trabajar por la transparencia en la policia es casi una obligación general, porque se han dado, se dan, tantos casos de policias corruptos, contagiados de narcotráfico, y presos dentro y fuera del país, que salta a las claras su contaminación que embarra la Justicia y la Administración. El Dia, SC

La Policía Boliviana es una de las instituciones más cuestionadas por la sociedad; su imagen figura en los últimos lugares junto con la Justicia y otros organismos del Estado; su grado de credibilidad también es muy bajo y constantemente se dan episodios que ratifican esta realidad, como el que se ha dado con el asalto perpetrado contra la joyería Eurochronos.

 

La opinión pública tiene presente numerosos hechos que han labrado esa percepción negativa de nuestra Policía. En 2001 ocurrió un atentado contra el Comando de la Policía de Santa Cruz que jamás fue esclarecido. Detrás del bombazo existía una pelea encarnizada entre grupos criminales que operaban dentro de la institución, uno de los cuales fue identificado y cobró notoriedad pública por uno de sus cabecillas, el oficial Blas Valencia. Aquella explosión fue una advertencia para frenar nuevas investigaciones y lamentablemente, las autoridades elegidas por la población para poner orden y hacer cumplir la ley reaccionaron con impavidez y nunca hicieron intentos por llegar a la verdad.

 

En los años posteriores se han dado casos similares. Hasta el presidente Evo Morales llegó a decir que dentro de la Policía operan bandas que les venden información a los narcotraficantes y que operan a favor de ellos; recordemos que un alto oficial de la Policía está preso por tráfico de drogas en Estados Unidos; un comandante está tras las rejas en nuestro país por complicidad con las mafias; otro fue arrestado en Miami por intentar extorsionar a un empresario y también existe una cantidad considerable de procesos dentro de la institución y en la justicia ordinaria, sin mencionar los casos cotidianos de acecho y extorsión a la ciudadanía cometidos por uniformados.

 

Es bueno reconocer que el Gobierno ha llevado adelante varias iniciativas destinadas a depurar las filas policiales; el Defensor del Pueblo ha elaborado estudios pormenorizados sobre el accionar de la institución, pues se trata de una de las que más violaciones a los derechos humanos comete en el país; se hicieron propuestas de reforma; hubo en ciertas ocasiones consenso con los altos mandos, pero lamentablemente todo quedó en buenas intenciones, que seguramente tropezaron con la resistencia de quienes pretenden seguir con esta situación, que en buena parte resulta funcional a los propósitos políticos de las fuerzas hegemónicas.

 

Hay que decir que trabajar por la transparencia dentro de la Policía no solo es una obligación del Estado, sino que resulta imprescindible para fortalecer un servicio ciudadano que deja mucho que desear y que nos complica todos los días por el aumento de la inseguridad y la criminalidad. De cualquier forma, la mayor beneficiada con una reforma profunda, sería la misma Policía, pues eso le ayuda a robustecerse, deshaciéndose de los malos elementos que complican a toda la organización.

 

Las exigencias que se producen hoy para esclarecer el caso Eurochronos no representan un acoso ni un hostigamiento; la Policía no es una entidad que está por encima de la ley; sus integrantes son servidores públicos que deben ser sujetos de control y supervisión, están obligados a rendir cuentas de sus actos y someterse a las normas vigentes.

ex-reclusos de Palmasola se hacían pasar por policías de Lucha contra el Crimen a veces y otras como de Lucha contra el Narcotráfico y luego cometían delitos, atracos, robos, detenciones, se conoce de al menos 17 casos delincuenciales, ahora regresrán a Palmasola.

Los falsos policías utilizaban gorras, chalecos, armas y manillas. (Internet – Foto referencial)

Caen cinco falsos policías que atracaban

radiofides.com |

La Policía aprehendió a cinco sujetos que se hacían pasar como funcionarios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y otras veces como agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) para atracar negocios en las zonas aledañas de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

El director de la Felcc, coronel Gonzalo Medina, explicó que los actos delictivos los cometían en locales nocturnos a altas horas de la noche. Indicó que incluso uno de los delincuentes se hacía pasar como fiscal que acompañaba los operativos para ganarse la confianza de las víctimas y así ingresar a los negocios.

“Estos delincuentes utilizaban gorras, chalecos, armas y manillas, su modus operandi era bastante especial, fingen ser funcionarios policiales para luego cometer hechos delictivos”, dijo.

Los aprehendidos fueron identificados como: Eduardo R. G., Rosario M. P., Ricardo Y. P., Johnny S. C. y Victos Hugo A. P., todos ellos exreclusos del penal de Palmasola.

Por su parte el fiscal encargado del caso, Carlos Candia, informó que a la banda delictiva se le atribuye al menos 17 casos de robo agravado, ahora espera que la gente que fue perjudicada los reconozcan e interpongan su denuncia.
SANTA CRUZ/Fides

inaudito. en pleno Comando General, actuaban dos hermanas como abogadas sin tener título profesional. esto es ya el colmo del abuso de autoridad, ahora se descubrirán sin duda otros casos de ejercicio ilegal de la profesión, lo que tratándose de la Policia resulta simplemente inexplicable.

Ordenan aprehensión de la asesora legal del Comando General de la Policía

eju.tv                       

La Paz, 26 de abril (ANF).- El Comando General de la Policía Boliviana está en busca de quien fuera la asesora legal de esa institución para aprehenderla y remitirla a la justicia ordinaria, al estar acusada de ejercer la abogacía con un título profesional falso.
 
“Ayer me reuní con el Subcomandante y me dijo ya tenemos los mandamientos de aprehensión contra esta doctora Puña, pero a ella no sabemos dónde encontrarla”, informó a ANF el presidente del Colegio Nacional de Abogados, Raúl Jiménez.

Jiménez dijo que remitió todos los informes de la acusada al Comandante de la Policía, general Abel de la Barra, porque se ha constatado que los certificados de nota de la sindicada son falsos y a pesar de eso estaba trabajando como asesora del Comando.

