 1008, en sentido de que el “cultivo de la coca es una actividad agrícola-cultural orientada tradicionalmente de forma lícita hacia el consumo, uso en la medicina y rituales de los pueblos andinos”. Otra cosa es que el Gobierno, por razones que desconozco, haya querido que así parezca. En todo caso, luego del desbarajuste armado acudiendo a 1961 y demostrando un inaceptable desconocimiento a lo acontecido en 1988, bien valió la firma del acuerdo que ratifica, una vez más, que el acullico ¡no está en riesgo en Bolivia!, y que es el narcotráfico lo que está en auge.

honda preocupación muestra OPINION cuando se detiene en la POLICIA cuya imagen está por los suelos y pregunta si existe capacidad para avanzar en su mejora

Tal vez sea tiempo de analizar con el debido cuidado algunas alternativas respecto a la responsabilidad centralizadora del Estado. Se deben estudiar todas las posibilidades.

No hay Ministro de Gobierno en Bolivia que entre las primeras tareas que se traza para realizar en su gestión no incluya la reestructuración de la Policía. Esta tarea está indefectiblemente unida a la seguridad ciudadana.

Se trata de dos asuntos pendientes desde la abolida República y que persisten en el Estado Plurinacional. En todos los gobiernos democráticos de los últimos treinta años los intentos por introducir modificaciones en la institución policial para mejorar su servicio global a la población y el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales, han resultado fracasos rotundos. Las causas son múltiples, pero la principal puede ser anotada en que el funcionamiento de la Policía se ha convertido en un problema estructural.

El flamante ministro de Gobierno Carlos Romero en declaraciones formuladas en la ciudad de La Paz reconoce que hay tareas pendientes respecto a una mejor institucionalización de la Policía y sostiene que entre las primeras acciones que realizará desde esa cartera es un relevamiento del estado de la situación, de sus necesidades en infraestructura, tecnología, requerimientos materiales y humanos. En cuanto al cambio de imagen, afirma que hay políticas que están en proceso de implementación y que hay que tomarlas como parte del fortalecimiento. Respecto a la corrupción existen dispositivos como un régimen disciplinario y otros complementarios.

Lo cierto es que durante estos seis años de Gobierno no se han dado pasos importantes en mejorar la imagen de la Policía y en lo que concierne a potenciarla con miras a los planes de seguridad ciudadana que hasta el momento son inexistentes, por lo menos en resultados verificables ante la población.

El problema de la corrupción y los círculos de poder que subsisten en el seno de la Policía demanda cambios que a decir verdad fueron anunciados en varias oportunidades durante estos últimos años, apelando incluso a la formación de los nuevos policías y a la creación de una institución superior académica. Lo que se ha logrado en esta materia es casi nulo si revisamos informes recientes de la Defensoría del Pueblo que continúa situando a la Policía entre las más corruptas.

En los intentos de anteriores gobiernos y del actual por mejorar cualitativa y cuantitativamente a la Policía, una de las instituciones fundamentales para el funcionamiento de una sociedad organizada, hay que preguntarse si el Estado central y la organización institucional, por un lado tienen capacidad y por otro si es el mejor diseño para su funcionamiento. Desde luego que el Estado no puede resignar su responsabilidad de intervenir en la solución de los problemas que aquejan a la institución, como no puede hacerlo en brindar protección policial a las personas.

Sin embargo, tal vez sea tiempo de observar y analizar con el debido cuidado algunas alternativas respecto a la responsabilidad centralizadora del Estado y a las posibilidades en torno a la descentralización cuidadosa de la institución a cargo de las Gobernaciones, aspecto unido al proceso autonómico. Es decir que se deberían estudiar todas las posibilidades y discutirlas dentro del marco de la unidad de la institución, pero también de un servicio más efectivo y de una imagen de mayor aprecio para el ciudadano.

En todo caso, como en anteriores oportunidades, hay que esperar respecto a lo que puede avanzar el nuevo Ministro de Gobierno en un asunto que es complejo y que requiere decisiones institucionales cuidadosas.

el organizador y presidente del falso TIPNIS fue expulsado hace 20 años del parque por ser pichicatero. niega y dice vivir de la pezca y de la caza. Dudas y reiteran acusación.

