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viernes, 11 de mayo de 2012

sigue el "chenk´o policial" ahora implican a la asesora de la Academia, aunque sin llegar al fondo del asunto. quién autorizó los cobros y dónde ha ido a parar la danza de dólares?


La comisión de fiscales que investiga las irregularidades en el ingreso de 54 "bachilleres interculturales" a la Universidad Policial (Unipol), determinó imputar a la asesora legal de la Academia Nacional de Policía (Anapol), Carla Ortiz.
El fiscal Marco Antonio Rodríguez informó que hoy se realizará la audiencia de medidas cautelares en el juzgado Tercero de Instrucción en lo Penal, donde será el juez quien defina la situación legal de la abogada.
"Por la cual se admite a bachilleres interculturales en la Anapol, la legalidad o ilegalidad se va a determinar en juicio, pero por el momento nosotros la estamos tomando como irregular y que no se acomoda a los preceptos legales establecidos. Vamos a someter a medidas cautelares contra la abogada Carla Ortiz", manifestó el fiscal ante la prensa.
Según Rodríguez, la presunta participación de la asesora legal de la Anapol está en relación al ingreso de bachilleres y cadetes en la Universidad Policial por lo que se determinó la imputación.
La asesora legal habría presuntamente firmado con el coronel José Piérola, exdirector de la Unipol, las dos resoluciones administrativas de la ampliación para el ingreso de los 54 postulantes a esta instancia policial.
El ministro de Trabajo, Daniel Santalla, prestó ayer una declaración judicial ante el fiscal Aldo Ortiz sobre el ingreso de su hija a la Unipol. "Es una prerrogativa que tiene el ministro Santalla, por ese motivo prestó su declaración en su oficina", explicó el fiscal Ortiz.
Explicó que la autoridad admitió que su hija postuló a la Anapol, pero adquirió prospectos y cumplió con todos los requisitos.

sábado, 5 de mayo de 2012

dar lectura a nuestro previo. el malestar entre la tropa policial aumenta. piden atención a sus demandas. el amotinamiento no está descartado.


Previo: Hace tan sólo tres días preguntábamos a los lectores sobre el origen, dónde fabrican los gases lacrimógenos que los policías utilizan para "reprimir al pueblo" entre otras tareas. Un lector respondió pronto "los traen de Irán via Venezuela" y en verdad que el amigo estuvo acertado. Revisamos el libro de Eudoro Galindo "El Legado Maligno" cuando se refiere ala penetración de Venezuela en Bolivia y la construcción de una "mega embajada en La Paz que albergaría a las embajadas de Cuba, Venezuela, Nicaragua" y señala el acuerdo de Defensa con autoridad para imponer "un mando militar sobre las FFAA bolivianas", acuerdo de mayo del 2006 que incluye misiones específicas para tareas conjuntas como ser "control democrático", "planes de defensa", "gestión presupuestaria", "gestión de crisis", "sistema de información y comunicación, "mando y control" y "control de agentes químicos y bioquímicos"...aquí está "la madre del cordero" las granadas y otros municiones llegan en aviones especiales a las bases en Pando, donde se han construído hangares y depósitoos subterráneos apenas conocidos por los vecinos, los vuelos son generalmente nocturnos y luego de día en el avión Hercúles son trasladados a La Paz y otras capitales, incluyendo El Allto donde tiene depósitos de armas y agentes químicos fabricados en Irán. (páginas 366, 367 y 368 de la obra mencionada) Hasta aquí el editor.
Los clases y Suboficiales de la Policía admiten que existe malestar por el incremento salarial.
“La expectativa que nosotros queremos el mismo trato que otros de los ministerios. Porque también nosotros somos trabajadores, pero trabajadores que trabajamos las 24 horas. Sufrimos muchas situaciones, muchos factores al igual que los médicos” indicaba el presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales de la Policía, subof. Edgar Ramos, en declaraciones emitidas el 17 de abril y antes de la aprobación del Decreto Supremo que establece un incremento salarial para ese sector del 8%.
Pidieron el mismo trato otorgado a funcionarios públicos, hoy denuncian discriminación. Se confirmó el malestar y posible motín ante el supuesto incumplimiento presidencial de un compromiso lanzado en la Cumbre Social de Cochabamba.
“Nosotros queremos el cumplimiento que en un mensaje nuestro hermano presidente dijo que va existir la nivelación salarial”, expresa Ramos.
Extraoficialmente se conoció de intentos de motines en distritos policiales de La Paz. Lo cierto es que la Anssclapol confirmó que el próximo lunes se reúne con el Viceministro de Gobierno Jorge Pérez para hablar sobre este tema. (ATB)
Ministro de Gobierno pide paciencia a los uniformados
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La Paz.- Ante el malestar existente en algunas unidades policiales y debido a los bajos ingresos económicos que perciben estos efectivos, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, pidió paciencia mientras se apruebe la Ley de Seguridad Ciudadana.
“Soy consciente de que ellos legítimamente aspiran a tener mejores condiciones de trabajo, cualquier proceso de fortalecimiento de la Policía pasa por mejorar su situación laboral. Estamos esperando la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana, porque ahí vamos a tener un incremento significativo de recursos económicos, hay un aporte del Gobierno nacional que es de 2.009 millones de Bs en el presupuesto de este año y las gobernaciones van a prácticamente duplicar su aporte a las tareas de seguridad ciudadana”. (Pat)