La sindicada trabajaba alrededor de seis años en el Comando y las autoridades policiales no se percataron de la irregularidad en el título de la funcionaria. 
Agregó que la hermana de la acusada también ejercía la abogacía con un título profesional falso.
Finalmente mencionó que las hermanas se dieron a la fuga y la policía continúa con las investigaciones hasta capturarlas y remitirlas a la justicia ordinaria.
/LACH/FC/

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siembran pruebas, "hacen que encuentran droga", denuncian y chantajean a los dueños de casa que por suerte encontraron policías honrados que se hicieron de los tres delincuentes y a Chonchocoro por extorsionadores...cientos de policías en la misma postura cocalera.

Tres policías son detenidos tras poner cocaína en una casa para extorsionar a los dueños

panamericana.bo |

Tres policías bolivianos fueron encarcelados el viernes de forma preventiva tras comprobar que colocaron una mochila con cocaína en una vivienda para después extorsionar a sus propietarios con una petición de 10.000 dólares.

La Fiscalía General informó en un comunicado que los tres policías, que eran miembros de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN ), fueron recluidos en la cárcel de San Pedro de La Paz, acusados de tráfico de sustancias controladas en posesión dolosa.
Uno de los fiscales del caso, José Ángel Ponce, indicó que los detenidos preventivamente son el capitán Grover Lagraba Luizaga y los cabos José Luis Surco Mamani y Silvestre Simeón Mamani Ticona.

Los uniformados ingresaron a una casa en la zona Horizontes de la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, para buscar drogas, sin embargo a escondidas del propietario de la vivienda colocaron una mochila con casi tres kilos de cocaína y más de medio kilo de marihuana.

Tras “sembrar la prueba”, los agentes extorsionaron a los propietarios de la casa pidiendo 10.000 dólares para no arrestarlos por tenencia de droga, sostuvo a Fiscalía.

Sin embargo, el plan fracasó cuando la madre del dueño de la casa salió del lugar con el pretexto de ir a buscar el dinero y encontró una patrulla policial a la que puso al tanto de lo sucedido.

Los fiscales fundamentaron la acusación contra los policías en el Juzgado Primero de Instrucción Cautelar de La Paz, que ordenó el encarcelamiento de los acusados en el penal de San Pedro.
EFE

Inseguridad al desnudo

https://www.eldia.com.bo/ |

Los primeros en quejarse de la inseguridad, respecto del caso Brinks han sido los propios policías, cuyos jefes cuestionaron a la empresa de transporte de caudales, por los débiles procedimientos aplicados a la hora de trasladar una enorme cantidad de dinero como la que fue robada hace unos días en la carretera Santa Cruz-Puerto Suárez. Llama la atención el lamento, pues los guardias que custodiaban la remesa pertenecen a la institución del orden, lo que haría suponer que todos conocían la rutina de trabajo y, en consecuencia, los errores que habría que evitar en estos casos.

Un asalto como el que perpetraron aquellos avezados delincuentes ha sido planificado con suficiente antelación, lo que deja en claro que la forma de operar de la compañía en cuestión era de uso frecuente. La siguiente pregunta tiene que ver con el grado de previsión con el que actúa la policía, los controles que ejerce sobre actividades como esta, pues no se trata solo de proteger los bienes de particulares, sino de evitar que la debilidad de las prácticas de seguridad sean la carnada ideal de bandas delincuenciales extranjeras que llegan a Bolivia precisamente porque no nos tomamos en serio estos temas.

El atractivo de los criminales es mayor todavía, cuando se comprueba que las fronteras nacionales siguen desprotegidas y permeables a la penetración de elementos de alta peligrosidad que no encuentran resistencia en nuestro territorio. La prensa ha mostrado cómo en el límite con Brasil, donde se registraba el rastrillaje de los asaltantes del camión de Brinks, había un cuartel con apenas cuatro soldados rasos mal armados y pésimamente comunicados, únicos responsables de salvaguardar esos lejanos parajes que se hallan a merced de los delincuentes.

Otro de los aspectos que ha quedado expuesto con este violento episodio ha sido justamente la presencia de integrantes de cárteles internacionales de la droga, en este caso dos comandos que controlan el narcotráfico en Brasil ampliamente reconocidos por sus altos niveles de belicosidad. Es de dominio público que los mafiosos brasileños usan armamento militar y en varias ocasiones se ha divulgado que su mayor fuente de aprovisionamiento de pertrechos está en Bolivia.

El Gobierno boliviano ha tenido que desplegar un amplio contingente de tropas de la Policía, el Ejército y de otras agencias de seguridad y pese a ello no ha sido capaz de atrapar a la célula delincuencial que dispone no solo de armas de alto poder, sino también tecnología, logística y una red de información que ha provocado serios dolores de cabeza a nuestras fuerzas. Eso deja una tarea muy fuerte por desarrollar en la profesionalización de los cuadros responsables de la seguridad en el país, que todavía manifiestan debilidad, pese a que en los últimos años se ha gastado enormes cantidades de dinero para reforzarlas. Es posible que el dinero destinado haya sido invertido de forma errónea aunque es lícito pensar que todo el gasto en seguridad se hubiera dirigido al control político, una de las prioridades más significativas del régimen.

El atractivo de los criminales es mayor todavía, cuando se comprueba que las fronteras nacionales siguen desprotegidas y permeables a la penetración de elementos de alta peligrosidad que no encuentran resistencia en nuestro territorio.

si no está corrupta, está politizada. el último suceso en El Alto de La Paz, es prueba inequívoca. llegada al extremo tener que pedir permiso "para salir a defender a los trabajadores municipales", resultó el colmo de la dependencia del Gobierno. la población se siente desprotegida con una policía así.

Lo que viene sucediendo con la Policía boliviana está llegando a límites inexcusables, sobre todo por las dimensiones trágicas que varios eventos sin tregua ni pausa han ido desencadenando. El artículo 251 de la Constitución Política del Estado (CPE) expresa: “La Policía boliviana… tiene la misión específica de la defensa de la sociedad y la conservación del orden público…”. Luego señala: “…no delibera ni participa en acción política partidaria…”. Más claro, imposible. 

