solo cabe una palabra "ignominia. verguenza para Bolivia" segundo oficial de alta graduación, próximo al entorno evista que será juzgado el 8 de enero y condenado el 12 a más tardar. la defensa no presentó documentación alguna. Radio Fides

Jorge Valda, abogado de Humberto Roca informó que el juicio contra el ex mayor de la policía Fabricio Ormachea, arranca el 8 de enero de la siguiente gestión, "impostergablemente", y que su sentencia se conocerá a más tardar el 12 del mismo mes.

composición de los medios Quintana que apadrinó a Ormachea preso en los EEUU

Valda manifestó que el juzgado norteamericano incluso podría imponer una agravante a la pena de Ormachea porque no  presentó ninguna prueba a su favor, tras que solicitara un aplazamiento del juicio con ese objetivo el pasado mes de noviembre, cuando debía iniciar acto judicial.

“Los 90 días prácticamente se le han agotado y esto le puede significar una agravante a momento de imponerle una prueba por haber aplazado el juicio injustificadamente”, informó Valda.

Según el abogado, los 25 años de privación de libertad que le corresponden a Ormachea por los delitos cometidos, podrían sumarse en uno o dos tercios por la agravante.

En septiembre de este año el ex miembro de la institución del orden fue aprehendido en EEUU, en pleno acto de extorsión a Roca ofreciendo interceder a su favor en sus procesos judiciales iniciados en Bolivia.  

nuevo problemón que involucra a oficiales de la Academia de Policía. contradicciones en materia de "castigos y chocolateadas" a los cadetes. nada habría pasado si no muere una joven de origen campesino que desató la burbuja violenta entre policías.

La Fiscalía General del Estado instruyó que las muertes de uniformados que se produzcan en recintos policiales o militares sean investigadas por el Ministerio Público, según esté tipificado en el ordenamiento penal de las leyes vigentes en el país.

El anuncio fue hecho por el mismo fiscal general, Ramiro Guerrero, quien visitó ayer la ciudad de La Paz con el fin de pedir información al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) sobre el examen que se practicó al cadáver de la cadete Cinthia Poma, fallecida el lunes en la Academia Nacional de Policías (Anapol). También pedirá informes sobre la situación jurídica en la que se encuentra el deceso del alférez Emanuel Cusi, quien falleció ahogado en el lago Titicaca en octubre.

texto y foto de ERBOL en su edición difital. formación de cadetes son 847

“En nuestro país no hay fueros ni privilegios para nadie, la tarea del Ministerio Público es la defensa de la sociedad, la persecución penal y la investigación de estos hechos (muertes en la Policía y FFAA) para la búsqueda de la verdad objetiva y material”, advirtió Guerrero en una rueda de prensa.

Explicó que los hechos ocurridos en la Anapol y la Escuela Naval podrían ser acciones delictivas ya que serían delitos contemplados en el Código Penal. Desde 2010 fallecieron 24 militares en cuarteles del país.

Tras 96 horas del deceso de la cadete Poma, aún se desconoce el informe oficial que determine la causa del fallecimiento, pese a que ya se practicó el examen forense al cadáver el martes. En el caso del alférez Cusi, familiares piden que la Justicia Ordinaria se haga cargo de la investigación, puesto que la Armada Boliviana inició un sumario.

Golpearon a cadetes

El presidente de la comisión de DDHH de Diputados, Ever Moya, declaró que, el lunes 18, Cinthia Poma y las otras cadetes de la Anapol fueron gasificadas y golpeadas con toletes, como parte de un castigo. El asambleísta entrevistó a las tres alumnas que están internadas en la clínica Virgen de Copacabana y a otros estudiantes que estaban en el examen físico de la Anapol.

“Ese día (18) existió el castigo y abuso, o sea, una ‘chocolateada’ (sanción física) con toletes y gas lacrimógeno”, dijo. Moya anunció que, tras lo informado, se decidió pedir a la Fiscalía acusar a los responsables por feminicidio.

minimiza, se sacude de hombros, no le importa al ministro Romero la reitera denuncia que en Bolivia están operando los cárteles de la cocaína a nivel mundial

Esa cantaleta de que en Bolivia hay “emisarios, no carteles” se parece cada vez más a la tristemente célebre frase del expresidente Jaime Paz Zamora “errores, no delitos”. Nos referimos al argumento del Gobierno que insiste que en el país no operan los grandes carteles que dominan el comercio mundial de la cocaína y que simplemente trabajan emisarios de esas organizaciones, que a juzgar por el ministro de Gobierno, Carlos Romero, siempre tan exquisito en sus definiciones, “son personas de contacto, de enlace, que canalizan determinadas actividades de los cárteles, pero no tenemos una estructura de cárteles operando en Bolivia”. 