El presidente del Comité de Marcha del Consejo Indígena del Sur (Conisur) de Cochabamba, Reynaldo Semo, fue expulsado hace 20 años del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) por dedicarse al narcotráfico, denunciaron dirigentes de la comunidad Santísima Trinidad. En tanto, Semo desmintió las acusaciones y aseguró a la Agencia de Noticias Indígenas de Erbol que sólo se dedica a la caza y pesca para sobrevivir.  

Cuando el verdadero TIPNIS llegaba a La Paz

El excorregidor de Santísima Trinidad, Bernabé Nosa, narró que Semo vivió en esa comunidad que se encuentra dentro del polígono 7 del Isiboro Sécure, donde empezó a construir pozas de maceración de droga pero fue descubierto en 1992, junto a otros indígenas, por los dirigentes de esa población. 

“Era comunario de Santísima Trinidad. Se salió de aquí porque nosotros no le dejamos que haga trabajos ilegales (de narcotráfico) como la gente que le gusta vivir del pueblo. La gente que se aprovecha del pueblo se va así. Se fue, se apartaron de aquí a otra comunidad y ellos son los que están peleando ahorita”, señaló a la Agencia de Noticias Indígenas de Erbol. 

Dijo que Semo se fue a vivir a la población de San Gabriel, un sindicato de la Federación del Trópico que se encuentra en la provincia Chapare del departamento de Cochabamba y tiene contacto directo con los dirigentes del Conisur. 

“Su refugio es el Conisur, el Conisur lastimosamente es la cueva de los que cometen delitos”, señaló. Añadió que el presidente del Comité de Marcha del Conisur aún se dedica al narcotráfico. 

Desmiente acusación 

Por su parte Reynaldo Semo sólo se limitó a desmentir las acusaciones de los corregidores de Santísima Trinidad. Reconoció que dejó esa población pero para asentarse en otra comunidad y trabajar la tierra. Aclaró que vive en Sanandita, que está afiliada al Conisur y se dedica a la caza y pesca. 

“Que me demuestren que fui narcotraficante, los que hablan que demuestre (…) yo me fui, sí, hace tiempo que vivía en Santísima y me fui a Sanandita. Todos tenemos derecho de cambiar de lugar y buscar la forma de cómo vivir”, aseguró Semo a la Agencia de Noticias Indígenas de Erbol.

Tráfico de madera y coca ilegal

Recientemente la Subcenbtral del TIPNIS denunció la existencia de pozas de maceración de droga y la producción excedentaria de coca en territorio indígena del Parque, tras una inspección en diciembre de 2011 a territorio indígena con el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).  Además se constató de la tala ilegal de madera departe del Conisur, aseguraron los dirigentes del Parque.

Se identificó a los sindicatos Valle Alto y Urkupiña como los responsables de sembrar de forma ilegal coca en la comunidad indígena de Mercedes de Lojojota. 

Por esta denuncia los cocaleros amenazaron con matar a los dirigentes que iniciaron la inspección, aseguró Bernabé Nosa. “Me han amenazado a colgarme a liquidarme a pesar de que soy del territorio. Lastimosamente eso sufrimos y este gobierno no hace nada”, subrayó.

todo comenzó a cambiar como por arte de magia...bajo el penoco sobre preguntas difíciles

Una reciente encuesta realizada en las cuatro ciudades más pobladas de Bolivia revela que el 82 por ciento de la gente en el país considera que el Gobierno de Evo Morales se porta débil con los narcotraficantes y sólo el 14 por ciento ve que se está actuando con firmeza con las mafias que trafican cocaína. La mayoría también, un 52 por ciento, considera que Bolivia debería firmar un acuerdo con Estados Unidos para el combate a los narcotraficantes. Cualquiera pudiera entender entonces, que al suscribir el acuerdo tripartito con norteamericanos y brasileños, hecho que sucedió hace unos días, el Gobierno estaría obedeciendo al pueblo, tal como machaca en su propaganda. Lo cierto es que ha firmado los convenios, pero ha sido una reacción a regañadientes, luego de intensas presiones, sobre todo desde Brasil, donde han demostrado su hastío por la gran cantidad de droga que pasa desde nuestro territorio y donde llegaron a calificar a Evo Morales como “cómplice de los narcotraficantes” y de estar construyendo una carretera exclusivamente para la expansión del “negocio”. Al parecer, Estados Unidos ya no necesita presionar mucho. Con el general Sanabria en una de sus cárceles todo comenzó a cambiar como por arte de magia. Y volviendo a la encuesta, esta hablaba de una “debilidad” frente a los narcos. ¿Y si preguntamos una más difícil?

la crónica de Guider para El Deber eriza los pelos al comprobar que avezados delincuentes se concentran en San Matías para negociar la cocaína. 18 habrían sido capturados aunque no conocemos si los internan en una cárcel o los liberan. Aterrador.