En el marco de la actual administración vemos que se defiende a la sociedad y se conserva el orden público solo cuando lo instruye el Gobierno o cuando le conviene. No importa qué clase de desmanes surjan, si no hay un guiño de la autoridad política los de verde olivo no mueven un dedo, algo inconcebible, pero real, lo vemos casi a diario. Esta actitud viola claramente el ‘no partidismo’ establecido en la CPE. Llegó a su paroxismo la semana anterior durante los trágicos acontecimientos en El Alto con su secuela de tristes muertes. El horror vivido pudo evitarse si la Policía hubiera intervenido oportunamente en función de su obligación constitucional. No lo hizo, pese a las desesperadas llamadas de auxilio. El comando regional estaba a una cuadra de distancia del acosado edificio municipal. La deleznable actitud de la Policía hizo que sea prácticamente culpable del delito de homicidio culposo o de una especie legal sui generis de homicidio indirecto por omisión. Los pretextos sobre que “la multitud no los dejaba pasar” son solo eso, pretextos. Bien sabemos que cuando desde arriba viene la orden los de verde olivo arremeten contra todo y con todo, a veces hasta con abusos, como ocurrió en La Calancha, Chaparina y en otros lugares. Así que las excusas ofrecidas son inaceptables. 

Si a esta lamentable actitud sumisa de la Policía boliviana le añadimos los innumerables hechos de corrupción denunciados y otras falencias de conocimiento público, llegamos a una patética conclusión: existe en el país una Policía inservible que no protege ni genera orden y, como guardia pretoriana, custodia únicamente al Gobierno. Para colmo, permite o deja que se cometan desórdenes. Además, con un rígido centralismo andino que no permite ningún otro tipo de fuerza de protección en todo el territorio salvo ellos –que está visto no protegen a nadie–, vemos con preocupación que el futuro de esta Policía es negro si no se toman medidas y si los propios oficiales y tropa no se percatan de la forma en que son usados por la autoridad de turno. La seguridad ciudadana queda en agua de borrajas. Como diría el Chapulín Colorado: ¿y ahora quién podrá defendernos?

policias, nada menos que con grado de coroneles investigados como nexos de los narcos. diversos organismos disciplinarios de la policía habrían tomado contacto con estos jefes lo que constituye un nuevo escándalo que llena de estupor a la ciudadanía

Al menos cinco coroneles de Policía que ocupan altos cargos en direcciones son investigados por sus nexos con el narcotráfico, según informes de inteligencia del Ministerio de Gobierno.

Estos oficiales, según los datos obtenidos por La Prensa, los cinco oficiales gozan de la protección del actual Alto Mando Policial pese a existir en su contra notas de cargo por parte de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) y la Dirección General de Investigación Policial Interna (Digipi).

De acuerdo con el informe, los cinco oficiales gozan de protección interna desde el 2014, antes de que ingresara el actual ministro de Gobierno Carlos Romero y sea relevado del cargo el coronel Grover Mercado, que estuvo como director de esta instancia menos de seis meses.

Los informantes, de quienes se mantiene sus nombres en reserva, dijeron que dos de los directores están en La Paz y que pese a evidencias en su contra fungen como directores nacionales de dos instancias importantes de la Policía.

En tanto, otro director está en Cochabamba, sin precisar al cuarto y quinto oficial observado por su relación con el narcotráfico y con el exgeneral Óscar Nina a quien “le tendieron la cama miembros del Ejecutivo y del mismo Alto Mando” señalaron los consultados.

PRESIDENTE. Sobre estos casos y en particular del coronel Juan Carlos Tapia que fue liberado por una juez después de ser hallado con 42,7 kilos de cocaína, el presidente de Estado, Evo Morales, dijo que algunos jueces parecen “socios de narcotraficantes”.

El mandatario de Estado dijo en la evaluación de la erradicación en Chimoré que “en vez de que la justicia acompañe a esta lucha contra el narcotráfico, más bien algunos miembros de la justicia, algunos jueces (son o parecen) aliados o socios de delincuentes de narcotraficantes”.

DETENIDOS. El lunes la jueza Vivian Gonzales Rioja, quien otorgó la libertad provisional al imputado por narcotráfico fue aprehendida y al día siguiente el coronel Tapia por segunda vez, y trasladado a instalaciones del Tribunal Disciplinario del Comando de la Policía.

Gómer Padilla, fiscal departamental de Santa Cruz, declaró a la red Unitel que “como dice la norma, en un plazo de 24 horas la vamos a poner en disposición de un Juez Cautelar por los delitos de incumplimiento de deberes, prevaricato y resoluciones contrarias a las leyes y la Constitución”.

Después de las medidas sustitutas a favor de Tapia, arraigo y una fianza de 50 mil bolivianos, se generó una ola de cuestionamientos en el órgano Legislativo, donde el senador Arturo Murillo dijo que Tapia era miembros de una de cinco organizaciones que fue creada por el exgeneral Oscar Nina y que estaban en plenas operaciones ilegales. “No quiero manchar a la toda la Policía, pero hay malos funcionarios de esa institución que están involucrados con corrupción y narcotráfico”.

Murillo dijo que inició una investigación y que hay evidencias de que ocupan cargos altos en la Policía donde se maneja recursos económicos, Transito, FELCN, DENAFyR, Policía Rural y Fronteriza y la Policía Caminera.

“Tenemos identificados a cinco personas que tenían privilegios. Que se movían en diferentes áreas donde se manejan recursos económicos”.

En tanto el excomandante del Grupo de Apoyo Civil a la Policía (Gacip) en El Alto, Juan Carlos Tapia Mendoza, debe afrontar un proceso de apelación para revocar sus medidas sustitutivas y enviado a la cárcel de Palmasola.

se refiere a la corrupción en la Policía. aparecen más ymás casos de policías corruptos especialmente en el área de narcóticos. OPINION insta asumir medidas para prevenir el delito en la institución. el castigo debería ser excepcional, que sirva de prevención.

Las autoridades adoptan importantes medidas para procesar a policías acusados de corrupción, pero es urgente crear mecanismos para evitar delitos dentro la institución.

Diez funcionarios policiales están en la cárcel, acusados de filtrar información a narcotraficantes. Adicionalmente, las autoridades de Gobierno investigan a un grupo de 64 servidores públicos sospechosos de corrupción, puesto que la fuga de información hizo fracasar varias operaciones antidroga. 

Someter a la justicia ordinaria a los sospechosos y sancionar la corrupción sin demoras es una buena señal, puesto que este año los malos oficiales han protagonizado diversos hechos censurables. La pasada semana, se atrapó a un funcionario policial entre los sindicados de traficar 643 kilos de marihuana en la localidad tarijeña de Villamontes. 