Obviamente los cárteles funcionan como compañías transnacionales, con centrales y sucursales y si no han establecido una sede principal en nuestro país es porque no la necesitan y se las puede batir con “emisarios” que aprovechan muy bien las ventajas comparativas de las que goza en negocio en territorio boliviano, que de por sí forma parte de la gran estructura ya sea del cártel de Sinaloa, como afirman en Perú. 

Obviamente los mexicanos jamás vendrán al Chapare o a San Germán a procesar la coca y fabricar la droga; ellos están bastante ocupados con sus tiros y sus explosivos. Para eso tienen a los emisarios, para hacer economía de escala, administrar las “maquilas” de la cocaína y llevarse la tajada de la torta que les corresponde, como ocurre en cualquier esquema globalizado.

cocaleros de Yungas rechazan propuesta de cocaleros del Chapare para dividir en dos partes iguales las 14.705 hectáreas de coca que permite el Estudio sobre la Coca. Mario Castillo insisten en repartirse la producción, mientras que Yungas lo rechaza totalmente

Cocaleros de Los Yungas rechazan la propuesta de productores del Trópico de Cochabamba de repartir a partes iguales las hectáreas permitidas de cultivos de la hoja en la nueva Ley del Régimen de la Coca que reemplazará a la 1.008, aseguró la diputada de esta región, Mercedes Mamani.

El estudio integral de la hoja indica que se necesitan 14.705 hectáreas para cubrir el consumo tradicional, mientras que la actual ley 1.008 dispone que sólo 12.000 hectáreas son legales.

El  dirigente de la Federación Chimoré, Mario Castillo, aseveró que los cocaleros del Trópico exigirán una repartición equitativa de las 14.705 hectáreas de coca legal.

La legisladora de Los Yungas dijo al respecto que “hay una preocupación de los hermanos productores de coca por una resolución que han sacado los hermanos productores de Cochabamba donde (piden) que de las 14.705 hectáreas sea la mitad (para ellos)”.

“En ningún momento nos hemos sentado (a dialogar) con el sector de Cochabamba. 50/50 no se puede dar”, añadió la asambleísta del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Instituto Forense (IDIF) no goza de credibilidad. mezclan lo científico con lo político. hasta ahora un solo caso no es efectivo. críticas por dejar las influencias.

 A 14 años de su creación, el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) no se consolida aún como una institución creíble, según denuncian abogados de seis casos emblemáticos, que detallan las  contradicciones y su falta de consistencia técnica y científica en los informes. La falta de credibilidad del IDIF se debe, dicen los juristas consultados, a la dependencia técnica y a la aparente injerencia política en su trabajo, que no le permite ser una institución imparcial que apoye la investigación de los delitos con la comprobación idónea de las pruebas. 

supuesto policía se suicida Fajardo que mató a periodista no aparece hasta hoy

Los abogados de los casos Terrorismo, Porvenir, de  José María Bakovic, de la periodista Hanalí Huaycho, de la enfermera Yaneth Vargas –que falleció en instalaciones del Estado Mayor– y de la cadete Cinthia Poma aseguraron que no existen peritos idóneos y la información científica es manipulada. 
William Echave, abogado defensor de la familia de la cadete Cinthia Poma y de la enfermera Yaneth Vargas, aseveró que para los juristas "existe mucha susceptibilidad” respecto a los informes que emiten los peritos del IDIF, porque contradicen  los reportes realizados por especialistas particulares.
"Es preocupante. De acuerdo al Código Penal, el IDIF debe coadyuvar con la investigación. Tenemos problemas por falta de capacidad idónea. No se puede llegar a establecer con claridad y  a determinar de manera objetiva los sucesos”, señaló Echave, al informar que demandó al médico forense Julio Dalence por falsear información en el caso de la muerte de la enfermera.
En la misma línea, Eduardo León, abogado de la familia de Hanalí Huaycho,  aseveró que el personal que tiene el IDIF "no es el mejor. Hay peritos sin la suficiente idoneidad. En el IDIF existe gente que manipula información, como sucedió con el caso de Jorge Clavijo”.  
Mientra Audalia Zurita, abogada de la familia del expresidente del Servicio Nacional de Caminos José María Bakovic, señaló que los forenses del IDIF presentan informes "dependiendo quién es el acusado”. 