Guider Arancibia Guillén
Unos 18 sujetos, la mayoría brasileños buscados en su país por delitos de asesinato, asociación de cuadrillas y narcotráfico, fueron capturados en medio de una balacera con la Policía en San Matías, entre el jueves por la noche y ayer por la madrugada.
La organización delictiva, que midió fuerzas respondiendo con bala, fue sorprendida cuando sus integrantes compartían un churrasco en una casa  del barrio 27 de Mayo de esa localidad.

El jefe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), Fernando Amurrio,  confirmó la acción practicada por efectivos de Umopar y de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).
En el lugar los efectivos se incautaron de una cantidad no determinada de cocaína, al menos cuatro vehículos de lujo y armas de grueso calibre. Las pesquisas señalan que los traficantes estaban negociando el cambio de motorizados robados por cocaína de alta pureza.

La acción se realizó después de que en pasados días un brasileño y un boliviano fueran victimados a tiros en San Matías, en un presunto ajuste de cuentas y de conocerse que la Policía de Brasil capturó a dos brasileños sindicados de ser sicarios y que en octubre del año pasado protagonizaran una espectacular fuga de la cárcel de Palmasola.

Entre los detenidos figuran algunos considerados como los más peligrosos para la Policía brasileña y de Bolivia conocidos por los apodos de  ‘Jetruto’, ‘Alonso’, ‘Filu’, ‘Noruega’ y otros. También un boliviano que, según las investigaciones, alimenta a los traficantes y matones a sueldo con información para las actividades ilícitas.

Los detenidos permanecen bajo estricta custodia en el cuartel de Umopar de San Matías. Sin embargo, se conoció que esa unidad pidió refuerzos a los efectivos con asiento en San Ignacio de Velasco y Santa Cruz teniendo en cuenta la peligrosidad de los aprehendidos, que mantienen contacto con sus cómplices que forman parte de poderosas organizaciones delictivas. No se descarta que se decida su traslado a Santa Cruz para presentarlos ante un juez.

Las investigaciones revelan que no se descarta la posibilidad de que entre los detenidos figuren los responsables de los recientes asesinatos de dos jóvenes que causaron conmoción en San Matías.

Según la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), hace dos semanas en la localidad San Juan del Corralito, a 5 kilómetros de San Matías, en medio de un cementerio fue asesinado con 11 disparos de arma de fuego el brasileño Rodrigo Mejía de Campos Real, de 18 años. El joven estaba acusado de robo de vehículos en Cáceres.

Hace cuatro días, en la misma zona de San Juan del Corralito, fue victimado el boliviano Luis Antonio Bazán Parabá (18), que trabajaba de mototaxista. Ambos primeramente fueron torturados.

Se conoció que entre los detenidos de ayer también figuran dos brasileños que en pasados días llegaron armados en motocicletas y amenazaron de muerte a efectivos de la Felcc de San Matías obligándolos a replegarse a Santa Cruz. Los fiscales David Veizaga y Wilber Hinojosa llevan adelante las investigaciones.

La Felcn de Santa Cruz halla drogaEfectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) allanaron ayer una casa en Santa Cruz y detuvieron a una pareja luego de incautarse de cocaína en paquetes tipo ladrillo. La acción se practicó en el barrio Valparaíso de la avenida Moscú.
El jefe de la Felcn Fernando Amurrio, confirmó que durante el operativo se  encontró siete paquetes de cocaína de alta pureza, se detuvo a un hombre y a una mujer y se secuestró un motorizado.
De acuerdo con las indagaciones iniciales la droga estaba  escondida en el interior de una habitación para su posterior envío a un país del extranjero.
Los aprehendidos prestan sus declaraciones ante fiscales de Sustancias Controladas. Hoy serán presentados ante un juez cautelar para definir su situación jurídica.
Asimismo, agentes de la Fuerza Especial realizaron un operativo en la zona de Pailón, donde encontró de una factoría, se incautaron de 14 kilos de cocaína pero no se procedió a la detención de ninguna persona. Las pesquisas señalan que el laboratorio de cristalización estaba en proceso de traslado a otro lugar, por lo que los traficantes no fueron encontrados. Sin embargo, los policías siguen adelante con las investigaciones.