A fines de julio, un juez encarceló preventivamente a un policía que intentaba apropiarse de la droga de un narcotraficante de Colcapirhua, en Cochabamba.

Pocos días antes, se registró un mayor escándalo pues un recluso fue sorprendido en flagrancia preparando un alijo con 10 kilos de cocaína, mientras los policías que lo custodiaban no reportaron el delito del reo. Una de las hipótesis es que la droga iba a ser internada y vendida en el penal de San Sebastián.

Las autoridades de Gobierno anunciaron el mes pasado la elaboración de una ley corta para incentivar las denuncias de corrupción en las entidades públicas. Ojalá se apruebe pronto la norma que busca proteger a denunciantes.

Además, la normativa permitirá a los subalternos romper la jerarquía para denunciar hechos de corrupción y recibir, a la vez, protección legal.

Es plausible que las autoridades comiencen a adoptar medidas contra la corrupción en la Policía, puesto que la población tiene derecho a contar con servicios transparentes y confiables.

Paralelamente, es imperativo que se desarrollen acciones para prevenir el delito en la institución policial. El castigo al crimen, si bien es imprescindible y ejemplarizador, debería ser excepcional, en lugar de darse con la frecuencia que se ve últimamente.

En marzo pasado, tres policías fueron capturados, acusados de traficar drogas. Un cabo que trabajaba en la cárcel de El Abra fue descubierto como cómplice de una mujer que internaba droga al reclusorio. Poco después, atraparon a un policía con dos kilos de droga, en tanto que el tercero cayó cuando trataba de internar marihuana al penal de San Antonio.

No hay duda de que la Policía necesita una reforma estructural para erradicar la corrupción y el enriquecimiento ilícito. 

En junio, la generala Rosario Chávez denunció la existencia de clanes en la Policía que extorsionaban a subalternos. Por su parte, la secretaria general de Asociación Nacional de Suboficiales, Sargentos, Clases y Policías (Anssclapol) reconoció que es "extraordinariamente difícil" ir contra la "mafia" en la Policía. En tanto que funcionarios policiales cuestionaron el papel de la Dirección Departamental de Investigación Policial que recibe denuncias gravísimas contra agentes y las “evapora”. Hasta ahora se desconocen los resultados de esas denuncias.

Los agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) son los más vulnerables, porque son tentados con frecuencia y, a veces, “comprados” por los narcotraficantes que manejan ingentes cantidades de dinero y fácilmente pueden corromper a los oficiales faltos de ética y con bajos salarios.

en todo tiempo, la Policia como el Ejército han sido fuentes de latrocinio. compras con sobreprecio "modus operandi" falsos vendedores y cotizaciones falsas y falsos precios, salvo los del adjudicatario, "socio del comprador". dudamos que algún Fiscal descubra algo.

El Ministerio Público de La Paz investiga una denuncia de compra con sobreprecio de uniformes (blusas) en la Policía Boliviana en 2013. Dentro del proceso está en calidad de acusado el excomandante de esa institución, general (r) Alberto Aracena.

La información a la que accedió La Razón cursa en el Ministerio Público. Este caso salió a luz pública después de conocerse denuncias de actos de ilícitos en la Policía, como la venta de información en la lucha antinarcóticos, la misma que fue advertida por el propio presidente Evo Morales, el lunes.

Una fuente vinculada al proceso en la Fiscalía informó que este caso se encuentra en etapa de investigación desde 2014, por irregularidades observadas en la adquisición de uniformes policiales para la tropa, consistente en blusas durante la gestión 2013. Aracena es sindicado de suscribir el contrato de la compra irregular en el que existiría un sobreprecio, lo que sería investigado por la División Anticorrupción del Ministerio Público paceño.

Comisión. Esta misma fuente señaló que la acusación fue presentada por una exjefa policial, ya que se causó un daño económico a la institución y al Estado de cerca de Bs 200.000. Este diario intentó obtener una respuesta de Aracena, pero no tuvo éxito, debido a que sus dos teléfonos móviles estaban fuera de servicio.

Al referirse al caso, Róger Velásquez, fiscal de la División Anticorrupción de la Fiscalía, confirmó que el proceso en contra del excomandante está radicado en su despacho y en plena etapa de investigación, pese a que ya lleva un año. No obstante, aseguró no tener detalles del proceso porque la causa era amplia. Además, arguyó de que este caso lo llevaba como cualquier otro, con el ritmo correspondiente. No obstante, hizo conocer que existen aproximadamente 6.000 procesos en la oficina a su cargo, a los que debe atender de igual forma.

El actual comandante nacional de la Policía Boliviana, general Édgar Téllez, aseguró no tener detalles sobre el caso, ya que éste se encuentra en instancias jurisdiccionales que son las responsables de dar la información correspondiente y acertada.

En enero de 2014, la representante de las esposas de policías, Guadalupe Cárdenas, además denunció, ante los medios de comunicación de La Paz, actos irregulares en la compra de los uniformes, por lo que los entonces jefes de la institución estaban manchados por acciones de corrupción.

En febrero del mismo año, el representante de la Asociación de Suboficiales, Sargentos, Clases y Policías (Anssclapol) en Cochabamba, José Cáceres, denunció que los uniformes que les dotaron eran de mala calidad, por lo que exigió el inicio de una investigación sobre la adquisición de las prendas que “no servían”.

Respecto a los actos ilícitos en la institución, en junio de 2015, la exsubcomandante de la Policía, general Rosario Chávez, luego de ser destituida del cargo, reveló que en el Alto Mando de la Policía Boliviana existían personas que tienen denuncias de corrupción y extorsión a otros uniformados.

En esa línea, en las dos últimas semanas se dio a conocer de actos ilícitos al interior de la Policía, sobre todo con algunos efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), por lo que se los detuvo en Cochabamba por volteo de droga y en Santa Cruz de la Sierra por extorsión a traficantes de droga, entre otros. En 2014, la entonces ministra Anticorrupción, Nardi Suxo, también denunció actos de corrupción cometidos por exjefes policiales. Posteriormente, por emitir esas sindicaciones, recibió amenazas contra su vida.

