El Deber ratifica la primicia del miércoles. detenido infraganti delito un teniente coronel de policía con el título de Jefe de la Policía anticorrupción, nada menos. hoy en manos del FBI será cautelado y posiblemente juzgado por extorsión. Quintana su jefe y protector.

En más de una oportunidad el mayor Mario Fabricio Ormachea Aliaga habría intentado extorsionar al exdueño de AeroSur Humberto Roca. El sábado 31 de agosto el oficial llegó al domicilio del empresario en Miami, en Miami Lake, para ofrecerle terminar su proceso judicial a cambio de una suma de dinero. En medio de ese intento, el abogado del empresario, Michael Díaz, contactó al FBI, que en una operación encubierta arrestó a Ormachea. Versiones de prensa lo señalaron como exjefe de la Unidad Anticorrupción de la Policía.    

Todos los encuentros fueron en Miami y tenían un horizonte claro: cobrar un monto de dinero para, supuestamente, terminar el juicio de enriquecimiento ilícito contra el empresario. 

Esta versión fue revelada ayer por el abogado de Roca en Bolivia, Jorge Valda, quien explicó que su cliente le comentó que el policía lo buscó en varias ocasiones para extorsionarlo. 

“Se sorprendió en flagrancia al oficial Ormachea, que estaría recaudando una importante suma de dinero de mi cliente producto de una extorsión con la excusa de terminar el proceso penal en su contra. No era la primera vez que este oficial buscaba a mi cliente, en anteriores oportunidades lo hizo para el mismo fin y este sábado se produjo la extorsión”, comentó el jurista.   

Aprehendido en Miami

composición gráfica de El Sol de Pando que repetimos con el texto de El Deber, SC

Ormachea está detenido en una oficina federal de Miami y espera una audiencia judicial para conocer su futuro. El subcomandante de la Policía, Roberto Albarracín, afirmó que el oficial aprehendido en EEUU no tenía una resolución que autorizaba su viaje. Además, aclaró que Ormachea no era jefe anticorrupción en la institución.    

Valda relató que Ormachea fue detenido por agentes del FBI cuando contaba el dinero que supuestamente recibió de manos de Roca. El jurista evitó precisar el monto entregado, aunque señaló que era una “suma importante”.

Era policía anticorrupción

Ormachea tenía a cargo la investigación de supuestas ganancias ilícitas de Roca. Bajo ese rótulo, el uniformado se contactó con el empresario cruceño para intentar resolver su caso. Después de varias entrevistas hubo un acuerdo de palabra sobre el monto de la supuesta extorsión. 

La ministra de Transparencia, Nardi Suxo, declaró que Ormachea no viajó con autorización del Gobierno. 

Ormachea es el segundo oficial de la Policía que se encuentra detenido en EEUU. El general René Sanabria es el primero; fue capturado en Panamá y es acusado de traficar 144 kilos de cocaína a EEUU 

   Para saber   

Lo tildan de desertorLa Policía Boliviana, mediante un comunicado de prensa, calificó de "desertor" de la institución policial al mayor Mario Fabricio Ormachea Aliaga. En esa carta, señalan que el oficial dejó su cargo en agosto. Aseguró que no tenía permiso para viajar al exterior.

Posición de la fiscalíaLa fiscal Fabiana Acero informó de que el mayor Ormachea Aliaga dejó su cargo “hace dos semanas”. El oficial estaba involucrado en otros casos de corrupción por lo que no estaba éticamente habilitado para el cargo, señaló la autoridad del Ministerio Público.

    Análisis    

Se aplica la ley donde se cometió el delitoAlejandro Colanzi - ABOGADO

En materia penal hay un principio fundamental que establece que se aplican las leyes del lugar donde se comete el delito. Por más que sea la denuncia de un boliviano contra otro boliviano, impera la ley estadounidense.

Aparentemente era la tercera vez que Humberto Roca recibía esa visita (Mario Ormachea) y le tendió una trampa ante una extorsión, con conocimiento del FBI, y es agarrado con el dinero marcado. Ormachea tiene que rendir cuentas, pero no solo él, sino también el querellante Humberto Roca tendrá que señalar si es que Ormachea se acoge al silencio, que es un derecho; el denunciante tendrá que declarar qué nombre le dio y cuál era el trato.

La justicia estadounidense tendrá que recurrir al Estado boliviano, citará y convocará a esas personas y si son autoridades será con mayor razón. Si es cierto lo que se denuncia de la extorsión, ese hecho se gesta en Bolivia, pero se produce en EEUU y esa acción tiene actores directos e indirectos, por lo que la investigación tendrá que llamar a los involucrados 

por obra de la Providencia cae en Miami uno de los pilares de Quintana, el mayor Ormachea en acto de extorsión a Humberto Roca. Wilson García nos ofrece el texto (fragmento) y el montaje de ambos mafiosos

Operador de Quintana en la Policía

Ormachea detenido por el FBI en Miami. Juan Ramón Quintana su protector

El año 2004, el hoy ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana, militar sociólogo, publicó un estudio titulado “Policía y democracia en Bolivia: una política institucional pendiente”, que para el diagnóstico incluía una extensa relación hemerográfica de hechos de corrupción conectados al delito del narcotráfico durante el gobierno de Hugo Bánzer Suárez.