    Falta de jueces preocupa a Policías y a Fiscales    
Carencia. Los fiscales David Veizaga y Wilber Hinojosa, que están encargados de las investigaciones de los detenidos en San Matías, expresaron su preocupación por la falta de jueces. Desde hace meses que en San Matías, San Ignacio de Velasco y Pailón no hay jueces. Por esta razón la audiencia cautelar no se puede realizar en los términos establecidos por ley y se corre el peligro de que esa situación sea aprovechada por la defensa de los aprehendidos.

Temor. Policías de la Felcc asignados en San Matías han expresado su temor al considerar que en los últimos meses San Matías se ha vuelto más peligrosa por constituirse en el refugio de gran número de brasileños que escapan de su país donde son juzgados por delitos graves. 

Pobreza. La Felcc de San Matías y Tránsito solo cuentan con 20 efectivos que carecen de medios. Incluso la infraestructura no es propia y no reúne condiciones. La Policía de Brasil coopera con información y en las fronteras ejercita controles rigurosos contra traficantes de drogas y matones a sueldo.

ingresa de nuevo al debate. legalizar o no legalizar. argumentos en favor y en contra. El Dia interviene ataca más bien la postura del MAS que se niega a hacerlo. hay mucha tela que cortar

Legalización de las drogas?


Por fin alguien con la suficiente claridad y valentía para llevar a debate un tema que está colgando desde hace mucho en Bolivia: “la legalización de las drogas”. Lo propuso el representante del Partido Comunista Marxista Leninista de Bolivia, Jorge Echazú, durante la fallida cumbre entre el Gobierno y los partidos políticos de la oposición.

No es la primera vez que se lo plantea a nivel nacional. Algunas connotadas figuras del oficialismo lo han deslizado alguna vez, pero enseguida los han mandado a callar, como ha sucedido esta vez, con una contundente respuesta negativa del Gobierno, expresada por el zar antidrogas y productor cocalero, Felipe Cáceres, quien declaró que la propuesta no es viable para Bolivia porque, según dice, “el país no tiene un consumo masivo de estupefacientes y porque no estamos preparados para aplicar una medida de este tipo, ni siquiera para discutirlo. Es un tema tabú”. La tercera razón expuesta por Cáceres es que el negocio de la coca y la cocaína no representa un peso significativo en la economía boliviana.

No hay duda que los argumentos gubernamentales son muy endebles y sobre todo confusos, mientras que Jorge Echazú dio en el clavo al hablar de la incidencia del problema del narcotráfico en Bolivia. El líder político invocó coherencia al Gobierno de Evo Morales cuando le pidió luchar contra un negocio eminentemente capitalista que tiene preso al país.

Para Echazú, legalizar las drogas es ir contra el imperialismo y el MAS debería aprobarlo.
Es posible que Cáceres tenga razón y que sea inviable legalizar las drogas en Bolivia por mil y una razones. De cualquier forma, el Gobierno está haciendo todo lo contrario a lo que debiera y precisamente los actos y omisiones del masismo cocalero son los que incitan el debate sobre la legalización al que se han sumado ilustres personajes mundiales de la talla del premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa. El auge de la droga y su propagación por todos los rincones de América Latina, dan la impresión de que hay una guerra que se está perdiendo, sobre todo cuando existen regímenes como el de Bolivia que no expresan con certeza de qué lado están en esta contienda.
Si el régimen de Evo Morales está en contra de la legalización de las drogas, entonces debería ser plenamente coherente y sumarse con todo a una guerra sin cuartel, como lo estuvo haciendo el país hasta la llegada del masismo cocalero. Cáceres dice que no hay consumo suficiente. Esa afirmación, además de cínica es perversa, pues al paso que aumenta la producción de cocaína en Bolivia, no tardaremos en llegar a los niveles que hoy presenta Argentina, Brasil y Chile, los principales mercados de la cocaína producida en el territorio. Dice también que no estamos preparados para el debate, cuando en realidad, de un plumazo y sin consultar a nadie, Bolivia se salió de la Junta Internacional sobre Estupefacientes; echó a la DEA; habla de elevar a 20 mil el número de hectáreas legales de coca y se acepta como cualquier cosa la presencia de cárteles mexicanos en el país. En Bolivia hay “narcoamauta”, “narcoalcaldes”, “narcogeneral”. De qué tema tabú nos están hablando si la realidad boliviana está narcotizada y, según cálculos serios, casi un millón de personas viven hoy directamente del circuito coca-cocaína.
No quieren legalizar las drogas, pero ya nadie duda que en Bolivia se le está dando manija y con mucha fuerza a un negocio perverso. Recientemente el prestigioso diario The Wall Street Journal denunció que el régimen boliviano es reacio a cooperar en la lucha antidrogas y es a todas luces “ambivalente” en el tema.
El Gobierno está haciendo todo lo contrario a lo que debiera y precisamente los actos y omisiones del masismo cocalero son las que incitan el debate sobre la legalización de las drogas.