Medidas para denunciar

Proyecto

Ante los hechos irregulares, el Gobierno, a través de una ley corta, creará instancias garantizadas para  que el personal subalterno pueda denunciar actos de corrupción de sus jefes en la Policía Boliviana, Fuerzas Armadas e instituciones públicas.

horas más se celebra "El Dia del Policia", es que San Juan es una fiesta muy popular, que coincide con grandes publicaciones sobre corrupción entre "los verdes" por el color del uniforme. no obstante las denuncias de una "generala resentida", con nombres y apellidos, pronto se defenderán y "el mando del olvido, sepultará la corrupción y como antes, todo volverá a lo mismo. acordarse de esta predicción. informe de El Deber, SC

Los expedientes de unos 30 oficiales de la Policía fueron remitidos para ser investigados sobre la posible comisión de delitos de corrupción y, según el informe preliminar, al menos 12 oficiales serán enjuiciados por falsedad de declaración de bienes y por enriquecimiento ilícito. El documento fue divulgado ayer por la ministra de Transparencia, Lenny Valdivia.

“Hemos generado 30 procesos penales contra servidores públicos de la Policía, también hemos remitido a los tribunales disciplinarios cuatro casos para que se sancione en la vía disciplinaria y tenemos otros casos que están en etapa de investigación”, dijo la autoridad en conferencia de prensa.

Según el documento oficial al que accedió EL DEBER, se trata de cinco oficiales de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn), dos jefes regionales de La Paz, un jefe nacional de Inteligencia, un jefe nacional de Planificación y Operaciones y un jefe de esta unidad policial.
En cuanto a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), hay cuatro jefes: tres directores departamentales, dos de La Paz y uno de Cochabamba, y un jefe operativo de Santa Cruz.

En el caso del Control Operativo Aduanero (COA), se trata de dos directores regionales, uno de Tarija y el otro de La Paz, que ya están enjuiciados por declaración falsa de sus rentas y bienes; además, por enriquecimiento ilícito.

Finalmente, la nómina tiene a un jefe de la unidad jurídica de La Paz, que es procesado por los mismos delitos que sus camaradas.
En la nómina total figuran 30 nombres y el reporte indica que se encontraron suficientes indicios para remitir estos 12 casos a la justicia ordinaria, aunque también señala que los otros casos siguen en proceso de investigación por la Fiscalía.

Cada cuatro añosLa ministra Valdivia afirmó que actualmente los policías presentan sus declaraciones juradas de bienes y rentas cada cuatro años o cada vez que tienen que ascender de rango. En su criterio, por la sensibilidad que tiene esta entidad, las declaraciones se deberían hacer cada año porque los policías también son funcionarios públicos, dijo la ministra que exhortó a la Contraloría General del Estado a generar mecanismos que permitan este tipo de fiscalización documental.

Régimen disciplinarioDe igual modo, la funcionaria de Estado dijo que la reforma estructural de la entidad verde olivo debería tomar en cuenta el régimen disciplinario y las limitaciones que enfrenta actualmente porque los miembros de esta instancia son policías y, que como existe una conformación vertical, los juzgadores son presionados y planteó la posibilidad de que los oficiales de bajo rango y suboficiales también formen parte de los tribunales internos que tiene la institución, a fin de generar equilibrios

no sabe cómo salir del paso. acusa a Nina, "la investigación lleva años" cuando Nina replica "los ministros estaban enterados", dice que miente y lo meten a la cárcel y le quitan sus grados y lo sacan de la Institución. qué hay en el fondo?

Iván Paredes Tamayo
ivan.paredes@eldeber.com.bo

Las acusaciones del exsenador Róger Pinto, refugiado en Brasil, causaron una especie de herida en autoridades de Gobierno. Y de inmediato salieron al paso y acusaron al ex legislador pandino de ‘conspirar’ contra la administración de Evo Morales y le pidieron que regrese al país para que enfrente los procesos legales en su contra. 

La molestia se extendió al exministro de Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez Berzaín, a la revista brasileña Veja y a la televisora estadounidense Univisión, a quienes denunciaron de promover una campaña mediática contra el mandatario boliviano. 

Pinto denunció que los exjefes policiales Óscar Nina y René Sanabria, el primero detenido por legitimación de ganancias ilícitas y acusado de tener vínculos con el cártel del mexicano Joaquín “Chapo” Guzmán, y el segundo por narcotráfico, tuvieron relación con personeros del Gobierno.
Dijo, a través de una videoconferencia, que los ‘jefes’ de Nina eran el ministro Juan Ramón Quintana y el embajador boliviano ante la ONU, Sacha Llorenti, a quien también lo involucró con Sanabria. Además, nombró al senador Carlos Romero y a los exasambleístas Fidel Surco e Isaac Ávalos y los acusó de tener contacto con gente del narcotráfico. 

Críticas a mediosEl ministro de Gobierno, Hugo Moldiz, acusó a Pinto de intentar generar una “conspiración político-mediática” que busca ‘desprestigiar’ la gestión de Evo Morales. La autoridad incluyó en esta estrategia a Sánchez Berzaín, a Univisón, que “reeditó” un reportaje que describe a Bolivia como “narco-Estado”. En esta producción hay declaraciones de Douglas Farah, a quien Moldiz lo vinculó con Sánchez Berzaín y dijo que era asesor de inteligencia del Gobierno de Washington. 

“(Farah) recibió financiamiento de la fundación Instituto Interamericano para la Democracia, con sede en Miami (Estados Unidos), y dirigida por Sánchez Berzaín”, dijo Moldiz. 

Sobre la denuncia de Pinto, el viceministro de Coordinación con Movimients Sociales, Alfredo Rada, afirmó que el refugiado hace un “burdo ataque” contra el Gobierno y le pidió regresar al país para enfrentar sus procesos jurídicos. 

“Lo único que buscan es generar sombras sobre la actividad del Poder Ejecutivo cuando es precisamente este Gobierno el que ha llevado adelante las investigaciones que dieron con el resultado de la detención del señor Nina”, remarcó el viceministro Rada.
Moldiz reveló que la detención de Nina es producto de cuatro años de investigación. 

Surco minimizó lo dicho por Pinto y lo llamó “mentiroso”

Los Tiempos nos trae una buena relación de la actuación judicial en SC que duró de 9.30 am., hasta cerca de las 22.00 pm cuando la jueza Ximena Flores mandó a Palmasola a Oscar Nina acusado de ser narcotraficante.