Uno de los casos mencionados por Quintana, detallado en el periódico Última Hora del 8 de abril de 1999, se refería a un episodio de falsificación de pólizas que investigaba la jueza sexta de instrucción en lo penal Betty Yañíquez, entre los que estuvieron implicados dos policías, el mayor Fabricio Ormachea Aliaga y el coronel retirado Rubén Esquivel, junto a otras doce personas, entre ellas un narcotraficante brasileño.
Pese a ese antecedente, una vez que fue nombrado Ministro de la Presidencia, el ex mayor de Ejército Juan Ramón Quintana convocó a Mario Fabricio Ormachea para convertirlo en su principal operador político dentro la Policía Boliviana, comprometiendo a dicho oficial en la estrategia que Quintana desarrollaría para debilitar las competencias policiales buscando fortalecer el rol militar en las políticas de seguridad pública.

Ormachea, dicen sus camaradas, se convirtió entonces en el nexo principal entre Quintana y la Policía Nacional. “Cada vez que hay nuevas órdenes de destinos y ascensos de fin de año, había que buscarle a Fabricio Ormachea para gozar los favores del Ministro Quintana que se encarga de entregar al presidente Evo Morales las listas de los beneficiados, pero eso no era gratis”, afirma un policía recientemente jubilado.
Según nuestras fuentes, el contubernio entre Ormachea y Quintana ha causado un severo deterioro institucional a la Policía, pues las órdenes generales de ascenso no consideran los méritos intelectuales y profesionales de los uniformados, sino la ciega lealtad política a Quintana, que Ormachea se encargaba de procurar entre sus camaradas extorsionados.
“Todo el mundo sabe en mi institución, por ejemplo, que entre las mujeres policías habían camaradas que tienen muchas más altas puntuaciones que las que son hoy generalas, pero como ellas nos dieron muestras de sometimiento político, se las ha relegado”, nos dice uno de los entrevistados.

policías corruptos.

cómplices de sangre y dinero en las cárceles

los presos sin los policías no tendrían poder

sacar las manos de las cárceles policías cómplices

si de verdad, un sólo jefe policial lo quisiera podría poner coto al abuso policial. a toda la corruptela que liga estrechamente a los delincuentes de dentro con la Policía de fuera. si hay un "seguro de vida" para proteger a los presos recien internados en las cárceles por 500 dólares...200 pasan a las manos de los policías.

el dinero se mueve de mano a mano. los llamados "líderes o representantes" de los mafiosos de dentro "pactan con los jefes policiales" que se enriquecen de la noche a la mañana con el dinero de las víctimas que si no los tienen, piden a sus esposas, a sus hijos, a sus padres que los consigan a como dé lugar, en ello va "su vida y su seguridad". esto no lo inventa el cronista, está en las declaraciones de Jacob Ostreicher al periodista Emilio Martínez, está en libros como "El Choco" escritos por reos extranjeros que relatan con pelos y señales los casos de extorsión a manos de los "líderes" que son los cómplices directos, de los policías de diversos mandos, según el monto, de soldados rasos, de sargentos y suboficiales, a subtenientes, capitanes y coroneles, nadie se libra de la red de corrupción.

que Romero quiere cambiar. releve a todos. sin que quede uno sólo, mándelos a otra parte y libere a las cárceles del personal corrupto. verá cómo funciona, hasta que la corruptela empieze a cundir de nuevo con consignas e instrucciones desde fuera. Cómo describe cada sección de San Pedro el autor Markus Lutteman desde Alamos, Cancha, Chonchocorito (también hay en Santa Cruz), cocina que por las noches es dormitorio, Guanay, Palmar, Pinos, Posta, Prefectura y San Martín, con cerca de 2.800 detenidos una barbaridad, un hacinamiento inconcebible. Y en cualquier momento si algún ciudadano tiene dudas vamos a dar los detalles de cada extorsión, tarea común de reos protegidos o mejor comandados por los jefes policiales, que se hinchan de dinero, se enriquecen con el sistema de explotación existente.

de modo que si Romero quiere, no dudamos de su personal honestidad, es posible y sería de desear que así fuera, pero el "cuerpo policial" está todo podrido. corrupto. grangrenado por fuera y por dentro. Ojalá esta lección horrorosa de Palmasola, con más de 30 muertos y 60 heridos, pudiera servir de algo, de un freno a la carrera de corrupción de ese antro de mafia y podredumbre...y de otras cárceles que también tienen lo suyo.