convenio tripartito controlará la producción excedentaria aplicando tecnología. adiós a los cocaleros

La firma de un acuerdo entre Bolivia, Estados Unidos y Brasil puede abrir la esperanza de una nueva etapa para 

disminuir el desvío de miles de toneladas de coca.

La erradicación de la coca ilegal para acabar o combatir de manera eficiente y honesta al narcotráfico es un hecho indiscutible. De esto nadie duda e incluso las proclamas en foros nacionales, gubernamentales, de organizaciones institucionales y de la opinión pública como expresión de lo que piensan los ciudadanos, es algo reiterado hasta el cansancio.

Sin embargo, la polémica sobre la cantidad de hectáreas de coca ilegalen el Chapare y los Yungas de La Paz es una especie de manto precisamente para evitar que el problema sea analizado de manera objetiva y que las acciones consecuentes para erradicar los cultivos de la hoja que van a parar la narcotráfico sean destruidos de manera eficiente.

Los informes que, actualmente, se cuentan tanto de organismos internacionales como de los nacionales no siempre coinciden y por el contrario existen variaciones importantes, por una parte, sobre el número de hectáreas sembradas y en relación a las que, eventualmente, cada año aumentan. La discusión se la arrastra desde hace años y si por una parte autoridades de Gobierno sostienen avances en la erradicación de la hoja ilegal, por otra, afirman sobre el incremento, lo que en realidad define el aumento de la producción de narcotráfico en el país. Al mismo tiempo, la producción de coca ilegal plantea el grave problema de la expansión de esta ilícita actividad que de acuerdo a la realidad evidencia que la producción de droga ya no sólo está en las zonas tradicionales del trópico, sino que se instala en los valles e incluso en el altiplano con fábricas de diversa magnitud.

Lo cierto es que la medición de cocales debe ingresar a otra etapa que establezca la cantidad de tierra sembrada con cocales y en ese sentido su erradicación. Las autoridades que tienen a su cargo la lucha y el control de los cultivos de coca están de acuerdo, quizá por primera vez, que es necesario modernizar las tareas de erradicación de hoja de coca a través de la implementación de un sistema satelital para la medición de cocales. Y con razón, también reconocen que bajo las imágenes del satélite “no hay nada que ocultar”.

Se trata de una afirmación clara, que al colegir de las palabras del viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, se puede dar como una realidad que las tareas realizada hasta el momento en este Gobierno y en los anteriores, se efectuaron de manera empírica, lo que por un lado marca graves deficiencias en la lucha contra el narcotráfico, atribuibles a la falta de métodos científicos y tecnológicos y a la negligencia y desidia, por circunstancias incluso que dejan lugar a la sospecha.

La firma de un acuerdo marco entre Bolivia, Estados Unidos y Brasil para modernizar la erradicación de la coca ilegal, anunciada para próximos días, puede abrir la esperanza de una nueva etapa en la lucha compartida de países y de la comunidad internacional para disminuir el narcotráfico y el desvío de miles de toneladas de coca a este negocio ilícito. 

Los trabajos que se realizan en la erradicación de los cocales no guardan la eficiencia necesaria y si por un lado, en el mejor de los esfuerzos que sostienen realizar las autoridades en estas tareas, la realidad es que la fuerza de erradicación muchas veces actúa a ciegas y en condiciones complicadas por las mismas característica de una geografía que ciertamente oculta cultivos de coca destinados al narcotráfico.