El excomandante de la Policía Boliviana Óscar Nina fue enviado anoche a la cárcel de Palmasola por los presuntos delitos de legitimación de ganancias y colaboración a la legitimación de ganancias ilícitas, por orden de la jueza quinta de Instrucción en lo Penal, Ximena Flores.

La misma medida, de detención preventiva en el penal de Santa Cruz, la jueza dispuso para el hijo del exjefe policial, el subteniente Óscar Nina Morales, y para al exedecán, el mayor de la Policía Javier Millán.

La esposa del general Nina, Nancy Morales Mendieta, y su hija Naima Lorena Nina Morales fueron dejadas en libertad bajo una fianza económica de 20.000 bolivianos   

Fueron casi 11 horas de intensos alegatos y de resolución de recursos en una audiencia marcada por el hermetismo, ya que no se permitió el acceso a la prensa y las medidas de seguridad fueron reforzadas en el Juzgado Quinto de Instrucción en lo Penal, ubicado en la zona de Los Lotes, donde se instaló la audiencia cerca de las 9:30.

Debido a tres incidentes procesales presentados por los abogados defensores de Nina, se dilató el debate hasta las 13:30, cuando la jueza declaró un cuarto intermedio hasta las 15:30.

Hasta pasado el mediodía, no se conocía con certeza la situación jurídica del general Óscar Nina, pese a que antes de llegar a Santa Cruz el ministro de Gobierno, Hugo Moldiz, precisó que estaba detenido y que su futuro dependía de lo que resolviera la justicia.   

Incluso en el recinto judicial  se comentaba la posibilidad de una ampliación de la imputación por parte de los fiscales, que hacían prever una investigación por los presuntos uso de influencias y nexos con el narcotráfico.

El fuerte dispositivo policial impidió que la esposa y los hijos del general Nina sean fotografiados y vistos por los periodistas que llegaron hasta el módulo judicial de Los Lotes.

Cuando la jueza determinó el intermedio, pasado el mediodía, Nina salió del recinto sin escolta policial, a buscar donde almorzar a unos metros del lugar junto a su abogado Nery Fernández.

“No sé cómo vienen a sacar este problema después de tanto tiempo. Esto es algo político y me molesta que se metan con mi familia”, le dijo Nina a un grupo de periodistas, dolido porque la noche anterior habían detenido a su esposa y sus dos hijos. Y después murmuró: “Cuando acabe la audiencia voy a hablar todo”.

Cambio de sede y amenazas

A la hora fijada, por la tarde, se reinstaló la audiencia en el módulo judicial de la zona sur de la capital cruceña; sin embargo, pasadas las 16:30 llegó un equipo de la Cooperativa Rural de Electrificación y cortó el suministro de energía eléctrica por falta de pago. Con este inconveniente la audiencia siguió hasta las 18:45.  Cuando anocheció, la jueza Flores decidió cambiar la sede para proseguir con la misma.

De inmediato, se armó el operativo de traslado a las dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

A las 20:30, se presentó en la audiencia el comandante de la Felcc, Juan Carlos Ramos, y cinco minutos más tarde lo hizo el fiscal del Distrito de Santa Cruz, Gomer Padilla.

La audiencia concluyó a las 23:41 y, a la salida, la fiscal Ana Luisa Heredia –con la voz entrecortada– dijo que había sido amenazada de muerte, pero no precisó por quién o quiénes; la jueza Ximena Flores dejó la Felcc con una fuerte custodia policial.

Pasada la medianoche, en la Felcc se informó que los detenidos se quedarían en las celdas de ese recinto hasta hoy y en las próximas horas serían remitidos a la cárcel de Palamasola.

“Hay serias sospechas”

El ministro de Gobierno, Hugo Moldiz, dijo ayer que existen “serias sospechas” de que la familia del excomandante de la Policía Boliviana Óscar Nina esté vinculada a delitos de narcotráfico, “por eso, el Ministerio de Gobierno también está metido en esto y creemos que se ha dado un buen primer paso y le corresponde hoy a la justicia acelerar la resolución de este caso para sentar un precedente”, declaró a la conclusión de la reunión de gabinete.

Nina asumió como jefe policial antidrogas después de que el presidente Evo Morales expulsará a la Agencia Antinarcóticos Estadounidense (DEA) a finales de 2008 por sospechas de espiar a su Gobierno.

En aquel entonces, Nina era hombre de confianza de Morales, quien le encomendó reorganizar la fuerza antinarcóticos, y el 24 de enero de 2010 fue designado comandante de la policía.

Un año después -11 de marzo de 2011- fue relevado del cargo en medio de un escándalo luego de que en Miami fue detenido el general René Sanabria, otro exjefe policial antidrogas, por tráfico de un cargamento de cocaína. Dicha detención en febrero de 2011 llevó al arresto de otros policías cómplices en Bolivia.

¿Cómo califica esta noticia?

las comunicaciones de la Policía Boliviana no cesan, aunque los detenidos no aparecen, siempre es la cocaína que muestran pero ningún narco y si dan detenciones, jamás publican nombres como ocurría antes de Evo.

La Policía boliviana decomisó 87 kilos de cocaína y 7 de marihuana en un autobús que se dirigía a Chile, informó hoy el director la fuerza antinarcóticos de la región de Oruro, en el oeste de Bolivia, coronel Vladimir Pérez.

El decomiso se realizó el domingo en la noche en un operativo en el llamado "Puente Español", cuando el vehículo se dirigía a la localidad boliviana de Pisiga, fronteriza con Chile, donde pretendía ingresar, dijo Pérez a Efe.

La Policía detuvo a dos bolivianos, un hombre de 49 años y una mujer de 51 años, que comparecerán ante un juez de medidas cautelares porque se tienen "todos los elementos de convicción de que ellos cometieron el delito", agregó.

En lo que va del año, la fuerza antidroga de Bolivia ha decomisado más de 18 toneladas de cocaína y más de 110 toneladas de marihuana.

pueden incluir a 20, 50 policias en el Caso Chaparina, pero no hallarán a los culpables. los responsables son el Jefe del Estado que dio la orden, el Ministro Sacha Llorenti que dispuso el operativo y en tercer lugar los funcionarios policiales que ejecutaron el operativo.