Honor al General Foronda que resistió la orden de intervenir Chaparina. Villegas le hizo saber que estaba replegado en su lugar actuaron Muñoz y Palacios. Sacha Llorenti es el primer responsable ratificado por un informe policial. Sensacional. Se espera su destitución como representante ante NNUU.

Un informe confidencial presentado hoy por el  Movimiento Sin Miedo (MSM)  y realizado por el general Edwin Foronda, ex inspector general de la Policía, confirma que ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, ordenó la represión a los indígenas de la VIII marcha el 24 de septiembre de 2011 en Chaparina.

En conferencia de prensa, el vocero del MSM, Edwin Herrera, de manera breve detallo los aspectos del documento donde hace referencia a la brutal represión policial a los marchistas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) cuando se dirigían a la ciudad de La Paz en rechazo a la construcción del tramo II de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.

Según el informe confidencial presentado por Herrera,  el general Foronda estaría la frente del contingente policial desplazado a Yucumo  el pasado 24 de septiembre cuando recibió la orden de la represión a los indígenas. Mandato que no fue acatado por la autoridad policial que trato de persuadir que la movilización continúe hacia la sede de Gobierno a través del diálogo.

“El ex ministro de Régimen Interior (Boris Villegas), me dijo  me dijo lo siento General, el ministro de Gobierno lo está replegando por no haber intervenido la marcha, están llegando Muñoz y Palacios para acatar la orden del Sacha Llorenti”, relató.

Antes que sea nombrado Embajador de Bolivia ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), Llorenti,  manifestó en varias oportunidades  que ni él ni el Presidente, Evo Morales,  ni el Vicepresidente Álvaro García Linera, habían dado la orden de reprimir a los indígenas defensores del Territorio indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) el 24 de septiembre de 2011.

La ex autoridad dio la cara casi 24 horas después de los lamentables sucesos, aunque deslindó responsabilidades, primero acusó al viceministro Marcos Farfán, después culpó a la Policía, y tras mentir tres veces consecutivas renunció a su cargo.

dónde va a parar el 60% de la coca?

el Gobierno pretende ignorarlo. dice informe UNODC es incompleto


Tras difundirse el informe de Monitoreo de Cultivos de Hoja de Coca 2012, elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC, por su sigla en inglés), el ministro de Gobierno, Carlos Romero, advirtió que el porcentaje de la hoja desviada al narcotráfico es elevado.

“Obviamente, hay producción de coca que se desvía a la elaboración de la cocaína, pero forma parte de la estructura de trabajo y de combate (que tiene el Gobierno). Ahora lo que ha hecho el monitoreo de las Naciones Unidas es, simplemente, advertir que el porcentaje de desvío es elevado, pero no nos ha dado otros elementos”, declaró en una conferencia de prensa.

El lunes, el representante de la UNODC en Bolivia, Antonino de Leo, presentó el citado informe, en el que destacó la reducción de la superficie cultivada de coca en 7%, de 27.700 hectáreas (h) en 2011 a 25.300 h en 2012. En el mismo documento se deduce que el 59% de la hoja producida en el país no fue comercializado por los dos únicos mercados legales: Villa Fátima (La Paz) y Sacaba (Cochabamba).

la versión de Radio Fides revela que los "linchados" uno de ellos ya fallecido, recibían pago, instrucciones y armas y vehículos de narcotraficantes con lo que cometían sus atracos.

Los atracadores que cayeron en Ivirgarzama en el trópico cochabambino el fin de semana, y que estuvieron a punto de ser linchados, operaban con recursos del narcotráfico para conseguir autos a pedido de la clientela, Radio Fides tuvo acceso al acta testifical de Rubén Aguilar Cuellar, uno de los delincuentes capturados y actualmente con detención preventiva, que revela los nexos que tenían con el negocio de la droga.

Según la declaración se señala a un tal Rony Basualdo, que es un narcotraficante que se encuentra prófugo, él les habría proveído las armas y los uniformes de UMOPAR para atracar al propietario de un automóvil Nissan Cóndor, porque una persona de  Santa Cruz habría ofrecido 8 mil dólares y una vagoneta si es que se le entregaba el citado vehículo.

En su declaración señala de forma textual: “Rony decía que vehículo queríamos robar, era de acuerdo al pedido que le decían sus clientes de Santa Cruz, a veces nos prestaba dinero y no nos pagaba bien, nosotros le fabricábamos la droga, él traía los precursores, la coca, pero no ganábamos bien, por eso decidimos empezar a atracar, el Rony ya estuvo en la cárcel”, aseguró.