Uno de los abogados del caso Terrorismo, Otto Ritter,  dijo que los informes forenses "tienen grandes contradicciones. Los del IDIF pareciera que   esperan que se muera alguien, como sucedió con Bakovic ”, manifestó.

Página  Siete buscó en tres ocasiones a directivos del IDIF, pero no fue posible tener su versión.


Punto de vista

Iván Campero  | Presidente del TDJ de La Paz

Existe personal;  faltan recursos

En el tema de investigación científica, estamos con muchos problemas. Los recursos humanos son buenos, hay gente que se ha especializado, pero no se cuentan con los recursos necesarios. Si bien el IDIF pertenece al Ministerio Público, debería ser una institución que conjugue con  los jueces. Es decir, que sea una instancia técnica especializada interinstitucional donde estén la Policía y los  jueces.

En el caso de Bakovic, el médico del IDIF dijo que  podía ir a La Paz ocho horas, no lo ha dicho el juez, pero se ha muerto. Ahora al IDIF  se le manda por otro caso y dice ya no vamos a opinar, porque no tenemos cardiólogos.

Tiene que haber un presupuesto independiente, porque no sabemos lo que va a pasar. 

Había un problema con una grabación que presentó una senadora y no pueden detectar si es original o no. Tenían que mandarla al exterior. 

Los del IDIF me dicen: "Aquí tenemos todo, pero no existen los insumos suficientes; no los podemos comprar porque no hay recursos”.

 

PERITAJES

1.-  Jorge Clavijo 

El IDIF informó que  el cuerpo hallado en La Asunta pertenecía a Jorge Clavijo, quien asesinó a la periodista Hanalí Huaycho, pero un equipo de 13 médicos forenses señaló que el cuerpo corresponde a un afrodescendiente.

2.- Caso Terrorismo 

Informes forenses del hospital San Juan de Dios señalan que tres acusados se encuentran con problemas serios y corren riesgo. Mientras los del IDIF, documento firmado por Sheila Cádiz, confirman el mal estado de salud  pero que no existe riesgo.

3.- Caso Bakovic 

El informe médico firmado por la perito Sheila Cádiz establecía que Bakovic podía viajar a La Paz. Pero una junta médica aseguró que su vida corría riesgo si lo hacía.

4.- Caso enfermera

El forense Julio Dalence, del IDIF, dijo que la muerte fue causada por raquimedular con fractura craneal. Después, cambió de opinión. 

5.- Caso Porvenir

Leopoldo Fernández aseveró que la evaluación médica practicada por peritos del IDIF no le identificaron males, pero al final se sometió de emergencia a una cirugía de riñón.

6.-  Cinthia Poma

A una semana de la muerte de la cadete Cinthia Poma, el IDIF aún no realizó las pericias. Familiares aseguran que el cuerpo presentaba golpes.

Jaime Liendro desde OPINION se refiere a la COCA, al Informe a Yungas y Chapare, en una ligera variación de otros puntos de vista que hemos podido apreciar después del famoso documento, que nadie ha leído en su integridad hasta la fecha.

Después de largos años de espera, por fin se ha logrado concluir con el estudio sobre la incidencia del masticado de la hoja sagrada contra lo que se produce para la elaboración de la droga cocaína. El Gobierno extrañamente lo presentó primero a los campesinos dedicados a la siembra del arbusto coca y asociados en federaciones que apoyan al presidente de esas federaciones y al mismo tiempo Presidente del Estado plurinacional boliviano. 

El estudio en cuestión fue financiado por la Unión Europea para establecer las cantidades de cuántas hectáreas sembradas se necesita para satisfacer la costumbre tradicional del acullico, y cuántas existen en realidad sembradas tanto en los Yungas de La Paz como en el Chapare cochabambino y otras zonas. 