El Ministerio Público amplió la imputación formal por el caso Chaparina en contra de 14 policías, entre ellos el general Víctor Maldonado Hinojosa, quien fue director de Inteligencia Nacional durante la represión a la marcha indígena el 25 de septiembre de 2011 y luego fue Comandante General de la Policía.

Los imputados son el general Carlos Reemberto Flores Cuellar, general Gino Antonio Catacora Belmonte, coronel Oscar Chavez Rueda, coronel Edwin Ponciano Durán Velasco, coronel William Enrique Albarracín Triveño y el coronel Rubén Antonio Zegada Portugal

Asimismo corrieron la misma suerte el coronel José Luis Aranibar Guzmán, coronel Henry Manuel Terrazas Verduguez, coronel Ricardo Raúl Cadima Coca, coronel Jorge Celiar Cadima Medrano y coronel Edmundo Rivero Cors

Este primer grupo de 11 policías fue imputado por los presuntos delitos deallanamiento de domicilio o sus dependencias, lesiones graves y leves, vejámenes y torturas, privación de libertad, coacción, encubrimiento

Sin embargo, la Fiscalía también amplió la imputación formal contra el general Víctor Santos Maldonado Hinojosa, teniente coronel Saul Fernando Torrico Calderon y la cabo Angélica Dayana Cáceres Ramírez, quien fue la policía infiltrada en la octava marcha indígena en defensa del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). Este segundo grupo está imputado sólo por el presunto delito de encubrimiento.  
La fiscal Patricia Santos dijo que se tomó esta decisión porque se verificó que todos los ellos no colaboraron debidamente en el proceso de investigación pese a que estaban en el lugar del hecho y accedieron a la información

“Estos policías no han hecho conocer los posibles autores materiales pese a la insistencia a las reiteradas preguntas por parte del Ministerio Público, alegaron desconocer quiénes habrían efectivizado y materializado el hecho”, apuntó

La Comisión de Fiscales está integrada por Patricia Santos Cabrera, José Villarroel Barrios, Luis Ferrufino Castellón y Roger Velasquez Alcazar.  

resulta que en lugar de pasional lo de Hannalí había sido "crimen político" por las revelaciones de Laguna desde Brasil. la periodista se enteró del rol de Clavijo en la masacre del hotel y llegó a tener el video que requisaron los policías. espeluznante!

El exedecán de Marcelo Soza, José Laguna, afirmó hoy que el Gobierno instruyó al teniente Jorge Clavijo que matara a su esposa, la periodista Hanalí Huaycho, porque ella “logró conocer en detalle lo que había ocurrido en el hotel Las Américas” durante el operativo policial que terminó con la vida de Eduardo Rózsa Flores, Michael Dwyer y Arpad Magyarosi.

El exteniente, desde su refugió en Brasil, explicó que Clavijo, como miembro de la UTARC (Unidad Táctica de Resolución de Crisis), participó del operativo y tenía una copia de un video sobre la acción policial. Añadió que esa información fue filtrada al conocimiento de Hanalí, por lo que instruyeron a Clavijo que “solucione” ese problema.

“En el caso de Jorge Clavijo, personaje que lamentablemente quedó con la dignidad por los suelos porque le habría quitado la vida a su esposa, le comento que ese ha sido mero trámite de Inteligencia. Cuando existe filtración de información, existen superiores que ordenan se solucione la fuga de información. Entonces el teniente Jorge Clavijo, como tenía en su poder un video que lo acreditaba y los respaldaba en todo lo que había ocurrido en el hotel Las Américas, recibió la orden de que la información filtrada se solucione  de alguna manera. Es por eso que se ve obligado a quitar la vida  a su esposa por instrucciones del gobierno para evitar que la noticia llegue a todo el pueblo boliviano”, relató Laguna en entrevista con ERBOL.

El ahora expolicía insistió en que cada miembro de la UTARC que participó del operativo tiene una copia del video que utiliza como “carta blanca”.

Cuestionó por qué la Policía secuestró computadoras portátiles de la casa de Huaycho luego del asesinato que ocurrió el 11 de febrero de 2013. Indicó que los uniformados buscaban datos sobre el video. 

El abogado de la familia de Huaycho, Eduardo León, anunció que enjuiciará al Estado para que las autoridades se manifiesten sobre las revelaciones de Laguna.

“Vamos a iniciar un proceso penal contra el Estado boliviano para que a nivel nacional pueda establecerse categóricamente que estas aseveraciones no son ciertas”, indicó.

Laguna dejó Bolivia y se fue a Brasil porque, según su versión, recibía amenazas para callar lo que sabe sobre las acciones del fiscal Soza a quien acompaño “paso a paso”. “Las amenazas iban directamente a que tenga la boca cerrada y evite hacer un comentario. Es por eso que mi persona, cansada de tanta presión y al borde de ser detenido preventivamente, me he visto obligado a salir”, aseveró.

El exteniente fue acusado por Alberto Melgar de recibir dinero producto de una extorsión a nombre de Soza. Laguna observó que fue denunciado luego de que el cívico beniano, imputado en el caso terrorismo, sea beneficiado por arresto domiciliario con ayuda de Carlos Romero y Jorge Pérez.    

Evo tenía el control directo

Laguna aseveró que “el Presidente, con quien varias veces se reunió el exfiscal, tenía control directo de todo lo que se hacía en las investigaciones del caso terrorismo, lo propio el Vicepresidente que utilizaba a su operador, Raúl García Linera, para hacer y deshacer”.

Recordó además que Soza recibía constantes llamadas de ministerios y hasta el Palacio de Gobierno para ser invitado a reuniones y recibir instrucciones. Precisó que entre quienes se comunicaban con el exfiscal estaban Sacha Llorenti, Juan Ramón Quintana, y Nardi Suxo, además de varios senadores y diputados.

Agregó que en su momento sacó un extracto de las llamadas que recibía en su celular en donde se confirma sus aseveraciones. Sin embargo, el policía señaló que recientemente solicitó la misma información a una empresa estatal y vio que esas llamadas habían sido borradas.

Laguna dijo que Soza salía preocupado de esas reuniones con autoridades porque le instruían a quien beneficiar o a quien acusar. 
       