viernes, 4 de mayo de 2012

Ganaron los médicos. 6 horas diarias

finalmente. más de 30 días de protesta terminan reponiendo el DS de las 6 horas. anuncia Evo.

cuándo no! ahora aparecen los masistas Avalos, Surco y Tupa suscribiendo recomendaciones de "los cadetes admitidos bajo soborno" en Academia de Policías


La revelación del "padrinazgo" de los tres parlamentarios del Movimiento Al Socialismo (MAS) se conoció este viernes en la jornada donde 19 ex cadetes prestaron declaraciones judiciales en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen.
La admisión irregular y presunto cobro de dinero a 54 cadetes de la Academia Nacional de Policías (Anapol) ahora será investigado por tres fiscales, Marco Antonio Rodríguez, Milene Alba y Aldo Ortiz.

Los tres fiscales, asignados por la Fiscal de Distrito Betty Yañiquez, reprogramaron la declaración informativa del comandante de la Policía Nacional, general Jorge Santiesteban, para las 9:30 horas del próximo lunes sobre la admisión de bachilleres interculturales en Anapol.
El fiscal Aldo Ortiz recibió el jueves las declaraciones del viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, Cesar Navarro.
Según la explicación brindada por el representante del Ministerio Público, la autoridad de Estado habría reconocido que su sobrino figuraba en la lista que fue aceptada por el comandante de la Policía, general Santiesteban, pero negó el uso de influencias en su ingreso a la institución policial.
La investigación judicial ya constató que de los 54 cadetes admitidos solo cuatro eran bachilleres del área rural, y 16 habían egresado de colegios particulares.

jueves, 3 de mayo de 2012

existe la idea de suspender al máximo jefe policial luego de la declaración que prestará el lunes a las 9.30 ante el Fiscal. Santisteban está en capilla


Por su parte, el viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez no descartó el jueves con suspender de sus funciones a la máxima autoridad policial en caso de existir una imputación formal y que en una audiencia cautelar se determine la detención domiciliaria o una detención preventiva, como estipula la ley 101.
“Para este jueves fue citado el general, sin embargo la ley 101 es clara en las medidas transitorias indica que el funcionario policial que sea imputado formalmente y sea cautelado y sea detenido preventivamente o domiciliario que le impida realizar sus funciones debe ser suspendido de forma indefinida, entonces en ese marco de la aplicación de la ley 101 dependería de esta actuación”, sostuvo la autoridad en conferencia de prensa.
 (Publica OPINION hace escasos minutos. fragmento)

al margen de los verdaderos culpables, los 54 cadetes están pagando muy caro el pecado mortal de sus padres que "pagaron por su admisión" en la Academia de Policías.