Cabe hacer una diferenciación, la cual es que la hoja producida en el Chapare no es apta para el acullico porque ella por su calidad no es idónea para este efecto, lo cual hace que los consumidores la excluyan de ese fin, de modo que la coca producida en el Chapare sea exclusivamente para la elaboración de la droga cocaína. Por ello se deduce que conforme a la “autorización” de la ONU, en Bolivia solamente debe haber sembradíos de coca en los Yungas de La Paz y en una cantidad ya establecida anteriormente. Por ello existe la coca ilegal y la coca que es y debe ser erradicada. Sin embargo de todo lo establecido sobre el cultivo de la coca, en la actualidad se ha sobrepasado la cantidad de hectáreas permitidas y este problema debe ser resuelto por el estudio realizado y no conocido en forma global. 

Por otra parte, el famoso acullico, ya no es tan popular como lo era en tiempos pasados, pues la costumbre del masticado de coca, especialmente en las ciudades, no existe o no se nota porque la tal costumbre es completamente impopular y en los pueblos sucede igualmente que conforme avanza el progreso, el acullico ha pasado a ser una costumbre olvidada y también desechada y solamente es vigente en gente que la practica por razones que alegan les da resistencia contra el sueño o el cansancio físico, como es el caso de los choferes de largo trayecto, pero en este caso particular, les reduce la capacidad de reacción frente a acciones que demandan inmediata reacción.

Una condición muy propalada por el Gobierno actual es la “industrialización de la coca”, por ello se han intentado fabricar diversos productos de consumo humano, tales como refrescos, harina y otros que no tuvieron aceptación en el mercado nacional y mucho menos en el internacional, sin embargo, las autoridades correspondientes siempre defienden el excedente cocalero con el argumento de que “estamos industrializando”. 

Quispe diputado masista por Yungas afirma que son 30 mil las hectáreas sembradas de coca en el Chapare y que debe reducirse a 15 mil, o sea el 50% debería erradicarse. se aprecia entonces que la desinformación es grande y que hay contradicciones entre los mismos masistas cocaleros.

Habiendo más de 30.000 hectáreas,  entonces el gobierno debe erradicar  la mitad, mínimamente 15.000 hectáreas de coca,  que son las de el Chapare productores cocaleros protegidos por el gobierno. A pesar  de las cifras  absolutamente  increíbles de consumidores que lanza el gobierno, pues equivalen a que el 60 % de la población empadronada consumiría este estupefaciente, dato que seguramente ni ellos lo creen

Quintín Quispe, diputado de la región de los Yungas paceño que pertenece a la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS), afirmó que el 90 por ciento de la coca producida en el trópico de Cochabamba es llevado al mercado ilegal.

“En los informes (de la ONU) se ve que del sector del sub trópico cochabambino, el mayor porcentaje de su coca va a un mercado informal. Dentro de los registros, el 90% o 91% va al mercado informal”, declaró Quispe.

El informe 2012 de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (ONUDC) en Bolivia, establece que la producción de plantaciones de coca en el trópico de Cochabamba llega a 22.400 toneladas (t), de las que 1.166 t son enviadas al mercado legal de Sacaba, mientras que 21.234 t son desviadas al mercado ilegal. De acuerdo con el mismo documento, en Bolivia la producción de coca llega a 45.000 t. De esa cantidad, 22.200 t (49%) corresponden a los Yungas y 22.400 t (51%), al trópico cochabambino.

En respuesta, el exdirigente cocalero del Chapare y actual senador Julio Salazar (MAS) manifestó que dar cifras sólo busca que haya peleas entre los productores. “Hay controles en las licencias de traslado (de coca) por municipio y se revisa en las trancas de Locotal y Villa Tunari. Llevamos un registro en el que debe estar qué cultivadores hacen llegar la hoja al mercado legal”, expresó

El martes, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, presentó los resultados del Estudio Integral de la Demanda de la Hoja de Coca en Bolivia, según el cual se requieren 14.705 hectáreas de coca para cubrir la demanda de 3,08 millones de consumidores en el país.

Habiendo más de 30.000 hectáreas,  entonces el gobierno debe erradicar  la mitad, mínimamente 15.000 hectáreas de coca,  que son las de el Chapare productores cocaleros protegidos por el gobierno. A pesar  de las cifras  absolutamente  increíbles de consumidores que lanza el gobierno, pues equivalen a que el 60 % de la población empadronada consumiría este estupefaciente, dato que seguramente ni ellos lo creen