Ratificó que el equipo investigador del caso recibía una “ayuda mensual” desde el Ministerio de Gobierno, paralela al salario.

Sostuvo también que él vio pruebas de comunicaciones, chats, entre Raúl García con Eduardo Rózsa, la cuales fueron destruidas por órdenes del Vicepresidente.

un nuevo adjetivo que se incorpora a la era masista: "narcochuteros" los delincuentes especialistas en negociar el contrabando con los narcos, les consiguen toda la documentación por 250 dólares, notarios, abogados, policías y jueces los ponen a funcionar en Quillacollo "el paraíso de los chutos". crónica de La Prensa de LP:

La frontera con Chile es el punto elegido para el intercambio de drogas con autos chutos. Los “narcochuteros”, internan diez vehículos por noche para los productores de cocaína.

CAMBIAN AUTOS CHUTOS POR DOS KILOS DE DROGA

UN JUEGO DE DOCUMENTOS ES VENDIDO ENTRE 150 Y 200 DÓLARES.

LA PRENSA, La Paz

Los “narcochuteros”, internan diez vehículos por noche para los productores.

Para los clanes productores de droga conseguir un auto último modelo no es complicado y menos exhibirlo ante su comunidad donde la mercancía blanca, vale su peso.

De acuerdo con un trabajo de inteligencia desarrollado por el personal del Control Operativo Aduanero (COA), los “narcochuteros” son los que dominan la compra y venta de drogas y el mercado de vehículos ilegales que se hallan asentados en Challapata, Uyuni, Uncía y ahora en La Asunta e Irupana, ubicados en los departamentos de Oruro, Potosí y La Paz.

Un investigador señaló que la frontera con Chile es el punto elegido para el intercambio de drogas con autos chutos.

En esta región, bañada por extensas planicies de arenales, los ya conocidos como “narcochuteros” han construido madrigueras para dormir de día y emerger por las noches para el traslado de drogas y autos chutos.

El informe del COA, contrastado con efectivos de inteligencia de la fuerza antidroga, refiere que los narcoclanes o narcomunarios, sólo se dedican a la producción y trasladado del alcaloide hasta las poblaciones fronterizas con Chile.

Muchas de estas localidades están deshabitadas y es ahí donde los grupos  de narchuteros —dos de los cuales ya fueron identificados—, acopian la droga para después intercambiarla con sus similares chilenos por autos chutos, alguno de ellos robados.

El jefe policial dijo que estas personas “prefieren pagar en especies, vehículos, y no con dinero en efectivo. Con este método “lavan” el dinero del narcotráfico con la venta de estos autos chutos, en el lado boliviano.

Un segundo oficial de policia refirió a La Prensa que sólo en el municipio de Uncía, en Potosí, hay siete vehículos por cada diez familias, los que circulan sin ningún tipo de control y con aval social. “Muchas veces acusan a los policías de encubrir a los chuteros, pero en realidad, estos cuentan con el aval de sus dirigentes, quienes además los protegen cuando los interviene la policia”.

Múltiples rutas. El coronel Edward Barrientos, comandante departamental de Policía de La Paz, no admitió ni negó esta actividad. Manifestó que los chuteros tienen varias rutas de ingreso en La Paz y “por estrategia no vamos a develarlas, ya que guerra anunciada no mata”.

El coronel Barrientos afirmó que el COA, en coordinación con la Aduana Nacional ya tiene identificado estos puntos de ingreso y que sólo esperan una orden para que un contigente de efectivos sea trasladado y opere. Hasta el pasado viernes, se anunció el secuestro de más de medio millar de autos indocumentados .

Si bien el comandante no quiso revelar las rutas de ingreso de chutos, un comunario en Yolosa explicó que estos autos son ingresados por el sector sur de La Paz que conecta con La Asunta, en los Yungas; y por Apolo y Conzata, que conecta con Mapiri y Caranavi, en la misma región, puntos donde se halla el mayor número de vehículos ilegales.

dos kilos. Se conoció que los narcochuteros internan al menos 10 vehículos por noche por las rutas que hay entre las poblaciones fronterizas de Chile y Bolivia, lo que equivales a 20 y hasta 40 kilos de pasta base y clorhidrato de cocaína.

El informe señala que por cada dos kilos de pasta base el narcochutero recibe un vehículo Toyota modelo Caldina o Noha y por cada dos kilos de clorhidrato, droga refinada, les entregan una vagoneta Mitsubishi u otro vehículo modelo 2010 0 2013.

“Mucho hace la calidad de droga que intercambian con las organizaciones que hay en Chile, quienes se encargan de poner los vehículos chutos o robados en frontera y que después son trasladados al mercado de Bolivia.

Legalidad. Para los narcochuteros obtener un juego de estos documentos, la póliza, el SOAT y registro de placas, cuesta entre 150 y 250 dólares, según la calidad del material falsificado.

Empero, un vendedor de vehículos de la feria 16 de Julio, donde efectivos de la Dirección de Investigación y Prevención de robo de Vehículo (Diprove) intervinieron recientemente, Quillacollo aún es “el paraíso de la legalización de autos chutos”. El comerciante explicó que de La Paz se llevan entre cinco y diez coches legales, a Cochabamba, para clonar las placas y números de identificación del  RUAT.

Este proceso, según el vendedor consultado, no es reciente y que existen incluso notarios de ciudades intermedias y provinciales involucrados en la legalización y registro municipal de los chutos.

El 90 por ciento de chutos ingresa al país por Chile. Informó que el 90% de los vehículos chutos que ingresan al país por contrabando provienen de Chile, por lo que se realizan operativos de control de placas clonadas.  La presidenta de la ANB Marlene Ardaya, señaló que se iniciarán los allanamientos de garajes donde se encuentran los vehículos indocumentados. Lamentó que no exista un apoyo de parte de la Aduana de Chile para el control de los bienes que ingresan al país.

“Es un 90%, así con certeza 90%, tanto es así que la Aduana Nacional ha generado unos grupos especializados en la valoración de lo que viene la mercancía de Chile porque hay subvaluación”, dijo la autoridad en una entrevista en la Radio Patria Nueva.

33.000 autos chutos fueron identificados por la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) .

Publicado por: Luz Mendoza