Del Editor. Qué culpa tienen los jóvenes cadetes del pecado de sus padres? en realidad los 54 jóvenes que con inmensa ilusión habían empezado su formación profesional en el mes de enero, dentro de lo que es la Universidad Policial, ex-Academia de Policías de la Nación?
Es cierto que los padres actuaron de un modo delincuencial al "comprar un puesto para sus hijos" dentro de la Academia. Estamos seguros que varios de ellos son policías a su vez, o gente del Gobierno, o allegados al MAS donde gozaron, gozan de privilegios al punto que pudieron pagar "tres, cuatro, cinco mil o más dólares" para que sus pupilos pudieran ingresar a la Academia ocupando el puesto de "originarios aspirantes a policías" cual habría sido la intención política de los que organizaron toda la trama, que se convierte en drama trágico cuando de pronto, son echados a la calle, se les cierran las puertas y les notifican "aquí no tienen ingreso".
Estamos seguros que muchos de éstos jóvenes son inteligentes, disciplinados y estudiosos, y que estaban dando de sí lo mejor para formarse como buenos profesionales, pero están manchados "por el pecado original de sus padres", los que actuaron de buena o mala fe, pero al margen de la norma y "contribuyeron con dinero extra" vaya a saber de dónde para mediante "chancullo" (engaño, fraude) colocar al cadete que se transformaría en un oficial "chuto" es decir fruto de la ilegalidad.
Creemos que estos jóvenes tienen derecho a una segunda oportunidad. Que se les tomen exámenes extra y que pudieran ingresar a la Academia, es posible que no en forma colectiva, los 54 a la vez, pero sí sorteando por ejemplo 16 por cada año, de tal modo que los que persisten en formarse policías pudieran finalmente alcalzar su ideal. Lo contrario será coronar con una injusticia y con la discriminación, una legítima aspiración de todo joven, que está pagando en carne propia y se podría decir en su propio pellejo, el tremendo pecado de sus padres que buscaron la puerta trasera para un ingreso que pudo ser legítimo y transparente. 
La crónica según aparece en el portal: www.eju.tv, que todos pueden ver:
El lunes, un medio local informó que el viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez Valenzuela, considera que Santiesteban actuó de buena fe en el presunto ingreso irregular de 54 bachilleres interculturales a la Universidad Policial (Unipol).
La autoridad refirió que el Comandante de la Policía se constituyó en su oficina y le dijo que no dio ninguna instrucción directa. De hecho, en el informe oral que ofreció a la Comisión de Seguridad del Estado del Senado, el 20 de abril, el jefe policial ya había dicho que actuó de buena fe. Santiesteban y otros jefes de la entidad del orden son investigados por la admisión presuntamente irregular de 54 cadetes interculturales a la Unipol.
Empero, ayer Pérez explicó que emitió una postura personal. “Debo aclarar que el Gobierno nacional no se ha pronunciado oficialmente en torno a si entiende buena fe o no (en) la actuación del general Santiesteban. Quien vertió ese criterio, de acuerdo a un entendimiento por una explicación verbal que dio el general Santiesteban, es mi persona”, manifestó el viceministro en conferencia de prensa.
Suspensión. Además, refirió que la Ley 101, de Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana, es clara en cuanto a los elementos que podrían determinar la suspensión de Santiesteban.
“La Ley 101 (…) indica que el funcionario policial que sea imputado formalmente y que, producto de esa imputación sea cautelado y (que además) como resultado de la audiencia cautelar, se resuelva la detención preventiva o detención domiciliaria que le impida realizar sus funciones, debe ser suspendido de forma indefinida”, agregó. Por eso, dijo, dependerá del rumbo de la investigación del Ministerio Público la aplicación de la citada suspensión, y no del criterio que pueda tener alguna otra autoridad.
En ese marco, Pérez confirmó que el jefe policial fue convocado a declarar en la Fiscalía en esta jornada, y que dependerá también de este acto procesal el tenor que adopte la querella anunciada por los padres de los 54 cadetes expulsados el viernes de la Unipol. Los familiares tienen la intención de demandar a Santiesteban por incumplimiento de deberes y por dictar resoluciones contrarias a la ley y otros.
La abogada Lourdes Solares, que patrocina a los padres de los excadetes, dijo a La Razón que ya tiene la querella preparada y que ésta podría sufrir modificaciones tras las declaraciones del Comandante de la Policía.
“Para nosotros es prioritario esperar la declaración del general Santiesteban (…) luego analizaremos alguna modificación a nuestra querella por la forma brutal en que fueron expulsados los cadetes. Los padres están indignados”, indicó Solares.
Adicionalmente, reveló que se prepara la presentación de un amparo constitucional ante el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz y  el inicio de movilizaciones por parte de los familiares de los excadetes, para quienes exigen la reincorporación inmediata a la academia policial. La tarde del viernes, los cadetes interculturales dejaron las instalaciones de la Unipol, tras quedar sin efecto el plan piloto que les permitió el ingreso.
La  Resolución 010/2012 del 9 de febrero y su complementaria del 7 de marzo, que habilitaba a los 54 bachilleres interculturales, quedó sin efecto tras la emisión de la Resolución 144/2012, documento suscrito por Santiesteban el jueves y entregado a los 54 cadetes el día que fueron expulsados.
Coroneles llevados a cautelares
Proceso
El exdirector de la Academia Nacional de Policías (Anapol), coronel Marco Ortuño, y el exrector de la Universidad Policial (Unipol), coronel José Piérola, están con detención domiciliaria. La declaración de Santiesteban ya fue suspendida en dos oportunidades.
Comandante ratifica el retiro de cadetes
El comandante de la Policía, general Jorge Santiesteban, ratificó anoche la resolución que ordena la expulsión de los 54 cadetes interculturales de la Universidad Policial (Unipol), durante una reunión que sostuvo con representantes de los padres de familia de los ahora exestudiantes.
Cinco delegados de los padres de familia, acompañados por dos abogados, se reunieron anoche con Santiesteban. La autoridad les ratificó el retiro de sus hijos de la Unipol, y por ese motivo ellos aseguraron que presentarán un amparo constitucional en favor de los excadetes en el transcurso de esta jornada o mañana.
Durante la cita, otro grupo de padres de familia se apostó frente al Comando de la Policía con pancartas en las manos. Mientras tanto, un contingente de efectivos resguardaba el ingreso a las oficinas policiales.
En horas de la mañana, los padres de los excadetes expresaron su rechazo a la expulsión de sus hijos. “Los padres están indignados y con las fuerzas de llegar a las acciones más drásticas, incluso han manifestado que hasta la muerte”, señaló la abogada Lourdes Solares, quien junto con su colega Ángel Bejarano representan a los familiares de los cadetes que fueron expulsados el viernes de la Unipol.
“La medida de presión se va a instalar en las próximas horas, será un piquete de huelga de entre 10 y 15 padres de familia. El resto estará en son de apoyo”, sostuvo.