Marcos Vidal, fiscal de Materia de Ivirgarzama, reveló que además de Rony Basualdo existen otras dos personas implicadas que se encuentran prófugos y armados: “los mandamientos de aprehensión ya los tenemos armados, lo que falta son más policías y vehículos para buscarlos, los efectivos tienen que ir con chalecos antibalas porque esta gente está armada”, señaló.

Además se ordenó la investigación de los instigadores del linchamiento para sancionarlos, pero en Ivirgarzama se decidió aplicar la “ley del silencio” porque se considera que se hizo justicia con mano propia ante el abandono que sienten, para una población de 90 mil personas existe sólo un juez cautelar, un fiscal de materia y dos efectivos de la FELC

el linchamiento es un crimen. nada justifica matar a "un sospechoso" es señal de barbarie, de incultura, inhumano y cruel. lo sucedido en Ivirgarzama no tiene justificación, más aún si la policía retrocedió y tuvo "miedo de intervenir" hasta que el delito fue consumado.

Execrable.

La justicia por mano propia que se aplicó en Ivirgarzama es deplorable. Las autoridades tienen que adoptar medidas para que nunca más se repitan estos delitos.

La máxima sanción reconocida por la Constitución Política del Estado de Bolivia es la privación de libertad por 30 años, sin derecho a indulto. Esta condena se aplica, previo juicio, a casos de traición a la patria, asesinato, feminicidio y otros delitos graves. 

La pena de muerte está proscrita. Sin embargo, el deceso de un presunto ladrón de vehículos y autopartes, a consecuencia de las quemaduras que sufrió en Ivirgarzama, muestra que en Bolivia la pena de muerte tiene vigencia, no legalidad. 

Roberto Ángel Antezana, de 28 años de edad, fue atrapado el 1 de junio por choferes del Sindicato Carrasco y pobladores de Ivirgarzama. La acusación de vestirse como policía de Umopar con el fin de cometer atracos junto a otros ocho integrantes de la banda le costó la vida. Su hermano, Álvaro Antezana (30 años) con el 50 por ciento del cuerpo quemado alega inocencia de él y de su hermano que murió el domingo por la madrugada. 

Según la Policía, la banda estaba formada por nueve integrantes que robaban camionetas y camiones “a pedido” de otras personas. En un chaco de Bulo Bulo, ocupado por los acusados, la población encontró autopartes. 

Los sospechosos de robo fueron golpeados y flagelados antes de ser rociados con gasolina y quemados. Hasta hoy no hay ningún detenido por la muerte de Roberto Ángel Antezana. Ivirgarzama fue escenario de otros linchamientos en 2008, 2009, 2011 y 2012, con al menos siete víctimas mortales hasta la fecha. 

Después de Guatemala, Bolivia es uno de los países donde más linchamientos ocurren. La mayoría queda impune. Para reducir la incidencia de los linchamientos, el abogado Raúl Cáceres recomendó tipificar el linchamiento como un delito.

A pesar de la campaña del Gobierno, de aclarar que los linchamientos no son parte de la justicia comunitaria, ese delito va en aumento. En el colectivo humano persiste la sensación de que mimetizándose en un grupo, se puede matar y quedar impune. En los pocos casos que llegaron a juicio se demostró que para juzgar a algunos involucrados se recurrió a tipificar el delito como “lesiones, homicidio o asesinato”, pero sus abogados tienen la opción de refutar esas acusaciones “porque golpear no es matar”. El delito no se esclarece porque el conjunto social hace un pacto de silencio. Se encubre todo el accionar, al amparo de una decisión colectiva, casi institucional de la organización.

El delito cometido por la turba se basa en que el Estado no responde suficientemente en cuanto a programas de seguridad ciudadana y, por tanto, toman la justicia por mano propia con ajusticiamiento sumarial directo. Allí es donde están los niveles más degradantes de tortura y asesinato que quedan impunes, más allá de que se vincule a las víctimas con otros delitos como el narcotráfico, el robo y otros. 

La turba manifiesta un comportamiento de sadismo. Es resultado de una cultura de violencia en la que las personas que participan en esto no discriminan, ni recapacitan si es justo o no aplicarla. Ejercen los niveles de tortura más sádicos y déspotas que se pueden dar a un individuo. Las víctimas sufren horas de vejaciones hasta que llega la muerte por apedreamiento, asfixia, golpes o quemaduras. 

Las leyes bolivianas defienden la vida y en ningún caso se aceptan las ejecuciones sumarias. 

La pena de muerte, incluso aplicada por la justicia de otros países es muy cuestionable porque se ha ejecutado a inocentes. En Estados Unidos, por ejemplo, 142 personas han sido exculpadas de la pena de muerte porque las pruebas que los condenaban eran insuficientes. Bolivia no puede permitir más linchamientos. Ojalá que en este caso de Ivirgarzama se haga justicia y nunca más se ejecute a sospechosos.