Viceministro dice que Santiesteban sera suspendido si es imputado

Página Siete / La Paz – 03/05/2012
El viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez Valenzuela, señaló ayer que si el comandante general de la Policía, Jorge Santiesteban, es imputado y cautelado por un juez, será suspendido, en aplicación de la Ley 101 del Régimen Disciplinario de la Policía.
“La Ley 101 es clara al respecto. En su numeral primero sobre las medidas transitorias indica que el funcionario policial que sea imputado formalmente y producto de esta imputación sea cautelado, y como resultado de esa audiencia se resuelva la detención preventiva o domiciliaria que le impida realizar sus funciones, debe ser suspendido de forma indefinida”, dijo Pérez.
Sin embargo, precisó que en ningún momento se habla de destitución. Estableció que ese paso dependería del criterio “que pueda tener alguna otra autoridad. Me refiero a que otra autoridad podría tomar algún otro tipo de decisión, pero esto al margen de lo que es la vinculación directa por el efecto de la investigación y el proceso penal”.
Pérez confirmó que, de acuerdo con la información que maneja, “para mañana (hoy) está fijada la audiencia de declaración policial informativa del general Santiesteban, y será el Ministerio Público el que tome los criterios de fondo en cuanto a la investigación misma”.
El lunes, el viceministro Pérez afirmó que cree que Santiesteban actuó de buena fe en el ingreso de los 54 jóvenes, que el viernes fueron expulsados de la Anapol, y que para el efecto sólo remitió una nota con las listas a la Universidad Policial (Unipol).
Pérez volvió a referirse ayer a ese tema y dijo que “debo indicar y aclarar que el Gobierno nacional no se ha pronunciado oficialmente en torno a si entiende de buena fe o no la actuación del general Santiesteban, quien virtió ese criterio de acuerdo con un entendimiento personal, por una explicación personal que dio el jefe de la Policía, es mi persona”.
El viceministro de Régimen Interior afirmó que “lo cierto (en ese tema) es que existe una investigación abierta y el Ministerio Público es el que la desarrolla (con la toma de declaraciones)”.

martes, 1 de mayo de 2012

la verdad de los problemas con Brasil está en el narcotráfico. revelación de Bajo el Penoco de El Dia, SC.

Hace una semana, dos diputados del estado brasileño de Acre, culparon al Gobierno boliviano por el incremento del narcotráfico en esa región fronteriza, colindante con el departamento de Pando. Los pobladores de Río Branco organizaron una marcha en contra del crack y otras drogas que sobreabundan últimamente, porque según denuncian los parlamentarios, en Bolivia existe gran incentivo al cultivo de coca. El diputado Major Rocha dijo que crecimiento del narcotráfico en Acre y Brasil es una consecuencia de la política que se aplica en Bolivia, país que según afirma, es responsable por casi toda la droga que entra en Acre y destruye familias. Posterior a estas denuncias, la situación se ha puesto tensa en la región fronteriza, donde los habitantes de la localidad de Capixaba han acusado de soldados bolivianos de ingresar armados a realizar allanamientos, agredir a algunos colonos y matar ganado. En respuesta, el Gobierno brasileño ha decidido enviar 35 mil uniformados al área donde se produce el conflicto. El contingente se viene a sumar a los miles de soldados que desde hace un año custodian las fronteras brasileñas de la invasión de drogas que procede de Bolivia, Perú y Paraguay. Si bien Bolivia tiene sus razones y lo que busca es el desalojo de asentamientos ilegales en el territorio, la madre del cordero parece ser el narcotráfico.